EXPOSICION DE MOTIVOS 1
La gravedad de la situación económica y su incidencia en el mercado de trabajo
concede prioridad a la necesidad de acometer, de manera decidida y urgente, la
reforma de las relaciones laborales con el objetivo de luchar contra el paro y
potenciar nuestra capacidad generadora de empleo.
El Gobierno, convencido de que las políticas que deben adoptarse para conseguir
tales objetivos exigen cambios estructurales profundos y el esfuerzo solidario
de todos los agentes involucrados en su adopción y aplicación, convocó a los
agentes sociales para la búsqueda consensuada de soluciones, que de antemano
sabía que no serían fáciles aunque sí de urgente aplicación.
Es imposible ignorar que para recuperar la senda del crecimiento económico y
mejorar la competitividad de las empresas, como base imprescindible del
mantenimiento y de la creación de empleo, junto a medidas de carácter
estrictamente económico, es necesario abordar la reforma del marco de relaciones
laborales, para, salvaguardando el necesario equilibrio de quienes las
protagonizan, permitir con su intervención la permanente adaptabilidad a las
circunstancias cambiantes de los procesos productivos y las innovaciones
tecnológicas.
Aunque los objetivos que se persiguen con la reforma son globales y exigen una
profunda modificación del Estatuto de los Trabajadores, algunas de las medidas
que se proponen en dicho contexto, tendentes a optimizar las posibilidades de
colocación existentes, favorecer la inserción laboral de los jóvenes sin
formación profesional específica o sin experiencia laboral o posibilitar el
trabajo de un mayor número de personas, exigen su adopción mediante una
disposición legislativa que adopte la forma del Real Decreto-ley, no sólo por la
urgente necesidad de dar respuesta a quienes se encuentran en situación de
desempleo, sino además para no dejar abierto un marco de expectativas y un
cuadro transitorio de contrataciones que pudiera repercutir desfavorablamente en
el empleo. De ahí la utilización de esta fórmula legislativa como la más
adecuada para los propósitos que se trata de alcanzar.
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En tal sentido, la presente norma tiene por finalidad:
a) Mejorar los servicios públicos de empleo, primando su eficacia sobre
inútiles cargas burocráticas que en nada mejoran su intermediación en el mercado
de trabajo, sino que le impiden orientar su actividad hacia los colectivos que
realmente necesitan su intervención para garantizar la igualdad de oportunidades
en el derecho de acceso al trabajo. En consecuencia, se elimina la obligación
del empresario de contratar a través del Instituto Nacional de Empleo cuando lo
que se requiera del mismo no consista en la búsqueda del trabajador adecuado,
sino en la simple constatación del previamente elegido por el empresario, tal
como ocurrió en más del 90 por 100 de los casos durante el último año. No
obstante, se mantiene a efectos del necesario conocimiento del mercado de
trabajo la obligación posterior del empresario de registrar los contratos de
trabajo o de notificar las contrataciones que efectúe al Instituto Nacional de
Empleo (INEM).
Igualmente y teniendo en cuenta que los servicios públicos de empleo no pueden
abarcar la totalidad de las cada vez más complejas y diversificadas ofertas de
empleo, cuya respuesta adecuada requiere la máxima especialización y proximidad
a las fuentes de empleo, se posibilita la existencia de agencias de colocación
sin fines lucrativos y se permite la actividad de las empresas de trabajo
temporal cuyo funcionamiento con las debidas garantías y controles, tal como se
prevé en el proyecto de ley elaborado por el Gobierno, harán más transparente y
operativo el mercado de trabajo.
b) Facilitar la inserción laboral de los jóvenes, cuya falta de formación
específica o experiencia laboral constituye siempre el más serio obstáculo para
su acceso al empleo, acentuado cuando las altas tasas de paro permiten al
empresario una amplia elección entre mano de obra más rentable.
Figuras contractuales como el contrato de prácticas o de aprendizaje, que
combinan adecuadamente trabajo efectivo y formación y valoran en sus justos
términos las contraprestaciones que reciben las partes, están llamadas a dar
respuesta con carácter inmediato al desempleo de los jóvenes, que representan
más de la tercera parte de la población parada y a convertirse en un instrumento
permanente de integración juvenil y de formación de los recursos humanos sin
cuya adecuada cualificación nunca serán competitivas nuestras empresas.
c) Convertir el trabajo a tiempo parcial, tal como ocurre en los países de
nuestro entorno, en factor que favorezca el incremento de las tasas de ocupación, al permitir, mediante el cómputo anual de la jornada, adaptar los sistemas de
organización de trabajo de las empresas a las necesidades productivas, así como
a las circunstancias personales o familiares del trabajador, valorando aquellas
actividades que por su escasa duración deben considerarse marginales y no
constitutivas de medio fundamental de vida.
d) Orientar los futuros programas de fomento de ocupación con el objetivo de
fomentar la creación de empleo en las pequeñas empresas y dar ocupación a
perceptores de prestaciones por desempleo, convirtiendo éstas en instrumentos de
políticas activas.
e) Por último, el Real Decreto-ley permite la prórroga durante dieciocho meses
de los contratos temporales de fomento del empleo cuya duración máxima de tres
años expire entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 1994, período durante el
cual, de no adoptarse tal medida, se estima que la decisión empresarial podría
no ser proclive al mantenimiento del empleo.
En su virtud, siendo urgente la adopción de las anteriores medidas y haciendo
uso de la autorización contenida en el artículo 86 de la Constitución, a
propuesta del Ministro de Trabajo y Seguridad Social y previa deliberación del
Consejo de Ministros en su reunión del día 3 de diciembre de 1993.
DISPONGO:
Capítulo I
De la colocación
Artículo 1. Ingreso al trabajo.
1. Los empresarios están obligados a registrar en la Oficina Pública de Empleo,
en el plazo de los diez días siguientes a su concertación, los contratos que
deban celebrarse por escrito o a comunicar, en igual plazo, las contrataciones
efectuadas, aunque no exista obligación legal de formalizarlas por escrito.
2. Se prohíbe la existencia de agencias de colocación con fines lucrativos. El
Servicio Público de Empleo podrá autorizar, en las condiciones que se determinen
en el correspondiente convenio de colaboración y previo informe del Consejo
General del Instituto Nacional de Empleo, la existencia de agencias de
colocación sin fines lucrativos, siempre que la remuneración que reciban del
empresario o del trabajador se límite exclusivamente a los gastos ocasionados
por los servicios prestados.
Artículo 2. Cesión de trabajadores.
1. La contratación de trabajadores para cederlos temporalmente a otra empresa
sólo podrá efectuarse a través de empresas de trabajo temporal debidamente
autorizadas en los términos que legalmente se establezcan.
2. Los empresarios que infrinjan lo señalado en el apartado anterior
responderán solidariamente de las obligaciones contraídas con los trabajadores y
con la Seguridad Social, sin perjuicio de las demás responsabilidades, incluso
penales, que procedan por dichos actos.
3. Los trabajadores sometidos al tráfico prohibido tendrán derecho, a su
elección, a adquirir la condición de fijos en la empresa cedente o cesionaria
una vez transcurrido un plazo igual al que legalmente hubieran podido fijar para
el período de prueba.
En la nueva empresa sus derechos y obligaciones serán los que correspondan en
condiciones ordinarias a un trabajador que preste servicios en el mismo puesto
de trabajo o equivalente, si bien la antigüedad se contará desde el inicio de la
cesión ilegal.
Capítulo II
De la contratación
Artículo 3. Contratos formativos.
1. El contrato de trabajo en prácticas podrá concertarse con quienes estuvieran
en posesión de título universitario o de formación profesional de grado medio o
superior, o títulos oficialmente reconocidos como equivalentes, que habiliten
para el ejercicio profesional, dentro de los cuatro años inmediatamente
siguientes a la terminación de los correspondientes estudios, de acuerdo con las
siguientes reglas:
a) El puesto de trabajo deberá permitir la obtención de la práctica profesional
adecuada al nivel de estudios cursados.
b) La duración del contrato no podrá ser inferior a seis meses ni exceder de
dos años, dentro de cuyos límites los convenios colectivos de ámbito sectorial
podrán determinar la duración del contrato, atendiendo a las características del
sector y de las prácticas a realizar.
c) Ningún trabajador podrá estar contratado en prácticas en la misma o distinta
empresa por tiempo superior a dos años en virtud de la misma titulación.
d) Salvo lo dispuesto en convenio colectivo, el período de prueba no podrá ser
superior a un mes para los contratos en prácticas celebrados con trabajadores
que estén en posesión de título de grado medio, ni a dos meses para los
contratos en prácticas celebrados con trabajadores que estén en posesión de
título de grado superior.
e) La retribución del trabajador será la fijada en convenio colectivo para los
trabajadores en prácticas, sin que, en su defecto, pueda ser inferior al 60 o al
75 por 100 durante el primero o el segundo año de vigencia del contrato,
respectivamente, del salario fijado en convenio para un trabajador que desempeñe
el mismo o equivalente puesto de trabajo.
f) Si al término del contrato el trabajador se incorporase sin solución de
continuidad a la empresa no podrá concertarse un nuevo período de prueba,
computándose la duración de las prácticas a efectos de antigüedad en la empresa.
2. El contrato de aprendizaje tendrá por objeto la adquisición de la formación
teórica y práctica necesaria para el desempeño adecuado de un oficio o un puesto
de trabajo cualificado y se regirá por las siguientes reglas:
a) Se podrá celebrar con trabajadores mayores de dieciséis años y menores de
veinticinco años que no tengan la titulación requerida para formalizar contrato
en prácticas. No se aplicará el límite máximo de edad cuando el contrato se
concierte con un trabajador minusválido.
b) Reglamentariamente se determinará el número máximo de aprendices que las
empresas puedan contratar en función de su plantilla.
c) La duración del contrato no podrá ser inferior a seis meses ni exceder de
tres años, salvo que por convenio colectivo de ámbito sectorial se fijen
duraciones distintas, atendiendo a las peculiaridades del sector y de los
puestos de trabajo a desempeñar.
d) Expirada la duración máxima del contrato de aprendizaje, ningún trabajador
podrá ser contratado bajo esta modalidad por la misma o distinta empresa.
e) Los tiempos dedicados a formación teórica deberán alternarse con los de
trabajo efectivo, o concentrarse en los términos que se establezcan en el
correspondiente convenio colectivo o, en su defecto, en el contrato de trabajo,
sin que el tiempo global correspondiente a aquélla pueda ser inferior a un 15
por 100 de la jornada máxima prevista en convenio colectivo.
Cuando el aprendiz no haya finalizado la escolaridad obligatoria, la formación
teórica tendrá por objeto inmediato completar dicha educación.
El trabajo efectivo que preste el trabajador en la empresa deberá estar
relacionado con las tareas propias del nivel ocupacional u oficio objeto del
aprendizaje.
f) La retribución del aprendiz será la fijada en convenio colectivo, sin que,
en su defecto, pueda ser inferior al 70, al 80 ó al 90 por 100 del salario
mínimo interprofesional durante, respectivamente, el primero, el segundo o el
tercer año de vigencia del contrato, salvo lo que se disponga reglamentariamente
en virtud del tiempo dedicado a formación teórica.
g) La protección social del aprendiz sólo incluirá las contingencias de
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, asistencia sanitaria por
contingencias comunes, pensiones y Fondo de Garantía Salarial.
h) En el supuesto de incorporación del interesado a la empresa sin solución de
continuidad se estará a lo establecido en el apartado 1, párrafo f), de este
artículo.
Artículo 4. Contrato a tiempo parcial y contrato de relevo.
1. El trabajador se entenderá contratado a tiempo parcial cuando preste
servicios durante un número de horas al día, a la semana, al mes o al año,
inferior al considerado como habitual en la actividad de que se trate en dichos
períodos de tiempo.
2. El contrato a tiempo parcial podrá concertarse por tiempo indefinido o por
duración determinada en los supuestos previstos en el artículo 15 de la Ley 8/1980, de 10 de marzo, del Estatuto de los Trabajadores.
El contrato a tiempo parcial se entenderá celebrado por tiempo indefinido
cuando se concierte para realizar trabajos fijos y periódicos dentro del volumen
normal de actividad de la empresa. Cuando dichos trabajos tengan el carácter de
fijos discontinuos y no se repitan en fechas ciertas, sino que dependan de
factores estacionales, el orden y la forma de llamamiento al trabajo serán los
determinados en los respectivos convenios colectivos, pudiendo el trabajador, en
caso de incumplimiento, reclamar en procedimiento de despido ante la
jurisdicción competente, iniciándose el plazo para ello desde el momento que
tuviese conocimiento de la falta de convocatoria.
3. La base de cotización a la Seguridad Social y demás aportaciones que se
recauden conjuntamente con aquélla estará constituida por las retribuciones
efectivamente percibidas en función de las horas trabajadas.
En el supuesto de trabajadores cuya prestación efectiva de servicios sea
inferior a doce horas a la semana o cuarenta y ocho al mes, los derechos de
protección social sólo incluirán las contingencias de accidentes de trabajo y
enfermedades profesionales, asistencia sanitaria por contingencias comunes y
Fondo de Garantía Salarial.
4. Asimismo, se entenderá como contrato a tiempo parcial el celebrado por el
trabajador que concierte con su empresa, en las condiciones establecidas en el
presente artículo, una reducción de la jornada de trabajo y de su salario del 50
por 100, cuando reúna las condiciones generales exigidas para tener derecho a la
pensión contributiva de jubilación de la Seguridad Social, con excepción de la
edad, que habrá de ser inferior a tres años, como máximo, a la exigida. Para
poder realizar este contrato, la empresa concertará simultáneamente un contrato
de trabajo con otro trabajador en situación de desempleo y quedará obligada a
mantener cubierta, como mínimo, la jornada de trabajo sustituida hasta la fecha
de jubilación prevista en el párrafo siguiente. Al contrato de trabajo por el
que se sustituye la jornada dejada vacante por el trabajador que reduce su
jornada se le denominará contrato de relevo.
La ejecución de contrato de trabajo a tiempo parcial a que se refiere este
apartado y su retribución serán compatibles con la pensión que la Seguridad
Social reconozca al trabajador hasta que cumpla la edad establecida con carácter
general por el sistema de la Seguridad Social para causar derecho a la pensión
de jubilación, extinguiéndose la relación laboral al alcanzar la referida edad.
Artículo 5. Fomento del empleo.
1. Se establecerán programas que fomenten la contratación por pequeñas empresas
de trabajadores perceptores de prestaciones por desempleo. Anualmente, la Ley de
Presupuestos Generales del Estado determinará los programas y colectivos de
perceptores por desempleo a que aquéllos se destinen.
Quedan expresamente excluidas las contrataciones llevadas a cabo con el cónyuge
o familiares por consaguinidad o afinidad, hasta el segundo grado inclusive, del
empresario o de quienes ostenten cargos de dirección o sean miembros de los
órganos de administración de las empresas que revistan la forma jurídica de
sociedad, así como las que se produzcan con estos últimos.
2. El Instituto Nacional de Empleo promoverá la celebración de conciertos con
Administraciones públicas y entidades sin ánimo de lucro para que los
perceptores de prestaciones por desempleo presten servicios de utilidad social
que redunden en beneficio de la comunidad.
Dichos servicios tendrán la consideración de trabajos de colaboración social, a
efectos de lo establecido en la Ley 31/1984, de 2 de agosto, de protección por
desempleo, y su prestación no implicará la existencia de relación laboral entre
el desempleado y la entidad con la que se concierten, manteniendo el trabajador
el derecho a percibir la prestación o el subsidio por desempleo que le
corresponda.
Disposición adicional primera. Fomento de la contratación indefinida de los
contratos en prácticas y de aprendizaje.
Los beneficios y condiciones establecidos en la Ley 22/1992, de 30 de julio, de
medidas urgentes sobre fomento del empleo y protección por desempleo, para la
transformación en indefinidos de los contratos en prácticas y para la formación
se aplicarán a la conversión en indefinidos de los contratos formativos
regulados en el artículo 3 de este Real Decreto-Ley.
Disposición adicional segunda. Prórroga de los contratos temporales de fomento
del empleo.
Los contratos temporales de fomento del empleo celebrados al amparo del Real
Decreto 1989/1984, de 17 de octubre, por el que se regula la contratación
temporal como medida de fomento del empleo, cuya duración máxima de tres años
expire entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 1994, podrán ser prorrogados
por una sola vez por un plazo máximo de dieciocho meses.
Disposición transitoria primera. Habilitación para fijar el fomento del empleo
durante 1994.
Para 1994 se determinarán reglamentariamente los programas de fomento del
empleo y colectivos de perceptores de prestaciones a que se destinen, de
conformidad con lo previsto en el apartado 1 del artículo 5 de este Real
Decreto-ley.
Disposición transitoria segunda. Contratos celebrados antes del Real
Decreto-ley.
Los contratos celebrados con anterioridad a la entrada en vigor del presente
Real Decreto-ley continuarán rigiéndose por la normativa a cuyo amparo se
concertaron.
Disposición transitoria tercera. Vigencia de disposiciones reglamentarias.
En tanto se proceda al desarrollo reglamentario de este Real Decreto-ley
continuarán siendo de aplicación, en todo lo que no se oponga a lo establecido
en el mismo, el Real Decreto 1991/1984, de 31 de octubre, por el que se regula
el contrato a tiempo parcial, el contrato de relevo y la jubilación parcial; el
Real Decreto 1992/1984, de 31 de octubre, por el que se regula los contratos en
prácticas y para la formación, y el Real Decreto 2104/1984, de 21 de noviembre,
por el que se regula diversos contratos de trabajo de duración determinada y el
contrato de trabajadores fijos discontinuos.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a
lo establecido en el presente Real Decreto-ley, y expresamente las siguientes:
1. Los artículos 11; 12; 15; apartado 6; 16, apartados 1, 2 y 3, y 43 de la Ley 8/1980, de 10 de marzo, del Estatuto de los Trabajadores.
2. Los artículos 40, apartado 2; 42, apartado 1, y 44, apartado 2, de la Ley 51/1980, de 8 de octubre, básica de empleo.
3. Los artículos 26; apartados 3 y 4, y 27, apartados 1 y 2, de la Ley 8/1988, de 7 de abril, sobre infracciones y sanciones de orden social.
Disposición final primera. Facultades de desarrollo.
Se faculta al Gobierno para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para
la aplicación y desarrollo de este Real Decreto-ley.
Disposición final segunda. Entrada en vigor.
El presente Real Decreto-ley entrará en vigor el día siguiente al de su
publicación en el .
Dado en Madrid a 3 de diciembre de 1993. Juan Carlos Rey de España
El Presidente del Gobierno,
FELIPE GONZALEZ MARQUEZ