La Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación, reconoce la importancia del fenómeno asociativo como instrumento de integración, participación y representación de los legítimos intereses de los ciudadanos, y a tal objeto contempla una serie de medidas para facilitar el desarrollo de las asociaciones. Entre estas medidas de fomento se recoge la posibilidad de que las entidades asociativas sin fin de lucro puedan ser declaradas de utilidad pública.
En concreto, el artículo 32 de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, señala que, a iniciativa de las correspondientes asociaciones, tal declaración exige la concurrencia de determinados requisitos, que en esencia consisten en que sus fines estatutarios promuevan el interés general, la actividad no beneficie exclusivamente a los asociados, los miembros de los órganos de representación que perciban retribuciones no lo hagan con cargo a fondos públicos, cuenten con medios adecuados y organización idónea para el cumplimiento de los fines y se encuentren constituidas, inscritas y en funcionamiento durante los dos años anteriores a la solicitud.
En aplicación de esta normativa, y previa solicitud de las entidades interesadas, se han instruido los respectivos expedientes conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 1740/2003, de 19 de diciembre, sobre procedimientos relativos a asociaciones de utilidad pública.
En dichos expedientes constan las memorias, justificaciones y demás documentos de obligatoria aportación por los interesados, así como los informes de los departamentos y organismos competentes, incluido el preceptivo informe del Ministerio de Hacienda.
Examinada, por tanto, la normativa aplicable y la documentación que obra en los procedimientos, se pone de manifiesto que las entidades solicitantes reúnen todos los requisitos necesarios para obtener la condición de utilidad pública.
En su virtud, y al amparo de las facultades previstas en el artículo 3.7 del Real Decreto 1740/2003, de 19 de diciembre, dispongo:
Primero.
Declarar de utilidad pública las siguientes asociaciones inscritas en el Registro Nacional de Asociaciones del Ministerio del Interior:
| Denominación | N.º Reg. Nal. |
|---|---|
| Asociación para la Reinserción Social Zaqueo. | 597038 |
| Grupo Compostela de Universidades. | 145292 |
Segundo.
Declarar de utilidad pública las siguientes asociaciones inscritas en los Registros de las Comunidades Autónomas:
| Denominación | CC.AA. | N.º Reg. CC.AA. |
|---|---|---|
| Círculo Católico de Torrent. | Comunidad Valenciana. | 58 |
| Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social de Castilla-La Mancha. | Castilla-La Mancha. | 6027 |
| Asociación Valenciana de Trastorno Bipolar. | Comunidad Valenciana. | 12512 |
| Asociación Infancia y Desarrollo del Tercer Mundo. | Aragón. | 289 |
| Asociación de Familiares de Personas con Trastorno del Espectro Autista de la Costa de Granada, CONECTA. | Andalucía. | 7011 |
| Asociación Centro Social Parroquia San Josemaría. | Comunidad Valenciana. | 54357 |
| Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Toledo, A.F.A. Toledo. | Castilla-La Mancha. | 8347 |
| Asociación Amara Cantabria. | Cantabria. | 6219 |
| Asociación Surg for All. | Comunidad Valenciana. | 53899 |
| Asociación de Lucha contra la Distonía Mioclónica Valenciana. | Comunidad Valenciana. | 53340 |
| Asociación de Padres de Niños y Jóvenes con Enfermedades Reumáticas de la Comunidad Valenciana (ASPANIJER). | Comunidad Valenciana. | 11024 |
| Asociación Asperger Valencia, TEA. | Comunidad Valenciana. | 46736 |
Contra esta Orden, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante este Ministerio en el plazo de un mes o recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional en el plazo de dos meses a contar, en ambos casos, a partir del día siguiente a su notificación, según establecen la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Madrid, 31 de octubre de 2019.–El Ministro del Interior, P.D. (Orden INT/985/2005, de 7 de abril), el Secretario general Técnico, Juan Antonio Puigserver Martínez.