Real Decreto 608/2026, de 22 de julio, por el que se regula la concesión directa por el Servicio Público de Empleo Estatal, O.A., de subvenciones a corporaciones locales para financiar la contratación de personas desempleadas en labores de reconstrucción de las zonas dañadas por diversos fenómenos meteorológicos adversos, de especial afectación en municipios de las comunidades autónomas de Andalucía y Extremadura.

El Real Decreto-ley 5/2026, de 17 de febrero, por el que se adoptan medidas urgentes en respuesta a los daños causados por diversos fenómenos meteorológicos adversos, de especial afectación en las comunidades autónomas de Andalucía y Extremadura, dispone en su artículo 35.1 que, para afrontar las labores de reconstrucción de las zonas dañadas en los municipios afectados que se determinen, se autoriza al Gobierno para aprobar un real decreto para la concesión directa por el Servicio Público de Empleo Estatal, O.A., de subvenciones destinadas a financiar con cincuenta millones de euros la contratación por las respectivas corporaciones locales de personas desempleadas en el marco del programa de inserción laboral a través de obras o servicios de interés general y social, regulado en los artículos 41 a 46 del Real Decreto 818/2021, de 28 de septiembre, por el que se regulan los programas comunes de activación para el empleo del Sistema Nacional de Empleo.

Conforme a lo previsto en el artículo 35.2 del citado real decreto-ley, la financiación a que se refiere el párrafo anterior cubrirá los costes salariales de las personas trabajadoras según las cuantías previstas en los correspondientes convenios colectivos o normas laborales de aplicación, así como la cuota empresarial a la Seguridad Social y por los conceptos de recaudación conjunta (desempleo, formación profesional y Fondo de Garantía Salarial).

La concesión directa de las subvenciones previstas en este real decreto se realizará conforme a lo dispuesto en los artículos 22.2.c) y 28 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, así como en el artículo 67 de su Reglamento, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, que permiten, con carácter excepcional, conceder de forma directa subvenciones cuando se acrediten, como sucede en este caso, razones de interés público, social, económico o humanitario que dificulten su convocatoria pública.

Las razones que acreditan el interés público, social y económico de la concesión directa de estas subvenciones son, en primer lugar, la necesidad urgente de contribuir a la necesaria reconstrucción y recuperación de las zonas dañadas mediante la ejecución de obras y servicios de interés general y social, lo que, por ende, contribuirá a la normalización del desarrollo de la actividad socio-económica en los municipios afectados, a la vez que incide en la ocupación de las personas desempleadas que sean contratadas para la ejecución de tales obras y servicios.

En segundo lugar, la aplicación del régimen de concesión directa a las subvenciones públicas previstas en este real decreto se justifica por la circunstancia de que las corporaciones locales destinatarias de las mismas han sido previamente determinadas por la Comisión de Evaluación prevista en el artículo 7.2 del Real Decreto-ley 5/2026, de 17 de febrero, mediante Resolución de 20 de marzo de 2026, de la Secretaría de Estado de Política Territorial, por la que se determinan los municipios y, en su caso, zonas de los municipios afectados, conforme al artículo 7.2 del Real Decreto-ley 5/2026, de 17 de febrero, por el que se adoptan medidas urgentes en respuesta a los daños causados por diversos fenómenos meteorológicos adversos, de especial afectación en las comunidades autónomas de Andalucía y Extremadura. Una determinación en la que se ha tenido en cuenta la magnitud de daños provocados por la catástrofe sobre las infraestructuras, equipamientos o instalaciones y servicios de las entidades locales afectadas; la existencia de una situación financiera que ponga en riesgo su capacidad para hacer frente a su reconstrucción; o que se haya producido su evacuación.

En tercer lugar, aunque se garantiza el acceso a las subvenciones de todas las corporaciones locales a que se refiere el párrafo anterior, este real decreto establece unos criterios públicos y objetivos para su asignación individualizada. A este respecto, en el anexo I se fijan unas cuantías máximas de subvención por cada municipio afectado: por un lado, se establece una cuantía garantizada que resulta de sumar a una financiación mínima de 11.124 euros por corporación local la cantidad resultante de distribuir el resto del presupuesto disponible de 50 millones de euros teniendo en cuenta tres factores: la población, el paro registrado y el coste de los daños de cada uno de los municipios afectados según el listado elaborado por la Comisión de Evaluación, antes citada; por otro lado, se prevé una cuantía adicional para el supuesto de que lo solicitado como subvención garantizada sea inferior al presupuesto disponible indicado, en cuyo caso los fondos sobrantes se asignarán hasta su agotamiento, por orden de entrada de las respectivas solicitudes. Además, para la determinación de la cuantía final de subvención, se toman en consideración aspectos como el número de contratos, su duración y el tipo de jornada que se estima realizar.

Por todo ello, y por la autorización dada al Gobierno por el Real Decreto-ley 5/2026, de 17 de febrero, se procede a regular la concesión directa de tales subvenciones según lo previsto en el artículo 28.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, que dispone que las normas especiales reguladoras de las subvenciones previstas en el artículo 22.2.c) de la citada ley deberán ser aprobadas por real decreto, a propuesta de la persona titular del Ministerio de Trabajo y Economía Social y previo informe del Ministerio de Hacienda.

El real decreto se estructura en diecisiete artículos, tres disposiciones finales y dos anexos.

En el articulado se define el objeto de las subvenciones (artículo 1) y su finalidad (artículo 2); se establece el ámbito de aplicación del real decreto (artículo 3); se prevé el régimen jurídico aplicable a la concesión de las subvenciones (artículo 4); se aborda la financiación de las subvenciones (artículo 5); se establecen las entidades beneficiarias (artículo 6); se regulan los criterios para la determinación de la cuantía de las subvenciones (artículo 7); se establece quiénes podrán ser personas destinatarias finales, los criterios de selección y el tipo de contrato a utilizar (artículo 8); se hace referencia a los requisitos de las entidades beneficiarias (artículo 9); se determinan las obligaciones de las mismas (artículo 10); se regula el procedimiento de concesión directa de las subvenciones (artículo 11); se regula la resolución, instrucción y pago de la subvención (artículo 12), así como la modificación de la resolución (artículo 13) y el régimen de justificación de la aplicación dada a las subvenciones (artículo 14); se prevé el reintegro de las subvenciones (artículo 15); el régimen de publicidad aplicable (artículo 16); y, finalmente, el régimen sancionador (artículo 17).

Por su parte, las disposiciones finales abordan los títulos competenciales a cuyo amparo se dicta este real decreto, la habilitación normativa y la fijación de su entrada en vigor.

Asimismo, el real decreto contiene dos anexos, en el anexo I figuran las cuantías máximas de subvención por corporación local y en el anexo II se recoge el modelo de solicitud que, entre otra información requerida, contendrá una relación de los contratos a realizar con la subvención garantizada y, en su caso, con la cuantía adicional solicitada, así como la declaración responsable de cumplir con las condiciones de acceso a la subvención.

Las subvenciones que se regulan en este real decreto no tienen carácter de ayuda de Estado a los efectos de la aplicación de los artículos 107 a 109 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

En la elaboración de este real decreto se han observado los principios de buena regulación previstos en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Así, se cumple con los principios de necesidad y eficacia, al estar justificada la norma por razones de interés general, basarse en una identificación clara de los fines perseguidos y resultar el instrumento más adecuado para garantizar la consecución de sus objetivos.

Asimismo, se adecúa al principio de proporcionalidad, al contener la regulación imprescindible para atender las necesidades que pretende cubrir, una vez constatado que no existen otras medidas menos restrictivas de derechos o que impongan menos obligaciones a sus destinatarios; así como al principio de eficiencia, ya que la norma evita cargas administrativas innecesarias o accesorias y racionaliza, en su aplicación, la gestión de los recursos públicos.

Por otra parte, en virtud del principio de seguridad jurídica, este real decreto contempla las garantías necesarias para la adecuada ejecución de las subvenciones en ella previstas, de conformidad, en todo caso, con la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, así como con el Reglamento de la misma, aprobado mediante el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.

Finalmente, en virtud del principio de transparencia, se identifica claramente la necesidad de la regulación, así como sus objetivos, incluyéndose dicha justificación en este preámbulo. Asimismo, se ha posibilitado la participación de los potenciales destinatarios, a través del trámite de audiencia e información pública.

El real decreto se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.7.ª y 13.ª de la Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de legislación laboral, sin perjuicio de su ejecución por los órganos de las comunidades autónomas, y en materia de bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica, respectivamente.

En la evolución de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional se ha ido considerando que el 149.1.7.ª de la Constitución Española debe quedar constreñido a la relación laboral, entendida como la que media entre las personas trabajadoras por cuenta ajena y las personas, empresas o entidades empleadoras. Por ello, para completar este marco regulatorio se ha añadido la base competencial del artículo 149.1.13.ª de la Constitución Española. A este respecto, el Tribunal Constitucional, en su Sentencia 22/2014, de 13 de febrero, en el Fundamento Jurídico 4, señala que «este Tribunal ha considerado que la movilización de recursos financieros destinados a regular el mercado laboral y el pleno empleo concierne a ámbitos que no se limitan a lo que se viene entendiendo como régimen o materia laboral, aunque guarden conexión con ésta, sino que se trata de medidas que inciden en el mercado de trabajo globalmente considerado y que tienen tras de sí el respaldo competencial del artículo 149.1.13.ª de la Constitución Española (STC 95/2002, de 25 de abril, FJ 11)».

Asimismo, la citada sentencia señala que «el Estado ostenta pues, al amparo de su competencia sobre las bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica (artículo 149.1.13.ª de la Constitución Española), la facultad de adoptar medidas en materia de fomento del empleo que, en tanto no incidan en la regulación de la relación laboral, constituyen una materia distinta de la propiamente laboral a la que se refiere el artículo 149.1.7.ª de la Constitución Española» (STC 22/2014, FJ 4). En este sentido, el diseño del plan de empleo previsto en este real decreto se concibe como una herramienta necesaria para apoyar la recuperación y reconstrucción de las zonas dañadas por las inundaciones, al tiempo que promueve la contratación de personas desempleadas para contribuir a limitar su impacto negativo sobre el empleo en los municipios afectados.

Por tanto, de acuerdo con lo anterior, se considera que los títulos competenciales del artículo 149.1.7.ª y 13.ª son adecuados, otorgando suficiente amparo a este real decreto en el marco de la distribución competencial entre el Estado y las comunidades autónomas. Una consideración que, por otra parte, no ha de plantear conflictividad alguna por las siguientes razones:

En primer lugar, el ámbito de aplicación de este real decreto se circunscribe a la autorización específica dada al Gobierno por el artículo 35 del Real Decreto-ley 5/2026, de 17 de febrero, para que el Servicio Público de Empleo Estatal, O.A., distribuya la inversión aprobada (50.000.000 euros) mediante subvenciones directas a las corporaciones locales de los municipios relacionados en el anexo I de este real decreto; relación que es conforme a la determinación de zonas o municipios afectados realizada por la Comisión de Evaluación prevista en el artículo 7.2 del citado real decreto-ley.

En segundo lugar, se trata de una medida eminentemente extraordinaria adoptada en el marco de las medidas urgentes aprobadas por el Real Decreto-ley 5/2026, de 17 de febrero, en respuesta a los daños causados por diversos fenómenos meteorológicos adversos, y que cuenta con una financiación específica en los créditos del presupuesto de gastos del Servicio Público de Empleo Estatal, O.A., diferenciada, por tanto, de los fondos de empleo de ámbito nacional que se distribuyen en la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales para la financiación de las políticas activas de empleo ejecutadas por las comunidades autónomas.

En su virtud, a propuesta de la Ministra de Trabajo y Economía Social, con el informe del Ministerio de Hacienda, con la aprobación previa del Ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 21 de julio de 2026,

DISPONGO:

Artículo 1. Objeto.

Este real decreto tiene por objeto regular la concesión por el Servicio Público de Empleo Estatal, O.A., de subvenciones directas a las corporaciones locales de los municipios relacionados en el anexo I, destinadas a financiar las contrataciones laborales que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 35 del Real Decreto-ley 5/2026, de 17 de febrero, por el que se adoptan medidas urgentes en respuesta a los daños causados por diversos fenómenos meteorológicos adversos, de especial afectación en las comunidades autónomas de Andalucía y Extremadura, realicen con personas trabajadoras desempleadas en el marco del programa de inserción laboral a través de obras y servicios de interés general y social, previsto en los artículos 41 a 46 del Real Decreto 818/2021, de 28 de septiembre, por el que se regulan los programas comunes de activación para el empleo del Sistema Nacional de Empleo.

Artículo 2. Finalidad.

Las razones de interés público, social y económico a que se refiere el artículo 22.2.c) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y que acreditan la concesión directa de estas subvenciones, se justifican por la necesidad urgente de contribuir a la reconstrucción y recuperación de las zonas dañadas mediante la ejecución de obras y servicios de interés general y social, lo que, por ende, contribuirá a la normalización del desarrollo de la actividad socio-económica en los municipios afectados, a la vez que incide en la ocupación de las personas desempleadas que sean contratadas para la ejecución de tales obras y servicios.

Asimismo, las corporaciones locales destinatarias de las subvenciones han sido previamente determinadas por la Comisión de Evaluación prevista en el artículo 7.2 del Real Decreto-ley 5/2026, de 17 de febrero, lo que dificulta su convocatoria pública.

Artículo 3. Ámbito de aplicación.

1. El ámbito de aplicación de este real decreto se extiende a los municipios de las comunidades autónomas de Andalucía y Extremadura que figuran en el anexo I, conforme a la determinación realizada por la Comisión de Evaluación prevista en el artículo 7.2 del Real Decreto-ley 5/2026, de 17 de febrero, en función de la magnitud de daños provocados por la catástrofe sobre las infraestructuras, equipamientos o instalaciones y servicios de las entidades locales afectadas; la existencia de una situación financiera que ponga en riesgo su capacidad para hacer frente a su reconstrucción; o que se haya producido su evacuación.

2. Respecto a su ámbito temporal, darán derecho a las subvenciones previstas en este real decreto los contratos que se inicien dentro de los doce meses siguientes a la fecha de resolución de concesión de las subvenciones.

Artículo 4. Régimen jurídico aplicable.

Además de lo dispuesto en el Real Decreto-ley 5/2026, de 17 de febrero, así como en la Resolución de 20 de marzo de 2026, de la Secretaría de Estado de Política Territorial, por la que se determinan los municipios y, en su caso, zonas de los municipios afectados, conforme al artículo 7.2 del Real Decreto-ley 5/2026, de 17 de febrero, por el que se adoptan medidas urgentes en respuesta a los daños causados por diversos fenómenos meteorológicos adversos, de especial afectación en las comunidades autónomas de Andalucía y Extremadura, las subvenciones que se concedan se regirán por las disposiciones de este real decreto; por lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en el Reglamento que la desarrolla, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio; por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; así como por lo dispuesto en la Ley 3/2023, de 28 de febrero, de Empleo, y en el Real Decreto-ley 1/2023, de 10 de enero, de medidas urgentes en materia de incentivos a la contratación laboral y mejora de la protección social de las personas artistas, respecto de aquellas disposiciones generales contenidas en su capítulo I que pudieran resultar de aplicación conforme a lo previsto en su artículo 1.2.

Asimismo, en lo no previsto en este real decreto será de aplicación el Real Decreto 818/2021, de 28 de septiembre, en cuyos artículos 41 a 46 se regula el programa de inserción laboral a través de obras y servicios de interés general y social, así como las previsiones contenidas en la Orden TES/1077/2023, de 28 de septiembre, por la que se establecen, en el ámbito competencial del Servicio Público de Empleo Estatal, las bases reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas a la financiación de programas de políticas activas de empleo previstos en el Real Decreto 818/2021, de 28 de septiembre, por el que se regulan los programas comunes de activación para el empleo del Sistema Nacional de Empleo, y, en particular, aquellas previsiones de la citada orden a las que se remita este real decreto.

Artículo 5. Financiación de las subvenciones.

Las subvenciones que se concedan al amparo de este real decreto se financiarán con cargo a los créditos que, con carácter específico, estarán disponibles en el presupuesto de gastos del Servicio Público de Empleo Estatal, y, en todo caso, hasta el límite de la cuantía de 50.000.000 de euros que figura como inversión para esta medida en el artículo 35.1 del Real Decreto-ley 5/2026, de 17 de febrero.

Artículo 6. Beneficiarias.

Serán beneficiarias de las subvenciones directas reguladas por este real decreto, las corporaciones locales de los municipios que figuran en el anexo I de este real decreto, conforme a lo señalado en el artículo 3.1.

Artículo 7. Determinación de la cuantía de las subvenciones.

1. Las subvenciones a conceder se determinarán conforme a lo previsto en este artículo y en función de lo que cada corporación local solicite, conforme a las siguientes cuantías máximas, garantizada y, en su caso, adicional, que figuran en el anexo I:

a) La cuantía máxima de subvención garantizada resulta de sumar, por un lado, una financiación mínima de 11.124 euros que se garantiza a cada corporación local y, por otro, la cantidad resultante de distribuir el resto del presupuesto disponible de 50 millones de euros, indicado en el artículo 5, en proporción a la población de cada municipio en 2025 respecto a la población total de los municipios afectados, con un peso relativo del 25 por ciento; el paro registrado de cada municipio en los servicios públicos de empleo respecto al registrado por la totalidad de los municipios afectados a 31 de marzo de 2026, con un peso relativo del 25 por ciento; y en proporción al coste de los daños sufridos por cada municipio afectado según el listado elaborado por la Comisión de Evaluación a que se refiere el segundo párrafo del artículo 2, con un peso relativo del 50 por ciento.

b) La cuantía máxima de subvención adicional que podrá solicitar cada corporación local, equivalente al veinte por ciento de la subvención garantizada, se prevé para distribuir el remanente que pudiera existir entre el presupuesto disponible, antes indicado, y el total solicitado de subvenciones garantizadas, en cuyo caso los fondos sobrantes se asignarán hasta su agotamiento, por orden de entrada de las respectivas solicitudes.

2. La cuantía final de la subvención que se conceda a cada corporación local para la financiación de los contratos que suscriban en el marco de este plan de empleo, se determinará teniendo en cuenta, además, las siguientes previsiones:

a) El número estimado de contratos que se vayan a iniciar dentro del período subvencionable de doce meses previsto en el artículo 3.2.

b) La duración de cada contrato tendrá una duración mínima de tres meses y máxima seis. En caso de que alguno de los contratos finalice con antelación a la duración acordada, se podrá celebrar un nuevo contrato, que tendrá carácter de subvencionable, con otra persona trabajadora desempleada por el mes o los meses completos que restasen de vigencia al contrato previo. No obstante, la subvención final de cada contrato se justificará y liquidará en función de su duración real, computándose por días el mes de contrato que no se haya completado y a razón de treinta días el mes completo. En todo caso, el período subvencionado por cada persona trabajadora contratada nunca podrá superar al de la duración del contrato pactada en el momento de su firma.

c) La jornada de los contratos, que podrá ser a tiempo completo o a tiempo parcial. En este último supuesto, se estará a lo dispuesto en el artículo 20.3 de la Orden 1077/2023, de 28 de septiembre, sin que, en ningún caso, la duración de la jornada en los contratos subvencionados pueda ser inferior al cincuenta por ciento de la jornada a tiempo completo de una persona trabajadora comparable.

d) La financiación de los costes salariales de las personas trabajadoras contratadas, incluida la cotización empresarial a la Seguridad Social, y por los conceptos de recaudación conjunta (desempleo, formación profesional y Fondo de Garantía Salarial). Para la determinación de tales costes se tendrá en cuenta el salario que corresponda a la persona trabajadora según el convenio o la normativa laboral de aplicación, incluida la parte proporcional de dos pagas extraordinarias más las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social y por los conceptos de recaudación conjunta, anteriormente señalados.

Artículo 8. Personas destinatarias de los contratos, criterios de selección y tipo de contrato.

1. Las personas destinatarias finales de las contrataciones subvencionadas serán las personas trabajadoras desempleadas que figurasen como demandantes de empleo en los registros de los servicios públicos de empleo.

2. La preselección o selección de las personas destinatarias se realizará por cualquiera de las siguientes vías: conforme a los procedimientos establecidos para la gestión de ofertas en el marco de la cartera común de servicios del Sistema Nacional de Empleo, a través del Portal Único de Empleo «Empléate» o por cualquier otra vía que pueda utilizar la corporación local beneficiaria para agilizar la contratación de las personas trabajadoras.

Se utilizarán como criterios preferentes para la citada preselección o selección, los siguientes:

a) Para los puestos ofertados que requieran de alguna cualificación, se favorecerá la primera experiencia profesional y, en igualdad de condiciones, se tendrá en cuenta la antigüedad en la inscripción de la demanda.

b) Para los puestos que no requieran cualificación alguna se dará preferencia a los jóvenes menores de 30 años con baja cualificación y a las personas mayores de 52 años; y, en igualdad de condiciones, se tendrá en cuenta la antigüedad en la inscripción de la demanda.

A efectos de lo establecido en el párrafo anterior, se considerarán personas jóvenes con baja cualificación aquellas que no hayan alcanzado los estudios correspondientes al título de Bachillerato o Ciclo Formativo de Grado Medio del sistema de Formación Profesional.

3. El tipo de contrato laboral a utilizar será el del contrato vinculado a programas de activación para el empleo, regulado en la disposición adicional novena de la Ley 3/2023, de 28 de febrero. A efectos de su seguimiento y trazabilidad, las corporaciones locales beneficiarias deberán identificar los contratos que suscriban al amparo de este real decreto, además de con el código previsto para ellos, con la referencia específica que en el propio modelo de contrato determine el Servicio Público de Empleo Estatal, O.A.

4. En todo caso, con los contratos subvencionados no se podrán cubrir puestos de estructura incluidos en la plantilla o relación de puestos de trabajo de las corporaciones locales beneficiarias, por lo que no será de aplicación la normativa establecida para los procedimientos de selección de personal de las distintas administraciones públicas, conforme a lo establecido en el artículo 4.4 del Real Decreto 818/2021, de 28 de septiembre. No obstante, los procesos de selección deberán observar los principios de igualdad, mérito y capacidad previstos en la disposición adicional novena de la Ley 3/2023, de 28 de febrero, a que se refiere el apartado anterior.

Artículo 9. Requisitos para obtener la condición de entidades beneficiarias.

1. Para ser beneficiarias de las subvenciones previstas en este real decreto, las corporaciones locales deberán solicitar la subvención teniendo en cuenta el procedimiento de concesión establecido en el artículo 11 y las cuantías máximas de las subvenciones asignadas a cada municipio en el anexo I.

2. Con carácter general, no podrán obtener la condición de beneficiarias las corporaciones locales en quienes concurra alguna de las circunstancias contempladas en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre; y, en particular:

a) Haber sido inhabilitadas para obtener subvenciones públicas, de acuerdo con el artículo 33.7.f) de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.

b) Haber sido excluidas del acceso a subvenciones públicas derivadas de la aplicación de programas de empleo por la comisión de infracciones graves o muy graves no prescritas, de conformidad con los artículos 62 y 63 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y los artículos 46 y 46 bis del texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto.

c) No hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias o frente a la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, así como no hallarse al corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones.

Artículo 10. Obligaciones de las entidades beneficiarias.

Las corporaciones locales beneficiarias deberán cumplir las obligaciones recogidas en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en los artículos concordantes de su reglamento de desarrollo, así como las demás que se establezcan en este real decreto.

Asimismo, deberán cumplir las obligaciones previstas en el artículo 7 de la Orden TES/1077/2023, de 28 de septiembre, que resulten de aplicación, además de la obligación de someterse, durante o después de la realización de la actividad subvencionada, a las actuaciones de comprobación del Servicio Público de Empleo Estatal, O.A., y, en su caso, del Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social y de los demás órganos de control competentes para ello; en particular, estarán sometidas a las actuaciones de control financiero que correspondan, en su caso, a la Intervención General de la Administración General del Estado y a las previstas en la legislación del Tribunal de Cuentas.

Artículo 11. Procedimiento de concesión.

1. El procedimiento de concesión de las subvenciones será el de concesión directa, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 22.2.c) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

2. Las solicitudes de subvención se dirigirán a la Dirección General del Servicio Público de Empleo Estatal, O.A., en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de publicación de este real decreto en el «Boletín Oficial del Estado», de acuerdo con las normas de cómputo que establece el artículo 30 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. Las solicitudes presentadas fuera del plazo indicado serán inadmitidas.

La presentación de las solicitudes se realizará mediante un formulario electrónico, conforme al modelo previsto en el anexo II, al que se accederá desde la sede electrónica del referido organismo público.

En todo caso, en la solicitud se indicará la cuantía de la subvención solicitada, sin que pueda presentarse más de una solicitud por corporación local interesada, ni superar las cuantías máximas que figuran en el anexo I para cada uno de los municipios, así como los datos de la cuenta donde abonarla, cuya titularidad se acreditará por la corporación local solicitante mediante certificación bancaria.

Asimismo, en la solicitud se indicará el número estimado de contratos que se vayan a iniciar dentro del período de doce meses previsto en el artículo 3.2, diferenciándose en dicha solicitud los que serán objeto de financiación con la subvención garantizada prevista en el artículo 7.1.a) y los que, en su caso, se pretendan financiar con la subvención adicional a que se refiere el artículo 7.1.b), con indicación del boletín oficial y fecha de publicación del convenio colectivo o norma laboral de aplicación, de los grupos de cotización de las personas a contratar, el coste a subvencionar por cada contrato y mes, según las cuantías que resulten de lo previsto en el artículo 7.2, así como su duración, que será de tres a seis meses, el tipo de jornada a realizar y, en su caso, coeficiente de parcialidad.

3. La solicitud deberá ir acompañada de una memoria explicativa en la que, conforme a los requisitos previstos en el artículo 43 del Real Decreto 818/2021, de 28 de septiembre, se describan las obras y servicios a ejecutar para la recuperación y reconstrucción de las zonas dañadas por los fenómenos meteorológicos adversos, los objetivos a lograr con dicha ejecución, las actuaciones concretas a realizar y el número de puestos que requieran de alguna cualificación, con indicación de la misma. Esta memoria podrá ir acompañada de un reportaje fotográfico de las zonas que vayan a ser objeto de actuación.

Todo ello sin perjuicio de la posterior obligación de la corporación local beneficiaria de comunicar al Servicio Público de Empleo Estatal, O.A., el inicio y finalización de las obras y servicios acometidos para la recuperación y reconstrucción de las zonas dañadas, así como de los contratos suscritos para su ejecución que sean objeto de subvención.

4. La solicitud contendrá una declaración responsable de la corporación local solicitante sobre el cumplimiento de los requisitos necesarios para obtener la condición de beneficiaria, ello sin perjuicio de la posibilidad de que el Servicio Público de Empleo Estatal, O.A., consulte los sistemas de información correspondientes para verificar el cumplimiento de dichas condiciones. Esta comprobación podrá realizarse con anterioridad o posterioridad a la concesión de la subvención. En caso de detectarse el incumplimiento de alguna condición procederá la denegación o, en su caso, la exigencia de reintegro.

En particular, respecto a la acreditación del requisito de estar al corriente de obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, la entidad beneficiaria deberá acompañar a la misma las certificaciones emitidas por la Agencia Tributaria y la Tesorería General de la Seguridad Social, respectivamente.

Asimismo, deberán presentar una declaración responsable, según modelo publicado en sede electrónica, de no ser deudora por resolución de procedencia de reintegro de subvenciones, a efectos de lo dispuesto en el artículo 25 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, y que dicha entidad no está incursa en ninguna de las prohibiciones previstas en el artículo 13.2, con excepción de la letra e), de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, a efectos de lo dispuesto en el artículo 23 del reglamento, antes citado.

5. En caso de defectos en la solicitud se requerirá a la corporación local solicitante para que en el plazo máximo de diez días hábiles subsane la falta o realice las aclaraciones oportunas, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistida de su petición, de conformidad con lo establecido en el artículo 68.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

Artículo 12. Resolución, instrucción y pago de las subvenciones.

1. Las solicitudes se instruirán por orden de presentación. El órgano instructor será la Subdirección General de Políticas Activas de Empleo del Servicio Público de Empleo Estatal, O.A., que realizará de oficio cuantas actuaciones estime necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos y el cumplimiento del resto de requisitos exigidos.

El órgano instructor verificará el cumplimiento, en el momento de presentación de la solicitud, de las condiciones y requisitos impuestos para adquirir la condición de beneficiario de la subvención, incluyendo las circunstancias establecidas en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, condiciones y requisitos que deben mantenerse hasta dictarse la resolución de concesión.

El órgano instructor, a la vista del expediente, formulará la propuesta de resolución, de acuerdo con el procedimiento establecido en el artículo 24 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

2. El órgano competente para resolver la concesión de subvenciones será la persona titular de la Dirección General del Servicio Público de Empleo Estatal, O.A., que notificará la resolución de concesión o denegación de la subvención solicitada en el plazo de cuatro meses contados a partir de la entrada en vigor del real decreto. Una vez transcurrido dicho plazo sin haberse notificado resolución expresa, la solicitud podrá entenderse desestimada, conforme a lo previsto en el artículo 25.5 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

3. La resolución de concesión de las subvenciones no agota la vía administrativa, de conformidad con lo establecido en el artículo 82.Uno.4.a) de la Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, por lo que podrá ser recurrida en alzada, en el plazo de un mes a contar a partir del día siguiente al de su notificación, ante la persona titular del Ministerio de Trabajo y Economía Social, en los términos recogidos en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

4. Si la resolución es de concesión, se anticipará el cien por ciento del importe de la subvención y el pago se realizará a la cuenta bancaria indicada por la corporación local beneficiaria en su solicitud. En todo caso, dicho pago quedará condicionado a que resulte acreditado que la corporación local se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, salvo que se acredite que las deudas se encuentran aplazadas, fraccionadas o cuando se hubiese acordado su suspensión. No podrá realizarse el pago de la subvención cuando la citada corporación local sea deudora por resolución firme de procedencia de reintegro. No procederá la constitución de garantías a favor de la administración concedente.

Artículo 13. Modificación de la resolución.

1. Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de las subvenciones y la obtención concurrente de subvenciones o ayudas para la misma finalidad, procedentes de cualquier Administración Pública o ente público o privado, nacional, de la Unión Europea o de organismos internacionales, podrá dar lugar a la modificación de la resolución de concesión, de acuerdo con lo previsto en el artículo 19.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

2. Una vez recaída la resolución de concesión, la corporación local beneficiaria podrá solicitar, de forma motivada y con carácter excepcional, la modificación de la misma, salvo que por la naturaleza de la actuación que motiva dicha concesión no quepa modificación alguna. La solicitud de modificación deberá fundamentarse en circunstancias sobrevenidas tras la resolución y durante el plazo de ejecución de la actividad subvencionada para cada corporación local beneficiaria y formalizarse con carácter inmediato a su acaecimiento y, en todo caso, antes de la finalización del citado plazo de ejecución. A estos efectos, podrán considerarse las siguientes circunstancias:

a) Circunstancias sobrevenidas, difíciles de prever en el momento de la presentación de la solicitud, que determinen variaciones no superiores a un cincuenta por ciento en las características, duración o cualquier otra obligación cuyo cumplimiento se someta a plazo en la resolución de concesión de la subvención.

b) Circunstancias sobrevenidas que determinen la necesidad de que la corporación local beneficiaria modifique las características técnicas o económicas o, en su caso, la distribución entre la tipología de gastos de la actuación o proyecto inicialmente aprobado.

En todo caso, la modificación solo podrá autorizarse siempre que no dañe derechos de terceros, no suponga incremento de la subvención y no se varíe el destino y finalidad de la subvención.

3. La resolución, que será acordada por la persona titular de la Dirección General del Servicio Público de Empleo Estatal, O.A, se notificará en un plazo máximo de dos meses a contar desde la fecha de presentación de la solicitud en el propio registro del SEPE, a través de su sede electrónica.

Transcurrido el plazo máximo establecido sin que se haya dictado y notificado resolución expresa, se entenderá desestimada por silencio administrativo la solicitud, de acuerdo con lo previsto en el artículo 25.5 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. Esta resolución no pondrá fin a la vía administrativa y frente a la misma cabrá la interposición de recurso de alzada ante la persona titular del Ministerio de Trabajo y Economía Social, en los términos recogidos en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Artículo 14. Justificación de las subvenciones.

1. Las corporaciones locales beneficiarias deberán justificar la ejecución de las obras y servicios de interés general y social inherentes a las labores de recuperación y reconstrucción de las zonas dañadas y la realización de los contratos suscritos con personas trabajadoras desempleadas para acometer dichas labores, así como los costes salariales, incluida la cotización empresarial a la Seguridad Social y por todos los conceptos de recaudación conjunta, derivados de la realización de tales contratos, sin perjuicio de la justificación de cualquier otra condición impuesta en el acto de concesión de la subvención.

2. La justificación anterior se realizará mediante cuenta justificativa que deberá aportarse ante la Dirección General del Servicio Público de Empleo Estatal, O.A., conforme a los formularios normalizados y las instrucciones para su cumplimentación que estarán disponibles en la sede electrónica del citado organismo, con anterioridad a que finalice el período de doce meses previsto en el artículo 3.2. El plazo para su presentación será, como máximo, de tres meses a partir del día siguiente al de la finalización del último contrato subvencionado. No obstante, la corporación local beneficiaria podrá solicitar ampliación del plazo otorgado para dicha justificación en virtud del artículo 70 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

3. Junto con la cuenta justificativa, que adoptará la forma de «Cuenta justificativa con aportación de justificantes de gastos», prevista en la subsección 1 ª de la sección 2.ª del capítulo II del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, se acompañará, al menos:

a) Una memoria explicativa de las obras y servicios de interés general y social requeridos para la recuperación y reconstrucción de las zonas afectadas por los fenómenos meteorológicos adversos y la documentación que justifique su realización, incluidos reportajes fotográficos.

b) La justificación de los salarios abonados a las personas trabajadoras contratadas y la correspondiente aportación empresarial a la Seguridad Social y por los conceptos de recaudación conjunta en cada una de las contrataciones realizadas.

c) La acreditación de haber ingresado el importe correspondiente a la diferencia entre la cantidad justificada y la recibida en concepto de anticipo, que tendrá la consideración de devolución voluntaria de acuerdo con lo establecido en el artículo 90 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

4. Cuando concurra el supuesto previsto en la disposición adicional novena del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, la documentación prevista en los apartados 2 y 3 podrá sustituirse por un certificado emitido por la corporación local beneficiaria en el que se acredite la realización de la actividad y el cumplimiento de la finalidad de la subvención, así como por el informe emitido por la Intervención u órgano de control equivalente de la Entidad Local, que acredite la veracidad y la regularidad de la documentación justificativa de la subvención.

5. Transcurrido el plazo establecido para la justificación de la subvención sin que se hubiese presentado la documentación a que se refieren los apartados anteriores, el órgano competente requerirá a la corporación local beneficiaria para que en el plazo improrrogable de quince días aporte la misma. La falta de presentación de la justificación, transcurrido este nuevo plazo, llevará aparejada el inicio del procedimiento de reintegro previsto en el artículo 15.

Asimismo, si la documentación presentada fuese insuficiente para considerar correctamente justificada la subvención concedida, el órgano competente pondrá en conocimiento de las corporaciones locales beneficiarias las insuficiencias observadas para que en el plazo de diez días sean subsanadas.

6. La corporación local beneficiaria de la subvención estará obligada a conservar los justificantes de la realización de la actuación que fundamentan la concesión de la subvención, así como de la aplicación de los fondos recibidos, a efectos de las actividades de comprobación y control, en tanto no prescriba la acción de reintegro a que se refiere el artículo 39 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. El citado plazo se computará a partir del momento en que finalice el plazo establecido para presentar la citada justificación por parte de la corporación local beneficiaria.

Artículo 15. Reintegro de las subvenciones.

1. El incumplimiento por la corporación local beneficiaria de lo establecido en la resolución de concesión, así como en el presente real decreto y demás disposiciones aplicables en materia de subvenciones, en particular el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, dará lugar, a la vista de la naturaleza y causas del incumplimiento, a la obligación de reintegrar, total o parcialmente, la subvención recibida, así como la exigencia del interés de demora desde la fecha de su pago hasta que se acuerde la procedencia de reintegro.

En el caso de que se produzca la extinción de contratos subvencionados por despido declarado o reconocido como improcedente, procederá la devolución de la subvención correspondiente a los costes salariales asociados al contrato o contratos afectados por dicha extinción. En todo caso, en el supuesto de que la subvención percibida se destinase a fines distintos para los que fue concedida, procederá el reintegro total de la subvención.

En cambio, la devolución de la subvención correspondiente a los costes salariales será proporcional al tiempo que no se complete de contrato en los demás supuestos de extinción, salvo que la corporación local beneficiaria contrate a otra persona trabajadora, que reúna las condiciones requeridas en esta convocatoria, por el mes o los meses completos que restasen de vigencia al contrato previo.

2. El procedimiento de reintegro garantizará a la corporación local interesada el derecho de audiencia y se ajustará a lo establecido en el capítulo II del título II de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en la Resolución de 12 de abril de 2004, del Servicio Público de Empleo Estatal, O.A., sobre el procedimiento de reintegro de subvenciones concedidas por el Organismo y las actuaciones administrativas derivadas de la recaudación en período voluntario de los ingresos de derecho público de naturaleza no tributaria derivados de los reintegros.

El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento de reintegro se regirá por lo establecido en el artículo 42 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. Dicho plazo podrá suspenderse y ampliarse de acuerdo con lo previsto en los artículos 22 y 23 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. Si transcurre el plazo para resolver sin que se haya notificado resolución expresa, se producirá la caducidad del procedimiento, sin perjuicio de continuar las actuaciones hasta su terminación y sin que se considere interrumpida la prescripción por las actuaciones realizadas hasta la finalización del citado plazo.

La resolución del procedimiento de reintegro no agota la vía administrativa, de conformidad con lo establecido en la disposición adicional undécima de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, por lo que podrá ser recurrida en alzada, en el plazo de un mes a contar a partir del día siguiente al de su notificación, ante la persona titular del Ministerio de Trabajo y Economía Social, en los términos recogidos en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

3. Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de ingresos de derecho público, resultando de aplicación para su cobranza lo previsto en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.

Artículo 16. Publicidad.

1. Estas subvenciones serán objeto de publicidad en la Base de Datos Nacional de Subvenciones, de conformidad con lo establecido en el Real Decreto 130/2019, de 8 de marzo, por el que se regula la Base de Datos Nacional de Subvenciones y la publicidad de las subvenciones y demás ayudas públicas.

2. En las actuaciones que se lleven a cabo, en todo o en parte, mediante estas subvenciones, que impliquen difusión, ya sea impresa o por cualquier otro medio, deberá mencionarse al Servicio Público de Empleo Estatal, O.A., y al Ministerio de Trabajo y Economía Social, con el fin de identificar el origen estatal de la financiación de las actividades subvencionadas, conforme a lo establecido en el artículo 31 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. Asimismo, en dicha publicidad se deberá incorporar el logotipo institucional correspondiente, de conformidad con lo dispuesto en el citado artículo 31 y en la Resolución de 26 de marzo de 2024, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se actualiza el Manual de Imagen Institucional adaptándolo a la estructura vigente de vicepresidencias del Gobierno y departamentos ministeriales de la Administración General del Estado.

3. En caso de incumplimiento, total o parcial, de las medidas de difusión previstas en el apartado anterior, el órgano competente determinará la cantidad a reintegrar por la corporación local beneficiaria respondiendo al principio de proporcionalidad. En todo caso, la cantidad a reintegrar será del 2 por ciento de la cantidad concedida.

En relación con dichas medidas de difusión, no se iniciará procedimiento de reintegro cuando la entidad, una vez requerida conforme a lo previsto en el artículo 31.3 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, pueda subsanar el incumplimiento referido o, en su caso, adoptar las medidas alternativas que pudiera establecer el órgano concedente.

Artículo 17. Régimen sancionador.

Será de aplicación el régimen de infracciones y sanciones establecido en el título IV de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en el título IV de su Reglamento, así como, en su caso, lo dispuesto en el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de mayo. Asimismo, quedará sometido a lo dispuesto en el capítulo III del título preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y en el título IV de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

Disposición final primera. Títulos competenciales.

Este real decreto se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.7.ª y 13.ª de la Constitución Española, que atribuye al Estado competencia exclusiva en materia de legislación laboral, sin perjuicio de su ejecución por los órganos de las comunidades autónomas; y en materia de bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica, respectivamente.

Disposición final segunda. Habilitación normativa.

Se faculta a la persona titular del Ministerio de Trabajo y Economía Social para adoptar las disposiciones necesarias para el desarrollo de este real decreto.

Disposición final tercera. Entrada en vigor.

El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Dado el 22 de julio de 2026.

FELIPE R.

La Vicepresidenta Segunda del Gobierno
y Ministra de Trabajo y Economía Social,

YOLANDA DÍAZ PÉREZ

ANEXO I

Cuantías máximas de subvención por corporación local

ANEXO II

Solicitud de subvención