Juan Carlos I, rey de España
A todos los que la presente vieren y entendieren.
Sabed: que las cortes generales han aprobado y yo vengo en sancionar la
siguiente ley:
La presente ley trata, principalmente, de otorgar competencia al orden
jurisdiccional social en las reclamaciones dirigidas contra el fondo de garantía
salarial, que vienen siendo sustanciadas actualmente ante la jurisdicción
contencioso-administrativa.
En los casos en que los trabajadores han sido despedidos de forma improcedente
por su empresa o han tenido que cesar en virtud de expediente de regulación de
empleo (por crisis económica o tecnológica), la mayor parte de las veces se ven
abocados a plantear ante el fondo de garantía salarial la efectividad del cobro
de las indemnizaciones derivadas del cese y a veces incluso el cobro de los
salarios que ha dejado pendientes de pago la empresa. Es, en definitiva, el
problema económico-social de los trabajadores que han perdido su ocupación y que
la empresa en la cual prestaban sus servicios se halla en situación legal de
insolvencia económica.
Precisamente, a este problema y a otros inconvenientes semejantes ha venido a
poner remedio adecuado la ley orgánica 6/1985, de 1 de julio, del poder judicial, que, concretamente su Artículo 9.5, establece que los tribunales y juzgados del orden jurisdiccional social conocerán de las reclamaciones que se promuevan contra el estado, cuando le atribuya responsabilidad la legislación laboral; como ocurre en el presente caso, pues el Artículo 33 del estatuto de los trabajadores atribuye la responsabilidad del pago de las indemnizaciones y
salarios, que no puedan ser abonados por las empresas insolventes o sujetas a
procedimientos concursales, al fondo de garantía salarial, organismo autónomo
del estado.
Pero, y ahí nace la dificultad que se intenta solventar, la propia ley orgánica
del poder judicial, en virtud de lo establecido en la disposición transitoria
trigésimo cuarta, deja la solución establecida en el Artículo 9.5 en situación
expectante hasta tanto no se apruebe la ley de planta.
recientemente, el tribunal supremo, y en concreto su sala especial de
conflictos de competencias, ha salido al paso de la situación lamentable en un
caso que se había planteado de competencia negativa en que los trabajadores
habían sido rechazados por la magistratura de trabajo y por el tribunal
contencioso-administrativo, y así, en auto de 16 de octubre de 1986 la sala
especial de conflictos de competencia del tribunal supremo declara a la
magistratura de trabajo competente para conocer las acciones deducidas por los
trabajadores contra el fondo de garantía salarial en reclamación de cantidades
en concepto de indemnización de una empresa, basando su resolución en lo
dispuesto en la ley orgánica del poder judicial.
Después de dicho auto, es muy probable la clarificación de conceptos, pero no
es nada seguro que trascienda al ámbito de la praxis judicial por dos razones
muy evidentes: primera, porque el citado auto del tribunal supremo, por su
naturaleza procesal, no crea doctrina suficiente, vinculante para los tribunales; y, en segundo lugar, porque al no existir la ley de planta, las magistraturas de trabajo pueden entender que sigue en situación expectante la competencia que el Artículo 9.5 de la ley del poder judicial atribuye a los juzgados del orden jurisdiccional social, y tienen que atenerse a la letra de lo dispuesto en el Artículo primero de la ley de procedimiento laboral. De ahí la urgente necesidad de modificar este Artículo, en su apartado 2, con la nueva redacción que se propone.
Similares razones aconsejan, en concordancia con lo expuesto, la modificación
de otros Artículos de la propia ley, todos ellos en relación con el fondo de
garantía salarial, al objeto de conseguir una mayor seguridad jurídica para los
interesados.
En atención a cuanto se ha expuesto, se formula la siguiente ley en los
términos del texto que a continuación sigue.

Artículo único
Se modifican los siguientes Artículos del texto refundido de la ley de
procedimiento laboral de 13 de junio de 1980, que quedaran redactados como a
continuación se indica:
Artículo 1, apartado 2.
a) las reclamaciones contra el estado, cuando este pueda ser responsable de
salarios de tramitación en proceso por despidos o extinción de contratos por
causas objetivas, declarados improcedentes.
b) las que se deriven por las responsabilidades previstas en el Artículo 33 del
estatuto de los trabajadores contra el fondo de garantía salarial.
Artículo 49, párrafo segundo.
En las demandas dirigidas contra el fondo de garantía salarial en base al
Artículo 33 del estatuto de los trabajadores, no será necesaria la reclamación
previa en vía administrativa ante dicho fondo.
Artículo 86 bis.
En los procedimientos seguidos contra el fondo de garantía salarial al amparo
del Artículo 33 del estatuto de los trabajadores, las afirmaciones de hecho
contenidas en el expediente y en las que se haya basado la resolución del mismo
se consideraran ciertas salvo prueba en contrario.
Artículo 98.
Se suprimen el apartado c) y el ultimo párrafo de este Artículo.
Artículo 204.
1. si no se encontrasen bienes del ejecutado en los que hacer traba de embargo
o estos fueran insuficientes, se practicaran las necesarias averiguaciones en la
alcaldía, registro de la propiedad o delegación de hacienda, previa declaración
de tres testigos solventes y citación al fondo de garantía salarial si no
hubiera comparecido con anterioridad, sin cuyo requisito no asumirá este las
obligaciones señaladas en el estatuto de los trabajadores, pudiendo el fondo en
el plazo máximo de quince días instar la practica de las diligencias que a su
derecho convengan.
El magistrado, en el plazo máximo de treinta días, contados a partir de la
practica de las diligencias instadas por el fondo de garantía salarial, dictara
auto declarando, cuando proceda, la insolvencia total o parcial del ejecutado,
fijando en este caso el valor pericial dado a los bienes embargados. la
insolvencia siempre se entenderá a todos los efectos como provisional hasta que
se conozcan bienes al ejecutado o se realicen los bienes embargados.
2. cuando los bienes señalados por el ejecutante para hacer traba y embargo se
encuentren afectos al proceso productivo de la empresa deudora y esta continúe
su actividad, el fondo de garantía salarial podrá solicitar la suspensión del
procedimiento ejecutivo, por el plazo de treinta días, a fin de valorar la
imposibilidad de satisfacción de los créditos laborales, así como los efectos de
la enajenación en subasta judicial de los bienes embargados sobre la continuidad
de las relaciones laborales subsistentes en la empresa deudora. Constatada por
el fondo de garantía salarial la imposibilidad de satisfacer los créditos
laborales por determinar ello la extinción de las relaciones laborales
subsistentes, lo pondrá de manifiesto motivadamente ante la magistratura de
trabajo solicitando la declaración de insolvencia a los solos efectos de
reconocimiento de prestaciones de garantía salarial.

Disposición transitoria
Los procedimientos actualmente en tramite ante la jurisdicción
contencioso-administrativa, salvo aquellos que estuviesen señalados para
deliberación y fallo, serán resueltos por el órgano de la jurisdicción laboral
que resulte competente, al que se remitirán de oficio las actuaciones en el
estado en que se encuentren.

Disposición final
La presente ley entrara en vigor al día siguiente de su publicación en el <<br /> Boletín Oficial Del Estado>.

Por tanto,
Mando a todos los españoles, particulares y autoridades, que guarden y hagan
guardar esta ley.
Palacio de la Zarzuela, Madrid, a 14 de julio de 1988.
Juan Carlos rey de españa
El presidente del gobierno,
Felipe González Márquez