ACTA DE LA X REUNIÓN DE LA COMISIÓN MIXTA HISPANO-DOMINICANA DE COOPERACIÓN (2025-2029)
Santo Domingo, 14 de mayo de 2025
En el marco del Acuerdo complementario general de cooperación del Convenio Básico de Cooperación Técnica entre la República Dominicana y el Reino de España, suscrito el 8 de marzo de 1988, se celebró la X Reunión de la Comisión Mixta Hispano-Dominicana de Cooperación el día 14 de mayo de 2025 en la Ciudad de Santo Domingo, República Dominicana.
En este contexto, ambas delegaciones acordaron trabajar conjuntamente en el desarrollo del programa de cooperación en áreas de interés común para el periodo 2025-2029 según se describe en el Marco de Asociación para el Desarrollo Sostenible con la República Dominicana anexo a la presente acta.
La delegación de Reino de España estuvo presidida por la Excma. Sra. doña Eva María Granados Galiano, Secretaria de Estado de Cooperación Internacional.
La delegación de la República Dominicana estuvo presidida por el Excmo. Sr. don Roberto Teodoro Álvarez Gil, Ministro de Relaciones Exteriores.
La relación completa de participantes de ambas delegaciones figura como anexo I de la presente acta.
Ambas delegaciones resaltaron las excelentes relaciones de amistad entre los dos países y manifestaron su acuerdo sobre los temas a tratar y la estructura del acta, que contiene tres capítulos principales y dos anexos, que forman parte integrante de la misma:
– Aspectos generales de la relación de cooperación para el desarrollo sostenible entre la República Dominicana y el Reino de España.
– Marco de actuación.
– Consideraciones finales.
– Anexos:
● Relación de integrantes de las delegaciones de España y de la República Dominicana (Anexo l).
● Marco de Asociación para el Desarrollo Sostenible España-República Dominicana 2025-2029 (Anexo II).
1. Aspectos generales de la cooperación para el desarrollo sostenible entre la República Dominicana y el Reino de España
El Marco de Asociación País 2019-2022 (prorrogado hasta la celebración de la presente reunión de la Comisión Mixta) y el acta de la reunión de la IX Comisión Mixta Hispano-Dominicana de Cooperación (firmada el 29 de enero de 2019 en Santo Domingo, República Dominicana) son los antecedentes más inmediatos de planificación estratégica de la Cooperación Española en República Dominicana.
Finalizado el periodo de vigencia del MAP 2019-2022 (prorrogado hasta hoy), se ha elaborado el Marco de Asociación para el Desarrollo Sostenible (MA) España-República Dominicana 2025-2029, anexo a la presente acta, que define la nueva estrategia compartida de cooperación para el desarrollo a implementarse durante el periodo mencionado.
2. Marco de actuación
La elaboración del nuevo Marco de Asociación ha sido liderada por dos grupos.
Por parte de España, el Grupo Estable de Coordinación (GEC), conformado de la siguiente manera: la Embajada de España, ostentando el Embajador de España la Presidencia del GEC; la Oficina de la Cooperación Española (OCE) en República Dominicana, que ha asumido la coordinación y la secretaría técnica del proceso; la Oficina Comercial, agregaduría de interior y agregaduría de trabajo; representantes de la cooperación descentralizada y las ONGD españolas presentes en República Dominicana.
Por parte de la República Dominicana, coordinaron el proceso el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD) a través del Viceministerio de Cooperación Internacional (VIMICI), con el acompañamiento del Ministerio de Relaciones Exteriores de República Dominicana, a través del Viceministerio para Asuntos Económicos y Cooperación Internacional. Estas instituciones conformaron la Comisión Estratégica, encargada de la elaboración del MA por parte del Gobierno de la República Dominicana.
La delegación española informó sobre las prioridades de la política española de cooperación para el desarrollo sostenible, con base en la Ley 1/2023, de Cooperación para el Desarrollo Sostenible y la Solidaridad Global, aprobada el de 20 de febrero de 2023; el Real Decreto 188/2025, de 11 de marzo, por el que se regulan las subvenciones y ayudas en el ámbito de la cooperación para el desarrollo sostenible y la solidaridad global, y en el Plan Director de la Cooperación Española para el Desarrollo Sostenible y la Solidaridad Global 2024-2027, aprobado el 23 de julio de 2024 por el Consejo de Ministros. En dicho Plan Director, la República Dominicana aparece como uno de los países con quien se cooperará de forma prioritaria.
Ambas delegaciones hicieron referencia a la trascendencia de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030 y a la conveniencia de integrar las actuaciones bilaterales en el marco de las metas y objetivos de la misma, ratificando adicionalmente su compromiso para avanzar en la calidad de la ayuda y la eficacia del desarrollo, de acuerdo con la Alianza Mundial de Cooperación Eficaz para el Desarrollo.
La Delegación dominicana informó que las prioridades del Gobierno Dominicano para esta cooperación están recogidas en el Plan Nacional Plurianual del Sector Público (PNPSP) y la Ley núm. 1-12 de Estrategia Nacional de Desarrollo (END), siendo el instrumento de mediano plazo que establece prioridades, objetivos, metas y requerimientos de recursos del Sector Público para el período 2025-2030.
En este contexto, la delegación española ratificó su compromiso con el desarrollo sostenible de la República Dominicana, sobre la base del potencial y el liderazgo de este país socio. Ello supone que la República Dominicana seguirá siendo uno de los principales socios de España en materia de cooperación para el desarrollo en los próximos años.
El Marco de Asociación para el Desarrollo Sostenible España-República Dominicana 2025-2029 es una estrategia compartida por ambos países hacia objetivos y visiones comunes de desarrollo humano inclusivo y sostenible. Integra a actores con potencial impacto sobre el desarrollo a través de un estrecho diálogo, trabajo conjunto y coordinado entre los gobiernos, otros poderes del Estado, instituciones públicas y sociedad civil, así como con otros socios bilaterales y multilaterales de desarrollo.
Valoración del Marco de Asociación para el Desarrollo Sostenible
Ambas delegaciones revisaron los principales resultados previstos en el MA 2025-2029, en consonancia con el Plan Nacional Plurianual del Sector Público (PNPSP) 2025-2028 y la Estrategia Nacional de Desarrollo (END). Se destaca el elevado nivel de alineamiento de las prioridades del nuevo MA con el PNPSP y la END, permitiendo de forma adecuada la concentración de recursos en los ámbitos donde se ha corroborado la ventaja comparativa de la Cooperación Española para alcanzar un mayor impacto en términos de desarrollo.
El MA 2025-2029 se estructura en torno a los ejes de la triple transición planteada por el Plan Director de la Cooperación Española para el Desarrollo Sostenible y la Solidaridad Global 2024-2027, integrando las ventajas comparativas de la Cooperación Española en República Dominicana con el fin de contribuir de la manera más eficaz a los objetivos que el gobierno dominicano se ha marcado de aquí al 2030.
Marco de Asociación España-República Dominicana 2025-2029 y consideraciones para su adecuado cumplimiento
El Marco de Asociación España-República Dominicana 2025-2029 ha puesto especial énfasis en el principio de apropiación por parte de las autoridades dominicanas y en el alineamiento del contenido sustantivo del citado MA con el PNPSP y la END.
En relación con los sectores de intervención, la Cooperación Española se va a centrar en: i) la transición social, fortaleciendo el Estado de Derecho; ii) la transición económica, impulsando el trabajo formal y decente; iii) la transición ecológica, impulsando la gestión sostenible del territorio. Estos ámbitos corresponden principalmente al ODS 2 (Hambre Cero), ODS 4 (Educación de Calidad), ODS 5 (Igualdad de Género), ODS 6 (Agua Limpia y Saneamiento), ODS 8 (Trabajo Decente y Crecimiento Económico), ODS 13 (Acción por el Clima) y ODS 16 (Paz, Justicia e Instituciones Sólidas).
Se estima que la AOD española para el periodo 2025-2029 dedicada a República Dominicana se situará en torno a los 110 millones de euros.
La delegación dominicana resaltó la importancia de la contribución de la cooperación conjunta al desarrollo nacional, manifestando su agradecimiento a España por su compromiso y acompañamiento.
3. Consideraciones finales
Ambas delegaciones se comprometen a generar, de manera expedita, las comunicaciones que sean objeto del desarrollo y ejecución del presente acuerdo. Para ello, se identificarán los mecanismos de rendición mutua de cuentas entre la OCE y el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD), y se establecerán los mecanismos de difusión de los logros a través de la medición de indicadores (teniendo el GEC un papel decisivo para hacer llegar la información a las instituciones y organizaciones asociadas, y a la sociedad civil dominicana). Al mismo tiempo, se establecerán los mecanismos y canales de accesibilidad a los informes de seguimiento y evaluaciones de la Cooperación Española, los resultados de los marcos de evaluación del desempeño de donantes, los informes de valoración del desempeño independientes, así como el informe de seguimiento correspondiente.
El periodo de vigencia de la comisión mixta y del Marco de Asociación España-República Dominicana 2025-2029 se establece desde mayo del 2025 hasta diciembre del 2029.
Al término de la reunión, ambas delegaciones reiteraron la voluntad de continuar trabajando para fortalecer sus relaciones de cooperación entre los gobiernos y pueblos de España y República Dominicana.
La delegación española agradeció a la República Dominicana su hospitalidad para la celebración de la presente reunión de la Comisión Mixta.
Celebrada y suscrita en Santo Domingo, en dos ejemplares originales, el día 14 de mayo de 2025.
| Por el Reino de España, | Por la República Dominicana, |
|
Eva María Granados Galiano, Secretaria de Estado de Cooperación Internacional |
Roberto Teodoro Álvarez Gil, Ministro de Relaciones Exteriores |
ÍNDICE DE ANEXOS
– Relación de integrantes de las Delegaciones oficiales de España y de República Dominicana.
– Marco de Asociación España-República Dominicana 2025-2029.
ANEXO I
Relación de integrantes de las delegaciones oficiales del Reino de España y de la República Dominicana
Delegación Española
– Sra. Eva María Granados Galiano.
Secretaria de Estado de Cooperación Internacional.
– Sr. Antonio Pérez-Hernández Torra.
Embajador de España en la República Dominicana.
– Sra. Laura Oroz Uribarri.
Directora de Cooperación con América Latina y el Caribe.
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).
– Sra. Nuria Pérez Llavero.
Directora de Gabinete.
Secretaria de Estado de Cooperación Internacional.
– Sr. Ignacio Sánchez de Lerín Garcia-Ovies.
Ministro Consejero.
Embajada de España en la República Dominicana.
– Sr. Manuel Alba Cano.
Coordinador General de la Cooperación Española en la República Dominicana.
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).
Delegación Dominicana
– Excmo. Sr. Roberto Álvarez.
Ministro de Relaciones Exteriores de la República Dominicana.
– Sr. Alexis Cruz Rodríguez.
Viceministro de Análisis Económico y Social del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, Máxima Autoridad.
– Sr. Francisco Caraballo.
Viceministro de Política Exterior Bilateral-MIREX.
– Sra. D. Olaya Dotel Caraballo.
Viceministra de Cooperación Internacional y Ordenadora de los Fondos Europeos para el Desarrollo, MEPyD.
– Sra. Clara Aquino.
Directora General de Cooperación Bilateral MEPyD.
– Sra. Patricia Ortiz.
Asesora del Viceministerio para Asuntos Económicos y Cooperación Internacional-MIREX.
ANEXO II
Marco de Asociación para el Desarrollo Sostenible República Dominicana-España 2025-2029
CONTENIDO
Acrónimos.
1. Bases para la asociación.
1.1 Contexto del país.
1.1.1 Aspectos generales.
1.1.2 Personas.
1.1.3 Prosperidad.
1.1.4 Planeta.
1.1.5 Paz.
1.1.6 Alianzas.
1.1.7 Riesgos generales en el periodo de ejecución del presente Marco de Asociación para el Desarrollo Sostenible.
Riesgos económicos.
Riesgos naturales.
Riesgos sociales.
1.2 Situación de la cooperación internacional para el desarrollo sostenible.
1.2.1 La Cooperación Española.
1.2.2 Organizaciones multilaterales de desarrollo.
1.2.3 Unión Europea.
1.3 Análisis de la Estrategia Nacional de Desarrollo en base a las 5 P «para no dejar a nadie atrás».
1.3.1 Personas.
1.3.2 Prosperidad.
1.3.3 Planeta.
1.3.4 Paz.
1.3.5 Alianzas.
1.4 Conclusiones.
2. Resultados de desarrollo sostenible.
2.1 Contribución a la Agenda 2030 nacional.
ODS 2 Hambre cero.
ODS 4 educación de calidad.
ODS 5 igualdad de género.
ODS 6 agua limpia y saneamiento.
ODS 8 trabajo decente y crecimiento económico.
ODS 13 acción por el clima.
ODS 16 paz, justicia e instituciones solidas.
2.2 Alcance territorial.
2.3 Marco de resultados.
3. Alianzas para la estrategia.
3.1 Red de alianzas.
Administración General del Estado y otras entidades que integran el sector público institucional estatal.
Comunidades Autónomas y Entidades Locales.
Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo.
Unión Europea.
Sistema de Naciones Unidas.
Otros organismos internacionales.
Sector privado empresarial-organizaciones empresariales y empresas.
Universidades y centros docentes y de investigación.
3.2 Modalidades e instrumentos.
Proyectos y programas.
Cooperación técnica.
Cooperación multilateral y multibilateral.
Cooperación delegada (UE).
Cooperación reembolsable: Fondo Español de Desarrollo Sostenible (FEDES).
Cooperación Triangular.
3.3 Recursos.
3.4 Riesgos.
Riesgos medioambientales.
Riesgos económicos.
Riesgos sociales.
4. Seguimiento, Evaluación y Rendición de Cuentas.
4.1 Seguimiento.
4.2 Evaluación.
4.3 Rendición de Cuentas y Transparencia.
Anexo I. Marco de Resultados.
Anexo I. Marco de Resultados-Indicadores.
Anexo II. Red de Alianzas.
Anexo III. Matriz de Riesgos.
Acrónimos
AECID: Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo.
AGE: Administración General del Estado.
BID: Banco Interamericano de Desarrollo.
BM: Banco Mundial.
CAD: Comité de Ayuda al Desarrollo.
CCAA: Comunidades Autónomas.
CCE: Centro Cultural de España.
CEPAL: Comisión Económica para América Latina y el Caribe.
COMIX: Comisión Mixta.
COVID 19: Coronavirus Disease.
CTP: Comité Técnico Interinstitucional de Medición de Pobreza.
DCAL: Dirección de Cooperación al Desarrollo Local.
DGPOLDES: Dirección General de Políticas para el Desarrollo Sostenible.
END: Estrategia Nacional de Desarrollo.
ENESIM: Encuesta Experimental sobre la Situación de las Mujeres.
ENHOGAR: Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples.
FAO: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura.
FCAS: Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento.
FIDA: Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola.
FIAP: Fundación para la Internacionalización de las Administraciones Públicas.
FMI: Fondo Monetario Internacional.
FONPRODE/FEDES: Fondo para la Promoción del Desarrollo, que recientemente ha cambiado su denominación a Fondo Español de Desarrollo Sostenible.
FNUAP: Fondo de Población de las Naciones Unidas.
GEC: Grupo Estable de Coordinación.
ICV: Índice de Calidad de Vida.
IDH: Índice de Desarrollo Humano.
INFOTEP: Instituto de Formación Técnica y Profesional.
IRC: Indicador de Rendición de Cuentas.
JCE: Junta Central Electoral.
MA: Marco de Asociación.
MEPyD: Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo.
MIUTF: Matrimonios Infantiles y Uniones Tempranas Forzadas.
MINERD: Ministerio de Educación de la República Dominicana.
OCDE: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico.
ODS: Objetivos de Desarrollo Sostenible.
OCE: Oficina de Cooperación Española.
OECE: Oficina de Evaluación de la Cooperación Española.
ONG: Organización No Gubernamental.
ONGD: Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo.
ONE: Oficina Nacional de Estadísticas de la República Dominicana.
OPS: Organización Panamericana de la Salud.
PIB: Producto Interno Bruto.
PMA: Programa Mundial de Alimentos.
PNPSP: Plan Nacional Plurianual del Sector Público 2025-2028.
PNUD: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (UNDP por sus siglas en inglés).
PRORURAL: Proyecto de Desarrollo Rural Inclusivo y Resiliente.
PYMES: Pequeñas y Medianas Empresas.
RSU: Residuos Sólidos Urbanos.
SAT: Sistema de Alerta Temprana.
SENASA: Seguro Nacional de Salud.
SIRED-RD: Sistema de Recopilación y Evaluación de Daños de la República Dominicana.
SISDOM: Sistema de Indicadores Sociales de la República Dominicana.
SNS: Servicio Nacional de Salud.
UE: Unión Europea.
UNICEF: Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia.
VIH: Virus de Inmunodeficiencia Humana.
VIMICI: Viceministerio de Cooperación Internacional.
1. Bases para la asociación
| Indicador | Valor |
|---|---|
| Población total (Habitantes) (2022). | 10.773.983 (Censo 2022). |
| Tasa de incidencia de la pobreza, sobre la base de la línea de pobreza nacional (% de la población) (2023). | 23 % (CTP, 2024). |
| Crecimiento de la población (%) (2022 respecto a 2010). | 1,1 % (Censo 2022). |
| Esperanza de vida al nacer: total/mujeres/varones (años) (2023). | 74,2 / 77,5 / 71 (PNUD). |
| Superficie del país (Km²). | 48.195 km² (Censo 2024). |
| Clasificación según el IDH (sobre 191 países) (2023). | 82 (HDR UNDP). |
| Densidad de población (personas por Km²) (2022). | 223 (Censo 2022). |
| Índice de Desarrollo Humano (IDH) Total/Mujeres/Varones (2023). | 0,766 / 0,775 / 0,753 (PNUD). |
| IDH ajustado por la Desigualdad (IDH-D) (2023). | 0,627 (PNUD). |
| PIB Total (en millones de US$ a precios actuales) (2023). | 121.691,7 (Banco Central de Republica Dominicana). |
| PIB per cápita (en US$ a precios actuales) (2023). | 11.361,2 (PNUD). |
| Crecimiento del PIB (% anual) (2024). | 5% (Banco Central de República Dominicana). |
| Tasa de fecundidad (hijos/mujer) (2023). | 2,2 (Banco Mundial). |
| Población urbana (% del total) (2023). | 72,3 % (Censo 2022). |
| Emisiones de CO2 (toneladas métricas per cápita) (2023). | 2,1 (PNUD). |
| % población alfabetizada (15 años o mayores) (2023). | 94,3 % (SISDOM 2023). |
| Índice Gini (2023). | 0,378 (Boletín Sobre Pobreza Monetaria 2023). |
| % prevalencia de desnutrición en menores de 5 años (2023). | 7,1 % (PNUD). |
1.1 Contexto del país.
1.1.1 Aspectos generales.
La República Dominicana está situada en el Caribe, ocupando los dos tercios orientales de la isla La Española, que comparte con la República de Haití. Su clima es tropical, con una estación lluviosa de mayo a octubre y una estación seca de noviembre a abril. La geografía del país es diversa, con montañas, valles y costas. La República Dominicana tiene una superficie de 48.442 km² y cuenta con 1.527,28 km de litoral. Limita al norte con el océano Atlántico (586 km), al sur con el mar Caribe (545 km), al este con el canal de la Mona y al oeste con Haití, con una frontera terrestre de 376 km.
El idioma oficial es el español y la religión predominante es el catolicismo (80 %), aunque las iglesias evangélicas están en expansión. La República Dominicana está dividida en 31 provincias y un Distrito Nacional, la capital Santo Domingo de Guzmán, que queda fuera del régimen provincial. El país cuenta con 157 municipios y 235 distritos municipales(1).
(1) Informe general del X Censo Nacional de Población y Vivienda 2022 - Oficina Nacional de Estadística (ONE).
1.1.2 Personas.
La población de la República Dominicana es de aproximadamente 10,77 millones de personas (ONE, 2024). La distribución por género es equilibrada, con una ligera mayoría de mujeres. La mayoría de la población es joven, con un significativo porcentaje de personas menores de 30 años.
Ciudades principales: Santo Domingo (2,77 millones de habitantes), Santiago de los Caballeros (1,07 millones), Distrito Nacional (1,03 millones de habitantes), San Cristóbal (689 mil habitantes) y La Altagracia (446 mil habitantes)(2).
(2) Informe general del X Censo Nacional de Población y Vivienda 2022 - Oficina Nacional de Estadística (ONE).
La tasa de mortalidad infantil es de 6,47 por cada 1.000 nacidos vivos (tercera tasa de mortalidad infantil más alta en América Latina y Caribe, detrás de Haití y Dominica) y la tasa de mortalidad materna es de 107 muertes por cada 100.000 nacidos vivos (entre las diez más altas de América Latina y Caribe). La esperanza de vida al nacer es de 74 años.
El índice de desigualdad de género es 0,7030 y el porcentaje de cargos en el Congreso ocupados por mujeres es del 26 %.
El 72,3 % (Censo 2022) de la población vive en áreas urbanas.
En términos de salud, el país ha mejorado significativamente en varios indicadores clave, destacando la cobertura gratuita proporcionada por el Seguro Nacional de Salud (SENASA), que ha sido fundamental para ampliar el acceso a servicios de salud de calidad y, especialmente, para las poblaciones más vulnerables. El sistema de salud supone un gasto público que representa el 2 % del PIB. Asimismo, persisten desafíos como la alta mortalidad materna y neonatal. En el periodo 2010-2022 (PNUD, 2024(3)), la región de El Valle tuvo un crecimiento promedio anual de 0,4 % y la región de Valdesia de un 2,2 %.
(3) IDH Tendencias del Desarrollo Humano en República Dominicana. Una mirada al bienestar y la desigualdad de las regiones de planificación. Marzo 2024.
La cobertura del servicio básico de agua y saneamiento en la República Dominicana es, según el Banco Mundial(4), de 95 % y 82 % respectivamente. Solo el 15 % de los sistemas de agua inventariados utilizan la cloración y, según se informa, la interrupción del suministro de agua y el racionamiento son comunes, variando de 1,5 a 10,5 horas por día. La inequidad territorial en estos servicios se presenta también entre provincias, regiones y entre las zonas urbanas y rurales de una misma provincia.
(4) https://www.bancomundial.org/
En educación, el país ha logrado avances en la cobertura educativa, con una tasa de alfabetización del 94 % entre adultos, pero enfrenta desafíos en la calidad de la educación y la tasa de abandono escolar. Según el Ministerio de Educación de la República Dominicana, los puntajes alcanzados por República Dominicana en 2022 fueron de 351 puntos en Lectura, 360 puntos en Ciencias y 339 puntos en Matemáticas. En tanto, la puntuación global se elevó hasta 350 puntos, tras obtener 339 en 2015 y descender a 334 puntos en 2018. Según el Análisis de Resultados de Pruebas Nacionales 2023 del Ministerio de Educación de la República Dominicana (MINERD), la matrícula estudiantil en centros privados para el año escolar 2023 totaliza casi 550.000 estudiantes, lo que representa el 20 % del total. De estos, el 80 % se concentra en seis regionales. Al comparar los resultados de las escuelas públicas con las escuelas privadas, se puede observar que, en promedio, las escuelas privadas están 4,84 puntos por encima de las escuelas públicas. En cuanto a la evolución del índice de educación, la región de El Valle mostró un crecimiento anual del 5,2 %, el más alto a nivel nacional (datos referidos a la componente de educación del IDH del PNUD). Sin embargo, esta región sigue siendo una de las dos más rezagadas en materia educativa, ocupando la penúltima posición entre las 10 regiones. Según el informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en República Dominicana(5), el análisis de las tasas de culminación de educación primaria muestra que el 66 % de la población había completado este nivel en 2022, un aumento del 25 % respecto a 2010. Es importante, en el marco de los avances logrados, agregar las rutas alternativas en educación y formación técnico profesional donde la AECID ha tenido incidencia. Ejemplos de ello son instituciones como INFOTEP.
(5) IDH-Tendencias del Desarrollo Humano en República Dominicana- Una mirada al bienestar y la desigualdad de las regiones de planificación-Marzo 2024.
En cuanto a las disparidades territoriales, 27 de las 31 provincias presentan niveles de desarrollo humano medio-bajo o bajo(6). Algunas de estas regiones se están desarrollando más rápidamente. Por ejemplo, la región de El Valle mostró la mayor tasa de crecimiento promedio del IDH, con un 37,4 % durante el período 2010-2022. Sin embargo, sigue perteneciendo al grupo de desarrollo humano bajo, con el tercer valor de IDH más bajo del país. Se recogen desigualdades significativas en el desarrollo humano entre las distintas regiones del país. La región Ozama (Distrito Nacional y Santo Domingo) es la única con un desarrollo humano alto, mientras que otras regiones como Yuma y Enriquillo presentan los niveles más bajos de desarrollo humano. A pesar de los esfuerzos que está realizando el país para reducir la desigualdad entre mujeres y hombres, la desigualdad de género persiste. Por ejemplo, la participación femenina en el mercado laboral es 1,5 veces menor que la de los hombres y hay una significativa diferencia en ingresos por género(7).
(6) https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/2024-03/idh_pnud.pdf
(7) IDH-Tendencias del Desarrollo Humano en República Dominicana- Una mirada al bienestar y la desigualdad de las regiones de planificación-Marzo 2024.
Asimismo, persisten retos en relación con los derechos sexuales y reproductivos. El 4,8 % de los hogares de la República Dominicana tiene como cabeza del hogar a una persona de entre 15 y 17 años de edad (ENHOGAR MICs 2019). La situación se ve agravada por la ausencia de una legislación específica que proteja contra el feminicidio y así como por la falta de una edad legal mínima clara para el consentimiento sexual y la prevalencia de casos de explotación y abuso sexual de niños y niñas. En relación con los embarazos, según el PNUD (2024), por cada 1.000 nacidos vivos, 63 madres se encontraron en edades entre 15 y 19 años. De acuerdo con la información registrada (Dirección de Información y Estadísticas de Salud del Ministerio de Salud Pública), uno de cada cuatro embarazos es de una adolescente, y en el primer trimestre del año 2024 ocurrieron 4.484 embarazos en adolescentes, presentando una reducción de un 26,58 % con respecto al primer trimestre del año 2023 (6.107). El aborto está penalizado en cualquier situación, siendo República Dominicana uno de los cinco países en el mundo donde lo es. Sin embargo, persisten discusiones legislativas y sociales respecto a posibles causas justificadas, ya que el 10 % de muertes maternas son provocadas por abortos inseguros.
El feminicidio no está tipificado, aunque también forma parte de la discusión legislativa que trabaja para generar consensos y aprobar un código penal reformado. De los países de América Latina que reportaron datos sobre feminicidios en el año 2022, la República Dominicana ocupa el segundo lugar de la región con la tasa más alta (2,9 por cada 100.000 mujeres), solo por detrás de Honduras. El número total de feminicidios registrados en el país fue de 163 en 2022. La violencia de género fue el delito más denunciado en el año 2021, con un total de 87.000 denuncias y 83.416 en el año 2022. Casi el 69 % de las mujeres dominicanas de 15 años o más han experimentado algún tipo de violencia a lo largo de su vida. Por otra parte, el 94 % de las mujeres que habían experimentado algún tipo de violencia no lo habían denunciado. Además, más del 70 % de las mujeres manifiesta haber sufrido acoso en el trabajo o conocen a alguien que lo haya sufrido(8).
(8) Encuesta experimental sobre la situación de las Mujeres, ENESIM 2018, BID/ONE/Ministerio de la Mujer.
Según la Nota Técnica «Costos de la Discapacidad: Efectos en la Calidad de Vida y los Ingresos No. 2» de julio de 2022(9) del Gobierno de la República Dominicana, el país cuenta con un marco normativo respecto a las personas con discapacidad, incluyendo la Ley 5-13 sobre Discapacidad y la Ley 1-12 de la Estrategia Nacional de Desarrollo. Estas leyes contienen disposiciones explícitas sobre los derechos en educación, empleo, salud y participación social de las personas con discapacidad. Dentro de esta población, el menor porcentaje corresponde a la discapacidad severa, con una mayor incidencia en hombres que en mujeres, aunque la mayoría de estos hogares son liderados por mujeres. La discapacidad severa afecta a personas de todas las edades, siendo más frecuente en adultos mayores de 65 años. Desde el punto de vista educativo, casi la mitad de las personas con discapacidad severa mayores de 15 años no ha completado ningún grado educativo o solo cursó la educación inicial, con solo un 18,4 % habiendo completado al menos un curso de educación secundaria y apenas un 2,5 % con al menos un año de educación universitaria. Muchas de estas personas reportan no poder trabajar, generar ingresos, realizar actividades deportivas, recibir atenciones de salud o estudiar, y ser víctimas de discriminación. Las limitaciones de acceso a servicios se reflejan en una condición socioeconómica más baja, evidenciada en el Índice de Calidad de Vida (ICV). Las personas con discapacidad severa y sus hogares enfrentan un costo de oportunidad en términos de ingresos, con una pérdida en salarios formales de RD$3.975 por individuo y RD$2,530 por hogar, y un costo de oportunidad general de aproximadamente RD$1.000 por hogar.
(9) https://siuben.gob.do/wp-content/uploads/2022/08/nota-tecnica-siuben-2-costo-de-la-discapacidad-en-los-ingresos-y-el-nivel-de-vida-final-aprobado.pdf
1.1.3 Prosperidad.
La pandemia afectó considerablemente a la economía, reduciendo el ingreso familiar promedio en un 8,6 % en 2020. Posteriormente, hubo una recuperación económica en 2021 y 2022, con aumentos del 5,6 % y 11 %, respectivamente, en el ingreso familiar promedio. Según el Informe de Evaluación de las Necesidades de Recuperación por los Impactos Sociales y Económicos del COVID-19, publicado en el 2021 por el Gobierno de la República Dominicana(10), la tasa de ocupación de las mujeres disminuyó en un 6 % en septiembre de 2020, en comparación con una caída de 4,2 % en los hombres durante el mismo período. Este informe destaca que las mujeres, tanto trabajadoras formales como informales, han sido las más golpeadas por la pandemia. Además, se registró una reducción de ingresos laborales del 7,5 %, pasando de RD$111,6 por hora en el tercer trimestre de 2019 a RD$103,2 por hora en el mismo período de 2020. No obstante, el Plan Nacional de Vacunación contra la COVID-19 y otras políticas públicas dieron lugar a la reactivación económica. Según el informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en República Dominicana(11), el 45,6 % del ingreso se concentra en el quintil más rico de la población, mientras que el quintil más pobre solo percibe el 6,1 % del ingreso total. Las regiones Valdesia e Higuamo mostraron una mayor recuperación económica entre 2020 y 2022, mientras que la región Enriquillo presentó el crecimiento más bajo en términos de ingreso familiar promedio.
(10) Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo- Septiembre 2021.
(11) IDH Tendencias del Desarrollo Humano en República Dominicana - Una mirada al bienestar y la desigualdad de las regiones de planificación - marzo 2024.
Con excepción de los años de la pandemia provocada por la COVID-19, la economía de la República Dominicana ha mostrado un crecimiento constante del PIB, cerrando el año 2024 con un crecimiento del 5 %. Sin embargo, existe una gran disparidad en la distribución de la riqueza, con el 70 % de la población percibiendo ingresos por debajo de los 300 euros mensuales. Además, el gasto público en protección social es limitado. La presión fiscal, del 14 %, es la segunda más baja de América Latina.
El mercado laboral dominicano se caracteriza por una alta informalidad y un desempleo juvenil significativo. Las tasas de empleo han mejorado, pero persisten desafíos en la creación de empleos de calidad y bien remunerados. La tasa de desempleo(12) fue del 5 % al cierre de 2023, porcentaje que representa una recuperación del empleo en el país luego de la pandemia. Según el PNUD, aunque el 21 % de las mujeres ocupadas se han graduado de la universidad, frente al 9 % de los hombres, las mujeres ganan en promedio un 21,1 % menos que los hombres. Esta brecha es aún mayor para las mujeres con estudios universitarios (24,2 %) y se amplía al 32.9 % para aquellas con educación secundaria o técnica, y al 39,1 % para las que solo tienen educación primaria. Además, según el Banco Mundial, la participación laboral de los hombres es mayor a la de las mujeres, siendo la tasa de ocupación en hombres (75,2 %) mayor a la de las mujeres en 26 puntos porcentuales (49,3 %). Por cada hombre inactivo en el mercado laboral, hay más de dos mujeres. Sin embargo, el Análisis «Monitoreando el Empleo» en 2023 demostró que el empleo femenino aumentó un 21.9 % en comparación con el 13.1 % en el empleo masculino, contribuyendo a la reducción de las brechas de género. Los mercados laborales son segmentados a nivel local, con mayor empleabilidad en polos urbanos y turísticos. A esto se suma los retos en materia de calificación de la fuerza de trabajo, que limitan la competitividad. Los grandes retos en materia de derechos laborales y desarrollo en la República Dominicana se centran en la protección del derecho a la libertad y organización sindical, la eliminación de la brecha de género en el empleo, la lucha contra la discriminación, la violencia y el acoso laboral. Además, es importante proteger los derechos laborales de todas las personas trabajadoras, garantizar la seguridad, la protección social integral y una atención de salud de calidad. La protección de la maternidad y la paternidad y la aplicación de políticas de cuidado y corresponsabilidad son también cruciales. Estos esfuerzos están respaldados por la ratificación de convenios internacionales como el Convenio 87 sobre libertad sindical, el Convenio 98 sobre negociación colectiva o el Convenio 100 sobre igualdad de remuneración, entre otros. Sin embargo, aún existen elementos pendientes, como lo demuestra la falta de ratificación de convenios como el Convenio 156 sobre trabajadores con responsabilidades familiares, el Convenio 190 sobre violencia y acoso en el mundo del trabajo y el Convenio 151 sobre la sindicalización de los trabajadores públicos.
(12) Datos del BCRD.
El desarrollo de infraestructuras es desigual en el país. Las áreas urbanas, especialmente Santo Domingo, cuentan con mejores servicios básicos e infraestructuras, mientras que las zonas rurales y fronterizas muestran deficiencias en infraestructura básica -agua potable, saneamiento y electricidad.
Al cierre del año 2024, el crecimiento del PIB fue del 5 %. En 2023, el PIB per cápita era de $11.361.2 USD. El mismo año, el sector servicios representó el 57,4 % del PIB, el sector industrial el 29,0 % y el sector agropecuario el 5,5 %. La inflación interanual en 2024 fue de 3,35 %, reduciéndose respecto a los tres años anteriores.
A continuación, se presenta el desglose de la distribución de la inversión pública en el año 2023 a lo largo del territorio nacional. El 30,1 % de la ejecución total (RD$34.583,7 millones) fue destinado a la provincia de Santo Domingo. El 42 % se invirtió en la construcción de la línea 2C del metro de Santo Domingo: Alcarrizos-Luperón y en la construcción de la línea 2 del teleférico. El Distrito Nacional fue la segunda provincia con mayor ejecución, con un monto de RD$9.170,2 millones (8 % de la ejecución total) destinado principalmente a la ampliación del servicio de la línea 1 del metro de Santo Domingo y al mejoramiento urbano, social y ambiental del barrio Domingo Savio (La Ciénega - Los Guandules). Además, existen otros proyectos que tienen un alcance territorial más allá de una sola provincia: se registraron alrededor de RD$1.728,8 millones (1,5 % del total) en proyectos de alcance regional y RD$3.847,8 millones (3.3 % del total) en proyectos de alcance nacional.
A pesar de que se evidencia una concentración de la inversión pública en provincias con una mayor población urbana, como el Gran Santo Domingo, es necesario acompañar este análisis con la ejecución de proyectos de inversión pública por cada habitante de las provincias. Se observa que las provincias con mayor inversión en términos per cápita son Independencia, con RD$44.805,6, seguido por San José de Ocoa, con RD$40.907,6, Monte Cristi con RD$32.900,5 y Elías Piña con RD$26.760.
1.1.4 Planeta.
La República Dominicana posee una rica biodiversidad y ecosistemas que incluyen bosques, costas, humedales y montañas. Es el hogar del Pico Duarte, el punto más elevado de las Antillas, con 3,089 metros de altura. Sin embargo, enfrenta desafíos significativos en la conservación de sus recursos naturales, así como en la disponibilidad de recursos para la mitigación y adaptación a los efectos del cambio climático.
El principal problema medioambiental de la República Dominicana es la vulnerabilidad a los efectos del cambio climático en su condición de Pequeño Estado Insular en Desarrollo (PEID). La República Dominicana, que apenas produce el 0.06 % de las emisiones de gases de efecto invernadero -derivado de la deforestación, contaminación y explotación de los recursos naturales-, ocupó el puesto 32 de 181 países en el Índice Mundial de Riesgo 2021 de la Bündnis Entwicklung Hilft y el puesto 41 en el año 2022 (informe 2023), según el Banco Mundial. Este alto nivel de exposición a los riesgos provocados por los desastres y el clima impacta significativamente en la economía nacional. La sucesión de eventos adversos pone cada vez más en relieve la necesidad crítica de contar con una acción acelerada que fortalezca la resiliencia y la adaptación del país de una manera inclusiva.
A los riesgos provocados por los efectos del cambio climático se unen otros retos de carácter nacional, como la baja inversión para reforestar, el manejo de los residuos sólidos y las aguas negras o los riesgos de extinción de múltiples especies. Estos problemas contribuyen a la profundización de la pobreza de una parte importante de la población [Plan LEA, 2018(13)].
(13) https://planlea.edu.do/2018/07/principales-problemas-ambientales-rep-dom/
El país ha adoptado políticas para promover el uso de energías renovables, la sostenibilidad ambiental y la gestión de riesgos de desastres, como la creación del Sistema de recopilación y evaluación de daños de la República Dominicana (SIRED-RD) y el Sistema de Alerta Temprana (SAT). Sin embargo, la implementación de estas políticas enfrenta obstáculos debido a limitaciones financieras y de infraestructura.
El Fondo Monetario Internacional (FMI), indica que los gastos en adaptación ascenderán alrededor del 0,25 % del Producto Interno Bruto Mundial por año en las próximas décadas, pero se estima que las necesidades anuales superarán el 1 % del PIB para economías en desarrollo, como es el caso de la República Dominicana. El país es vulnerable a los impactos del cambio climático –que intensifica fenómenos como huracanes y sequías– mientras que la infraestructura y los sistemas de respuesta ante emergencias requieren de un fortalecimiento continuo para mitigar estos riesgos. Se han implementado medidas de adaptación y mitigación, pero se requiere de un mayor esfuerzo para fortalecer la resiliencia climática y reducir los riesgos asociados. El país continúa apostando por la preparación para la respuesta, aprobando un segundo préstamo del Banco Mundial, que es continuación de otro anterior que ayudó a enfrentar la crisis generada por la COVID19.
1.1.5 Paz.
El fortalecimiento del Estado de Derecho y la mejora de la seguridad ciudadana son prioridades para el país. La cooperación española ha apoyado iniciativas para mejorar la capacidad de respuesta de las instituciones encargadas de la seguridad y la justicia, promoviendo la protección de los derechos humanos y el acceso a la justicia.
Aunque la República Dominicana es relativamente estable, existen problemas de violencia y desigualdad social. La cooperación española ha trabajado desde un abordaje integral para luchar contra las violencias que sufren las mujeres y niñas, desde la prevención pasando por la atención y protección efectiva a las víctimas y el fortalecimiento de la participación ciudadana en la formulación de políticas públicas.
El informe 2024 del PNUD sobre el IDH reconoce la importancia de abordar la violencia basada en género como un desafío transversal que impacta a todos los niveles socioeconómicos. Asimismo, subraya la necesidad de promover una mayor equidad en el ejercicio de derechos, prestando especial atención a personas y grupos en situación de vulnerabilidad.
En cuanto a la representación de las mujeres en la esfera política, la Ley núm. 33-18, de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, garantiza dentro de la cuota de genero una representación mínima de un 40 % para ambos sexos, lo cual a nivel legislativo esto constituye un paso de avance. No obstante, en el ejercicio democrático se reconoce que la mujer tiene importantes desafíos por recorrer para lograr una mejor representación dentro de los poderes del Estado. En el período 2010-2022, las regiones Cibao Sur (12.4 %) y Enriquillo (8.6 %) mostraron una mayor reducción de la desigualdad de género. Sin embargo, en 2 de las 10 regiones de planificación (Cibao Norte e Higuamo), el valor del IDG aumentó, indicando un estancamiento y deterioro en las oportunidades para las mujeres.
Tras las elecciones municipales del pasado 18 de febrero 2024, la Junta Central Electoral (JCE) informó que 1.598 mujeres ocupan cargos de alcaldesa, vicealcaldesa, regidora, directora y vocal, lo que representa el 42,84 % del total de cargos electivos. En las candidaturas plurinominales, las mujeres obtuvieron 479 regidurías, un 41,40 %, lo que supone un aumento del 10,92 % con respecto a 2020. Además, 427 mujeres fueron elegidas suplentes a regidores y regidoras, alcanzando un 40,40 %, mientras que los hombres obtuvieron un 59,60 %. En cuanto a las vocalías, 301 mujeres lograron el 41,12 %, incrementando en un 13,33 % respecto al periodo anterior. Sin embargo, en las alcaldías uninominales, solo 16 de las 158 alcaldías nacionales fueron para mujeres, representando un 10,13 %, frente a los 142 puestos masculinos, un 89,87 %. En las vicealcaldías, las mujeres dominan con un 89,87 % frente al 10,13 % de los hombres. En las direcciones municipales, las mujeres obtuvieron 23 puestos (9,79 %) y los hombres 212 (90,21 %), mientras que, en las subdirecciones, las mujeres alcanzaron el 90,13 % y los hombres el 9,79 %. Comparando con los resultados de 2020, se observa un incremento en la representación femenina en varios cargos, destacando el aumento en regidurías y vocalías, aunque las alcaldías aún presentan una mayor proporción masculina.
1.1.6 Alianzas.
La República Dominicana mantiene alianzas con diversas organizaciones internacionales y países donantes. La cooperación española ha sido un socio clave, proporcionando asistencia técnica y financiera en sectores como el agua y saneamiento, la educación técnica y profesional y la igualdad de género.
La cooperación española ha fomentado la colaboración con el sector privado y la sociedad civil dominicana, apoyando iniciativas que promuevan el desarrollo sostenible y la inclusión social. Estas alianzas son esenciales para la implementación efectiva de proyectos y programas de desarrollo. España y República Dominicana mantienen relaciones diplomáticas desde 1855, con más de 20 tratados bilaterales en vigor.
Entre las líneas de acción para enfrentar los retos del principio relacionado con las alianzas multiactor se propuso identificar metodologías de trabajo que propicien la participación efectiva y sustantiva de todos los actores de la cooperación en la formulación de las iniciativas políticas. Esta propuesta proviene del Diálogo de Acción para la Cooperación Eficaz de 2021, que recoge el Gobierno de la República Dominicana en su correspondiente informe.
1.1.7 Riesgos generales en el periodo de ejecución del presente Marco de Asociación para el Desarrollo Sostenible.
Riesgos económicos
La economía dominicana es vulnerable a las fluctuaciones en el mercado global, especialmente en sectores clave como el turismo y la exportación de productos agrícolas. La dependencia de remesas, la deuda externa creciente y la baja presión fiscal son también riesgos económicos significativos.
Riesgos naturales
La República Dominicana está expuesta a fenómenos naturales como huracanes, terremotos y sequías. La infraestructura y los sistemas de respuesta ante emergencias requieren fortalecimiento para mitigar estos riesgos. También es necesaria la adaptación de infraestructuras y el desarrollo de una cultura de la prevención de riesgos y de sistemas de adaptación al cambio climático para enfrentar estos riesgos.
Riesgos sociales
La desigualdad social, la seguridad ciudadana, la seguridad social y la asistencia a grupos en situación de vulnerabilidad son desafíos persistentes. La violencia basada en género y las muertes por accidentes de tránsito también representan riesgos sociales significativos.
1.2 Situación de la cooperación internacional para el desarrollo sostenible.
1.2.1 La Cooperación Española.
La nueva ley de cooperación establece un marco más flexible y adaptado a los desafíos actuales del desarrollo global, alineándose con la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Esta ley enfatiza la importancia de la cooperación descentralizada y la colaboración con una variedad de actores, incluyendo ONG, sector privado y entidades multilaterales, y refuerza el papel de los gobiernos locales y de los fondos de cooperación.
El Plan Director de la Cooperación Española para el Desarrollo Sostenible y la Solidaridad Global 2024-2027 es el documento rector de la política de cooperación española y tiene como objetivo promover una triple transición social, económica y ecológica. La lucha contra el hambre, contra el cambio climático, la educación, el acceso al agua y el avance en los derechos de mujeres y niñas son sectores prioritarios del nuevo Plan Director. Además, se incorporan seis enfoques transversales: de derechos humanos, feminista y de género, de lucha contra la pobreza y las desigualdades, de justicia climática y sostenibilidad medioambiental, de diversidad cultural, y de construcción de paz. Este plan guiará las acciones de la cooperación española en la República Dominicana.
La cooperación española en la República Dominicana se ha enfocado hasta ahora en el fortalecimiento del Estado de Derecho, promoviendo instituciones eficaces y transparentes que, cumpliendo con su mandato, aseguren el ejercicio efectivo de los derechos, la igualdad y la participación ciudadana. Además, se ha centrado en empoderar a las mujeres y niñas para que conozcan y ejerzan sus derechos dentro de un marco institucional que fomente la igualdad de género y la participación en todos los ámbitos, además de velar por la eliminación de todas las formas de violencia de género. También ha trabajado en la reducción de la inequidad socioeconómica y territorial, promoviendo el acceso a oportunidades para los sectores más vulnerables y fomentando un desarrollo de ciudades y comunidades que sea ordenado, inclusivo, sostenible y resiliente, prestando especial atención a la población joven. Estos ejes han guiado las intervenciones de la cooperación española, buscando generar un impacto positivo y duradero en la sociedad dominicana.
La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) es el principal organismo gestor de la cooperación española. Cuenta en República Dominicana con una Oficina de Cooperación Española (OCE) y un Centro Cultural de España (CCE).
Dentro de los diversos instrumentos con que cuenta la cooperación española, el Fondo para la Promoción del Desarrollo (FONPRODE) -en proceso de transformación en el nuevo Fondo Español de Desarrollo Sostenible (FEDES)- ha venido proporcionando financiación reembolsable a proyectos que promuevan el desarrollo sostenible, con un énfasis en la reducción de la pobreza y la desigualdad. El Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento (FCAS) financia proyectos para mejorar el acceso al agua potable y el saneamiento en comunidades vulnerables y áreas más frágiles.
La Dirección General de Políticas para el Desarrollo Sostenible (DGPOLDES) supervisa y coordina la política de desarrollo sostenible de España, asegurando la alineación con los ODS, la Ley 1/2023 y el Plan Director.
Otros actores de la Administración General del Estado (AGE), entre ellos otros ministerios u organismos/entidades con competencias estatales, contribuyen a los esfuerzos realizados en República Dominicana. Por otra parte, la Fundación para la Internalización de las Administraciones Públicas (FIAP) está especializada en la cooperación técnica pública, basada en el intercambio y en la transferencia de conocimientos entre administraciones públicas análogas. Implementa proyectos y programas de cooperación de la Unión Europea, en su mayoría bajo la modalidad de cooperación delegada.
La cooperación descentralizada, llevada a cabo por las Comunidades Autónomas (CCAA) y los gobiernos locales, desempeña un papel muy relevante en el país.
Un número importante de ONGD españolas están activas en la República Dominicana, implementando proyectos en áreas como la educación, salud, desarrollo rural, igualdad de género, medioambiente/cambio climático y derechos humanos, entre otras.
El sector empresarial español tiene una fuerte presencia en la República Dominicana, colaborando en proyectos de desarrollo a través de programas de responsabilidad social corporativa y representando una oportunidad para fomentar el trabajo a través de alianzas público-privadas.
Desde el 2021, la AECID está participando en un programa iberoamericano de ciudadanía global. En la reciente reunión del Consejo Intergubernamental (CIG), y la posterior asistencia técnica ofrecida en este marco llevada a cabo por España y Portugal, se constituyó una mesa de diálogo y reflexión para la coordinación de un Plan Interinstitucional de Educación para el Desarrollo Sostenible y la Ciudadanía Global. En esta mesa estaban representantes de institucionales encargados de la puesta en práctica de la Estrategia Nacional de desarrollo de República Dominicana.
El Equipo País (o anteriormente llamado Grupo Estable de Coordinación-GEC) tiene como objetivo asegurar la comunicación, coordinación, coherencia y complementariedad de la cooperación española en el país a lo largo de todo el ciclo de la asociación estratégica. Agrupa una representación de los actores de la cooperación española presentes en el país.
El volumen de la AOD GE desembolsada entre 2020 y 2023 se elevó a 29.671.029 €. Se reembolsó un importe de AOD GE de 2.679.980 € por operaciones de crédito antiguas cuya devolución se está dando en estos años, quedándose la AOD GE neta en 26.991.049 €.
La AOD GE está principalmente repartida entre la AGE y las CCAA, con un desembolso de las CCAA de un 37 % entre 2020 y 2023, y del 55 % por parte de la Administración General del Estado, Por su parte, las Entidades Locales suman un 6 % y las universidades un 2 %.
La mayor parte de la AOD GE desembolsada ha sido vía el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. En cuanto a las Comunidades Autónomas, las principales entidades que desembolsaron AOD GE destinada a República Dominicana fueron la Junta de Andalucía, la Generalitat Valenciana y la Xunta de Galicia. En relación con las entidades locales, el Ayuntamiento de Zaragoza y el Ayuntamiento de Sevilla han sido los que han destinado mayor importe de AOD en el periodo 2020-2023. Por otra parte, la Diputación de Huelva colabora desde el 2022 junto a Fondo Andaluz de Municipios por la Solidaridad Internacional (FAMSI) y la Federación Dominicana de Municipios en varios proyectos relacionados con la gestión integral de RSU en la Región Noroeste, y ha participado en el Foro Internacional para la Coordinación Intermunicipal para la Gestión de RSU celebrado en Puerto Plata, y apoyado por la Cooperación Española, junto a técnicos de empresas públicas andaluzas (Giahsa y Chiclana Natural).
La AOD GE desembolsada se ha dedicado principalmente al ODS 5 (Igualdad de Género) con 8.303.448 €. Detrás siguen los ODS 2 (Hambre Cero), 4 (Educación de Calidad), 16 (Paz, Justicia e Instituciones Sólidas) y 3 (Salud y Bienestar), con 4.215.948 €, 4.028.383 €, 3.364.441 € y 1.885.558 €, respectivamente.
Recibieron también un volumen significativo, aunque menor, de AOD GE los siguientes ODS: 11 (Ciudades y Comunidades Sostenibles) con 1.731.372 €, 8 (Trabajo Decente y Crecimiento Económico) con 1.631.319 €, 6 (Agua Limpia y Saneamiento) con 1.479.892 €, 1 (Fin de la Pobreza) con 1.201.605 € y 13 (Acción por el Clima) con 911.935 €.
1.2.2 Organizaciones multilaterales de desarrollo.
Naciones Unidas:
Diversas agencias, fondos y programas de la Naciones Unidas, como el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), el Fondo de Población de las Naciones Unidas (FNUAP), la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura FAO y ONU Mujeres, colaboran con la cooperación española en la implementación de proyectos en la República Dominicana. Estas agencias se enfocan en áreas como salud, educación, igualdad de género, cuidado y gobernabilidad. Con ONU Mujeres, AECID apoya la iniciativa «Transformando las economías: hacia el reconocimiento, reducción y redistribución del Trabajo Doméstico y de Cuidados no Remunerado en América Latina y el Caribe» (2.750.000 euros 2022-2024). El objetivo del proyecto es aumentar la autonomía económica de las mujeres de América Latina, a través de la implementación de políticas y sistemas integrales de cuidados, que contribuyan al empoderamiento de las mujeres, a la vez que impulsan una agenda de recuperación sostenible y con igualdad. A nivel nacional, el programa comenzó su implementación en Perú –como país piloto para impulsar el modelo escalable– al que le siguieron Ecuador, México, Panamá y República Dominicana a partir del 2024, a fin de fortalecer las capacidades nacionales y locales para proporcionar servicios e infraestructuras de cuidados como impulso hacia la construcción de un Sistema Nacional de Cuidados. Contribuye firmemente a la consecución del ODS 5.4. Desde 2024, se ha apostado por el carácter plurianual de esta línea.
Se contribuye, asimismo, al programa de FNUAP para desafiar las prácticas que perjudican a mujeres y niñas e impiden la igualdad en América Latina y el Caribe (2.800.000 euros 2020-2024). El programa persigue desarrollar un modelo de intervención basado en las evidencias globales y regionales, que permitan prevenir y responder a los Matrimonios Infantiles y las Uniones Tempranas Forzadas (MIUTF), generar un diálogo político y técnico a nivel nacional con autoridades gubernamentales, autoridades tradicionales y organizaciones de la sociedad civil para la instalación y adaptación del modelo y ponerlo a prueba en territorios específicos con fuerte presencia de población indígena y afrodescendiente y también en poblaciones de zonas fronterizas o impactadas por conflictos armados, movilidad humana o alta criminalidad. Impacta directamente en el ODS 5.3. En la primera fase (2 años), se puso en marcha este modelo de intervención en 4 países preseleccionados: República Dominicana, Perú, Colombia y Bolivia. Actualmente, el programa se encuentra inmerso en su segunda fase, que incluye a los países mencionados junto con México y Paraguay.
Además de las intervenciones focalizadas en República Dominicana citadas anteriormente, se apoyan iniciativas globales y regionales con organismos internacionales que, aunque no tengan aterrizaje directo en ese país, pueden tenerlo indirectamente ya que afecta a toda la región. Son las siguientes:
– La AECID colabora con la Comisión Económica de Naciones Unidas para América Latina y el Caribe (CEPAL) en las siguientes líneas de trabajo: promoción de la igualdad de género, autonomía de las mujeres y la sociedad del cuidado en América Latina y el Caribe; fortalecimiento de las capacidades de los países de la región para abordar los desafíos de la planificación y la gestión pública para una recuperación transformadora y para la implementación de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible; y formulación de políticas fiscales equitativas para el desarrollo sostenible.
– En los últimos años, en colaboración con la OPS, se han apoyado las siguientes líneas de intervención: Fortalecimiento de la transformación digital de la información para la mejora de los Sistemas de Salud; Fortalecimiento del acceso a los servicios de salud de adolescentes vulnerables, mujeres y niñas supervivientes de violencia sexual; Incremento de la capacidad técnica para impulsar la eliminación del cáncer cervicouterino en países de ingresos bajos y medios; Innovación y producción de terapias avanzadas en América Latina y el Caribe; Fortalecimiento de los recursos humanos en el primer nivel de atención para mejorar la equidad en salud; Fortalecimiento de la respuesta integral de la atención clínica durante emergencias; y Fortalecimiento de los Equipos Médicos de Emergencias y Servicios Médicos de Emergencia prehospitalarios.
– A través de la FAO, se apoya la «Iniciativa Regional América Latina y Caribe Sin Hambre» 2025 (IALCSH). Asimismo, con carácter global, la AECID colabora con la FAO en el Apoyo a la Gobernanza de la seguridad alimentaria y la nutrición y promoción del derecho a la alimentación adecuada para alcanzar el ODS2; Apoyo al Comité de Seguridad Alimentaria Mundial; Apoyo al Programa de Pueblos Indígenas de la FAO.
– AECID contribuye a la elaboración del Informe Regional sobre Desarrollo Humano que formula la Oficina Regional del PNUD para América Latina y Caribe «Formando el futuro: Desarrollo Humano Resiliente en América Latina y el Caribe» que enfatizará la necesidad de adoptar el concepto de resiliencia.
– Asimismo, desde 2021, se está apoyando el trabajo en Asistencia Electoral de PNUD, en países prioritarios de la cooperación española y a países de cooperación avanzada. Junto con aterrizajes nacionales en países específicos, en la contribución se incluye también el apoyo a programas regionales y/o globales que refuercen el trabajo en tres pilares del programa de asistencia electoral: (1) refuerzo de la integridad de la información de los procesos electorales (2) refuerzo de la inclusión y (3) fortalecimiento de las instituciones para la mejora de los ciclos electorales.
– Con FIDA en el pasado se apoyó el Proyecto PRORURAL Inclusivo y Resiliente que contribuye a superar la persistencia de la pobreza monetaria de la vulnerabilidad de las familias rurales pobres a través del apoyo al desarrollo e implementación de Planes de Inclusión y Resiliencia, pero este apoyo ha cesado en la actualidad.
Por otra parte, en el ámbito multilateral, desde AECID se contribuye a Fondos Globales especializados en diferentes áreas temáticas, como la salud, la acción climática, educación o seguridad alimentaria. Las contribuciones a estos Fondos Globales o Programas Especializados tienen un enfoque centrado en resultados específicos y sitúan al donante en una situación más preeminente en comparación con otras modalidades de cooperación multilateral. Se integran, por lo general, en el sistema del Banco Mundial, estando anclados a la fuerza técnica y financiera del mismo. República Dominicana es país elegible en tres de ellos- Fondo Global-VIH; Fondo Pandemias y Fondo de Adaptación.
Banco Interamericano de Desarrollo (BID):
El BID es un socio histórico y clave en proyectos de agua y saneamiento implementados en el país, trabajando en estrecha colaboración con la cooperación española en el marco del FCAS y ahora también en el marco del FEDES, donde se acaban de aprobar dos operaciones reembolsables centradas en saneamiento de aguas residuales en ciudades costeras una, y en la gestión de residuos sólidos y cierre de vertedero de Santo Domingo la otra.
1.2.3 Unión Europea.
La cooperación con la Unión Europea es fundamental, especialmente a través de las Team Europe Initiatives y el Marco Indicativo Plurianual 2021-2027 que buscan una respuesta conjunta a desafíos como el cambio climático y la recuperación económica post-COVID-19.
El primer análisis conjunto para República Dominicana lo realizó en 2020 el Equipo Europa en Santo Domingo: la UE y 5 Estados miembros de la UE están presentes en el país (Francia, Alemania, Italia, Países Bajos y España). El documento(14) analiza en particular los compromisos del país dentro de la Estrategia Nacional de Desarrollo (NDS) 2030 y otros documentos políticos, así como los desafíos para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), con el fin de identificar cómo la UE y sus Estados miembros pueden sincronizar sus esfuerzos en sectores clave y alinear su posición en torno a estos desafíos y avances.
(14) Joint analysis document completed in 2020 - next step: Joint Response and Team Europe Initiative.
Existe una programación conjunta cuya última actualización es del 21 de agosto de 2023.
Existe una Team Europe Initiative vigente «República Dominicana - Transición Verde y Sostenible». Su objeto es contribuir a una transición económica más verde, sostenible e inclusiva apoyando al sector público y privado para promover iniciativas de economía más verde, mejorar el clima empresarial optimizando la transparencia y adoptando una cultura de producción y consumo sostenibles. Por otro lado, busca contribuir a la integración del cambio climático y las salvaguardas ambientales en la planificación financiera y las inversiones públicas.
Las TEIs regionales en América Latina y el Caribe (ALC) incluyen iniciativas clave como la TEI Regional Green Transition, que engloba el programa EUROCLIMA; la TEI 5 Grandes Bosques de Mesoamérica; la TEI Sargassum; la TEI Alianza Digital UE-LAC; y la TEI de Sociedades Inclusivas, entre otras. Al abordar los programas de cooperación delegada, además de identificar a FIAP como líder del consorcio, es importante destacar la participación de AECID como socio implementador en diversas iniciativas, como EUROCLIMA, Sociedades Inclusivas y 5 Grandes Bosques de Mesoamérica.
La nueva estrategia europea Global Gateway tiene por objeto promover vínculos inteligentes, limpios y seguros en los sectores digital, de la energía y del transporte, y reforzar los sistemas de salud, educación e investigación en todo el mundo. La Comisión Europea y el Alto Representante de la UE pusieron en marcha esta estrategia en 2021. El objetivo de Global Gateway es movilizar hasta 300.000 millones de euros en inversiones a través de un enfoque de Equipo Europa, que reúne a la UE, sus Estados miembros y sus instituciones financieras y de desarrollo. Se centra en inversiones inteligentes en infraestructuras de calidad, en el respeto de las normas sociales y medioambientales más estrictas y en consonancia con los intereses y los valores de la UE: estado de Derecho, derechos humanos y normas y estándares internacionales.
El Programa Regional de Sociedades Inclusivas se encuentra enmarcado dentro de la Iniciativa de Equipo Europa (TEI) Sociedades Inclusivas, coliderada por AECID e INTPA, y está estrechamente vinculado al Global Gateway. En este contexto, AECID desarrollará cuatro Escuelas Taller centradas en agua y saneamiento, incorporando además una línea de digitalización alineada con las inversiones del GGIA. En el caso de República Dominicana, el proceso de identificación y formulación de la Escuela Taller de Boca Chica ha sido liderado por el INFOTEP.
1.3 Análisis de la Estrategia Nacional de Desarrollo en base a las 5 P «para no dejar a nadie atrás»(15).
(15) Estrategia Nacional de Desarrollo de la República Dominicana 2030 (Ley 1-12).
La Estrategia Nacional de Desarrollo de la República Dominicana 2030 fue promulgada mediante la Ley 1-12, la misma contiene 19 objetivos generales, 57 objetivos específicos, 460 líneas de acción, 25 compromisos de Estado, 7 políticas transversales y 3 pactos nacionales. A la fecha, la Estrategia Nacional de Desarrollo (END) muestra diversos avances y desafíos en toda su estructura. Los objetivos y metas muestran un avance moderado, pero con algunas metas cumplidas; los compromisos de Estado se han alcanzado y encuentran en implementación en casi su totalidad; las políticas transversales están siendo implementadas por las instituciones públicas y medidas a través de la Evaluación de Desempeño Institucional (EDI); en tanto, los pactos educativo y eléctrico se encuentran concertados y en funcionamiento, mientras el pacto fiscal sigue pendiente.
La END 2030 fue pionera en cuanto a la visión de desarrollo sostenible pues entró en vigor en 2012, tres años antes que los Objetivos de Desarrollo Sostenible. La misma dispone de un contenido que responde casi en su totalidad a las 5 Ps del desarrollo sostenible, con un contenido que refleja la integración de la población en mayores condiciones de vulnerabilidad.
1.3.1 Personas.
La Estrategia Nacional de Desarrollo prioriza la inclusión y el bienestar de todos los ciudadanos, con un enfoque especial en los grupos en situación de vulnerabilidad. Entre las acciones destacadas se incluyen:
– Educación de calidad para todas y todos: Se propone universalizar la educación desde el nivel inicial hasta completar el nivel medio, incluyendo niños y niñas sin documentación.
– Igualdad de género: Plantea la construcción de una cultura de igualdad entre hombres y mujeres, el empoderamiento de la mujer y la reducción de la violencia de género.
– Protección a la población vulnerable: Propone la protección del adulto mayor, entre otros medios, a través de espacios de retiro y larga estadía para adultos mayores desprotegidos, y fomentar su inclusión económica y social; y la protección de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes para propiciar su desarrollo.
– Inclusión de personas con discapacidad: Garantizar la igualdad de oportunidades y desarrollar mecanismos y servicios integrales para su inserción educativa y social.
1.3.2 Prosperidad.
La END busca mejorar las condiciones económicas y laborales de la población:
– Empleabilidad y capacitación: Fortalecer el sistema de capacitación laboral para facilitar la inserción de la población en condición de pobreza al trabajo productivo, incluyendo el apoyo a instituciones de formación técnico profesional.
– Apoyo a emprendedores: Fomentar iniciativas emprendedoras y el desarrollo de microempresas, con un enfoque especial en mujeres y jóvenes.
– Protección social: Disminuir la pobreza mediante un sistema de protección social eficiente que considere las necesidades y vulnerabilidades a lo largo del ciclo de vida.
1.3.3 Planeta.
Incluye medidas para la protección ambiental y la sostenibilidad:
– Protección ambiental: Plantea la protección de los ecosistemas, la biodiversidad y los recursos marinos.
– Producción y consumo sostenibles: Busca promover la producción y el consumo sostenibles.
– Gestión de riesgos: Desarrollar un sistema integral de prevención de riesgos de desastres.
1.3.4 Paz.
La estrategia busca construir un clima de seguridad ciudadana y justicia:
– Prevención de la violencia: Promover la educación en valores para la convivencia social y la paz, y asegurar la coordinación entre instituciones y comunidades para la prevención y persecución del delito.
– Sistema de justicia: Fortalecer la independencia del sistema judicial, mejorar el acceso a la justicia y universalizar la reforma del sistema penitenciario para la rehabilitación y reinserción social.
– Seguridad ciudadana: Crear sistemas de control interno para garantizar la actuación de la Policía Nacional y la Dirección Nacional de Control de Drogas conforme a principios de transparencia y respeto a los derechos fundamentales.
1.3.5 Alianzas.
La estrategia enfatiza la colaboración y cooperación entre diferentes actores:
– Participación ciudadana: Desarrollar mecanismos de participación y veeduría social basados en el acceso a la información pública y la rendición de cuentas.
– Regulación y transparencia: Establecer una regulación eficiente del funcionamiento de los partidos políticos y promover la inclusión de nuevos actores políticos y sociales.
– Fortalecimiento institucional: Crear y desarrollar un marco legal e institucional para la planificación y desarrollo de asentamientos humanos ordenados y sostenibles.
1.4 Conclusiones.
La Cooperación Española ha desempeñado un papel significativo en el desarrollo de la República Dominicana a través del Marco de Asociación País (MAP) 2019-2022 todavía vigente. El presente Marco de Asociación integra e incorpora las recomendaciones de la evaluación del anterior para poder responder a todas estas recomendaciones y mejorar la efectividad de la cooperación española.
El MAP 2019-2022 ha mantenido una continuidad en sectores clave como agua y saneamiento, género, educación y formación técnico profesional, y justicia, áreas en las que ya se han mostrado avances significativos. En la evaluación, se identificó la necesidad de mejorar el proceso participativo y, por tanto, es importante incluir de manera constante a la sociedad civil y los titulares de derechos en todo el ciclo del nuevo Marco de Asociación para que éste no sólo se alinee con las prioridades del gobierno, sino también con las necesidades y aspiraciones de la población.
La cooperación española posee una ventaja comparativa en varias áreas debido a su experiencia y recursos disponibles. Es importante evaluar periódicamente la relevancia de las líneas de trabajo y ajustarlas según las prioridades de la República Dominicana. La flexibilidad para ofrecer asistencias técnicas y personas expertas españolas adecuadas al contexto local seguirán siendo una prioridad.
Los logros alcanzados en áreas como la educación técnico-profesional, la igualdad de género y el fortalecimiento institucional deben de servir de base para construir las nuevas iniciativas que aborden las necesidades emergentes del país basándose en el respeto y aplicación efectiva de la propia normativa nacional vigente e internacional.
La apropiación de este marco de actuación por los actores de la cooperación descentralizada se asegurará ofreciendo una mayor involucración durante toda la vigencia del Marco de Asociación, para así reducir la dispersión de actuaciones y asegurar que todos los actores de la cooperación española compartan los mismos objetivos y responsabilidades, mejorando la coherencia y efectividad de las intervenciones. Es importante analizar la experiencia en gobernanza y el uso de sistemas nacionales en la ejecución del MAP 2019-2022 para introducir mejoras en su eficiencia y eficacia.
Las prioridades transversales del Plan Director 2024-2027 -como la dimensión de género, el medioambiente y la diversidad cultural- seguirán siendo abordadas de manera integral y transversal. Los proyectos continuarán promoviendo la igualdad de género y visibilizando la diversidad cultural, fortaleciendo iniciativas exitosas como el Centro Cultural de España y la nueva estrategia de cultura y desarrollo.
La adaptabilidad demostrada durante la crisis de la COVID-19 será mantenida. La capacidad de la cooperación española para ajustarse rápidamente a cambios en las prioridades nacionales y a emergencias imprevistas es una fortaleza que se preservará. La flexibilidad en los instrumentos de cooperación permitirá una respuesta ágil y efectiva a nuevos desafíos.
Basado en un análisis exhaustivo de las experiencias y aprendizajes del MAP anterior, este documento integra una serie de elementos clave derivados de la evaluación del ciclo anterior, los cuales orientarán nuestra estrategia de cooperación para los próximos años. Estos elementos se estructuran en torno a los siguientes ejes: diseño, articulación, seguimiento e implementación. A continuación, se presentan las reflexiones y lineamientos estratégicos que guían la formulación y ejecución del nuevo Marco de Asociación.
Participación inclusiva y diseño estratégico.
El diseño del nuevo Marco de Asociación se caracteriza por una participación inclusiva y activa de todos los actores de la cooperación española y de la sociedad civil dominicana. Desde el diagnóstico inicial hasta la elaboración de la versión final del documento se ha involucrado a una amplia gama de socios y actores para asegurar que el Marco de Asociación responda de manera efectiva a las necesidades y prioridades del país. Este proceso participativo no solo enriquece el contenido del texto, sino que también fortalece el sentido de apropiación y compromiso de los actores locales.
Además, se elaborará un sistema de indicadores coherente y sencillo, acompañado de instrucciones claras sobre su implementación en los proyectos y sobre el reporte anual de avances. Este sistema permite medir con precisión los logros de los Resultados de Desarrollo y los Resultados Intermedios, facilitando así una evaluación continua y efectiva de la cooperación.
Reflexión estratégica y sostenibilidad.
Una reflexión estratégica sobre los programas y proyectos actuales ha ayudado a determinar cuáles se estima que deberían continuar y cuáles no. La experiencia y los compromisos previos se han considerado, pero no han condicionado la estrategia futura. En este sentido, se reconoce que programas como el de apoyo a la Policía Nacional han cumplido sus objetivos y pueden ser sostenibles en el futuro sin el apoyo continuo de la cooperación española.
Dado que la República Dominicana es un país de renta media, los resultados intermedios del Marco de Asociación se enfocarán en lograr cambios estructurales en las políticas públicas y en acompañar avances en el modelo de desarrollo. Esto permitirá una transformación sostenible de la sociedad dominicana, orientada hacia la equidad y la justicia social. Asimismo, se considera pertinente explorar y trabajar en ámbitos emergentes como la transición ecológica, alineándonos con las prioridades globales de sostenibilidad ambiental.
Articulación y sinergias.
La coordinación y el intercambio de información entre los distintos actores de la cooperación son clave para el éxito en la implementación del Marco de Asociación. Se establecerán mecanismos para convocar al Equipo País (anteriormente Grupo Estable de Coordinación-GEC) y la plataforma de participación en sede al menos dos veces al año. Estas instancias permiten potenciar el intercambio de información, la coordinación de esfuerzos y la rendición de cuentas, maximizando así el impacto de nuestras intervenciones.
Es igualmente importante explorar las sinergias entre la cooperación financiera y técnica, así como la participación de actores complementarios en las intervenciones. Además, se profundizarán las posibles sinergias entre la cooperación española y la agenda de la Delegación de la Unión Europea, aprovechando el potencial de la cooperación técnica, la ayuda no financiera y el diálogo político.
Seguimiento y rendición de cuentas.
La elaboración de Informes Anuales de Seguimiento es fundamental para mantener una visión global y continua de la cooperación española en la República Dominicana. Estos informes permiten corregir desviaciones, adaptarse a cambios contextuales y evaluar la eficacia de las intervenciones. A principios de cada año, todos los actores implementadores informarán sobre el avance en los indicadores de los Resultados Intermedios y sobre los cambios relevantes en el contexto.
Capacidad de implementación y participación de la sociedad civil.
Antes de identificar nuevos proyectos de cooperación directa, se realizará un diagnóstico de la capacidad de implementación de las instituciones públicas. En casos donde las capacidades sean limitadas y no sea posible el refuerzo institucional, se valorará la participación de otras organizaciones, como las ONGD y otras entidades de la sociedad civil. La sociedad civil dominicana ha demostrado un buen desempeño en la implementación de proyectos y juega un papel esencial en la ampliación y profundización del Estado de Derecho.
Abordaje integral y coordinación.
Finalmente, se potenciará el abordaje integral de los retos, tal como se ha hecho en los ámbitos de igualdad de género y acceso a la justicia. Este enfoque incluye la coordinación entre distintos actores, el uso de diversos instrumentos y el trabajo a nivel político, técnico y con los titulares de derechos. Solo a través de una acción coordinada y multidimensional se podrán abordar de manera efectiva los desafíos complejos que enfrenta la sociedad dominicana.
El nuevo Marco de Asociación se concibe, por tanto, como una herramienta dinámica y adaptable, capaz de responder a las cambiantes necesidades del país y de contribuir de manera significativa al desarrollo sostenible de la República Dominicana.
2. Resultados de desarrollo sostenible
2.1 Contribución a la Agenda 2030 nacional.
La Estrategia Nacional de Desarrollo de la República Dominicana 2030 se operativiza en el periodo de vigencia del Marco de Asociación en el Plan Nacional Plurianual del Sector Público 2025-2028 (PNPSP), que ofrece directrices que orientan el proceso de formulación y los planes estratégicos y operativos de las instituciones del sector público.
El PNPSP 2025-2028 prioriza 17 políticas, con sus respectivos resultados estratégicos e indicadores, que impulsan la visión de desarrollo para ser implementadas a través de intervenciones de política pública, teniendo en cuenta el efecto multiplicador, acelerador y escalable en otras áreas de incidencia del sector público. Estas políticas priorizadas son:
– Empleo decente, formal y suficiente.
– Seguridad ciudadana: hacia una sociedad segura y protegida.
– Acceso a la salud y la seguridad social: a) enfoque salud y b) enfoque seguridad social.
– Educación de calidad con equidad.
– Educación superior, ciencia y tecnología.
– Población rural y desarrollo agropecuario.
– Acceso al agua y al saneamiento y mejora del recurso.
– Energía permanente y de calidad.
– Vivienda digna y adecuada.
– Hacia una institucionalidad eficiente y democrática.
– Cultura para una mejor calidad de vida.
– Turismo, consolidando el desarrollo.
– Comercio externo.
– Comercio interno.
– Desarrollo industrial.
– Sostenibilidad ambiental y cambio climático.
– Comunicación terrestre y seguridad Vial.
Por otra parte, todas las políticas priorizadas tienen que incorporar las siguientes políticas transversales:
– Género.
– Cohesión territorial.
– Sostenibilidad ambiental.
– Gestión de riesgo de desastres.
– Participación social.
– Derechos humanos.
– Tecnologías de la información y la comunicación.
Atendiendo a peticiones del Gobierno y de la sociedad civil dominicana, las prioridades establecidas en el Plan Director de la Cooperación Española para el Desarrollo Sostenible y la Solidaridad Global 2024-2027, la experiencia y el valor diferencial de la Cooperación Española en República Dominicana, la Cooperación Española contribuirá al logro de los siguientes ODS, alineándose en todo momento con las políticas priorizadas en el PNPSP.
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ODS 2 HAMBRE CERO |
La política del PNPSP de «Población rural y desarrollo agropecuario» se orienta a generar calidad de vida al promover el desarrollo de la producción agropecuaria y pesquera y la seguridad alimentaria.
Esta política plantea ampliar la productividad, incrementar la rentabilidad y aumentar la competitividad agropecuaria y pesquera. Entre los resultados estratégicos se encuentra aumentar la inclusión de mujeres y jóvenes en las actividades agropecuarias y pesqueras y disminuir las pérdidas económicas del sector agropecuario y pesquero causadas por desastres de origen natural y antrópico.
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ODS 4 EDUCACIÓN DE CALIDAD |
La política del PNPSP de «Educación de calidad con equidad» tiene entre sus resultados estratégicos incrementar de manera sostenida e inclusiva el acceso a la a la educación y formación técnico-profesional (EFTP) y a las enseñanzas artísticas de nivel medio, ajustadas a la demanda y características del mercado laboral. Por otra parte, se plantea adaptar el currículo a los desafíos de una sociedad globalizada e introducir la transformación digital en todos los niveles del sistema educativo dominicano.
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ODS 5 IGUALDAD DE GÉNERO |
El PNPSP no tiene una política priorizada de igualdad de género, ya que considera que es una política transversal que tiene que permear a todas las demás. El Ministerio de la Mujer tiene como misión velar por la aplicación efectiva de la equidad de género en las políticas que lideran el resto de los Ministerios.
En el ámbito de la violencia de género, dentro de la política de «Seguridad ciudadana: hacia una sociedad segura y protegida» se propone reducir las denuncias de víctimas de violencia de género y los feminicidios.
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ODS 6 AGUA LIMPIA Y SANEAMIENTO |
La política del PNPSP de «Acceso al agua y mejora del recurso» busca generar calidad de vida al promover la sostenibilidad hídrica. Para ello se plantea reducir el déficit hídrico, mitigar la contaminación de las fuentes hídricas, abordar el acceso desigual a los servicios de agua potable y saneamiento y mejorar la gestión de las entidades del agua.
Esta política tiene como resultados estratégicos incrementar la cobertura y acceso de agua potable en cantidad, calidad y oportunidad priorizando zonas vulnerables y cierres de brecha; mejorar la eficiencia de la gestión de las empresas de agua potable y saneamiento; incrementar la proporción de aguas residuales tratadas, y mejorar las capacidades de gestión de los recursos hídricos.
Por otra parte, la política de «Vivienda digna y adecuada» establece como resultado estratégico aumentar el porcentaje de viviendas con abastecimiento de agua y con sistemas de disposición de excretas aceptables.
Por último, la política de «Sostenibilidad ambiental y Cambio Climático» tiene como uno de sus resultados estratégicos reducir la contaminación por residuos sólidos y líquidos, mejorando las técnicas de recolección, tratamiento y disposición final.
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ODS 8 TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO ECONÓMICO |
La política del PNPSP de «Empleo decente, formal y suficiente» busca generar calidad de vida al promover la formalidad en el mercado de trabajo. Esta política tiene como resultados estratégicos: aumentar el empleo formal, el ingreso laboral real promedio por hora, la tasa de ocupación femenina, el porcentaje de jóvenes entre 15 y 24 años ocupados en el sector formal, la población que está afiliada al Seguro Familiar de Salud, y la tasa de empleabilidad en el sector formal de egresados de la educación técnico profesional y universitaria.
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ODS 13 ACCIÓN POR EL CLIMA |
La política del PNPSP de «Sostenibilidad ambiental y cambio climático» busca generar calidad de vida al lograr el equilibrio ecológico y la preservación de los recursos naturales. Para ello, plantea crear resiliencia ante el cambio climático, y mitigar la vulnerabilidad ante el desastre.
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ODS 16 PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS |
La política del PNPSP de «Institucionalidad eficiente y democrática» plantea generar calidad de vida al promover una institucionalidad eficiente, para lo que persigue mejorar la gestión administrativa, disminuir la desigualdad en el acceso a los servicios públicos, incrementar la transparencia y rendición de cuentas, e incrementar la cultura política democrática.
2.2 Alcance territorial.
En cuanto al ámbito territorial de aplicación del MA, no se establece una priorización geográfica debido a que el análisis del país refleja la existencia de desigualdades y personas en situación de vulnerabilidad en todo el territorio nacional, cuyas problemáticas serán abordadas desde el presente MA, a partir del apoyo para el desarrollo e implementación de políticas públicas y la reducción de desigualdades de género, territoriales y sociales.
2.3 Marco de resultados.
El presente MA se organiza a través de las tres transiciones que guían la acción del Plan Director de la Cooperación Española para el Desarrollo Sostenible y la Solidaridad Global 2024-2027: la social, la económica, y la ecológica. Para cada una de estas tres transiciones se establece un Resultado de Desarrollo con tres Resultados Intermedios. Este planteamiento busca generar una complementariedad optimizada entre las políticas priorizadas en el PNPSP, las áreas de experiencia, la capacidad de intervención y sobre todo de capitalización de las ventajas comparativas de la Cooperación Española en República Dominicana.
Transición social
RD.1 Fortalecido el Estado Social y de Derecho.
El fortalecimiento del Estado Social y de Derecho en la República Dominicana es clave para garantizar un sistema democrático sólido, transparente y equitativo. Un Estado de Derecho robusto asegura el respeto a las leyes, la protección de los derechos personas y la confianza en las instituciones, lo que a su vez fomenta la estabilidad social y el desarrollo económico. Por su parte, una fiscalidad eficiente permite una recaudación equitativa de impuestos, asegurando que los recursos públicos sean utilizados de manera responsable para mejorar los servicios esenciales, reducir las desigualdades y fortalecer la infraestructura del país. Además, combatir la evasión y la elusión fiscal, junto con la mejora en la administración tributaria, contribuye a una distribución más justa de la riqueza y a una mayor inversión en políticas públicas que promuevan el bienestar social y la sostenibilidad económica.
R1.1 Fortalecidos los sistemas nacionales de prevención, protección, persecución y acceso a la justicia de las mujeres y niñas víctimas de cualquier tipo de violencia basada en género.
La violencia de género tiene un carácter multidimensional, y es por ello por lo que exige respuestas integrales, con la implementación de políticas públicas intersectoriales, estableciéndose una coordinación de actuaciones entre las múltiples instancias que presentan competencia en la materia. Hablamos, pues, de una gestión integral de la violencia, desde un enfoque de prevención ya que coexisten dificultades y desafíos estructurales y sociales para el reconocimiento de la Violencia Basada en Género (VBG), como un problema social y de desigualdad entre hombres y mujeres, que movilice a todos los actores de la sociedad en la deconstrucción e intervención de las causas sociales y culturales que reproducen narrativas de discriminación y violencia contra niñas y mujeres en todas sus manifestaciones y ámbitos. En este sentido, se abordará la prevención desde una orientación que promueva cambios en las normas sociales y culturales que generan, normalizan e invisibilizan la VBG, a través de estrategias de sensibilización, información, comunicación y difusión que permitan a todos los actores de la sociedad identificar las violencias, sus ámbitos de manifestación, rechazarla y promover una cultura de igualdad y no discriminación. Se espera trabajar con titulares de derechos, responsabilidades y obligaciones para que, dentro de sus respectivos roles y márgenes de acción puedan ser generadores de cambios en normas, prácticas y comportamientos en prevención de VBG.
Se hará hincapié en la lucha y erradicación de todas las formas de violencia que sufren las mujeres y niñas, con una especial atención a la lucha contra la trata y la explotación sexual con fines comerciales.
Se fortalecerá el Sistema Nacional de Atención para las Mujeres y Niñas Víctimas de Violencia de Género, el cual está constituido por el conjunto de instituciones, sectores, organizaciones, instancias y mecanismos disponibles en República Dominicana para la atención adecuada y oportuna de las víctimas de violencia. De igual modo, se promoverá la mejora del sistema de protección y acceso a la justicia para las víctimas de violencia de género que requiere, para ser eficaz, una respuesta multidisciplinar individualizada y coordinada que concentre el número de actuaciones con la víctima y que tenga como fin primordial en todo momento el empoderamiento de la mujer o niña, víctima de violencia de género. Se busca garantizar que la víctima conozca y ejercite sus derechos desde su propia autonomía, tomando en todo momento sus propias decisiones. Promoviendo la reinserción educativa, laboral, social y recuperación emocional, así como la debida reparación y restitución de sus derechos.
Se trabajará principalmente con organizaciones e instituciones públicas, como la Procuraduría General de la República, el Ministerio de la Mujer, con fondos de cooperación bilateral y a través de la sociedad civil dominicana y española.
Indicadores:
– Número de personas (titulares de obligaciones, de responsabilidades y de derechos) que han sido sensibilizadas y formadas en igualdad y equidad de género y contra todas las formas de violencia basadas en género.
– Número de mujeres y niñas que mejoran su acceso a la justicia en el marco de las intervenciones de la Cooperación Española. (IRC 16.4 ajustado).
– Número de mujeres y niñas víctimas de violencia de género que han recibido asistencia o atención (psicológica, médica, jurídica) en el marco de las intervenciones de Cooperación Española. (IRC. 5.2 ajustado).
R1.2 Impulsado el reconocimiento, ejercicio y garantía de los derechos civiles y políticos de las mujeres.
La participación social, política, económica y cultural de la mujer representa una garantía para el fortalecimiento de la democracia y la gobernabilidad, para lograr una sociedad más justa e igualitaria. Esto implica garantizar que las mujeres tengan las mismas oportunidades y acceso en todos los ámbitos de la vida.
Se impulsará la promoción y el pleno ejercicio de los derechos de las mujeres en los ámbitos de participación política, social y cultural. Para ello, se trabajará en la formación política estratégica para aumentar su participación en los espacios de toma de decisiones en la vida pública, así como en los procesos que inciden en la construcción de marcos legales para impulsar una mayor participación en los espacios democráticos de decisión. Se fomentará el ejercicio efectivo de liderazgos y las alianzas entre mujeres. Se apoyarán proyectos educativos formales y no formales que incorporen los derechos de las mujeres y niñas y el liderazgo de estas de manera transversal y específica.
Se abordará esta línea de trabajo desde un enfoque transversal que esté presente en las intervenciones que despliegue la Cooperación Española y, a través de un enfoque sectorial, con iniciativas desde las ONGDS españolas y locales, así como con fondos de cooperación bilateral, temáticos como el Fondo Ellas+ y la educación para el desarrollo del Centro Cultural de España.
Indicadores:
– Número de mujeres que han sido formadas en procesos de formación sobre liderazgo.
– Porcentaje de mujeres en cargos de elección popular (parlamento, alcaldías, gobernaciones, etc.).
– Número de denuncias por violencia política de género atendidas y resueltas.
R1.3 Promovido el pleno ejercicio de los DDHH mediante la veeduría social y control institucional, la exigencia de responsabilidades y el fomento de los valores democráticos y la cultural de paz; así como impulsados los derechos de las personas con discapacidad.
Se apoyará la participación ciudadana, desde una perspectiva intergeneracional, la promoción y salvaguardia de una sociedad civil activa y participativa, así como la creación y fortalecimiento de redes y alianzas entre organizaciones de la sociedad civil, en su papel de veeduría social; con el objetivo de fortalecer los valores democráticos, el ejercicio de las libertades y del Estado de Derecho. Se apoyarán procesos de educación en derechos humanos y participación social con población adolescente y juvenil.
La finalidad es concienciar sobre la importancia de la tolerancia, el respeto a la diversidad, la interculturalidad y la convivencia pacífica desde el ejercicio de los derechos humanos, en línea con lo que establece el ODS 16. Para ello; se apoyarán campañas y acciones que fomenten los valores democráticos y de tolerancia frente a los discursos de odio; promoviendo la cultura de paz para incidir en una mayor cohesión social.
En este resultado, se promoverán especialmente los proyectos y programas con la sociedad civil dominica con subvenciones directas o a través de ONGD españolas.
Indicadores:
– Número de instituciones estatales y actores no estatales especializadas en defensa de los derechos humanos y lucha contra la discriminación que han visto reforzadas sus capacidades en el marco de las intervenciones de la Cooperación Española. (IRC 16.3).
– Número de leyes nuevas o reformas legales en las que se ha participado.
R1.4 Mejorado el sistema fiscal bajo los principios de equidad, igualdad y responsabilidad social, contribuyendo de forma directa al bienestar general y a la prosperidad de la sociedad.
En un contexto de crecientes desafíos políticos, económicos, sociales y medioambientales resulta esencial avanzar hacia un modelo fiscal equitativo como herramienta transformadora y pilar de la democracia. La política fiscal adquiere un papel clave para revitalizar los gobiernos democráticos y recuperar la confianza ciudadana. Un pacto fiscal es esencial para un desarrollo sostenible e inclusivo, permitiendo movilizar recursos mediante sistemas tributarios más eficientes.
Para conseguir este resultado, se fortalecerán las capacidades de las administraciones públicas para gestionar sistemas fiscales eficaces, eficientes e incluyentes. Se impulsará la coordinación y cooperación fiscal internacional para la mejora de los marcos normativos y la lucha contra la evasión y el fraude, como vías para mejorar la generación de recursos propios y reducir su grado de dependencia financiera externa.
En este resultado se trabajará principalmente con el Ministerio de Hacienda dominicano a través de cooperación técnica y el Programa Democracia de la AECID.
Indicadores:
– Número de normativas, estrategias y planes que contribuyan a la mejora del sistema fiscal.
Transición económica
RD.2 Impulsado el trabajo formal y decente.
El impulso del trabajo formal y decente es fundamental para garantizar derechos laborales conforme a la ley, reducir la pobreza y la desigualdad, y promover un crecimiento económico sostenible. El empleo formal asegura salarios justos, acceso a seguridad social y condiciones laborales dignas, mejorando la calidad de vida de los trabajadores y sus familias. Además, fortalece los sistemas fiscales y la seguridad social al aumentar la recaudación de impuestos y cotizaciones, permitiendo mejores servicios públicos. También contribuye a la estabilidad y cohesión social, reduciendo la exclusión y fomentando la confianza en las instituciones.
R2.1 Promovido el trabajo formal y decente que garantice condiciones laborales dignas, el acceso a la seguridad social y el respeto a los derechos de los trabajadores/as fomentando la inclusión de una participación ciudadana equitativa e igualitaria en la aplicación y seguimiento de las iniciativas.
Para contribuir a este resultado se incentivarán acciones encaminadas a promover los derechos laborales de los/as trabajadores y trabajadoras, con especial atención a los sectores feminizados. Se promoverán condiciones de trabajo dignas en los centros de trabajo, la prevención y erradicación del trabajo infantil, la lucha contra la violencia en el mundo laboral, y la promoción de la presencia igualitaria y la acción de las mujeres en el ámbito de los agentes sociales y en el diálogo social. Se impulsarán iniciativas de apoyo a marcos regulatorios y políticas que garanticen condiciones laborales formalizadas y estables que promuevan la transición de la economía informal a la formal como medio para apoyar el trabajo decente y el desarrollo social y económico inclusivo y sostenible.
En este resultado, la Cooperación Española trabajará estrechamente con el Ministerio de Trabajo, el sector empresarial, el sector sindical, las cooperativas, y los espacios de articulación social.
Indicadores:
– Número de personas formadas, informadas o asesoradas sobre derechos laborales y seguridad y salud laboral en el marco de las intervenciones de la Cooperación Española (IRC. 8.2).
R2.2 Fortalecida la educación técnico-profesional, inclusiva y de calidad, dirigida a la reduciendo de las brechas de género, y con especial atención a las personas con discapacidad y los grupos en situación de vulnerabilidad.
Este resultado da continuidad al trabajo que se realizó en el MA anterior de mejora de la oferta de educación y formación técnico-profesional (EFTP), enfocada a la empleabilidad y el emprendimiento y la reducción de las brechas de género, en el que se llevó a cabo el programa de Apoyo a la Reforma de la Educación Técnico Profesional (PROETP 2) que posibilitó la elaboración de un Marco Nacional de Cualificaciones, el refuerzo de capacidades institucionales para adecuar la educación y formación técnico-profesional al mercado laboral, así como la creación de alianzas público-privadas para la formación dual.
Desde la Cooperación Española se apoyará a las instituciones competentes en lo relacionado con la oferta de educación y formación técnico-profesional (EFTP) y se colaborará con el sector privado como socio esencial en el desarrollo de formación dual que posibilite la transición entre el ámbito educativo y el mundo laboral, buscando generar oportunidades de acceso a empleos de calidad y a formación y desarrollo de competencias a lo largo de la vida. Se promoverá la implementación de estrategias que reduzcan las brechas de género, garantizando el acceso equitativo de mujeres y otros grupos históricamente en condiciones de vulnerabilidad a oportunidades de educación y formación técnico-profesional (formal, no formal o informal) con certificación de aprendizajes y reconocimiento de competencias profesionales, y con imbricación con las políticas públicas para fomentar el empleo de calidad. Se prestará especial atención a los itinerarios formativos en competencias digitales para posibilitar la transformación de la economía y la reducción de la brecha digital.
En este resultado la Cooperación Española trabajará estrechamente con el Ministerio de Educación, el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología y el Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional, para reforzar las capacidades de todas las instituciones y centros vinculados al sistema nacional de educación y formación técnico-profesional. También se potenciará la formación y actividades de capacitación asociadas a los proyectos y programas que implemente la Cooperación Española en el sector del desarrollo rural, la gestión del agua y saneamiento, la gestión de residuos, o la acción climática, teniendo como referencia el programa de Escuelas Taller.
Indicadores:
– Número de alumnos/as que se benefician de educación y formación técnico-profesional en el marco de las intervenciones de Cooperación Española. (IRC 4.3).
Transición ecológica
RD.3 Impulsada la gestión sostenible del territorio.
Siendo un país altamente vulnerable a los impactos negativos del calentamiento global y a los fenómenos climáticos extremos en particular, así como a otro tipo de desafíos ambientales, es fundamental para el desarrollo sostenible de la República Dominicana seguir fortaleciendo su resiliencia, en línea con el Acuerdo de París, el Marco de acción de Sendai de reducción de riesgo de desastres y el Marco de Kunming de Biodiversidad para vivir en armonía con la naturaleza.
El enfoque ecosistémico para una gestión sostenible de los recursos forestales e hídricos, terrestres y marino-costeros, es clave para asegurar la disponibilidad de agua para el consumo humano, el uso apropiado del suelo con producción agrícola, una pesca responsable y la generación de energía, evitando sobreexplotación y contaminación.
Este MAP prioriza el agua y el saneamiento como elementos clave en los que concentrar esfuerzos, impulsando modelos de gestión ambiental y desarrollo económico respetuoso con la naturaleza, dado que el saneamiento y las infraestructuras adecuadas de gestión de las aguas residuales y de los residuos sólidos urbanos son fundamentales para la conservación de los ecosistemas y para la dignificación de la vida de las personas, así como para la generación de oportunidades de crecimiento económico sostenible.
Para ello, partiendo de un enfoque sostenibilidad medioambiental, asegurando la rendición de cuentas y la transparencia informativa, se promoverán tecnologías innovadoras que permitan un uso eficiente del agua y una gestión apropiada de los residuos sólidos, así como un enfoque ecosistémico y una gestión sostenible de los recursos forestales e hídricos, terrestres y marino-costeros, que mejoren las perspectivas de disponibilidad de agua para el consumo humano y el uso apropiado del suelo con producción agrícola, evitando su sobreexplotación y contaminación.
R3.1 Mejorada la adaptación al cambio climático y minimizados los impactos sobre los ecosistemas y promovidos entornos sostenibles.
Se llevarán a cabo acciones enfocadas al fortalecimiento institucional para el seguimiento e implementación de los compromisos internacionales asumidos y los marcos normativos nacionales desarrollados en materia de lucha contra el cambio climático: END 2030, Contribución Nacionalmente Determinada al Acuerdo de París; Plan nacional de adaptación al cambio climático y Plan nacional de reforestación y el manejo de cuencas.
Para ello se promoverán actuaciones en el marco de los programas regionales Arauclima (centradas en Sargazo) y Euroclima (Sargazo y recursos hídricos), así como del Programa de Transición Ecológica, y se explorarán oportunidades en las convocatorias de programas de cooperación triangular y sur-sur y en la convocatoria de acciones y alianzas para el desarrollo.
Para alcanzar este resultado tendrá especial importancia el trabajo con el Consejo Nacional para el Cambio Climático (CNCCMDL), con el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MMARN) y con los municipios.
Indicadores:
– Número de normativas, estrategias y planes adoptadas o actualizadas en materia de mitigación y adaptación climática.
– Número de personas involucradas en medidas de reducción de riesgo de desastres en el marco de la intervención (IRC 1.1).
R3.2 Promovida la gestión integral de los recursos hídricos y de los residuos sólidos.
Se apoyará la implementación de la gestión integrada de los recursos hídricos desde el enfoque de cuenca en los territorios y la realización efectiva de los derechos humanos al agua y saneamiento. Se apoyará la implementación del Plan Hidrológico Nacional buscando que haya suficiente agua para el desarrollo económico y social y para los ecosistemas, visibilizar y valorar los diferentes usos para la supervivencia y el bienestar humano, aprovechar la capacidad productiva del agua y asegurar suficiente agua segura a un precio asequible para todas las personas.
Así mismo, para favorecer un desarrollo económico inclusivo y sostenible, se apoyará el establecimiento del nuevo marco legal sobre residuos sólidos urbanos y la implementación del Plan Nacional para la Gestión Integral de Residuos Sólidos, a través de la elaboración y gestión de planes municipales e intermunicipales.
En estos ámbitos del agua y saneamiento se trabajará con proyectos bilaterales a través del Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento (FCAS) y del Programa de Transición Ecológica (PROTEC), así como con proyectos de ONGD españolas y dominicanas y otros actores de la academia y la empresa, cuando sea relevante. También se explorarán oportunidades en las convocatorias de programas de cooperación triangular y sur-sur y en la convocatoria de acciones y alianzas para el desarrollo. Además, se apoyarán dos operaciones reembolsables del FEDES centradas en saneamiento de aguas residuales en ciudades costeras y en la gestión de residuos sólidos y cierre de vertedero de Santo Domingo.
Para ello se trabajará con los organismos competentes del estado dominicano, como el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI), el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA), el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales y los municipios.
Indicadores:
– Número de infraestructuras sostenibles construidas o mejoradas el marco de las intervenciones de la Cooperación Española (IRC 9.2).
– Número de personas con acceso nuevo o mejorado a saneamiento en el marco de las intervenciones de Cooperación Española (IRC 6.2).
– Numero de planes municipales o intermunicipales para la gestión integral de residuos sólidos urbanos.
– Número de ciudades, comunidades, organismos o instancias públicas (titulares de obligaciones) que implementan medidas o políticas en protección del medio ambiente, mitigación y adaptación al cambio climático en el marco de la intervención (IRC 11.1).
En todas las actuaciones que se realicen para alcanzar los resultados se deberán aplicar los seis enfoques transversales de la Cooperación Española establecidos en el Plan Director:
– Enfoque de derechos humanos.
– Enfoque feminista y de género.
– Enfoque de lucha contra la pobreza y las desigualdades.
– Enfoque de justicia climática y sostenibilidad medioambiental.
– Enfoque de diversidad cultural.
– Enfoque de construcción de paz.
– Enfoque de reducción de las desigualdades.
Para la incorporación de estos enfoques la AECID dispone de una serie de guías, siendo la más reciente la Guía para la incorporación del enfoque de reducción de las desigualdades en la AECID publicada en 2024.
3. Alianzas para la estrategia
3.1 Red de alianzas.
El Plan Director de la Cooperación Española para el Desarrollo Sostenible y la Solidaridad Global 2024-2027 establece el compromiso de la Cooperación Española con la promoción de alianzas estratégicas y multiactor, en línea con la Agenda 2030 y el ODS 17: Alianzas para lograr los Objetivos. La Agenda 2030 subraya la importancia de fortalecer la colaboración entre gobiernos, sector privado, sociedad civil y organismos multilaterales, promoviendo partenariados inclusivos que movilicen conocimientos, capacidades técnicas, tecnología y recursos financieros para el desarrollo sostenible.
Este enfoque está alineado con la Ley de Cooperación para el Desarrollo Sostenible y la Solidaridad Global, que refuerza la necesidad de coordinar a los distintos actores de la Cooperación Española, definiendo sus roles y responsabilidades en la implementación de la política de cooperación. La ley establece un marco de trabajo basado en la coherencia, eficacia y complementariedad, asegurando que los distintos instrumentos y agentes de la cooperación actúen de manera coordinada y alineada con las prioridades del país socio.
España mantiene un compromiso firme con la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible, promoviendo la construcción de redes y colaboraciones entre actores públicos y privados, tanto españoles como dominicanos. Estas alianzas permiten mejorar la eficacia de la cooperación, fomentar el diálogo de políticas y fortalecer la alineación y armonización con las estrategias de desarrollo del país socio.
Para ello, la Cooperación Española impulsa un modelo de cooperación basado en la acción conjunta de actores públicos, privados y de la sociedad civil, donde se generen sinergias que maximicen el impacto de las intervenciones. En este sentido, se fomentará la colaboración con: instituciones gubernamentales dominicanas; entidades de la sociedad civil y organizaciones no gubernamentales (ONGD); el sector privado, en especial empresas con enfoque en desarrollo sostenible y responsabilidad social; organismos multilaterales y cooperación delegada.
En el marco del MA República Dominicana - España 2025-2029, se promoverán alianzas estratégicas con las siguientes instituciones y actores clave, entre otros, en el ámbito gubernamental dominicano destacan Procuraduría General de la República, Ministerio Público; Ministerio de Cultura; Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD); Ministerio de Educación; el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología; Ministerio de Hacienda; Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES; Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales; Ministerio de la Mujer; Ministerio de Relaciones Exteriores; Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social; Ministerio de Trabajo; Ministerio de Turismo. También se proveerán alianzas con otras instituciones públicas como el Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP), el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI) y el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados, INAPA, la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE).
Las ventajas del trabajo en alianza son bien conocidas y van desde una mayor armonización y alineamiento hasta una mayor capacidad de diálogo de políticas, de mejora de la ayuda y de su eficacia.
Dentro del marco del presente MA, los actores principales son los siguientes:
Administración General del Estado y otras entidades que integran el sector público institucional estatal.
La Administración General del Estado (AGE) está representada en República Dominicana a través de la Embajada de España en Santo Domingo, en la que se integra la Oficina de Cooperación en el Exterior de la AECID que actúa como Unidad de Cooperación en el Exterior. El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y de Cooperación (MAEUEC), a través de la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional, es el órgano responsable de planificar, dirigir, ejecutar y evaluar la política de cooperación internacional para el desarrollo.
Dentro de esta estructura, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), adscrita a la Secretaría de Estado, es la entidad encargada del fomento, gestión y ejecución de esta política mediante diversas modalidades e instrumentos. El Plan Director 2024-2027 destaca el papel de la AECID como pieza central del sistema de cooperación, dotándola de nuevas capacidades en términos de coordinación operativa y generación de alianzas estratégicas.
Además de la AECID, otros ministerios y entidades del sector público estatal y cooperación descentralizada contribuirán al desarrollo del Marco de Asociación República Dominicana-España 2025-2029, conforme a sus respectivas competencias.
El Plan Director 2024-2027 subraya la necesidad de mejorar la coordinación interministerial dentro del sistema de cooperación, promoviendo la articulación de la AGE con el resto de los actores mediante órganos como la Comisión Interministerial de Cooperación para el Desarrollo Sostenible, así como a través de alianzas estratégicas con otros ministerios y agencias europeas.
Cada uno de estos actores podrá aportar su conocimiento técnico y sus capacidades institucionales para fortalecer el impacto de la Cooperación Española en el país, favoreciendo la complementariedad entre las diferentes intervenciones. Se buscará una mayor integración de la cooperación técnica pública, la cual se presenta como un instrumento clave para la transferencia de conocimientos, el fortalecimiento de capacidades institucionales y el apoyo a políticas públicas en los países socios.
Asimismo, la cooperación financiera jugará un rol cada vez más importante en la acción exterior del Estado, a través del Fondo Español de Desarrollo Sostenible (FEDES), diseñado para apalancar recursos adicionales y mejorar las condiciones de financiamiento del desarrollo sostenible en los países socios. FEDES tiene previsto el establecimiento de nuevos instrumentos y procedimientos decisorios y de gestión más ágiles y directrices que mejoren su impacto y aseguren su plena coherencia con las metas del desarrollo sostenible.
El fortalecimiento de la cooperación estatal en República Dominicana se realizará en un marco de coherencia de políticas para el desarrollo sostenible, en línea con la Agenda 2030, asegurando una mayor coordinación con la Unión Europea y otros socios estratégicos.
Comunidades Autónomas y Entidades Locales.
Las Comunidades Autónomas (CCAA) y Entidades Locales (EELL) desempeñan un papel fundamental en la política de cooperación para el desarrollo sostenible de España, como reconoce la Ley 1/2023, que subraya su capacidad para ejecutar acciones de cooperación dentro de sus competencias y en coordinación con otros actores. Su trabajo es una de las señas de identidad de la Cooperación Española, reflejando la diversidad territorial y promoviendo una acción descentralizada y complementaria a la cooperación de la Administración General del Estado (AGE). Las CCAA que más AOD han desembolsado en el Marco de Asociación anterior han sido Andalucía, Comunidad Valenciana y Galicia.
La cooperación descentralizada se articula a través de programas, proyectos y acciones específicas, financiadas mediante fondos propios de CCAA y EELL o a través de alianzas con otros actores. Dentro del Marco de Asociación República Dominicana-España 2025-2029, la cooperación descentralizada desempeñará un rol clave en la localización de los ODS y la promoción de la coherencia de políticas para el desarrollo sostenible.
Los Fondos de Cooperación y Solidaridad son actores destacados de la cooperación descentralizada, al articular la solidaridad de los municipios y permitir el desarrollo de iniciativas conjuntas con socios locales. El Plan Director 2024-2027 destaca la importancia de fortalecer la cooperación municipalista, tanto a través de convenios bilaterales como mediante organismos como la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y la Confederación de Fondos de Cooperación y Solidaridad (CONFOCOS).
En el caso del MA República Dominicana-España, se buscará potenciar la participación de estos actores, por ejemplo, en programas de cooperación técnica o transferencia de conocimientos.
El Plan Director 2024-2027 subraya la importancia de avanzar en la coordinación, complementariedad y armonización de la cooperación descentralizada con la cooperación estatal, respetando la autonomía de cada actor. Por tanto, se promoverá la participación activa de las CCAA y EELL activas en República Dominicana en foros y espacios de concertación y coordinación en el país.
Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo.
En 2024 trabajaron en República Dominicana 39 ONGD españolas, entre las que se encuentran: Asamblea de Cooperación por la Paz (ACPP), AGARESO, Alianza por la Solidaridad, Asociación Andaluza de Desarrollo (ASAD), CESAL, CIVES MUNDI, Cruz Roja Española, Entreculturas, Fundación Acciona, Fundación para el Desarrollo de la Enfermería (FUDEN), Fundación ETEA, Fundación la Merced, Fundación InteRed, Instituto Sindical de Cooperación al Desarrollo, (ISCOD), Justicia Alimentaria, Manos Unidas, Médicos del Mundo, Plan Internacional, PRODIVERSA, Save the Children y CARITAS.
Según la evaluación del MAP 2019-2022, las ONGD españolas han sido actores clave en la implementación de la cooperación en República Dominicana, canalizando un volumen importante de Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) y ejecutando intervenciones en múltiples sectores, principalmente en los ámbitos de género, formación técnico-profesional, acceso a la justicia y desarrollo económico, entre otros.
Con todas estas ONGD y otras que sumen su presencia en República Dominicana se establecerán alianzas que serán formalizadas por diversas vías: proyectos, convenios, intercambios de experiencias, etc.
Unión Europea.
La Unión Europea (UE) y República Dominicana mantienen una relación estratégica basada en valores compartidos como la democracia, el Estado de derecho, los derechos humanos, la igualdad y el respeto al derecho internacional. La UE considera a República Dominicana un socio clave en la región por su importancia económica, su doble identidad caribeña y latinoamericana, su papel activo en foros de integración regional y sus profundos lazos históricos, culturales y familiares con Europa.
El trabajo de la UE en República Dominicana se enmarca en el Programa Indicativo Plurianual 2021-2027 bajo el Instrumento de Vecindad, Desarrollo y Cooperación Internacional – Europa Global. Este programa, con un presupuesto de 21 millones de euros en su primera fase (2021-2024), establecía tres ejes estratégicos para la cooperación con el país: Impulso a las oportunidades económicas; ciudades y medioambiente en beneficio de las personas; y modernización del Estado y fortalecimiento institucional.
Además, la República Dominicana participa en el Programa Regional para América Latina y el Caribe, que contó con un presupuesto de 1.280 millones de euros para el periodo 2021-2024. A nivel regional, la UE busca fortalecer su cooperación con el Caribe a través de tres asociaciones clave: Pacto Verde; resiliencia económica y comercio; y gobernanza, seguridad y desarrollo humano: Combatir el crimen organizado transnacional, la violencia y la desigualdad social, con énfasis en la juventud y la cohesión social.
Desde la adhesión de República Dominicana al Acuerdo de Cotonú en 1989, la cooperación con la UE ha evolucionado significativamente. En 2021, la renovación del acuerdo reafirmó el compromiso con la promoción de la democracia, el desarrollo sostenible y la integración económica.
Además, la relación birregional entre la UE y América Latina y el Caribe se fortalece a través de foros como la Cumbre UE-CELAC y la Estrategia de Asociación Conjunta UE-Caribe, que regulan el diálogo y la cooperación en ámbitos clave como la seguridad, la resiliencia climática y el crecimiento inclusivo.
La UE también impulsa iniciativas regionales a través del CARIFORUM, donde la República Dominicana colabora con los 15 países de la Comunidad del Caribe (CARICOM). En este marco, el Acuerdo de Asociación Económica UE-CARIFORUM (EPA) facilita el comercio y la inversión, promoviendo un crecimiento económico sostenible y equitativo.
Cada año, la UE y la República Dominicana celebran un Diálogo Político, un espacio clave para fortalecer la cooperación bilateral en temas como política internacional, derechos humanos, comercio e inversiones.
En este contexto, la Cooperación Española trabajará en estrecha colaboración con la Delegación de la UE en la República Dominicana y los Estados Miembros para fortalecer iniciativas conjuntas, asegurar la alineación de la cooperación europea con las prioridades del país y potenciar el impacto de las intervenciones financiadas por la UE.
Sistema de Naciones Unidas.
Las Naciones Unidas desempeñan un papel fundamental en la República Dominicana, apoyando el desarrollo sostenible, la protección de derechos humanos y la respuesta a desafíos globales y locales. La cooperación entre el país y el sistema de la ONU está enmarcada en el Marco de Cooperación de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible (2023-2027), que establece las prioridades estratégicas de trabajo conjunto en áreas como el desarrollo inclusivo, la resiliencia ambiental y la gobernanza democrática. A través de diversas agencias, fondos y programas, la ONU colabora con el Gobierno dominicano, la sociedad civil y otros actores para avanzar en la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Las agencias y organismos de la ONU con presencia en la República Dominicana incluyen: FAO, IAEA, OIT, OIM, ACNUDH, OPS/OMS, PNUMA, ONU-Habitat, ONU Mujeres, ONUSIDA, PNUD, UNESCO, FNUAP, ACNUR, UNICEF, UNODC, PMA y el Banco Mundial.
Otros organismos internacionales.
La República Dominicana participa activamente en diversas iniciativas y organizaciones regionales e internacionales, fortaleciendo su presencia y cooperación en múltiples ámbitos. En el Marco de Asociación República Dominicana-España 2025-2029, se coordinará el trabajo con los siguientes organismos e iniciativas, asegurando su alineación con las estrategias de desarrollo del país y con la Cooperación Española.
Organismos regionales: Sistema de la Integración Centroamericana (SICA); Organización de los Estados Americanos (OEA); Asociación de Estados del Caribe (AEC); Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC).
Organismos internacionales: Naciones Unidas (ONU) a través de agencias como el PNUD, UNICEF, FAO y ONU Mujeres; Banco Interamericano de Desarrollo (BID); Organización Internacional del Trabajo (OIT); Organización Mundial del Comercio (OMC).
Iniciativas regionales y temáticas: Destacan el proyecto de Integración y Desarrollo de Mesoamérica; Fondo Caribeño para la Biodiversidad; Estrategia de Asociación Conjunta UE-Caribe; Acuerdo de Asociación Económica UE-CARIFORUM (EPA).
Sector privado empresarial-Organizaciones empresariales y empresas.
El sector empresarial español ha consolidado su presencia en la República Dominicana, desempeñando un papel clave en el desarrollo económico y social del país. Las empresas españolas operan en la República Dominicana en una amplia gama de sectores. Según el directorio de empresas españolas establecido por el ICEX, estas compañías están involucradas en áreas como transporte marítimo de mercancías, producción y distribución de café, servicios logísticos, producción de cemento, educación superior, juegos de azar, distribución comercial, servicios financieros, hostelería y turismo, entre otros.
Su participación en desarrollo humano puede manifestarse en diversos sectores estratégicos y se complementa con iniciativas y políticas de Responsabilidad Social Empresarial (RSE). La promoción de alianzas público-privadas para el desarrollo es un potencial espacio a investigar y eventualmente a potenciar en el futuro. La República Dominicana ha implementado un marco legal que facilita las alianzas público-privadas (APP), ofreciendo oportunidades para la inversión extranjera en proyectos de infraestructura y servicios públicos.
Universidades y centros docentes y de investigación.
Las universidades españolas pueden desempeñar un papel estratégico en el desarrollo de República Dominicana a través de la cooperación académica, la formación técnica y la transferencia de conocimiento. Más allá de la formación, las universidades españolas pueden fortalecer la investigación aplicada en sectores estratégicos como turismo, agroindustria, energías renovables y digitalización. La cooperación interuniversitaria, mediante programas de movilidad académica, doble titulación e investigación conjunta, también puede elevar la calidad educativa y fortalecer la inserción de profesionales en sectores clave.
A través de alianzas con empresas y centros de investigación dominicanos, las universidades pueden facilitar el desarrollo de soluciones innovadoras y la transferencia de tecnología. Su participación en alianzas público-privadas para el desarrollo permite generar sinergias con el sector empresarial español presente en el país, promoviendo programas de formación especializada y de capacitación para la generación de oportunidades laborales.
3.2 Modalidades e instrumentos.
La Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) española en República Dominicana se canaliza a través de distintos instrumentos.
La ayuda bilateral directa será implementada principalmente mediante el apoyo a instituciones públicas dominicanas en sectores como la educación técnico-profesional, el acceso a la justicia, y la gestión del agua, el saneamiento.
La cooperación técnica (a través de Intercoonecta, Programa Democracia, Programa de Cooperación Triangular) y el fortalecimiento institucional serán herramientas muy pertinentes para mejorar el impacto de la AOD de forma general y en todos los sectores.
La ayuda bilateral indirecta será canalizada mayoritariamente a través de ONGD españolas en la implementación de proyectos que contribuyan a la triple transición justa (transición social; transición ecológica y transición económica) que recoge el Plan Director de la Cooperación Española para el Desarrollo Sostenible y la Solidaridad Global 2024-2027.
La sociedad civil dominicana jugará un papel importante en la ejecución de proyectos en comunidades vulnerables buscando mejorar la articulación entre estas organizaciones y otros actores de la cooperación, tal y como se recogió en la evaluación del MA anterior.
Una parte de la ayuda será dirigida a cooperación multilateral y multibilateral, en coordinación con organismos internacionales como la Unión Europea y el sistema de Naciones Unidas.
El instrumento de cooperación reembolsable a través del Fondo Español de Desarrollo Sostenible (FEDES) cobrará importancia, ya que recientemente se ha aprobado una operación reembolsable centrada en saneamiento de aguas residuales en ciudades costeras y otra de gestión de residuos sólidos y cierre del vertedero de Santo Domingo.
Se describen a continuación los principales instrumentos que servirán para canalizar la AOD española durante el período de ejecución del MA:
Proyectos y programas.
Las ONGD españolas desempeñan un papel esencial en la cooperación al desarrollo en República Dominicana. La propia AECID las reconoce como actores clave en la ejecución de sus políticas de cooperación, al ser responsables de una parte significativa de la AOD española en el país. La mayoría de los fondos gestionados por ONGD provienen de convocatorias de ayudas por concurrencia competitiva, incluyendo las de proyectos de desarrollo, acciones de innovación, convenios de cooperación de AECID para desarrollo y emergencia, así como de convocatorias impulsadas por la cooperación descentralizada.
Para alcanzar los resultados de desarrollo previstos, las ONGD españolas colaboran con organizaciones de la sociedad civil dominicana. Esta colaboración permite fortalecer el impacto de las iniciativas conjugando proximidad a las comunidades y conocimiento profundo de las problemáticas.
Cooperación técnica.
La cooperación técnica se define, según el CAD de la OCDE, como una «modalidad destinada a reforzar las capacidades individuales y organizativas por medio de la oferta de servicios de especialistas, formación y posibilidades de aprendizaje relacionadas». Se caracteriza por la «provisión de know-how en forma de personal, formación, investigación, consultoría y cualquier tipo de apoyo técnico que contribuya a la consecución de objetivos de desarrollo en los países socios».
En República Dominicana, la Cooperación Española ha utilizado esta modalidad en diversas iniciativas de asesoramiento técnico, fortalecimiento institucional y formación profesional, contribuyendo a la mejora de sectores clave como la educación técnico-profesional, la justicia y la gestión del agua y saneamiento. Ejemplo de ello ha sido el apoyo a la reforma de la educación técnica y la capacitación de funcionarios en áreas estratégicas para el desarrollo del país.
Dada su importancia para la sostenibilidad de las intervenciones, se valorará ampliar esta modalidad a otros sectores priorizados en el presente MA entre República Dominicana y España, reforzando la cooperación técnica en ámbitos que permitan contribuir a la triple transición recogida por el Plan Director 2024-2027.
Cooperación multilateral y multibilateral.
Durante la ejecución del presente MA, se analizará la posibilidad de fortalecer la colaboración con socios estratégicos de la Cooperación Española, en particular con agencias de Naciones Unidas que trabajan en sectores prioritarios y donde existan grados de sinergias y complementariedad l, así como ONU Mujeres, UNICEF y FNUAP en temas de género, DDD.HH, justicia. Este instrumento será priorizado para intervenciones en zonas de mayor vulnerabilidad.
Cooperación delegada (UE).
Los fondos delegados se articulan a través de la firma de acuerdos entre la UE o el Estado Miembro donante y la AECID, FIAP o COFEDES, bien en forma de cooperación delegada, de blending (financiación combinada) o de subvenciones. La cooperación delegada es una modalidad de cooperación técnico-financiera con transferencia de los recursos y de la responsabilidad de seguimiento. Durante el período 2025-2029, la Cooperación Española, a través de instituciones como AECID o FIAP, se seguirá involucrando en operaciones de cooperación delegada relacionadas con intervenciones que contribuyan a la triple transición. En principio se contemplan fondos delegados para el EUROCLIMA, con 2 formulaciones recientemente presentadas por el Ministerio de Medio Ambiente, en Recursos Hídricos y en Sargazo, y un programa que se está iniciando de Sociedades Inclusivas y Equitativas que se implementara bajo el modelo de Escuela Taller con el INFOTEP.
Se buscará que este instrumento, sea complementario con el MA, capitalizando la experiencia existente.
Cooperación reembolsable: Fondo Español de Desarrollo Sostenible (FEDES).
La Cooperación Española puede realizar operaciones financieras reembolsables, a través del Fondo Español de Desarrollo Sostenible (FEDES), antiguo FONPRODE. Los instrumentos que utiliza este Fondo son: los créditos a los Estados; las aportaciones a Fondos de Inversión y la inclusión financiera o microfinanzas.
Durante el periodo 2025-2029, se llevará a cabo el proyecto de «Gestión Integral y Sostenible de los Residuos Sólidos en el Gran Santo Domingo» con el Ministerio de Medio Ambiente y una aportación de 18,9 millones de euros, y el programa de «Saneamiento universal en localidades costeras y turísticas de la República Dominicana», con el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos y una aportación de 47,3 millones de euros. Se podría explorar la posibilidad de desarrollar otras operaciones a través de los instrumentos del FEDES.
Cooperación Triangular.
La cooperación triangular es una de las apuestas de futuro de la Cooperación Española en la región, como una de las modalidades que permiten apoyar de manera efectiva, y a partir de un diálogo de políticas estructurado, las capacidades institucionales de los países socios y que permite dar respuesta a las demandas de las instituciones desde la creación de alianzas.
Se seguirá trabajando en forjar alianzas de cooperación triangular entre la República Dominicana, España y otros países de la región latinoamericana y/o de otras regiones, aportando recursos técnicos, financieros, materiales y de otra índole.
Esta cooperación triangular se basará en los principios de horizontalidad, beneficio mutuo y mutua responsabilidad, aprendizaje mutuo, gestión del conocimiento, gestión compartida orientada a resultados de desarrollo, eficacia y eficiencia.
3.3 Recursos.
El presente acuerdo no implica compromisos financieros; dichos compromisos se establecerán en documentos posteriores correspondientes a las diferentes intervenciones. La asignación definitiva estará sujeta a la disponibilidad presupuestaria y se realizará con cargo a los créditos ordinarios de los distintos actores implicados.
Los actores de la Cooperación Española involucrados en este MA deberán dedicar esfuerzos para que la mayor parte de sus presupuestos destinados a República Dominicana estén alineados con los objetivos acordados junto con el país y se centren en los resultados de desarrollo e intermedios acordados y reflejados en el presente MA y las futuras revisiones que puedan darse.
Se estima que la AOD española para el periodo 2025-2029 dedicada a República Dominicana se situará en torno a los 40 millones de euros de AOD no reembolsable además en torno a unos 66 millones de euros de AOD reembolsable.
A continuación, se hace un ejercicio de reparto de la AOD española (en millones de euros) para el periodo 2025-2029. Este reparto es orientativo y, al trabajar desde un enfoque integral y multisectorial, el reparto por Resultados de Desarrollo no deja de ser una distribución aproximada, ya que todas las intervenciones contribuyen a varios ODS a la vez, de manera simultánea y/o complementaria.
3.4 Riesgos.
Riesgos medioambientales.
La República Dominicana enfrenta una alta vulnerabilidad ante el cambio climático debido a su condición de Estado insular en desarrollo, lo que la expone significativamente a fenómenos como huracanes, sequías, erosión costera y terremotos. Estos factores afectan no solo la biodiversidad y los recursos naturales, sino también sectores clave como la seguridad alimentaria, la gestión del agua y el saneamiento, y el desarrollo económico. En este contexto, reforzar la resiliencia climática y fortalecer las capacidades de adaptación son áreas de trabajo altamente pertinentes.
En el marco del presente MA entre República Dominicana y España, se promoverá un enfoque integral de gestión de riesgos, prevención, mitigación y adaptación climática, incorporando criterios de resiliencia en todas las intervenciones. Se fomentará la planificación territorial sostenible, el fortalecimiento de capacidades en la gestión de desastres naturales y la mejora de los sistemas de alerta temprana, asegurando una respuesta más eficaz ante fenómenos climáticos extremos. La cooperación buscará apoyar la modernización y expansión de estos sistemas, mejorando su capacidad de monitoreo, coordinación y acceso a la información, con especial atención a las comunidades más expuestas a desastres.
Asimismo, se explorarán nuevas oportunidades de colaboración con organismos multilaterales y agencias especializadas, alineando los esfuerzos con las prioridades nacionales en mitigación y adaptación. Esto podrá incluir, entre otros ejes, el fortalecimiento de las infraestructuras resilientes y la promoción de prácticas agrícolas sostenibles.
Riesgos económicos.
La economía de la República Dominicana exhibe una notable resiliencia y un crecimiento sostenido en los últimos años. Sin embargo, enfrenta riesgos económicos que requieren atención para mantener la estabilidad financiera y fiscal del país.
En materia de dependencia de sectores clave, el turismo y la exportación de productos agrícolas son pilares fundamentales de la economía dominicana. Esta concentración hace que el país sea susceptible a fluctuaciones en el mercado global, como cambios en la demanda internacional o variaciones en los precios de las materias primas. Eventos adversos en estos sectores podrían impactar negativamente el crecimiento económico y los ingresos fiscales (FMI, 2024).
En relación con la deuda pública y la sostenibilidad fiscal, según el Fondo Monetario Internacional (FMI), la deuda del sector público consolidado se situó en un 59,3 % del PIB en 2023. Aunque ha habido esfuerzos por mantenerla en niveles manejables, es esencial continuar con políticas fiscales prudentes para evitar un endeudamiento excesivo que pueda comprometer la estabilidad económica a largo plazo.
La inflación ha mostrado una tendencia a la baja, alcanzando un 3,6 % en 2023, dentro del rango meta establecido por las autoridades monetarias. No obstante, la economía dominicana sigue siendo vulnerable a choques externos, como aumentos en los precios internacionales de los combustibles y alimentos, que podrían presionar al alza los precios internos.
El FMI ha destacado la resiliencia y adecuada capitalización del sistema financiero dominicano. Sin embargo, es fundamental continuar fortaleciendo la supervisión financiera y la gestión de riesgos para prevenir posibles vulnerabilidades que puedan surgir en el futuro. La implementación de programas que refuercen la supervisión basada en riesgos contribuirá a mantener la confianza en el sistema financiero y a salvaguardar la estabilidad económica (Superintendencia de Bancos, 2024).
La ubicación geográfica de la República Dominicana la hace propensa a fenómenos naturales como huracanes y terremotos, que pueden tener un impacto significativo en las finanzas públicas debido a los costos de reconstrucción y asistencia, siendo por tanto importante que existan mecanismos de financiamiento y estrategias de mitigación que permitan al país enfrentar eficazmente estos eventos y minimizar su impacto económico (DIGEPRES, 2024).
Riesgos sociales.
La República Dominicana enfrenta varios riesgos sociales que pueden afectar su desarrollo sostenible y la cohesión social, como la desigualdad social y territorial, la exclusión de grupos vulnerables de la población dominicana, la violencia de género y la inseguridad.
Uno de los principales riesgos es la desigualdad en el desarrollo humano entre regiones. Mientras que el Distrito Nacional y Santo Domingo presentan los índices más altos, otras regiones como Yuma y Enriquillo tienen los niveles más bajos, con un acceso limitado a servicios básicos y oportunidades económicas. Esta brecha territorial se traduce en disparidades en educación, salud e infraestructura, dificultando el acceso equitativo a los derechos fundamentales.
La violencia basada en género sigue siendo un problema grave en el país. La tasa de feminicidios y de violencia contra las mujeres sigue siendo elevada, lo que hace esencial continuar fortaleciendo los servicios de atención y protección, así como las estrategias de prevención y educación en igualdad. En paralelo, el embarazo adolescente afecta a cerca de una de cada cuatro embarazos, limitando sus oportunidades de desarrollo y contribuyendo a la perpetuación de la pobreza.
Finalmente, el acceso a la justicia sigue siendo desafío prioritario. La cooperación española ha apoyado el fortalecimiento institucional en el sector justicia, promoviendo el acceso a derechos y la modernización de los sistemas de protección. Sin embargo, se requiere un enfoque integral para mejorar la gobernanza y garantizar una mayor protección a las personas en situación de vulnerabilidad.
4. Seguimiento, evaluación y rendición de cuentas
El Marco de Resultados del MA 2025-2029 se plantea como plenamente alineado con las estrategias y planes de desarrollo del Gobierno de República Dominicana. Dicho Marco de Resultados valida este alineamiento, lo que contribuye a una mayor apropiación por parte de las instituciones dominicanas y facilita la armonización con los demás socios de la Cooperación Española, en particular la Unión Europea, cuyo Programa Indicativo Plurianual 2021-2027 también integra estas estrategias. Todo ello se inscribe en el compromiso de la Cooperación Española con los principios de eficacia de la ayuda establecidos en la Declaración de París, la Agenda de Acción de Accra y la Alianza de Busan.
4.1 Seguimiento.
El seguimiento del MA tiene como objetivo garantizar que la Cooperación Española contribuya de manera efectiva al desarrollo del país, y en concreto al PNPSP. Para ello, se realizará un monitoreo continuo del grado de avance en el logro de los Resultados de Desarrollo e Intermedios contenidos en el MA, así como de los factores clave que incidan en su ejecución, y se medirá de forma permanente su contribución a los indicadores establecidos en el PNPSP.
En relación con lo anterior, se presentará el cronograma de las convocatorias, de manera que facilite la formulación de propuestas con el acompañamiento correspondiente, garantizando iniciativas robustas asegurando la inclusión de los requerimientos establecidos en el MA y en el PNPSP.
El seguimiento se abordará desde dos niveles:
1. Seguimiento técnico: centrado en el análisis de los resultados intermedios de la Cooperación Española mediante la medición de los indicadores definidos en la Matriz de Seguimiento de Resultados (MSR). Para asegurar un seguimiento eficaz, se identificarán intervenciones clave a monitorear con especial atención, utilizando tres criterios:
– Impacto en el desarrollo del país.
– Monto financiero de la intervención.
– Importancia política o estratégica.
Para que el proceso de seguimiento sea efectivo, es necesario que:
– Se garantice que los indicadores definidos sean medibles y que los datos recogidos sean de calidad y consistentes.
– Se establezca un sistema de seguimiento realista y bien definido, con procesos claros para la recolección, desagregación por sexos y edades, y análisis de datos. Estos aspectos se detallarán en una ficha para cada indicador.
– Se sensibilice a los actores involucrados sobre la importancia de la recolección y aportación de información en los plazos previstos.
– En la formulación de los proyectos se incluirá la medición de los indicadores, así como la contribución del proyecto al avance de los indicadores del PNPSP.
La parte técnica del seguimiento del MA incluirá:
– Contextualización de la situación del país y de la cooperación bilateral.
– Descripción de los actores participantes y sus roles en el seguimiento.
– Evaluación de los avances en los resultados intermedios y de desarrollo.
– Valoración de la eficacia y calidad de la implementación, dificultades encontradas y medidas correctoras adoptadas.
– Análisis del enfoque de transversalidad (género, medioambiente, derechos humanos, etc.).
– Valoración de la gestión interna y del posicionamiento de actores clave.
Además, se incluirán como anexos:
– Marco de Resultados del MA, con la tabla de agregación de datos e indicadores.
– Tabla de intervenciones del MA.
– Matriz de Seguimiento de Alianzas.
– Marco de Indicadores del PNPSP.
2. Seguimiento estratégico:
Se elaborará en coordinación con la Comisión de Seguimiento del MA y proporcionará una visión general de la contribución de la Cooperación Española al desarrollo del país.
Se incluirá una evaluación del avance global del MA, identificación de problemas y medidas correctoras, así como una revisión de los resultados alcanzados.
Se preverán mecanismos de ajuste o adaptación en caso de cambios relevantes en el contexto político, económico o social del país.
Proceso de seguimiento del MA y elaboración del informe de seguimiento:
El seguimiento del MA sigue una serie de hitos que garantizan su correcta implementación:
– Se inicia con la información al Equipo-País de la Cooperación Española, solicitando a los actores involucrados el envío de datos actualizados sobre sus intervenciones.
– La OCE elabora el informe de seguimiento a partir de esta información y lo remite a la Subdirección Geográfica y la Subdirección de Estrategia, Seguimiento y Calidad para su revisión inicial.
– La Subdirección Geográfica convoca una reunión con la OCE, la Subdirección de Estrategia, Seguimiento y Calidad y DGPOLDES para discutir el informe.
– Tras recibir el visto bueno de la sede de AECID, la OCE realiza los ajustes y remite el informe a los interlocutores institucionales del país socio.
– La OCE finaliza los ajustes y envía el informe final de seguimiento a la Subdirección Geográfica y a la Subdirección de Estrategia, Seguimiento y Calidad.
– La DGPOLDES remite el informe al Equipo-País Ampliado (EPA) para su conocimiento.
Dado que la elaboración del informe de seguimiento del MA implica una alta carga de trabajo para la OCE, se recomienda dimensionar adecuadamente este proceso dentro del MA. En muchos casos, puede ser necesario contratar una consultoría externa para apoyar en la recopilación y análisis de información, con el visto bueno de la Subdirección Geográfica de AECID.
Se elaborará al menos un informe de seguimiento intermedio en el tercer año del MA, que permitirá analizar los avances y corregir posibles desviaciones.
Con el objetivo de mejorar la eficacia e impacto de las intervenciones, y un mejor seguimiento de estas, se propone enmarcarlas, en la medida de lo posible, en programas que operen como estrategias temáticas, estableciendo un vínculo estructurado entre los resultados de desarrollo intermedios y la cartera de proyectos.
Para ello, se propone la creación de un Comité de Seguimiento integrado por el Viceministerio de Cooperación Internacional (VIMICI) y la Oficina de Cooperación Española (OCE). Este comité tendrá la responsabilidad de consensuar y acompañar la cooperación bilateral directa con la administración pública dominicana, garantizando su alineación con los objetivos de desarrollo compartidos entre España y República Dominicana, y darle un seguimiento global a la ejecución del Marco de Asociación.
Considerando que la referencia de indicadores emana de los IRC, las informaciones proporcionadas por el VIMICI en los procesos de seguimiento, evaluación y monitoreo responderán al levantamiento de los datos que a la fecha estén disponibles en el SI-SINACID.
4.2 Evaluación.
El objetivo de la evaluación externa del MA es extraer aprendizajes y lecciones aprendidas para mejorar el trabajo de la Cooperación Española en la planificación del siguiente MA.
Proceso de evaluación:
– La OCE comunica a la Subdirección Geográfica la necesidad de iniciar la evaluación.
– La OECE (Oficina de Evaluación de la Cooperación Española) apoya a la OCE en la toma de decisiones sobre el tipo de evaluación más adecuado.
– Se conforma un Comité de Gestión de la Evaluación, integrado por la OCE, la Subdirección Geográfica y la OECE.
– La OCE, con el apoyo de la OECE, elabora los Términos de Referencia (TdR), que deben ser aprobados por el Comité de Gestión.
– La OECE publica los TdR y gestiona la contratación del equipo evaluador.
– Se presenta al Equipo-País de la Cooperación Española el plan de evaluación y se elabora conjuntamente la lista de informantes clave.
– Se inicia la evaluación con una reunión del Comité de Gestión y el equipo evaluador.
– El equipo evaluador presenta un informe inicial, que debe ser aprobado antes de iniciar el trabajo de campo.
– Tras el trabajo de campo, el equipo evaluador elabora el informe preliminar de evaluación, que es revisado por el Comité de Gestión.
– La OCE comparte este informe con el Equipo-País de la Cooperación Española, DGPOLDES y las unidades de la sede de AECID, además de enviarlo al gobierno del país socio.
– La OCE recoge comentarios y los traslada al equipo evaluador, que incorpora los pertinentes en la versión final del informe.
– El Comité de Gestión puede organizar reuniones de presentación de los resultados de la evaluación.
– Se establece una respuesta de gestión por parte de los actores de la Cooperación Española.
– Se define un Plan de Mejora vinculado a la planificación del siguiente MA.
– La OECE difunde la evaluación en su página web y otros portales pertinentes.
4.3 Rendición de cuentas y transparencia.
La Cooperación Española en República Dominicana, junto con las instituciones y actores nacionales, implementará medidas de comunicación y transparencia para facilitar el acceso a la información sobre la implementación del MA.
En este sentido:
La OCE y el MEPyD se encargarán de comunicar el progreso del MA a los actores involucrados y a la ciudadanía, publicando el documento aprobado, los informes bienales de seguimiento y las evaluaciones.
Se establecerán mecanismos efectivos de rendición de cuentas en el primer año de implementación del MA, garantizando la transparencia y la accesibilidad de la información a actores clave y ciudadanía.
ANEXOS
ANEXO I
Marco de resultados
| Marco de resultados | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Definido por el país asociado | Definido por la Cooperación Española (PD 2024-2027) | Marco de resultados acordado | |||
|
PNPSP (Política priorizada) |
ODS y META | Otros | Líneas de acción | Resultado de desarrollo | Resultado intermedio |
| ODS/METAS | |||||
| Institucionalidad eficiente y democrática. | ODS 16. Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas. | Meta 16.3. | Fortalecimiento de capacidades institucionales en materia de igualdad, acceso a la justicia y la promoción y protección de los derechos humanos. |
TRANSICIÓN SOCIAL. RD.1. Fortalecido el Estado Social y de Derecho. |
R1.1. Fortalecidos los sistemas nacionales de prevención, protección, persecución y acceso a la justicia de las mujeres y niñas víctimas de cualquier tipo de violencia basada en género. |
| R1.2 Impulsado el reconocimiento, ejercicio y garantía de los derechos civiles y políticos de las mujeres. | |||||
| ODS 5. Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas. | Metas 5.1 y 5.2. | Luchar contra todas las formas de violencia de género y desarrollar marcos legislativos para garantizar los derechos de mujeres, niñas y adolescentes. | |||
| R1.3 Promovido el pleno ejercicio de los DDHH mediante la veeduría social y control institucional, la exigencia de responsabilidades y el fomento de los valores democráticos y la cultural de paz; así como impulsados los derechos de las personas con discapacidad. | |||||
| Meta 17.1. | Fortalecer el desarrollo de políticas fiscales y salariales que garanticen la progresividad y protección social de la población. | ||||
| R1.4. Mejorado el sistema fiscal bajo los principios de equidad, igualdad y responsabilidad social, contribuyendo de forma directa al bienestar general y a la prosperidad de la sociedad. | |||||
| Empleo decente, formal y suficiente. | ODS 8. Promover el crecimiento económico inclusivo y sostenible, el empleo y el trabajo decente para todos. | Metas 8.5 y 8.8. | Apoyar y promover la protección efectiva de los derechos laborales para logar empleo digno y de calidad, generando entornos de trabajo seguros, e inclusivos. |
TRANSICIÓN ECONÓMICA. RD.2. Impulsado el trabajo formal y decente. |
R2.1. Promovido el trabajo formal y decente que garantice condiciones laborales dignas, el acceso a la seguridad social y el respeto a los derechos de los trabajadores/as fomentando la inclusión de una participación ciudadana equitativa e igualitaria en la aplicación y seguimiento de las iniciativas. |
| ODS 4. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. | Metas 4.3, 4.4 y 4.5. | Acceso a una educación inclusiva técnica y profesional que permita el acceso al empleo y trabajo decente. | |||
| R2.2. Fortalecida la educación técnico-profesional, inclusiva y de calidad, dirigida a la reduciendo de las brechas de género, y con especial atención a las personas con discapacidad y los grupos en situación de vulnerabilidad. | |||||
| ODS 2. Poner fin al hambre. | Metas 2.3 y 2.a. | Apoyar y fomentar sistemas de producción agropecuarios sostenibles y resilientes al cambio climático. | |||
| Sostenibilidad ambiental y cambio climático. Acceso al agua y mejora del recurso. | ODS 13. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. | Metas 13.1 y 13.2. | Gestión y construcción de resiliencia y apoyo a los esfuerzos de adaptación frente a riesgos climáticos. |
TRANSICIÓN ECOLÓGICA. RD.3. Impulsada la gestión sostenible del territorio. |
R3.1. Mejorada la adaptación al cambio climático y minimizados los impactos sobre los ecosistemas y promovidos entornos sostenibles. |
| Uso eficiente de los recursos hídricos, conservación de los ecosistemas acuáticos y prevención de riesgos asociados. | |||||
| ODS 6. Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos. | Meta 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 5.5 y 6.6. | Acceso universal y equitativo a servicios de agua potable y de calidad con enfoque de derechos. | R3.2. Promovida la Gestión integral de los recursos hídricos y de los residuos sólidos. | ||
| Fomentar sistemas de servicios básicos de saneamiento y equipos de higiene. | |||||
ANEXO I
Marco de resultados. Indicadores
| Marco de resultados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marco de resultados acordado | Marco de resultados acordado | |||||
| Resultado de desarrollo | Resultado intermedio | Zona geográfica | Indicador | Fuente de verificación | Línea de base | Meta |
|
TRANSICIÓN SOCIAL. RD.1. Fortalecido el Estado Social y de Derecho. |
R1.1. Fortalecidos los sistemas nacionales de prevención, protección, persecución y acceso a la justicia de las mujeres y niñas víctimas de cualquier tipo de violencia basada en género. |
Todo el país. |
Número de personas (titulares de obligaciones, de responsabilidades y de derechos) que han sido sensibilizadas y formadas en igualdad y equidad de género y contra todas las formas de violencia basadas en género. Número de mujeres y niñas que mejoran su acceso a la justicia en el marco de las intervenciones de la Cooperación Española. (IRC 16.4 ajustado). Número de mujeres y niñas víctimas de violencia de género que han recibido asistencia o atención (psicológica, médica, jurídica) en el marco de las intervenciones de Cooperación Española. (IRC. 5.2 ajustado). |
Informes de seguimiento de intervenciones (intermedios y finales). Informes de evaluación de intervenciones (intermedios y finales). Informes anuales internos de las instituciones implementadoras y/o canalizadoras de la AOD. Estadísticas nacionales. Informes nacionales. |
0 0 0 |
Por definir. Por definir. Por definir. |
| R1.2 Impulsado el reconocimiento, ejercicio y garantía de los derechos civiles y políticos de las mujeres. | Todo el país. |
Número de mujeres que han sido formadas en procesos de formación sobre liderazgo. Porcentaje de mujeres en cargos de elección popular (parlamento, alcaldías, gobernaciones, etc.). Número de denuncias por violencia política de género atendidas y resueltas. |
Informes de seguimiento de intervenciones (intermedios y finales). Informes de evaluación de intervenciones (intermedios y finales). Informes anuales internos de las instituciones implementadoras y/o canalizadoras de la AOD. Estadísticas nacionales. Informes nacionales. |
0 – 0 |
Por definir. Por definir. Por definir. |
|
| R1.3 Promovido el pleno ejercicio de los DDHH mediante la veeduría social y control institucional, la exigencia de responsabilidades y el fomento de los valores democráticos y la cultural de paz; así como impulsados los derechos de las personas con discapacidad. |
Todo el país. |
Número de instituciones estatales y actores no estatales especializadas en defensa de los derechos humanos y lucha contra la discriminación que han visto reforzadas sus capacidades en el marco de las intervenciones de la Cooperación Española. (IRC 16.3). Número de leyes nuevas o reformas legales en las que se ha participado. |
Informes de seguimiento de intervenciones (intermedios y finales). Informes de evaluación de intervenciones (intermedios y finales). Informes anuales internos de las instituciones implementadoras y/o canalizadoras de la AOD. Estadísticas nacionales. Informes nacionales. |
0 0 |
Por definir. Por definir. |
|
| R1.4. Mejorado el sistema fiscal bajo los principios de equidad, igualdad y responsabilidad social, contribuyendo de forma directa al bienestar general y a la prosperidad de la sociedad. |
Todo el país. |
Número de normativas, estrategias y planes que contribuyan a la mejora del sistema fiscal. |
Informes de seguimiento de intervenciones (intermedios y finales). Informes de evaluación de intervenciones (intermedios y finales). Informes anuales internos de las instituciones implementadoras y/o canalizadoras de la AOD. Estadísticas nacionales. Informes nacionales. |
0 | Por definir. | |
|
TRANSICIÓN ECONÓMICA. RD.2. Impulsado el trabajo formal y decente. |
R2.1. Promovido el trabajo formal y decente que garantice condiciones laborales dignas, el acceso a la seguridad social y el respeto a los derechos de los trabajadores/as fomentando la inclusión de una participación ciudadana equitativa e igualitaria en la aplicación y seguimiento de las iniciativas. |
Todo el país. |
Número de personas formadas, informadas o asesoradas sobre derechos laborales y seguridad y salud laboral en el marco de las intervenciones de la Cooperación Española. (IRC. 8.2). |
Informes de seguimiento de intervenciones (intermedios y finales). Informes de evaluación de intervenciones (intermedios y finales). Informes anuales internos de las instituciones implementadoras y/o canalizadoras de la AOD. Estadísticas nacionales. Informes nacionales. |
0 | Por definir. |
| R2.2. Fortalecida la educación técnico-profesional, inclusiva y de calidad, dirigida a la reduciendo de las brechas de género, y con especial atención a las personas con discapacidad y los grupos en situación de vulnerabilidad. |
Todo el país. |
Número de alumnos/as que se benefician de educación y formación técnico-profesional en el marco de las intervenciones de Cooperación Española. (IRC 4.3). |
Informes de seguimiento de intervenciones (intermedios y finales). Informes de evaluación de intervenciones (intermedios y finales). Informes anuales internos de las instituciones implementadoras y/o canalizadoras de la AOD. Estadísticas nacionales. Informes nacionales. |
0 | Por definir. | |
|
TRANSICIÓN ECOLÓGICA. RD.3. Impulsada la gestión sostenible del territorio. |
R3.1. Mejorada la adaptación al cambio climático y minimizados los impactos sobre los ecosistemas y promovidos entornos sostenibles. |
Todo el país. |
Número de normativas, estrategias y planes adoptadas o actualizadas en materia de mitigación y adaptación climática. Número de personas involucradas en medidas de reducción de riesgo de desastres en el marco de la intervención (IRC 1.1). |
Informes de seguimiento de intervenciones (intermedios y finales). Informes de evaluación de intervenciones (intermedios y finales). Informes anuales internos de las instituciones implementadoras y/o canalizadoras de la AOD. Estadísticas nacionales. Informes nacionales. |
0 0 |
Por definir Por definir. |
| R3.2. Promovida la Gestión integral de los recursos hídricos y de los residuos sólidos. |
Número de infraestructuras sostenibles construidas o mejoradas el marco de las intervenciones de la Cooperación Española. (IRC 9.2). Número de personas con acceso nuevo o mejorado a saneamiento en el marco de las intervenciones de Cooperación Española. (IRC 6.2). Numero de planes municipales o intermunicipales para la gestión integral de residuos sólidos urbanos. Número de ciudades, comunidades, organismos o instancias públicas (Titulares de Obligaciones) que implementan medidas o políticas en protección del medio ambiente, mitigación y adaptación al Cambio Climático en el marco de la intervención (IRC 11.1). |
Informes de seguimiento de intervenciones (intermedios y finales). Informes de evaluación de intervenciones (intermedios y finales). Informes anuales internos de las instituciones implementadoras y/o canalizadoras de la AOD. Estadísticas nacionales. Informes nacionales. |
0 0 0 0 |
Por definir. Por definir. Por definir. Por definir. |
||
ANEXO II
Red de alianzas
| Red de alianzas | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultado de desarrollo | Resultado intermedio | Zona geográfica | Actores de la Cooperación Española | Actores del país asociado | Actores de otros países | Actores multilaterales | Modalidades | Instrumentos | |||
| Lidera | Participa | Contribuye | |||||||||
|
TRANSICIÓN SOCIAL. RD.1. Fortalecido el Estado Social y de Derecho. |
R1.1. Fortalecidos los sistemas nacionales de prevención, protección, persecución y acceso a la justicia de las mujeres y niñas víctimas de cualquier tipo de violencia basada en género. | Todo el país. | AECID |
ONGDs españolas. Especialistas. FIAP. |
Universidades. Cooperación. descentralizada: CCAA. y EELL. Ministerio de Justicia, Ministerio de Igualdad. Agencia Tributaria. |
Procuraduría General de la República, Ministerio Publico, Ministerio de Educación, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Administración Pública, Ministerio Mujer, Ministerio Salud Pública, Congreso Nacional, ONE, Sociedad civil Ministerio de Hacienda, DGII. Ministerio de Cultura, sindicato de trabajadores del teatro, sociedad civil, TRANSSA, Comisión nacional de DDHH, OBMICA, MOSCTHA, Red iberoamericana de discapacidad, sector penitenciario. |
DUE y EEMM |
ONU Mujeres, FNUAP, UNICEF, CEPAL, OPS |
Bilaterales. Multilaterales. |
Proyectos de. ONGDs. Programas. Convenios. de ONGDs. Cooperación. Técnica. Cooperación Delegada. |
|
| R1.2 Impulsado el reconocimiento, ejercicio y garantía de los derechos civiles y políticos de las mujeres. | Todo el país. | ||||||||||
| R1.3 Promovido el pleno ejercicio de los DDHH mediante la veeduría social y control institucional, la exigencia de responsabilidades y el fomento de los valores democráticos y la cultural de paz; así como impulsados los derechos de las personas con discapacidad. | Todo el país. | ||||||||||
| R1.4. Mejorado el sistema fiscal bajo los principios de equidad, igualdad y responsabilidad social, contribuyendo de forma directa al bienestar general y a la prosperidad de la sociedad. | Todo el país. | ||||||||||
|
TRANSICIÓN ECONÓMICA. RD.2. Impulsado el trabajo formal y decente. |
R2.1. Promovido el trabajo formal y decente que garantice condiciones laborales dignas, el acceso a la seguridad social y el respeto a los derechos de los trabajadores/as fomentando la inclusión de una participación ciudadana equitativa e igualitaria en la aplicación y seguimiento de las iniciativas. | Todo el país. | AECID |
ONGDs españolas. Especialistas, FIAP. |
Universidades. Cooperación. descentralizada: CCAA. y EELL. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Ministerio de Trabajo. y Economía Social y. Ministerio de Educación. y Formación Profesional. o el Ministerio de. Igualdad. |
Ministerio de Trabajo, INFOTEP, ITSC, MESCYT, Ministerio de Cultura, MEPYD, Ministerio de Educación, Ministerio de Industria y Comercio, Ministerio de la Mujer, Ministerio de la Juventud, Gobiernos Locales, Supérate, Dirección de Educación y Formación Artística Especializada, Ministerio de Agricultura, Viceministerio de Ordenamiento y Desarrollo Territorial del MEPYD. Dirección de Fomento y Promoción de Industrias Culturales y Creativas. Universidades, Sector Empresarial, Sector Sindical, Cooperativas, Asociaciones de Productores y Productoras, Espacios de Articulación Social. |
DUE y EEMM |
FAO |
Bilaterales. Multilaterales. |
Proyectos de. ONGDs. Programas. Convenios. de ONGDs. Cooperación. Técnica. Cooperación Delegada. |
|
| R2.2. Fortalecida la educación técnico-profesional, inclusiva y de calidad, dirigida a la reduciendo de las brechas de género, y con especial atención a las personas con discapacidad y los grupos en situación de vulnerabilidad. | Todo el país. | ||||||||||
|
TRANSICIÓN ECOLÓGICA. RD.3. Impulsada la gestión sostenible del territorio. |
R3.1. Mejorada la adaptación al cambio climático y minimizados los impactos sobre los ecosistemas y promovidos entornos sostenibles. | Todo el país. | AECID |
ONGDs españolas. Especialistas. FIAP. |
Universidades. Cooperación. descentralizada: CCAA. y EELL. Ministerio para la. Transición Ecológica y. Reto Demográfico. |
Presidencia de la República, Consejo Nacional para Cambio Climático, M. de Ambiente, M. de Hacienda, MEPyD, M. de Agricultura, INAPA, INDRHI, Sociedad Civil, Academia, Sector Privado. |
DUE y EEMM |
Bilaterales. Multilaterales. |
Proyectos de. ONGDs. Programas. Convenios. de ONGDs. Cooperación. Técnica. Cooperación Delegada. Cooperación Reembolsable. |
||
| R3.2. Promovida la Gestión integral de los recursos hídricos y de los residuos sólidos. | Todo el país. | ||||||||||
ANEXO III
Matriz de riesgos
| Resultado intermedio | Riesgos identificados | Tipo de riesgo | Valoración | Valoración | Medidas de atenuación propuestas |
|---|---|---|---|---|---|
| (vinculados a Resultado Intermedio y zona geográfica) | (Político, institucional, social, económico, medioambiental) | Impacto | Probabilidad | (Sólo para riesgos con calificación ALTA en un parámetro y MEDIA o ALTA en el otro) | |
| R1.1. Fortalecidos los sistemas nacionales de prevención, protección, persecución y acceso a la justicia de las mujeres y niñas víctimas de cualquier tipo de violencia basada en género. |
Común para R2.1 y R2.2. Persistencia de la violencia basada en género y falta de acceso efectivo a la justicia para mujeres y niñas, especialmente en zonas rurales. |
Social e institucional. | ALTO | ALTA | Fortalecer los mecanismos de protección, acceso a justicia y prevención de violencia de género. |
| R1.2 Impulsado el reconocimiento, ejercicio y garantía de los derechos civiles y políticos de las mujeres. | Falta de voluntad institucional y política. Falta de articulación y armonización entre actores. Aumento de los discursos de odio, dentro de un contexto de incremento de las tendencias anti derechos. Falta de presupuesto. Ausencia de armonización estadística. | Social e institucional. | ALTO | ALTA | Fortalecer los mecanismos de seguimiento institucional, político y social. |
| R1.3 Promovido el pleno ejercicio de los DDHH mediante la veeduría social y control institucional, la exigencia de responsabilidades y el fomento de los valores democráticos y la cultural de paz; así como impulsados los derechos de las personas con discapacidad. | Desigualdades sociales y exclusión de personas vulnerables, lo que impacta en la cohesión social y el acceso equitativo a oportunidades. | Social y económico. | ALTO | MEDIA | Implementación de políticas de inclusión social y acceso equitativo a servicios básicos. |
| R1.4. Mejorado el sistema fiscal bajo los principios de equidad, igualdad y responsabilidad social, contribuyendo de forma directa al bienestar general y a la prosperidad de la sociedad. | Falta de voluntad institucional y política. Falta de articulación y armonización entre actores Desigualdades sociales. Evolución económica desfavorable. | Social, institucional y económico. | ALTO | MEDIA | Implementación de políticas equitativas. Fortalecer los mecanismos de seguimiento institucional, político y social. |
| R2.1. Promovido el trabajo formal y decente que garantice condiciones laborales dignas, el acceso a la seguridad social y el respeto a los derechos de los trabajadores/as fomentando la inclusión de una participación ciudadana equitativa e igualitaria en la aplicación y seguimiento de las iniciativas. |
Común para R1.1 y R1.3. Alta informalidad laboral y baja cobertura de seguridad social, lo que limita el acceso de trabajadores/as a derechos fundamentales y afecta la estabilidad del empleo en zonas urbanas y rurales. |
Económico y social. | ALTO | ALTA | Fortalecer marcos normativos y programas de formalización laboral, con enfoque territorial diferenciado. |
| R2.2. Fortalecida la educación técnico-profesional, inclusiva y de calidad, dirigida a la reduciendo de las brechas de género, y con especial atención a las personas con discapacidad y los grupos en situación de vulnerabilidad. | Desajuste entre oferta formativa y demanda del mercado laboral, lo que dificulta la inserción laboral de jóvenes y población en situación de vulnerabilidad. | Institucional y económico. | MEDIO | MEDIA | Adaptar currículos a necesidades productivas y fortalecer alianzas público-privadas. |
| R3.1. Mejorada la adaptación al cambio climático y minimizados los impactos sobre los ecosistemas y promovidos entornos sostenibles. |
Alta vulnerabilidad ante el cambio climático, huracanes, sequías y erosión costera, con impactos en la seguridad alimentaria y el acceso al agua. Débil capacidad de respuesta ante emergencias y falta de sistemas de alerta temprana, lo que incrementa el impacto de fenómenos climáticos extremos. |
Institucional y medioambiental. | ALTO | ALTA |
Desarrollo de infraestructuras resilientes y fortalecimiento de estrategias de adaptación climática. Modernización y expansión de los sistemas de alerta temprana y planificación territorial resiliente. |
| R3.2. Promovida la Gestión integral de los recursos hídricos y de los residuos sólidos. | Infraestructura insuficiente en saneamiento y gestión de residuos, lo que agrava la contaminación y afecta la salud pública. | Económico y medioambiental. | MEDIO | MEDIA | Inversiones en infraestructura de saneamiento y promoción de prácticas sostenibles en gestión de residuos. |
* * *
El presente Acuerdo Internacional Administrativo entró en vigor el 14 de mayo de 2025, fecha de su firma.
Madrid, 11 de junio de 2025.–La Secretaria General Técnica, Rosa Velázquez Álvarez.