Juan Luis Gámez Ortúzar. Carretero International Abogados.
La Subdelegación del Gobierno en Málaga ha emitido una circular a las Comisarías del Cuerpo Nacional de Policía de la provincia en la cual exigen que aquellos extranjeros no residentes en nuestro país que soliciten el NIE (Número de Identificación de Extranjeros), deben hacerlo personalmente y no encargar esa gestión a sus abogados o representantes fiscales en nuestro país.
La historia es la siguiente: persona extranjera que desea adquirir una propiedad en España, y que deposita toda su confianza en un abogado español para que éste le tramite la compraventa de la que se va a convertir en su segunda residencia, donde pasará largas temporadas y donde contribuirá al sostenimiento del alza económica de la Costa del Sol. Pues bien, el cliente, de lo único que se tiene que preocupar es de tener el dinero para comprar la casa, aunque en los últimos tiempos, bien es cierto que una parte del mercado británico está adquiriendo propiedades en España «sin un duro», o mejor dicho, sin euros o libras; y lo hacen mediante la llamada doble financiación hipotecaria, gravando sus propiedades en el Reino Unido para pagar la parte correspondiente al contrato privado (entre un 30 y un 40% aproximadamente) y subrogándose en los créditos hipotecarios de los bancos españoles por el resto del precio.
El abogado se encarga de todo: se pone en contacto con el vendedor y le solicita toda la documentación necesaria, la cual estudia y analiza que esté en orden; recibe los fondos enviados para la firma del contrato privado; prepara la firma de las escrituras públicas; media en la negociación con el banco para la concesión del préstamo y, tras convertirse su cliente en nuevo propietario, tramita la contratación de los diferentes suministros. La gran mayoría de las veces, los clientes ni están presentes en todo el proceso, y otorgan poderes ante Notarios en su país, con lo que facultan a su representante para todo tipo de gestiones.
Ahora bien, la labor del abogado supone asimismo cooperar en el cumplimiento de la obligaciones fiscales de aquellos adquirentes de propiedades; no sólo cara a la inscripción de los derechos reales en el Registro de la Propiedad, sino también para el pago de los impuestos anuales que, como No Residentes, les corresponde.
Para ello, es condición indispensable que posean un número de identificación, el NIE. Hasta ahora, la mecánica era sencilla, tanto si el cliente se encontraba en su país de origen como si visitaba el despacho profesional de su abogado, firmaba los documentos necesarios, se testimoniaban los pasaportes ante Notario y acudía su representante a la Comisaría para presentar la pertinente solicitud y obtenerlo en un plazo de entre diez y quince días.
Parece entonces que al Subdelegado del Gobierno en esta provincia de Málaga, le molesta que sean los profesionales liberales quienes se encarguen de esa gestión tan simple, y exige que sean los adquirentes en persona quienes se presenten en los Departamentos de Extranjeros de las comisarías.
¿Qué ocurrirá cuando éstos no tengan intención de venir a España hasta unos meses después de adquirir su vivienda? ¿Cómo se pagarán los impuestos correspondientes a la liquidación de la escritura? ¿O es que pretende el Subdelegado que se paguen siempre con recargo debido a la imposibilidad de obtener el número fiscal identificativo? ¿Estará siguiendo instrucciones de la altas instancias gubernamentales, tan aficionadas a poner obstáculos a la inversión y al desarrollo de la Costa? ¿O es que su intención es llenar las comisarías, todas las mañanas, de señores extranjeros acompañados de sus abogados? ¿No cree que supone una incomodidad para el cliente, hacerles perder toda una mañana únicamente para solicitar un «numerito», con la repercusión negativa en cuestión simplemente de imagen que ello supone? ¿No se ha parado a pensar que, debido a las trabas que les imponen, decidan comprarse las casas en otras zonas de España, por no decir en otros países?
¿Sabe señor Subdelegado cuántos despachos de abogados se dedican, únicamente en Marbella, al asesoramiento jurídico, fiscal y contable en inversiones extranjeras? ¿Cuántos empleos directos e indirectos suponen? ¿Conoce el papel de los bancos en este «juego»? ¿Sabe cuántas hipotecas concede al año la banca española a No Residentes para la adquisición de propiedades en la Costa del Sol? ¿Sabe usted que cada transacción que se realiza, cada hipoteca que se otorga y se inscribe en los registros, supone dinero para las arcas públicas en forma de Impuesto de Transmisiones y Actos Jurídicos Documentados?
De momento, el Colegio de Abogados de Málaga está presionando, parece ser, a la Subdelegación del Gobierno para hacerle ver que han cometido una barbaridad al tomar esa desacertada decisión, que únicamente sirve para entorpecer el desarrollo de la Costa y hacer trabajar el triple a profesionales liberales y, de paso, también a los funcionarios destinados en las comisarías para llevar a cabo gestiones de este tipo.
Esperemos que la ignorancia no consiga matar a la gallina de los huevos de oro, y únicamente haya sido una mala planificación o un claro desconocimiento de la realidad práctico-jurídica.
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