PREÁMBULO
I
La Asociación Española de Normalización (UNE), es una asociación privada constituida al amparo de la Ley 191/1964, de 24 de diciembre, de Asociaciones y del Real Decreto 1440/1965, de 20 de mayo, por el que se dictan normas complementarias de la citada ley, y adaptados y modificados sus estatutos por la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación. Es la única entidad reconocida para desarrollar tareas de normalización en España.
La Asociación Española de Normalización es una entidad privada sin ánimo de lucro designada por el anterior Ministerio de Economía, Industria y Competitividad (en la actualidad Ministerio de Economía, Comercio y Empresa), como organismo nacional de normalización. Surge de la separación de la Asociación Española de Normalización y Certificación, en dos entidades: la Asociación Española de Normalización (UNE) y AENOR Internacional, dedicada a la certificación.
En 2016, la Asamblea General de la Asociación acordó la modificación de sus Estatutos y la separación jurídica, funcional y contable de las actividades de normalización y cooperación internacional de las mercantiles (evaluación de la conformidad, formación y servicios de información) trasfiriendo las mismas a AENOR INTERNACIONAL, SAU. Este proceso se materializó el 1 de enero de 2017, quedando la Asociación Española de Normalización (UNE) como una entidad privada, multisectorial y sin fines lucrativos, designada por el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad como organismo nacional de normalización.
La Asociación Española de Normalización (UNE) es el único organismo de normalización reconocido en la disposición adicional primera del Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Infraestructura para la Calidad y la Seguridad Industrial y que tiene por objeto, entre otros, la normalización en el ámbito de la digitalización y las tecnologías habilitadoras digitales.
Los miembros de la Asociación Española de Normalización (UNE) representan a la práctica totalidad de los sectores económicos españoles y suponen el auténtico motor y soporte del sistema y del desarrollo de las actividades de la entidad. Por ello, la Asociación Española de Normalización (UNE) constituye un modelo de caso de éxito de colaboración entre el sector privado y las Administraciones y Organismos Públicos, a su vez, la Asociación Española de Normalización (UNE) representa a España en la Organización Internacional de Normalización (ISO), en la Comisión Electrotécnica Internacional (IEC), en el Comité Europeo de Normalización (CEN), en el Comité Europeo de Normalización Electrotécnica (CENELEC) y es el organismo de normalización español en el Instituto Europeo de Normas de Telecomunicaciones (ETSI), teniendo capacidad para crear los órganos técnicos de normalización nacionales que posibilitan la participación e influencia en los comités internacionales y europeos, así como la adopción y elaboración de las normas nacionales de interés para la industria y la Administración españolas.
La Asociación Española de Normalización (UNE), a través del desarrollo de normas técnicas, contribuye a mejorar la calidad y competitividad de las empresas, sus productos y servicios y así, a generar uno de los valores más apreciados de la economía actual: la confianza.
El Reglamento (UE) n.º 1025/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de octubre de 2012, sobre la normalización europea, considera que, para garantizar la efectividad de las normas y la normalización como instrumentos de política de la Unión, es importante que todas las partes interesadas pertinentes, incluidos los poderes públicos y las pequeñas y medianas empresas (PYME), participen oportunamente en el proceso de normalización nacional y europeo, las normas tienen notables efectos económicos positivos y la normalización, por tanto, desempeña una función cada vez más importante para el comercio internacional y la apertura de los mercados. Asimismo, indica que es preciso disponer de un sistema de normalización efectivo y eficiente que ofrezca una plataforma flexible y transparente para alcanzar un consenso entre todos los participantes y que resulte económicamente viable.
La normalización europea se organiza sobre la base de la representación nacional, lo que, unido a lo expuesto con anterioridad, explica la utilidad pública que supone la actividad de la Asociación Española de Normalización (UNE).
II
El cumplimiento de las funciones descritas para la actividad de normalización realizada por la Asociación Española de Normalización (UNE), hace que la entidad necesite disponer de un patrimonio adecuado para continuar prestando sus servicios y desarrollando sus funciones en términos similares a los descritos anteriormente.
Para hacer frente a los gastos derivados de la actividad de la Asociación, en años anteriores se ha hecho uso de subvenciones nominativas recogidas en los Presupuestos Generales del Estado, como es el caso de la Ley 31/2022, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023, que incluía tanto la aplicación presupuestaria nominativa 27.08.467I.485 «A la Asociación Española de Normalización (UNE) para soporte a secretaría, actividad, normalización y acción internacional en comités tecnologías digitales y digitalización» –dotada con un crédito de ciento cincuenta mil euros (150.000,00 €) y destinada a potenciar la normalización en el ámbito de la digitalización y las tecnologías habilitadoras digitales–, como la partida presupuestaria nominativa 33.03.467I.485, también en favor de UNE y con idéntica dotación, destinada a fomentar la normalización en el ámbito de las telecomunicaciones y las infraestructuras digitales.
Siendo una labor, la de esta Asociación, entendida de utilidad pública, y como la única reconocida para el ejercicio de dicha actividad, este real decreto nace apoyado en el artículo 22, apartado 2, letra c), de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, así como el artículo 67 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, que establecen que podrán concederse de forma directa y «con carácter excepcional, aquellas otras subvenciones en que se acrediten razones de interés público, social, económico o humanitario». Permitiendo así que, a pesar de la situación de excepcionalidad que puedan suponer unos presupuestos prorrogados, la actividad de la Asociación Española de Normalización (UNE) pueda desarrollarse dentro de la normalidad.
Debido a estos motivos, en el año 2024, mediante el Real Decreto 1230/2024, de 3 de diciembre, por el que se regula la concesión directa de una subvención a la Asociación Española de Normalización (UNE) para soporte a secretaría, actividad de normalización y acción internacional en comités de tecnologías digitales y digitalización, así como de telecomunicaciones e infraestructuras digitales, se efectuó la concesión de forma directa atendiendo a las causas recogidas en el artículo 22, apartado 2, letra c), de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y al artículo 67 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, teniendo el articulado de este real decreto el carácter de bases reguladoras. Asimismo, en el año 2025 se articuló una subvención a dicha Asociación mediante Real Decreto 943/2025, de 21 de octubre, por el que se regula la concesión directa de una subvención a la Asociación Española de Normalización para impulsar y dar soporte a sus actividades de normalización, estandarización, secretaría y acción internacional en comités de tecnologías digitales, digitalización, telecomunicaciones e infraestructuras digitales.
Es por ello, que al no haberse aprobado la Ley de Presupuestos Generales para el año 2026 y teniendo por tanto que prorrogarse nuevamente la ley del año 2023, las subvenciones nominativas que se recogían en la citada Ley 31/2022 quedan sin efecto, incluyendo por tanto la que atañe a la subvención en favor de la Asociación Española de Normalización (UNE), de ahí que surja la urgencia y la necesidad de establecer nuevamente una forma de financiación de la Asociación.
III
Tal y como está estipulado en el artículo 2 apartado 1.g) del Real Decreto 210/2024, de 27 de febrero, por el que se establece la estructura orgánica básica del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, y el Real Decreto 1009/2023, de 5 de diciembre, por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales, la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial (SEDIA) es el órgano competente para la gestión de los procedimientos de solicitud e instrucción para la concesión de subvenciones y ayudas con cargo a los créditos de gasto propios de dicha Secretaría de Estado.
Por su parte, conforme al artículo 6 apartado 1.d) del mencionado Real Decreto 210/2024, de 27 de febrero, corresponde a la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales (SETELECO) la función de impulso y la coordinación de los planes, proyectos y programas para el fomento de la actividad de normalización, estandarización y certificación en el sector de las telecomunicaciones e infraestructuras digitales.
La Asociación Española de Normalización, al potenciar la actividad de normalización y estandarización en el sector de las telecomunicaciones e infraestructuras digitales, promueve el interés público, toda vez que la normalización aumenta la competencia, lo que beneficia a los consumidores y a la economía en general.
En virtud de lo anteriormente señalado, y teniendo en cuenta la relevancia que para las políticas públicas estatales y de la Unión Europea reviste el desarrollo de la normalización y la estandarización, las actividades cuya financiación se contempla en este real decreto resultan necesarias para contribuir a la consecución de dichos objetivos. Las actividades recogidas en el anexo I están relacionadas con la normalización de materias propias de la SEDIA, mientras que las actividades recogidas en el anexo II están relacionadas con la normalización de materias propias de la SETELECO. Así, las actuaciones objeto de financiación presentan un ámbito supraautonómico y requieren una ejecución homogénea y unitaria, al estar dirigidas al impulso de la normalización y la estandarización con alcance nacional y a garantizar la participación y representación de España en los correspondientes organismos y comités europeos e internacionales.
En particular, las actividades previstas en los anexos I y II tienen por objeto el desarrollo, adopción y difusión de normas y estándares técnicos comunes aplicables en todo el territorio nacional; el soporte a los Comités Técnicos de Normalización de UNE; la coordinación de la participación de expertos españoles en los organismos europeos e internacionales de normalización; y la formación y defensa de una posición española común en dichos organismos. Se trata, por tanto, de actuaciones que trascienden el ámbito territorial de una comunidad autónoma y cuyo resultado debe necesariamente proyectarse de forma uniforme sobre el conjunto del territorio nacional.
Por su propia naturaleza, estas actuaciones no son susceptibles de fraccionamiento territorial. La elaboración o adopción de una norma técnica nacional, el funcionamiento de los órganos nacionales de normalización o la representación de España ante ISO, IEC, CEN, CENELEC o ETSI no pueden articularse mediante actuaciones territorialmente independientes, pues ello comprometería la necesaria unidad y coherencia de la posición española y la homogeneidad de los estándares resultantes.
Asimismo, la finalidad perseguida no puede alcanzarse con igual eficacia mediante la territorialización de los fondos ni mediante mecanismos de cooperación o coordinación con las comunidades autónomas, puesto que las actuaciones subvencionadas no consisten en el desarrollo de proyectos territorializables o susceptibles de ejecución diferenciada en cada territorio, sino en el sostenimiento y desarrollo de una actividad nacional de normalización y de una única representación española ante los organismos europeos e internacionales competentes.
Estas circunstancias determinan que la centralización de la gestión en la Administración General del Estado resulte necesaria para garantizar la efectividad de la medida de fomento y la ejecución homogénea y coherente de las actividades financiadas, de conformidad con la doctrina constitucional sobre gestión centralizada de subvenciones.
La presente norma se adecua a los principios de buena regulación previstos en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, esto es, los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia.
La adecuación a los principios de necesidad y eficacia se justifica por razones de interés general, al basarse en una identificación clara de los fines perseguidos y resultar el instrumento más adecuado para garantizar la consecución de sus objetivos, dado que con esta norma se permite alcanzar el objetivo, claramente definido, de impulso de la normalización y estandarización en el ámbito de las telecomunicaciones e infraestructuras digitales, favoreciendo la participación e influencia de España en los procesos de elaboración de normas técnicas europeas e internacionales.
Asimismo, la concesión directa de la subvención que se articula por medio de la presente norma constituye el instrumento más adecuado para alcanzar este objetivo, puesto que, al ser la Asociación Española de Normalización la única entidad designada como organismo nacional de normalización y la única representante española ante el Instituto Europeo de Normas de Telecomunicación, es la entidad que puede desempeñar las funciones objeto de la subvención.
Este real decreto es conforme con el principio de proporcionalidad, dado que contiene las disposiciones imprescindibles para regular la concesión directa de la subvención que constituye su objeto, y establecer las condiciones necesarias para garantizar la correcta aplicación de los fondos públicos, sin imponer obligaciones adicionales distintas de las previstas en la normativa general de subvenciones. De igual modo, no contiene restricciones de derechos ni impone nuevas obligaciones a terceros ni a la entidad beneficiaria, salvo las derivadas de la concesión de la subvención previstas en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en su reglamento de desarrollo, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.
En relación con el principio de seguridad jurídica, esta iniciativa normativa es coherente con la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, con su reglamento de desarrollo, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, y con la normativa comunitaria aplicable en materia de normalización, así como con el resto del ordenamiento jurídico, nacional y de la Unión Europea; de esta forma, proporciona un marco normativo estable, predecible, integrado, claro y de certidumbre para la financiación y el desarrollo de las actividades subvencionadas, que facilita su conocimiento y comprensión y, en consecuencia, proporciona seguridad jurídica y facilita su correcta aplicación tanto por la Administración concedente como por la entidad beneficiaria.
El real decreto cumple con el principio de transparencia, al identificar de forma clara y expresa en interés público que justifica la concesión directa de la subvención, la entidad beneficiaria, las concretas actuaciones subvencionables y las condiciones aplicables a su concesión, ejecución y justificación, así como el régimen sancionador aplicable en caso de incumplimientos.
En esta exposición de motivos quedan expresadas las razones que hacen improcedente la convocatoria en régimen de concurrencia competitiva, derivadas de la condición de la Asociación Española de Normalización como única entidad nacional que representa a España ante el Instituto Europeo de Normas de Telecomunicación para el desarrollo de las actuaciones objeto de esta subvención.
Igualmente, quedan expresados de forma clara sus objetivos, reflejados en esta exposición de motivos y en la memoria que lo acompaña. Por otra parte, la publicación del real decreto y de la información correspondiente en la Base de Datos Nacional de Subvenciones, y de la propia norma en el «Boletín Oficial del Estado», en los términos previstos en la normativa aplicable, se permite el conocimiento de su contenido a toda la ciudadanía y se garantiza el acceso a los documentos propios de su proceso de elaboración, en los términos establecidos en el artículo 7 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.
Asimismo, se encuentra acreditado el principio de eficiencia, puesto que la iniciativa normativa no impone cargas administrativas innecesarias o accesorias, y racionaliza, en su aplicación, la gestión de los recursos públicos. Prevé un régimen de concesión directa, que resulta el mecanismo adecuado para la consecución del fin perseguido por parte del sujeto que puede desarrollar las actividades subvencionadas, esto es, la Asociación Española de Normalización. De este modo, se optimiza la utilización de los recursos públicos, se reducen las cargas administrativas innecesarias para la entidad beneficiaria, y se garantiza la continuidad del apoyo a la participación española en las actividades de normalización y estandarización en el sector de las telecomunicaciones e infraestructuras digitales, así como en las funciones de representación en este ámbito a nivel internacional.
Esta subvención está incluida en el Plan Estratégico de Subvenciones (PES) del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública para el periodo 2025-2027.
La subvención que se regula en este real decreto no tiene carácter de ayuda de estado a los efectos de la aplicación de los artículos 107 a 109 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, al tratarse de una asociación con personalidad jurídica propia carente de ánimo de lucro y reconocida legalmente como de utilidad pública, al ser designada en 1986 por el entonces Ministerio de Industria y Energía, como entidad reconocida para desarrollar tareas de normalización.
IV
Para la tramitación de este real decreto se han recabado previamente las conformidades internas.
El proyecto se acompaña de una Memoria del Análisis de Impacto Normativo (MAIN), en aplicación de lo dispuesto en el artículo 26.3 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, y en el artículo 2 del Real Decreto 931/2017, de 27 de octubre, por el que se regula la Memoria del Análisis de Impacto Normativo, y de la preceptiva memoria justificativa del órgano gestor de la subvención del carácter singular y de las razones de interés público, social, económico o humanitario de la subvención que dificultan su convocatoria pública, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 67.3.a) del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
No es necesario realizar del trámite de consulta pública previa atendiendo a lo previsto en la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, dado que la actividad subvencionada no tiene un impacto significativo en la actividad económica ni impone obligaciones relevantes a los destinatarios. Asimismo, se ha prescindido de los trámites de audiencia e información pública a los ciudadanos previstos en el artículo 26.6 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, por tratarse de un real decreto de concesión de subvención directa a un destinatario único para la financiación de una actividad de interés público, de modo que no afecta a los derechos e intereses legítimos de los ciudadanos.
Además, se ha recibido informe del Ministerio de Hacienda, de acuerdo con lo previsto en el artículo 28.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en el artículo 67.3.b) de su reglamento. Así como informe de la Secretaría General Técnica del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, de acuerdo con el artículo 26.5, párrafo cuarto, de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre.
Este real decreto se dicta al amparo de lo dispuesto en los artículos 149.1.13.ª y 149.1.21.ª de la Constitución Española, que atribuyen al Estado, respectivamente, la competencia sobre las bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica y la competencia exclusiva en materia de telecomunicaciones.
En su virtud, a propuesta del Ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, con el informe del Ministerio de Hacienda, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 10 de noviembre de 2026,
DISPONGO:
TÍTULO PRELIMINAR
Disposiciones generales
Artículo 1. Objeto y actividades.
1. El objeto de este real decreto es el de regular la concesión directa, con carácter excepcional, de una subvención a la Asociación Española de Normalización (UNE), que se aplicará para soporte a secretaría, actividad de normalización y acción internacional en comités de tecnologías digitales y digitalización, así como de telecomunicaciones e infraestructuras digitales.
2. Serán objeto de la subvención las actividades recogidas en el anexo I [Actividades subvencionables en el ámbito de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial (SEDIA)] y anexo II [Actividades subvencionables en el ámbito de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales (SETELECO)] del presente real decreto.
Artículo 2. Fundamento y justificación de la concesión directa.
1. La concesión directa de esta subvención tiene su fundamento jurídico en virtud de la aplicación de lo previsto en el artículo 22, apartado 2, letra c), de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones en relación con lo establecido en el artículo 28, apartados 2 y 3 de la referida ley y en el artículo 67 de su reglamento, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, que regulan la concesión directa con carácter excepcional, de las subvenciones en que se acrediten razones de interés público, social, económico o humanitario u otras debidamente justificadas que dificulten su convocatoria pública.
2. La Asociación Española de Normalización (UNE) es el único organismo de normalización a nivel nacional, y su elección como beneficiaria de la ayuda para que lleve a cabo el desarrollo de actividades de secretaría, normalización y acción internacional en comités de tecnologías digitales y digitalización, así como de telecomunicaciones e infraestructuras digitales, tiene su fundamento en el objeto social de dicha entidad, pues está reconocida como la única entidad de utilidad pública para llevar a cabo labores de normalización, razón por la cual no cabe la apertura de convocatoria pública.
3. En particular, las razones de interés público que justifican el otorgamiento directo de la subvención se concretan en la necesidad de financiar las actuaciones de la Asociación Española de Normalización (UNE), entidad referente para contribuir a la mayor y mejor implantación de la actividad de normalización y a su desarrollo, mejorando la calidad y la seguridad de los bienes, así como de los servicios y procesos de digitalización, en beneficio de la sociedad en general.
Artículo 3. Régimen jurídico aplicable.
Esta subvención se regirá, además de por lo particularmente dispuesto en este real decreto y en su resolución de concesión, por lo previsto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en su reglamento aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, salvo en lo que afecte a los principios de publicidad y concurrencia, por lo previsto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común, por la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y por lo establecido en las demás disposiciones legales, reglamentarias y convencionales que resulten de aplicación.
Artículo 4. Entidad beneficiaria y actividades subvencionables.
1. La entidad beneficiaria de esta subvención será la Asociación Española de Normalización (UNE), asociación con personalidad jurídica propia, carente de ánimo de lucro y reconocida legalmente como de utilidad pública, al ser designada en 1986 por el entonces Ministerio de Industria y Energía, como entidad reconocida para desarrollar tareas de normalización.
2. La Asociación Española de Normalización (UNE) deberá acreditar el cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre para obtener la condición de entidad beneficiaria.
3. El detalle de las actividades a subvencionar se desarrolla, según se trate bien de actividades relacionadas con las tecnologías digitales y la digitalización o bien en el ámbito de las telecomunicaciones y las infraestructuras digitales, en el anexo I y el anexo II de este real decreto, respectivamente.
Artículo 5. Gastos subvencionables.
1. Los gastos subvencionables se regirán por lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. Se considerarán gastos subvencionables aquellos que de manera indubitada respondan a la naturaleza de la actividad subvencionada, resulten estrictamente necesarios para la ejecución de las actividades desarrolladas en el anexo I y el anexo II y se realicen en el plazo establecido para su ejecución contemplado en el artículo 6 de este real decreto, en concreto:
a) Gastos de personal técnico dedicado a las tareas de secretaría técnica, normalización y coordinación de los comités técnicos de normalización (CTN) y sus órganos subordinados.
b) Gastos derivados de la asistencia y participación en reuniones, asambleas y foros de organismos de normalización europeos e internacionales (CEN, CENELEC, ETSI, ISO, IEC), incluyendo desplazamientos, dietas y alojamiento conforme a la normativa vigente en materia de indemnizaciones.
c) Gastos asociados a la identificación, elaboración, actualización, traducción y publicación de documentos y especificaciones normativas (normas UNE, PNE y documentos técnicos equivalentes).
d) Gastos de organización y difusión de actividades de formación, sensibilización y divulgación, tales como talleres, seminarios, jornadas o publicaciones, vinculados a las actividades descritas en los anexos I y II.
e) Gastos de suscripción y acceso a normas y bases de datos normativas necesarias para el desarrollo de las actividades subvencionadas.
f) Otros gastos de gestión y administración directamente vinculados a las actividades de la subvención.
2. A estos efectos solo se considerará subvencionable el gasto realizado por la entidad beneficiaria si ha incurrido en él y lo ha abonado con anterioridad a la finalización del período de justificación determinado por la normativa reguladora de la subvención. Para que el gasto se considere financiable será preciso que los productos y servicios se hayan entregado y prestado de manera efectiva, que el gasto declarado por la entidad beneficiaria haya sido abonado y que cumpla con los actos y disposiciones previstos en el artículo 3 de este real decreto.
Asimismo, deberá haber constancia documental sobre su realización, de forma que pueda ser verificable y se requerirá que las acciones ejecutadas hayan alcanzado la funcionalidad y estén plenamente operativas y adscritas al uso o a la prestación de aquellos servicios acordes a su naturaleza, dentro del periodo de justificación.
3. En ningún caso el coste de adquisición de los gastos subvencionables podrá ser superior al valor de mercado.
4. No se consideran costes subvencionables los derivados de cualesquiera autorizaciones administrativas, licencias, permisos, coste de avales y/o fianzas, tasas, impuestos o tributos. No obstante, el Impuesto sobre el Valor Añadido o impuesto indirecto equivalente, podrá ser considerado subvencionable siempre y cuando no pueda ser susceptible de recuperación o compensación total o parcial.
5. Del mismo modo no serán subvencionables los gastos que a continuación se relacionan:
a) Los intereses deudores y los demás gastos financieros.
b) Los intereses de demora, recargos, multas y sanciones administrativas y penales.
c) En la adquisición de bienes y servicios mediante contratos públicos:
1.º Los descuentos efectuados.
2.º Los pagos efectuados por el contratista a la Administración en concepto de control de calidad o cualesquiera otros conceptos que supongan ingresos o descuentos que se deriven de la ejecución del contrato.
d) Los gastos que no estén debidamente justificados.
6. Se considerarán gasto subvencionable los gastos de personal, siempre y cuando se aporten, en la justificación por parte de la entidad beneficiaria, partes de trabajo firmados con periodicidad mensual respecto del personal imputado a la ejecución de la actividad financiada, así como las horas de dedicación de la jornada laboral de dicho personal a la actividad subvencionada y a otras actividades que realicen, financiadas o no con ayudas.
Artículo 6. Plazo de ejecución.
1. El plazo de ejecución de las actuaciones subvencionables, objeto de este real decreto, será el comprendido entre el 1 de enero de 2026 y el 31 de diciembre de 2026.
2. El vencimiento del plazo de ejecución no podrá perjudicar la continuación de cuantas actuaciones o actividades se encontrarán ya en curso, o bien, de aquellas sobre las cuales ya se hubiera adquirido un compromiso frente a terceros.
Artículo 7. Obligaciones de la entidad beneficiaria.
1. La beneficiaria deberá destinar la subvención aprobada por este real decreto a financiar las actuaciones subvencionables previstas en los anexos I y II.
2. La entidad beneficiaria queda sujeta a las obligaciones establecidas en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, así como las contenidas en este real decreto, y aquellas que figuren en la resolución de concesión y en las instrucciones específicas que dicte el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública en materia de ejecución, seguimiento, pago de las ayudas, información y publicidad, justificación y control del gasto.
3. A los efectos previstos en el artículo 17.3.h) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, la entidad beneficiaria deberá llevar los libros y registros contables exigidos por la normativa que le resulte de aplicación. Asimismo, deberá mantener respecto de las actuaciones subvencionadas una contabilidad separada o, al menos, una codificación contable adecuada que permita identificar de forma diferenciada los ingresos y gastos imputados a la subvención, así como su conciliación con la documentación justificativa, garantizando una adecuada pista de auditoría.
4. La beneficiaria estará obligada a facilitar las comprobaciones encaminadas a garantizar la correcta realización de las actuaciones subvencionables. Asimismo, estará sometida a las actuaciones de comprobación que pueda efectuar la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales y la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, así como a las de control que pueda llevar a cabo la Intervención General de la Administración del Estado o cualquier otro organismo público en el ejercicio de sus funciones de fiscalización y control, a los efectos del seguimiento de las actividades financiadas.
5. La beneficiaria deberá disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás documentos justificativos en los términos exigidos por la legislación aplicable a la beneficiaria, las facturas y demás justificantes de gasto de valor probatorio equivalente y los correspondientes justificantes de pago, y cualquier otra documentación relevante para acreditar correctamente el desarrollo de las actuaciones subvencionables. Asimismo, deberá conservar la documentación justificativa, incluidos los registros contables, en tanto no prescriba el derecho de la Administración al reintegro, de conformidad con lo establecido en el artículo 16 de este real decreto.
Artículo 8. Tramitación electrónica.
Las solicitudes, comunicaciones y demás trámites derivados de los procedimientos y actuaciones que se recogen en este real decreto se realizarán por medios electrónicos, de acuerdo con lo previsto en el artículo 14.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, a través de la sede electrónica asociada del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública. Las notificaciones en todos estos casos se realizarán a través de la puesta a disposición en la Dirección Electrónica Habilitada única y, de forma complementaria, en la sede electrónica asociada del departamento.
TÍTULO I
Procedimiento de concesión de la subvención
Artículo 9. Órgano competente para instruir y resolver el procedimiento.
1. El órgano competente para resolver la concesión de la subvención para las actividades subvencionables previstas en el anexo I es la persona titular de la Secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 10.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, así como lo previsto en el artículo 62.2.h) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
El órgano competente para realizar la instrucción, seguimiento y comprobación de esta subvención es la Subdirección General de Ayudas, dependiente de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial.
2. El órgano competente para resolver la concesión de la subvención para las actividades subvencionables previstas en el anexo II es la persona titular de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, así como lo previsto en artículo 62.2.h) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
El órgano competente para realizar la instrucción, seguimiento y comprobación de la subvención a que hace referencia este apartado, es la Secretaría General de Telecomunicaciones, Infraestructuras Digitales y Seguridad Digital.
Artículo 10. Procedimiento de concesión.
1. En el plazo de diez días hábiles desde la entrada en vigor de este real decreto UNE deberá presentar la solicitud de la subvención dirigida tanto a la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial como a la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales. Junto con la solicitud, la beneficiaria deberá aportar la siguiente documentación:
a) Memoria técnico-económica justificativa de las actuaciones a realizar en el marco del presente real decreto.
b) Acreditación de que la entidad se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, de acuerdo con lo indicado en el artículo 22 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. La aceptación de la subvención conllevará la autorización del solicitante para que el órgano concedente obtenga de forma directa la acreditación de la circunstancia de estar al corriente de las obligaciones tributarias y de Seguridad Social, a través de certificados telemáticos, en cuyo caso el solicitante no deberá aportar las correspondientes certificaciones.
No obstante, el solicitante podrá denegar expresamente el consentimiento, debiendo aportar entonces las certificaciones correspondientes.
c) Declaración responsable de no hallarse incursa en ninguno de los supuestos de prohibición establecidos en el artículo 13.2, excepto la señalada en la letra e), y 13.3, de la citada Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
d) Relación de todas las ayudas solicitadas y concedidas en la que se haga constar la autoridad concedente de la ayuda, el número de referencia que corresponda, la fecha de concesión de la ayuda, su importe, la modalidad de ayuda y su objeto.
e) Presupuesto de gasto con desglose de todos los costes que implicarán las actuaciones subvencionadas.
f) Datos bancarios de la entidad beneficiaria a los que dirigir la correspondiente transferencia.
2. Si la solicitud no reúne los requisitos establecidos en este real decreto, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, se requerirá al interesado para que la subsane en el plazo de diez días, indicándole que si no lo hiciese se le tendrá por desistido de su solicitud, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
3. El órgano instructor realizará de oficio cuantas actuaciones estime necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos y el cumplimiento del resto de requisitos exigidos, en virtud de los cuales debe formularse la propuesta de resolución.
4. Una vez solicitado, la concesión de la subvención se instrumentará mediante resolución de la persona titular de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial para las actividades subvencionables previstas en el anexo I, y mediante resolución de la persona titular de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales en el caso de las actividades subvencionables del anexo II de este real decreto.
5. El plazo máximo para resolver y notificar será de tres meses desde el momento de la entrada en vigor del real decreto. El vencimiento del plazo máximo sin haber notificado la resolución legitima para entender desestimada por silencio administrativo la solicitud de concesión de la subvención.
Artículo 11. Modificación de la concesión.
1. El órgano concedente de la subvención podrá autorizar modificaciones, así como la ampliación de los plazos, siempre que se solicite por escrito, de forma motivada y dentro del plazo de ejecución de las actuaciones subvencionables. La solicitud se dirigirá al órgano concedente de la subvención.
2. La modificación de la resolución de la concesión se podrá autorizar, tal y como se estipula en los artículos 64 y 86 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, siempre que no se dañen derechos de terceros y cuando concurran las siguientes circunstancias:
a) Que el cambio no afecte a los objetivos fundamentales de las actividades subvencionables a que se hace referencia en el anexo I y anexo II al texto del real decreto, ni a otros aspectos que hayan sido determinantes para la concesión de la ayuda.
b) Que las modificaciones obedezcan a causas sobrevenidas que no pudieron preverse en el momento de la solicitud.
c) Que el cambio no suponga un incremento de la subvención concedida.
d) Que el cambio no suponga prórrogas del plazo de ejecución de la actividad subvencionable, salvo motivación expresa de que tal prórroga no afecta a terceros ni al fin de la subvención.
3. Cuando el beneficiario de la subvención ponga de manifiesto en la justificación que se han producido alteraciones de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la misma, que no alteren esencialmente la naturaleza u objetivos de la subvención, que hubieran podido dar lugar a la modificación de la resolución conforme a lo establecido en el apartado 3.l) del artículo 17 de la Ley General de Subvenciones, habiéndose omitido el trámite de autorización administrativa previa para su aprobación, el órgano concedente de la subvención podrá aceptar la justificación presentada, siempre y cuando tal aceptación no suponga dañar derechos de terceros.
4. El plazo máximo de resolución y notificación de la modificación de concesión no podrá rebasar la fecha de finalización del plazo vigente de ejecución de las actividades subvencionables objeto de la ayuda.
5. Transcurrido el plazo previsto para resolver, sin que se haya dictado y notificado resolución expresa, el interesado queda legitimado para entender desestimada por silencio administrativo su solicitud de modificación de la resolución de concesión, de acuerdo con lo previsto en el artículo 25.5 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
La resolución que se adopte pondrá fin a la vía administrativa y podrá ser recurrida potestativamente en reposición, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente a la fecha de su notificación, ante el mismo órgano que la dictó, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Sin perjuicio de lo anterior, contra esta resolución, cabe interponer recurso contencioso‐administrativo, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la fecha de notificación de la misma, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso‐administrativa.
TÍTULO II
Cuantía y pago de la subvención
Artículo 12. Cuantía y financiación.
La financiación de la subvención regulada en este real decreto asciende a un total de 300.000 euros, de los cuales 150.000 euros se realizarán con cargo a la partida presupuestaria 33.04.467I.485 de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial y 150.000 euros con cargo a la partida presupuestaria 33.03.467I.485 de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales.
Artículo 13. Pago de la subvención.
1. El pago se efectuará en un único plazo, mediante pago anticipado, una vez dictada la resolución de concesión y una vez comprobado el cumplimiento de los requisitos necesarios y a través de transferencia bancaria a cuyo efecto la entidad beneficiaria habrá de tener reconocida, previamente, una cuenta bancaria ante la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera.
2. Con carácter previo a la ordenación del pago, UNE deberá acreditar que se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, con la aportación de las certificaciones con anterioridad al libramiento, y declarar que no es deudora por resolución de procedencia de reintegro, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34.5 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. No será necesario aportar nuevas certificaciones cuando las presentadas con carácter previo a la adopción de la resolución no hayan superado el plazo de seis meses de validez previsto en el artículo 88 del Reglamento de la Ley 38/2003.
3. La entidad beneficiaria de la subvención regulada en este real decreto queda exonerada de la constitución de garantías, de acuerdo con el artículo 42 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.
Artículo 14. Compatibilidad con otras fuentes de financiación.
1. La subvención concedida será compatible con cualesquiera otras ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados.
2. En todo caso, la entidad beneficiaria deberá comunicar al órgano concedente la obtención de otra subvención, ayuda, ingreso o recurso que financie las actividades subvencionadas, tan pronto esté en conocimiento de dicha obtención, y, en todo caso, con anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los fondos percibidos, de acuerdo con el artículo 14, apartado 1, letra d), de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
3. El importe de la subvención, en ningún caso, podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, supere el coste de la actividad subvencionada.
TÍTULO III
Justificación, reintegro y publicidad de la subvención
Artículo 15. Justificación de la subvención.
1. La entidad beneficiaria deberá justificar el cumplimiento de las condiciones impuestas y de la consecución de los objetivos previstos en el acto de concesión de la subvención. El plazo para la presentación de la justificación será como máximo de tres meses abarcando el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2027 y se entregará al órgano competente para instruir el procedimiento de comprobación. En caso de actividades subvencionables de ejecución plurianual, se realizará una justificación por cada anualidad, teniendo carácter estimativo la distribución entre las diversas anualidades de las inversiones y gastos aprobados en la resolución de concesión.
2. La justificación de la ayuda se realizará siguiendo el modelo y contenido de cuenta justificativa, con aportación de informe de auditor, según se recoge en el artículo 74 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. Dicho informe se ajustará a lo dispuesto en la «Norma de actuación de los auditores de cuentas en la realización de los trabajos de revisión de cuentas justificativas de subvenciones en el ámbito del sector público estatal, previstos en el artículo 74 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado mediante Real Decreto 887/2006, de 21 de julio», aprobada por la Orden EHA/1434/2007, de 17 de mayo. La cuenta justificativa contendrá, al menos, una memoria de actuación, justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en la resolución de concesión, y una memoria económica justificativa del coste de las actividades realizadas.
3. No obstante, lo anterior, la entidad beneficiaria deberá disponer de los libros y registros contables exigidos por la normativa que le resulte de aplicación, debiendo su sistema contable permitir la identificación diferenciada de los ingresos y gastos imputados a la actividad subvencionada y garantizar una adecuada pista de auditoría. Asimismo, se deberá aportar la documentación requerida para las actuaciones de comprobación y control. A los efectos anteriores, se adoptarán por el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública instrucciones específicas en materia de justificación de la actividad subvencionable. Los pagos de las inversiones y gastos subvencionables deberán realizarse dentro de los plazos previstos en la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.
4. La Subdirección General de Ayudas o la Secretaría General de Telecomunicaciones, Infraestructuras Digitales y Seguridad Digital, según corresponda, realizarán las actuaciones pertinentes para comprobar la adecuación del empleo de los recursos transferidos mediante la subvención objeto del presente real decreto. El análisis de la justificación dada se hará atendiendo a las características de la actividad para la cual se concedió la subvención definida en el anexo I y el anexo II, respectivamente.
5. Cuando la actividad haya sido financiada, además de con esta subvención, con fondos propios u otras subvenciones o recursos, deberá acreditarse en la justificación el importe, procedencia y aplicación de tales fondos a las actividades subvencionadas según el artículo 30, apartado 4, de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
6. La ayuda regulada mediante el presente real decreto quedará igualmente sometida a posibles controles financieros que determine la normativa reguladora en materia de subvenciones y, en todo caso, por parte de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) y del Tribunal de Cuentas. En el caso de que se detecte un posible fraude o sospecha fundada del mismo, se procederá a la suspensión inmediata del procedimiento de otorgamiento de la subvención.
7. La rendición de cuenta justificativa constituye un acto obligatorio de la beneficiaria, en la que se deben incluir, bajo responsabilidad del declarante, los justificantes de gasto o cualquier otro documento con validez jurídica que permitan acreditar el cumplimiento del objeto de la subvención pública.
Artículo 16. Reintegro de la subvención.
1. Procederá el reintegro total o parcial de las cantidades percibidas, junto con los intereses de demora correspondientes, en los supuestos previstos en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, de conformidad con lo dispuesto en el título II de dicha ley y en el título III de su reglamento, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.
2. Los intereses de demora se exigirán desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro o hasta la fecha en que la entidad beneficiaria efectúe la devolución, si esta fuera anterior.
3. Para determinar el importe del reintegro se aplicarán los siguientes criterios de graduación:
a) El incumplimiento total de los objetivos o de la finalidad de la subvención, así como la falta de realización de las actuaciones subvencionadas dentro del plazo de ejecución aplicable, determinará el reintegro total de las cantidades percibidas.
b) En caso de incumplimiento parcial de los objetivos, procederá el reintegro proporcional correspondiente a la parte no ejecutada, siempre que el cumplimiento se aproxime de modo significativo al cumplimiento total y se acredite una actuación inequívocamente tendente a la satisfacción de los compromisos asumidos.
Para determinar el alcance del incumplimiento se atenderá al grado de cumplimiento de los objetivos y actividades previstos en la resolución de concesión, al importe de la subvención efectivamente aplicado a las actuaciones financiadas y a la actuación acreditada de la entidad beneficiaria dirigida al cumplimiento de sus compromisos.
Cuando el grado de cumplimiento sea superior al 50 por ciento y concurran las condiciones anteriores, procederá el reintegro proporcional correspondiente al porcentaje de actividad no ejecutada. Cuando el grado de cumplimiento sea igual o inferior al 50 por ciento, procederá el reintegro total.
c) Transcurrido el plazo de justificación, incluida, en su caso, la ampliación concedida conforme al artículo 70 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, sin que se haya presentado la documentación justificativa, se requerirá a la entidad beneficiaria para que la presente en el plazo improrrogable de quince días hábiles.
La falta de presentación de la justificación tras dicho requerimiento determinará el reintegro, de acuerdo con los artículos 70.3 y 92 del citado reglamento. Cuando la justificación presentada acredite únicamente una parte de los gastos o actuaciones subvencionadas, procederá el reintegro correspondiente a la parte no justificada.
Si se aprecian defectos subsanables en la justificación presentada, se concederá un plazo de diez días hábiles para su corrección, conforme al artículo 71.2 del citado reglamento. Los defectos subsanados que no impidan comprobar el cumplimiento de la finalidad de la subvención y la adecuada aplicación de los fondos no determinarán por sí mismos el reintegro.
d) La resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones de comprobación o control determinará el reintegro total cuando imposibilite verificar el conjunto de las actuaciones subvencionadas. Cuando afecte únicamente a una parte identificable de las actuaciones o gastos, procederá el reintegro de las cantidades correspondientes a la parte que no haya podido comprobarse.
e) El incumplimiento de las obligaciones de publicidad establecidas en el artículo 17 determinará el reintegro del 20 por ciento del importe de la subvención, previa aplicación de los requerimientos y medidas de subsanación o difusión alternativa previstos en el artículo 31.3 del citado reglamento.
4. Corresponderá a la persona titular de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial o de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, según el ámbito de la subvención concedida, resolver el procedimiento de reintegro, previa audiencia de la entidad beneficiaria.
El procedimiento de reintegro se tramitará conforme al capítulo II del título II de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y a su normativa de desarrollo, sin perjuicio de las especialidades aplicables a los reintegros derivados de las actuaciones de control financiero previstas en el título III de dicha ley.
El reintegro será independiente de las sanciones que, en su caso, resulten exigibles.
Artículo 17. Obligación de información, comunicación y publicidad de la subvención.
1. La concesión de la subvención será objeto de publicación en la Base de Datos Nacional de Subvenciones, en los términos dispuestos por el artículo 20 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y por el Real Decreto 130/2019, de 8 de marzo, por el que se regula la Base de Datos Nacional de Subvenciones y la publicidad de las subvenciones y demás ayudas públicas.
2. En las actuaciones que se lleven a cabo, en todo o en parte, mediante esta subvención, que impliquen difusión, ya sea impresa o por cualquier otro medio, deberá incorporarse de forma visible la imagen institucional del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, para dar adecuada publicidad a la financiación de la actividad subvencionable, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
Artículo 18. Régimen sancionador.
Las posibles infracciones que pudieran cometerse por la entidad beneficiaria de la subvención se graduarán y sancionarán, de acuerdo con lo establecido en el título IV de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en el título IV de su reglamento, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio. Asimismo, quedarán sometidas a lo dispuesto en el capítulo III del título preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público y en el título IV de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
Artículo 19. Régimen de recursos.
La resolución de concesión pondrá fin a la vía administrativa y podrá ser recurrida potestativamente en reposición, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente a la fecha de su notificación, ante el mismo órgano que la dictó, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Sin perjuicio de lo anterior, contra la resolución de concesión, cabe interponer recurso contencioso‐administrativo, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la fecha de notificación de la misma, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso‐administrativa.
Disposición final primera. Título competencial.
Este real decreto se dicta al amparo de lo dispuesto en los artículos 149.1.13.ª y 149.1.21.ª de la Constitución Española, que atribuyen al Estado, respectivamente, la competencia sobre las bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica y la competencia exclusiva en materia de telecomunicaciones.
Disposición final segunda. Habilitación normativa.
La persona titular del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública dictará las disposiciones necesarias para el desarrollo y ejecución de lo establecido en este real decreto.
Se autoriza a las personas titulares de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial y de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, en uso de sus respectivas competencias, para llevar a cabo las actuaciones precisas para la aplicación de este real decreto.
Igualmente, se autoriza a la persona titular de la Subdirección General de Ayudas de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial y a la persona titular de la Secretaría General de Telecomunicaciones, Infraestructuras Digitales y Seguridad Digital para llevar a cabo, de conformidad con sus respectivas competencias en materia de ayudas, las actuaciones que sean precisas para la aplicación de este real decreto.
Disposición final tercera. Entrada en vigor.
Este real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Dado el 11 de noviembre de 2026.
FELIPE R.
El Ministro para la Transformación Digital
y de la Función Pública,
ÓSCAR LÓPEZ ÁGUEDA
ANEXO I
Actividades subvencionables en el ámbito de la SEDIA
Se listan a continuación las tareas de colaboración con UNE:
1. Soporte a diversas iniciativas normativas relacionadas con la inteligencia artificial (IA), los datos y la tecnología cuántica.
1.1 Estudio de plan de acción de difusión y ayuda a la implantación de las normas del RIA hacia las empresas, en particular PYMES.
1.2 Soporte, coordinación y apoyo formativo periódico en materia de estandarización en el marco de la IA, los datos y las tecnologías cuánticas.
2. Soporte a la secretaría, la actividad de normalización y la acción internacional en los Comités Técnicos de Normalización de UNE cuyo campo de actuación se identifique de interés, en particular, el Comité Técnico de Normalización CTN-UNE 71 Tecnologías Habilitadoras Digitales (THD) y sus órganos técnicos subordinados.
3. Identificación, desarrollo y actualización de documentos normativos UNE.
3.1 Identificación, y si procede, adopción como normas UNE de las normas europeas (CEN/CENELEC y ETSI) e internacionales (ISO/IEC) relativas a IA, datos y tecnologías cuánticas.
3.2 Desarrollo y publicación de documento normativo UNE para la evaluación de la conformidad de la eficiencia energética de los algoritmos de IA.
4. Refuerzo del apoyo a la actividad internacional promoviendo la participación de expertos españoles en Comités Técnicos de ISO, IEC, CEN, CENELEC o ETSI, así como la participación de UNE en los órganos de gobierno de organismos europeos e internacionales para defender posiciones comunes.
5. Difusión de los documentos normativos UNE y de los trabajos conjuntos UNE-SEDIA, en particular los desarrollados con la Dirección General del Dato y la Dirección General de Inteligencia Artificial, a través de eventos, talleres, seminarios, conferencias, artículos o publicaciones especiales, en el ámbito nacional e internacional.
6. Continuidad de la distribución en abierto de las Especificaciones UNE relativas al dato e inteligencia artificial elaboradas al amparo del marco de colaboración entre UNE y SEDIA.
7. Renovación de la suscripción de acceso a normas UNE para la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial.
ANEXO II
Actividades subvencionables en el ámbito de la SETELECO
Se listan a continuación las tareas de colaboración con UNE:
1. Actuaciones de apoyo a la posición española en ETSI, entre las que se encuentran:
1.1 Asistencia a Asambleas Generales de ETSI.
1.2 Asistencia a las reuniones de los Organismos de Normalización (NSO) de ETSI.
1.3 Asistencia al ETSI Group on Standardisation Requests.
1.4 Asistencia al Task Force para desarrollar las respuestas del ETSI a consultas de la Comisión Europea, incluido el Reglamento 1025/2012 [del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de octubre de 2012 (https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2012-82195)] sobre la normalización europea, por el que se modifican las Directivas 89/686/CEE y 93/15/CEE del Consejo y las Directivas 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE y 2009/105/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y por el que se deroga la Decisión 87/95/CEE del Consejo y la Decisión n.º 1673/2006/CE del Parlamento Europeo y del Consejo.
1.5 Gestión de la delegación española en ETSI en el GT Delegación Nacional ETSI del CTN-UNE 133 TELECOMUNICACIONES.
2. Funciones de Secretaría y Servicio Técnico de Normalización del comité nacional CTN-UNE 133 TELECOMUNICACIONES y sus órganos técnicos subordinados, incluyendo:
2.1 Secretaría CTN-UNE 133 Telecomunicaciones (UNE).
2.2 Secretaría CTN-UNE 133/SC 1 Infraestructuras (COIT) incluyendo el desarrollo de los documentos normativos nacionales correspondientes:
– PNE 133100-8 Infraestructuras para redes de telecomunicaciones. Parte 8: Infraestructura de telecomunicaciones para edificios adaptados a la fibra óptica.
– Actualización de la norma UNE 133100-7:2024 Infraestructuras para redes de telecomunicaciones. Parte 7: Sistemas para la instalación de puntos de acceso inalámbricos para pequeñas áreas en mobiliario urbano público existente en el exterior. Servicio Técnico de Normalización CTN-UNE 133/SC 1 Infraestructuras (UNE).
2.3 Servicio Técnico de Normalización CTN-UNE 133/GT 2 Televisión Digital (UNE).
2.4 Servicio Técnico de Normalización CTN-UNE 133/GT 3 Accesibilidad (UNE).
3. Coordinación con los Comités Técnicos de Normalización afines a los Comités Técnicos (TC) de ETSI.
4. Desarrollo nacional del proyecto ETSI Education.
5. Coordinación de actividades en CEN/CENELEC en el ámbito de las Telecomunicaciones.
6. Acciones de difusión de las normas desarrolladas en el seno del CTN-UNE 133, y en particular, de los desarrollados en colaboración con la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales para su conocimiento por el sector y los agentes interesados.
7. Renovación de la suscripción de acceso a normas UNE de comités de interés para la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales.