JUAN CARLOS I REY DE ESPAÑA
A todos los que la presente vieren y entendieren.
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la
siguiente Ley Orgánica.
EXPOSICION DE MOTIVOS
La experiencia diaria pone de manifiesto en algunos casos las reticencias de
los ciudadanos a colaborar con la policía judicial y con la Administración de
Justicia en determinadas causas penales ante el temor a sufrir represalias.
Ello conlleva, con frecuencia, que no se pueda contar con testimonios y pruebas
muy valiosos en estos procesos.
Ante esta situación, el legislador debe proceder a dictar normas que resulten
eficaces en la salvaguarda de quienes, como testigos o peritos, deben cumplir
con el deber constitucional de colaboración con la justicia.
De no hacerlo así, podrían encontrarse motivos que comportasen retraimientos e
inhibiciones por parte de posibles testigos y peritos no deseables en un Estado
de Derecho, con el añadido de verse perjudicada la recta aplicación del
ordenamiento jurídico-penal y facilitada, en su caso, la impunidad de los
presuntos culpables.
Es obvio, sin embargo, que las garantías arbitradas en favor de los testigos y
peritos no pueden gozar de un carácter absoluto e ilimitado, es decir, no pueden
violar los principios del proceso penal. De ahí que la presente Ley tenga como
norte hacer posible el necesario equilibrio entre el derecho a un proceso con
todas las garantías y la tutela de derechos fundamentales inherentes a los
testigos y peritos y a sus familiares.
El sistema implantado confiere al Juez o Tribunal la apreciación racional del
grado de riesgo o peligro y la aplicación de todas o alguna de las medidas
legales de protección que considere necesarias, previa ponderación, a la luz del
proceso, de los distintos bienes jurídicos constitucionalmente protegidos;
medidas que, en el marco del derecho de defensa, serán susceptibles de recurso
en ambos efectos.
El propósito protector al que responde la Ley no es, por lo demás, exclusivo de
nuestro país. De acuerdo con directrices señaladas por el Derecho comparado, se
ha entendido ser imperiosa e indeclinable la promulgación de las normas precisas
para hacer realidad aquel propósito de protección de testigos y peritos que,
además, ha sido admitido por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, cuyo
principio general se hace también patente en la Resolución 827/1993, de 25 de
mayo, del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, concerniente a la antigua
Yugoslavia.
El contenido de la Ley es breve. Junto a su ámbito de aplicación, regulado en
el artículo 1, y las medidas protectoras y garantías del justiciable recogidos
en los artículos 2 y 3, contiene el artículo 4 y último una serie de medidas
complementarias de protección que habrán de aplicar, cada uno en su esfera, los
miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, el Ministerio Fiscal
y la autoridad judicial.
Artículo 1.
1. Las medidas de protección previstas en esta Ley son aplicables a quienes en
calidad de testigos o peritos intervengan en procesos penales.
2. Para que sean de aplicación las disposiciones de la presente Ley será
necesario que la autoridad judicial aprecie racionalmente un peligro grave para
la persona, libertad o bienes de quien pretenda ampararse en ella, su cónyuge o
persona a quien se halle ligado por análoga relación de afectividad o sus
ascendientes, descendientes o hermanos.
Artículo 2.
Apreciada la circunstancia prevista en el artículo anterior, el Juez instructor
acordará motivadamente, de oficio o a instancia de parte, cuando lo estime
necesario en atención al grado de riesgo o peligro, las medidas necesarias para
preservar la identidad de los testigos y peritos, su domicilio, profesión y
lugar de trabajo, sin perjuicio de la acción de contradicción que asiste a la
defensa del procesado, pudiendo adoptar las siguientes decisiones:
a) Que no consten en las diligencias que se practiquen su nombre, apellidos,
domicilio, lugar de trabajo y profesión, ni cualquier otro dato que pudiera
servir para la identificación de los mismos, pudiéndose utilizar para ésta un
número o cualquier otra clave.
b) Que comparezcan para la práctica de cualquier diligencia utilizando
cualquier procedimiento que imposibilite su identificación visual normal.
c) Que se fije como domicilio, a efectos de citaciones y notificaciones, la
sede del órgano judicial interviniente, el cual las hará llegar reservadamente a
su destinatario.
Artículo 3.
1. Los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, el Ministerio Fiscal y
la autoridad judicial cuidarán de evitar que a los testigos o peritos se les
hagan fotografías o se tome su imagen por cualquier otro procedimiento,
debiéndose proceder a retirar el material fotográfico, cinematográfico,
viedográfico o de cualquier otro tipo a quien contraviniere esta prohibición.
Dicho material será devuelto a su titular una vez comprobado que no existen
vestigios de tomas en las que aparezcan los testigos o peritos de forma tal que
pudieran se identificados.
2. A instancia del Ministerio Fiscal y para todo el proceso, o si, una vez
finalizado éste, se mantuviera la circunstancia de peligro grave prevista en el
artículo 1.2 de esta Ley, se brindará a los testigos y peritos, en su caso,
protección policial. En casos excepcionales podrán facilitárseles documentos de
una nueva identidad y medios económicos para cambiar su residencia o lugar de
trabajo. Los testigos y peritos podrán solicitar ser conducidos a las
dependencias judiciales, al lugar donde hubiere de practicarse alguna diligencia
o a su domicilio en vehículos oficiales y durante el tiempo que permanezcan en
dichas dependencias se les facilitará un local reservado para su exclusivo uso,
convenientemente custodiado.
Artículo 4.
1. Recibidas las actuaciones, el órgano judicial competente para el
enjuiciamiento de los hechos se pronunciará motivadamente sobre la procedencia
de mantener, modificar o suprimir todas o algunas de las medidas de protección
de los testigos y peritos adoptadas por el Juez de Instrucción, así como si
procede la adopción de otras nuevas, previa ponderación de los bienes jurídicos
constitucionalmente protegidos, de los derechos fundamentales en conflicto y de
las circunstancias concurrentes en los testigos y peritos en relación con el
proceso penal de que se trate.
2. Las medidas adoptadas podrán ser objeto de recurso de reforma o súplica.
3. Sin perjuicio de lo anterior, si cualquiera de las partes solicitase
motivadamente en su escrito de calificación provisional, acusación o defensa, el
conocimiento de la identidad de los testigos o peritos propuestos, cuya
declaración o informe sea estimado pertinente, el Juez o Tribunal que haya de
entender la causa, en el mismo auto en el que declare la pertinencia de la
prueba propuesta, deberá facilitar el nombre y los apellidos de los testigos y
peritos, respetando las restantes garantías reconocidas a los mismos en esta Ley.
En tal caso, el plazo para la recusación de peritos a que se refiere el
artículo 662 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal se computará a partir del
momento en que se notifique a las partes la identidad de los mismos.
En los cinco días siguientes a la notificación a las partes de la identidad de
los testigos, cualquiera de ellos podrá proponer nueva prueba tendente a
acreditar alguna circunstancia que pueda influir en el valor probatorio de su
testimonio.
4. De igual forma, la partes podrán hacer uso del derecho previsto en el
apartado anterior, a la vista de las pruebas solicitadas por las otras partes y
admitidas por el órgano judicial, en el plazo previsto para la interposición de
recurso de reforma y apelación.
5. Las declaraciones o informes de los testigos y peritos que hayan sido objeto
de protección en aplicación de esta Ley durante la fase de instrucción,
solamente podrán tener valor de prueba, a efectos de sentencia, si son
ratificados en el acto del juicio oral en la forma prescrita en la Ley de
Enjuiciamiento Criminal por quien los prestó. Si se consideraran de imposible
reproducción, a efectos del artículo 730 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal,
habrán de ser ratificados mediante lectura literal a fin de que puedan ser
sometidos a contradicción por las partes.
Disposición adicional primera.
El artículo 3.2 de esta Ley tendrá el carácter de Ley ordinaria.
Disposición adicional segunda.
El Gobierno, en el plazo de un año a partir de la publicación de la presente
Ley, dictará las disposiciones reglamentarias que resulten necesarias para su
ejecución.
Disposición derogatoria única.
Quedan derogados cuantos preceptos se opongan a lo dispuesto en la presente Ley.
Disposición final única.
Esta Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín
Oficial del Estado».
Por tanto,
Mando a todos los españoles, particulares y autoridades que guarden y hagan
guardar esta Ley Orgánica.
Madrid, 23 de diciembre de 1994.
Juan Carlos Rey de España
El Presidente del Gobierno,
FELIPE GONZALEZ MARQUEZ