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El Real Decreto-Ley que analizamos busca proteger a quienes tengan especial dificultad por tener préstamos hipotecarios en los momentos de mayor valoración de los inmuebles y se encuentran ahora con la imposibilidad de satisfacer sus obligaciones de pago.
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Para ello el Gobierno ve necesario:
1. Adoptar medidas adicionales de protección para las familias con menores ingresos
2. Realizar las reformas necesarias para garantizar que las ejecuciones hipotecarias se realizan sin dar lugar a situaciones abusivas
3. Evitar malbaratamiento de los inmuebles afectados
4. En todo caso, manteniendo plenamente los elementos fundamentales de garantía de los préstamos y, con ellos, de la seguridad y solvencia de nuestro sistema hipotecario.
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Mediante la aprobación del Real Decreto-Ley 8/2011, el Gobierno también quiere dar un impulso a la actividad económica mediante:
1. Incrementando las posibilidades de acceso a la liquidez de las PYMES o de nuevos proyectos empresariales.
2. Actuando sobre el sector de la construcción para garantizar la confianza en el mercado inmobiliario.
3. Impulsando el desarrollo de la rehabilitación como nuevo ámbito de crecimiento sólido y sostenible
4. Reduciendo aquellos obstáculos administrativos a la actividad empresarial y de los ciudadanos que no estén plenamente justificados.
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