Resolución de 12 de junio de 2025, de la Secretaría de Estado de Derechos Sociales, por la que se publica la Adenda de modificación del Convenio con la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, para la ejecución de proyectos con cargo a los fondos europeos procedentes del Mecanismo para la Recuperación y Resiliencia.

Actuaciones dirigidas, como programa experimental, a sentar las bases para implementar un modelo de prestación de Servicio de preparación para la vida independiente con atención residencial para jóvenes extutelados y con riesgo de exclusión social (personas sin hogar) a través de distintas actuaciones que van desde la construcción, adquisición, remodelación y equipamiento de recursos de atención, campañas de sensibilización a la población, sistemas de coordinación con las entidades o administraciones vinculadas a su inserción, análisis de la legislación actual y establecimiento de procedimientos de resolución de conflictos.

Digitalización y apoyo educativo de los equipamientos de atención a jóvenes extutelados.

Descripción del impacto y permanencia del proyecto más allá de su periodo de ejecución:

1.–Diseño de un servicio de atención integral a personas jóvenes extuteladas.

2.–Actuaciones destinadas a dotar de infraestructuras adecuadas para la atención residencial de jóvenes extutelados, garantizando la continuidad del Servicio más allá del proyecto piloto, a través de la adquisición o construcción de nuevos inmuebles o de la remodelación y equipamiento de los recursos existentes.

3.–Estudio de la legislación vigente que permita analizar las dificultades y hacer propuestas que favorezcan el desarrollo futuro en políticas de integración y atención a la juventud extutelada, más allá de la vigencia del proyecto piloto.

4.–Diseño de un modelo de atención y coordinación para intervención con jóvenes extutelados, que sea aplicable al Servicio diseñado y de continuidad al mismo una vez finalizada la vigencia del proyecto piloto.

5.–Acciones formativas en intervención con jóvenes extutelados, dirigidas a los profesionales de salud, educación, servicios sociales de atención primaria., fuerzas del orden público, etc

6.–Actuaciones dirigidas a la inserción de los jóvenes extutelados, su visibilización en la comunidad y elaboración de protocolos para la resolución de conflictos en el entorno, que puedan ser reutilizable más allá del periodo de ejecución del proyecto piloto.

7.–Evaluación de resultados. Se elaborará un Informe de evaluación cada 6 meses y una Evaluación final.

La evaluación se realizará en una doble vertiente:

Por un lado, evaluación del proceso y por otro la evaluación de resultados propiamente dicha.

Evaluación de proceso: su objetivo es evaluar el proceso en sí mismo y su implementación derivadas de la colaboración interinstitucional.

Evaluación de resultados: nos va a permitir obtener datos sobre la eficacia y eficiencia del servicio de atención a jóvenes extutelados.

8.–Por último, con la finalidad de realizar difusión de la experiencia, mecanismos, protocolos, formación y demás conclusiones alcanzadas a través del proyecto piloto, se incluirá un apartado específico que recoja las innovaciones y aportaciones dentro de https://murciasocial.carm.es/home, de forma que se pueda replicar y dar continuidad a sus resultados.

El Proyecto se complementa con los restantes Proyectos formulados por la Dirección General de Familias, Infancia y Conciliación, todos ellos dirigidos a la mejora del sistema de protección a la Infancia.

El artículo 22 bis de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de modificación parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil titulado: Programas de preparación para la vida independiente, dispone: «Las Entidades Públicas ofrecerán programas de preparación para la vida independiente dirigidos a los jóvenes que estén bajo una medida de protección, particularmente en acogimiento residencial o en situación de especial vulnerabilidad, desde dos años antes de su mayoría de edad, una vez cumplida esta, siempre que lo necesiten, con el compromiso de participación activa y aprovechamiento por parte de los mismos. Los programas deberán propiciar seguimiento socioeducativo, alojamiento, inserción socio-laboral, apoyo psicológico y ayudas económicas».

De forma general la juventud española se desenvuelve en un contexto de falta de oportunidades que estaría en la base del continuo retraso de la edad de emancipación. Así la media de edad a la que los jóvenes abandonaban su hogar familiar se sitúa en torno a los 29 años, las condiciones de acceso a la vivienda se endurecen: alquileres cada vez más altos e inaccesibilidad de la compra de vivienda, la población joven se ve más afectada por el desempleo y la precariedad laboral (según datos del INE, en el cuarto trimestre de 2019, la tasa de desempleo joven ascendía al 30,5 %)…

A esta situación hay que añadir la realidad de los y las jóvenes que abandonan el sistema de protección que han de enfrentarse a una edad adulta instantánea al alcanzar los dieciocho años de edad, cuando abandonan el sistema de protección de menores y deben encarar la transición a la vida adulta antes de lo habitual en nuestra sociedad.

Las dificultades que presenta este colectivo son mayores debido entre otras a la escasa formación y nivel socioeconómico, dificultad para adaptarse a nuevos contextos y la falta de una figura adulta de referencia. En este sentido, Fernández-Simo y Cid (2018) estiman que «las circunstancias en las que se emancipa la juventud que tuvo medida de protección, determinan la posibilidad de superar la situación de riesgo y, por lo tanto, nos permite valorar el éxito de las actuaciones administrativas». A ello habría que añadir la situación de colectivos que presentan vulnerabilidades adicionales, como el hecho de tener una discapacidad, haber sido un niño o niña migrante no acompañado/a o haber sido víctima de trata o explotación sexual comercial durante su adolescencia.

El objeto de este proyecto experimental es sentar las bases para satisfacer las necesidades de atención de los jóvenes extutelados de conformidad con la normativa vigente en materia de protección de menores como un sector de la población vulnerable y en riesgo de exclusión como personas sin hogar, dando continuidad al plan de intervención iniciado con las medidas protectoras puestas en marcha desde el Servicio de Protección de Menores.

Hasta ahora la CARM no disponía de una Programa específico para atención a Jóvenes extutelados, que unificara las distintas intervenciones y/o acompañamientos que los y las jóvenes que han estado sujetos a medidas de protección, requieren.

Este proyecto daría continuidad al Plan de modernización y resiliencia para la atención de niños, niñas y adolescentes en situación de desprotección de la comunidad autónoma de Murcia, al que está directamente vinculado.

– Implementación efectiva;

● Diseño y puesta en marcha del modelo de atención a personas jóvenes extuteladas.

● Subvenciones para la construcción, adquisición, remodelación y equipamientos de recursos destinados a jóvenes extutelados/as.

● Campañas de sensibilización a distintos sectores (instituciones, ciudadanía).

● Establecimiento de un sistema de coordinación entre las distintas administraciones y entidades que actúan y/o afectan en la integración de o la joven.

● Establecimiento de procedimientos de resolución de conflictos.

● Análisis de la legislación vigente que impide o dificulta la integración efectiva de los y las jóvenes extutelados con propuestas de mejora.

– Incertidumbres: El número de jóvenes que acceden a la mayoría de edad estando sujetos a medidas de protección es variable, pudiendo ser necesario un incremento de los servicios disponibles.

– Estructura institucional y proceso de toma de decisiones: La Dirección General de Familias, Infancia y Conciliación, a través del Servicio de Protección de Menores se encargará de la coordinación y supervisión de los recursos creados en colaboración con las entidades prestadoras de los servicios.

– Ajustes administrativos: necesidad de asignar profesionales para la gestión del servicio, así como procedimientos de coordinación y comunicación.

– Comunicación: Convocatorias públicas de conciertos, con su correspondiente publicación en los boletines y portales oficiales. Intervención comunitaria para la sensibilización de la población.

– Fase 1: Convocatoria subvenciones para la creación y mejora de infraestructuras y equipamientos de atención de jóvenes extutelados y en riesgo de exclusión social para la creación y mejora de infraestructuras y equipamientos de atención de jóvenes extutelados y en riesgo de exclusión social.

– Fase 2: Ejecución y justificación de subvenciones.

– Dotación de nuevos equipamientos.

– Actualización de equipamientos nuevos.

– Remodelación de instalaciones.

Líneas de subvención a corporaciones locales y entidades sin fin de lucro: para la adquisición, construcción, remodelación y equipamiento de recursos adaptados al modelo de atención y cuidados de larga duración en el sector de personas con discapacidad.

– Centros propios: Construcción y equipamiento del nuevo centro de día y SEPAP de Churra.

Todos los recursos creados mediante este proyecto cumplirán las normas de accesibilidad universal, tanto al medio físico como tecnológica.

Corporaciones locales y entidades sin fin de lucro del sector de la discapacidad:

– Líneas de subvención a corporaciones locales y entidades sin fin de lucro del sector de la discapacidad para la adquisición, remodelación y equipamiento de nuevos recursos adaptados al nuevo modelo de cuidados de larga duración.

Centros propios:

– Demolición de la antigua residencia Churra (ahora en desuso y sin posibilidad de rehabilitación) para la construcción y equipamiento en los terrenos de un centro de día para cinco grupos de diez personas; y un servicio de promoción de la autonomía personal de intensidad especializada equipado con zonas de aprendizaje de la vida independiente (cocinas de tamaño familiar, invernadero, aulas de informática). Se dotarán con sistemas de tecnología avanzada eficientes, placas solares para la producción de energía eléctrica y agua caliente solar.

– Identificación de las necesidades de nuevas infraestructuras y equipamientos públicos en la Región de Murcia para cuidados de larga duración basados en una arquitectura centrada en la persona y en la atención en entornos comunitarios y de remodelación y adaptación de las infraestructuras y equipamientos existentes.

– Remodelación y adaptación de las zonas exteriores de los centros residenciales y de día para implantar jardines terapéuticos.

– Remodelación y adaptación de las infraestructuras y equipamientos existentes especialmente para dar cobertura a las personas mayores.

– Adquisición de equipamiento (5 furgonetas híbrido enchufables, adaptadas de 9 plazas con escalón lateral y rampa para usuarios con movilidad reducida) que permita los desplazamientos de los residentes a entornos comunitarios y familiares, así como otro equipamiento para el nuevo modelo de cuidados.

– Las personas mayores dependientes que solicitan residencias presentan patologías que provocan un alto nivel de dependencia, siendo necesarios cuidados especializados y una arquitectura novedosa donde prime la calidad y un ambiente doméstico.

– Las solicitudes de residencia se han incrementado en dependientes con grado tres que requieren una atención y viviendas más adaptadas a su perfil psicofísico.

– Necesidad de que las residencias puedan ofrecer un ambiente doméstico para que sus habitantes puedan mantener su intimidad e interaccionar con sus familiares y la sociedad.

– Está comprobado que la participación de las personas mayores en actividades al aire libre de carácter terapéutico mejora su forma física y contribuye a conservar y mejorar la autonomía personal y su integración en el centro, aprovechando espacios menos restrictivos.

– Personas mayores atendidas en residencias.

– Trabajadores de los centros.

– Familiares de las personas residentes.

– Detectar las necesidades de infraestructuras y equipamientos públicos para el nuevo modelo de cuidados de larga duración de las personas mayores, basado en una nueva arquitectura centrada en la persona y en su atención en entornos comunitarios.

– Realización de las nuevas infraestructuras y equipamientos identificados en residencias de personas mayores según el modelo definido.

– Remodelación de infraestructuras y adaptación de equipamientos al nuevo modelo de cuidados de larga duración en las residencias existentes.

– Convocatoria de subvenciones que tengan por objeto la construcción, adquisición, remodelación y equipamiento de los recursos residenciales concertados o convenidos para la atención de personas mayores.

– Diseño y creación de jardines terapéuticos y dotación del equipamiento preciso para su desarrollo en las residencias y los centros de día de personas mayores.

– Adquisición de equipamiento (5 furgonetas híbrido enchufables, adaptadas de 9 plazas con escalón lateral y rampa para usuarios con movilidad reducida) que permita los desplazamientos de los residentes a entornos comunitarios y familiares.

– Formación de los trabajadores de los centros para el uso de los equipamientos.

– Coordinación e información para realizar programas y talleres con los familiares.

– Dotación de nuevas infraestructuras y equipamientos con las características adecuadas para el nuevo modelo de cuidados de larga duración.

– Nueva arquitectura centrada en la persona.

– Remodelación y adaptación de las infraestructuras y equipamientos existentes, para adaptarlas a los nuevos perfiles psicofísicos de los mayores que ingresan en nuestras residencias.

– Definición de un nuevo modelo de atención residencial para modificar la normativa vigente actual.

– Mejorar la calidad asistencial en las residencias gestionadas por el IMAS.

– Potenciar otros medios innovadores para la atención a los mayores fomentando su atención integral y rehabilitadora.

– Dinamizar las actuaciones de los profesionales de los centros de mayores.

– Remodelación del jardín de la R.P.M. Domingo Sastre de Lorca.

– Remodelación de séptima y octava planta de la RPM Domingo Sastre de Lorca para creación de nuevas plazas.

– Construcción de nueva Residencia en San Pedro del Pinatar para personas mayores.

– Equipamiento para residencias de personas mayores gestionadas por el Instituto Murciano de Acción Social.

– Convocatoria de subvenciones para adaptación de RPM concertadas al nuevo modelo de cuidados de larga duración.

– Adquisición de equipamiento (incluidos vehículos) que permita los desplazamientos de los residentes a entornos comunitarios y familiares.

– Utilización en el nuevo edificio y en las remodelaciones de sistemas energéticos y materiales que favorezcan el mínimo gasto de energía y de contaminación.

– La realización de actividades al aire libre supone un ahorro de energía eléctrica.

Digitalización del servicio de teleasistencia a las personas dependientes que disponen de este servicio en la Región de Murcia.

Con este proyecto se va a proceder a la adquisición de equipamiento tecnológico para todos los usuarios que tienen reconocida la dependencia para avanzar en la digitalización de servicios y atención domiciliaria como uno de los servicios esenciales en el nuevo modelo de cuidados y de proximidad.

– Existen domicilios en los que no se dispone de línea de fibra y necesitan terminales domiciliarios con línea móvil para poder recibir el servicio.

– Problemas tecnológicos para disponer de terminal.

– Para poder disponer del servicio en zonas próximas de su entorno, al objeto de favorecer la promoción de su autonomía personal.

– Adaptación a la era digital facilitando el acceso al servicio a todos sus beneficiarios.

– Detección de domicilios con dificultades tecnológicas.

– Domicilios sin línea de fibra.

– Detección personas usuarias que necesitan por su promoción de la autonomía nuevas tecnologías.

– Incorporación de nuevo equipamiento para mejora del servicio de teleasistencia.

– Sustitución del parque analógico de terminales por los digitales.

– Se favorece la autonomía de las personas beneficiarias del Servicio.

– Se favorece la permanecía de la persona en su entorno familiar y su atención en situaciones de emergencia y/o soledad.

– Avanzar en el cumplimiento de la digitalización en los servicios.

– Aumentar el parque de terminales digitales en nuestra Región.

– Avanzar en el modelo de atención integral del servicio.

– Favorecer la permanecía del usuario en su entorno, en zonas alejadas de núcleos de población, así como interacción social próxima.

Licitación por tramitación anticipada del contrato para la digitalización del servicio para las personas dependientes.

Año 2024:

Primer semestre de 2024.

Digitalización de 2.000 personas beneficiarias más, traspaso de terminales analógicos a terminales digitales.

Segundo semestre de 2024.

Digitalización de 2.000 personas beneficiarias más, traspaso de terminales analógicos a terminales digitales.

Año 2025:

Continuación con la prestación del servicio de teleasistencia digital avanzada a 11.000 usuarios dependientes.

La finalidad de este proyecto es el desarrollo de un procedimiento de atención a familias con menores en riesgo de desprotección con la colaboración de todos los departamentos de las distintas administraciones públicas y entidades del tercer sector, implicados en la atención a la infancia en riesgo de desprotección y las familias a las que estos y estas menores pertenecen.

Este proyecto incluye:

1.–Diseño de un programa de acción en base a una metodología específica (Trabajo en Red).

2.–Acciones formativas en técnicas e instrumentos de diagnóstico e intervención con menores en riesgo de desprotección y sus familias, así como sobre la metodología de abordaje propuesta. Iría dirigido a los profesionales de salud, educación, servicios sociales de atención primaria., fuerzas del orden público, etc.

3.–Constitución de redes territoriales que han de definir objetivos específicos en el territorio y diseñar sus protocolos e instrumentos de trabajo.

4.–Implementación de actuaciones de prevención e intervención, desde la metodología de Trabajo en Red.

5.–Evaluación de resultados. Se elaborará un Informe de evaluación cada 6 meses y una evaluación final.

La evaluación se realizará en una doble vertiente: por un lado, evaluación del proceso y por otro la evaluación de resultados propiamente dicha.

En cuanto a la evaluación de proceso, su objetivo es evaluar el proceso en sí mismo y su implementación, derivada de la colaboración interinstitucional.

La evaluación de resultados permitirá obtener datos sobre la eficacia y eficiencia del trabajo en red. Así, se observará:

– Incremento en acciones preventivas.

– Incremento en el número de intervenciones.

– Descenso en los tiempos de intervención.

6.–Establecimiento de mecanismos y procedimientos homogéneos de abordaje de la problemática de las familias con menores en riesgo de desprotección que puedan hacerse extensivos a todos los municipios de la Región de Murcia.

7.–Por último, con la finalidad de realizar difusión de la experiencia, mecanismos, protocolos, formación y demás conclusiones alcanzadas a través del proyecto piloto, se incluirá un apartado específico que recoja las innovaciones y aportaciones dentro de https://murciasocial.carm.es/home, de forma que se pueda replicar y dar continuidad a sus resultados.

El Proyecto se complementa con los restantes Proyectos formulados por la Dirección General de Familias, Infancia y Conciliación, todos ellos dirigidos a la mejora del sistema de protección a la Infancia.

La Consejería de Política Social, Familias e Igualdad, a través de la Dirección General de Familias, Infancia y Conciliación, tiene entre sus competencias el impulso de actuaciones tendentes a la promoción y protección de la familia, entre las que se encuentra la ejecución de programas de prevención de riesgos y dificultad social en el medio familiar.

La Ley 26/2015, de 28 de julio, de Modificación del Sistema de Protección a la Infancia y a la Adolescencia, se refiere a la Situación de Riesgo considerándola «aquella en la que, a causa de circunstancias, carencias o conflictos familiares, sociales o educativos, el menor se vea perjudicado en su desarrollo personal, familiar, social o educativo, en su bienestar o en sus derechos de forma que, sin alcanzar la entidad, intensidad o persistencia que fundamentarían su declaración de situación de desamparo y la asunción de la tutela por ministerio de la ley, sea precisa la intervención de la administración pública competente, para eliminar, reducir o compensar las dificultades o inadaptación que le afectan y evitar su desamparo y exclusión social, sin tener que ser separado de su entorno familiar. …».

Mediante la reforma del artículo 17, incorporada en la Ley 26/2015, se desarrolla de forma integral esta figura y las actuaciones que proceden ante su apreciación, destacando que «La intervención adecuada para paliar e intervenir en las situaciones de riesgo en que puedan encontrarse los menores se torna de capital importancia para preservar su superior interés, evitando en muchos casos que la situación se agrave, y que deban adoptarse decisiones mucho más traumáticas y de mayor coste individual, familiar y social, como la separación del menor de su familia». También resulta de interés lo señalado en el apartado 3 del citado artículo, en cuanto a la necesaria coordinación de los distintos sistemas de protección social: «… 3. La intervención en la situación de riesgo corresponde a la administración pública competente conforme a lo dispuesto en la legislación estatal y autonómica aplicable, en coordinación con los centros escolares y servicios sociales y sanitarios y, en su caso, con las entidades colaboradoras del respectivo ámbito territorial o cualesquiera otras».

La coordinación actualmente existente, si bien resulta altamente positiva, no garantiza una línea de actuación homogénea en toda la Región y la participación e implicación unificada de todos los departamentos implicados en cada uno de los casos, por lo que resulta necesario realizar acciones que permitan dar un paso de la coordinación a la acción colaborativa y que definan su alcance para optimizar la detección, prevención, valoración e intervención en posibles Situaciones de Riesgo en la infancia.

Implementación de un programa integral de introducción de nuevas tecnologías en el sistema de atención a la infancia en riesgo de desprotección.

En este sentido, este proyecto es complementado en este aspecto por la Fase 5 (Desarrollo de Herramientas Informáticas) del Proyecto 5 de la línea: C22.I2, dirigido a la Modernización y transformación tecnológica de los servicios sociales de familias con menores en riesgo de desprotección y de menores en desamparo.

Implementación de un programa de formación para equipos multidisciplinares e interdepartamentales relacionados con la infancia en riesgo de desprotección.

Implementación de un sistema de redes territoriales y de innovación metodológica para la atención de la infancia en riesgo de desprotección y sus familias.

Diseño del programa y análisis previos:

Programa formativo y programa de supervisión profesional.

Constitución y puesta en marcha de las redes, seguimiento y evaluación del proyecto, homogeneización y difusión de resultados.

Fase 1: Actuaciones previas.

1.1 Diseño del programa.

1.2 Selección de territorios para la implementación.

1.3 Diseño de actividades formativas.

Fase 2: Acciones formativas y de supervisión.

2.1 Tramitación de contratos/subvenciones.

2.2 Realización de actividades formativas y de supervisión.

Fase 3: Constitución de redes territoriales.

3.1 Tramitación de contratos/subvenciones.

3.2 Constitución de las redes.

Fase 4: Implementación de actuaciones.

Desarrollo de actuaciones de prevención e intervención.

Fase 5: Evaluación de resultados.

Análisis de proceso y de resultados.

Fase 6: Homogeneización de procedimientos.

Diseño de mecanismos y procedimientos homogéneos.

Fase 7: Difusión de resultados a través del portal web de la CARM Murcia Social.

Actuaciones dirigidas, como programa experimental, a sentar las bases para implementar un modelo de prestación de Servicio de preparación para la vida independiente con atención residencial para jóvenes extutelados y con riesgo de exclusión social (personas sin hogar) a través de distintas actuaciones que van desde la construcción, adquisición, remodelación y equipamiento de recursos de atención, campañas de sensibilización a la población, sistemas de coordinación con las entidades o administraciones vinculadas a su inserción, análisis de la legislación actual y establecimiento de procedimientos de resolución de conflictos.

Digitalización y apoyo educativo de los equipamientos de atención a jóvenes extutelados.

Descripción del impacto y permanencia del proyecto más allá de su periodo de ejecución:

1.–Diseño de un servicio de atención integral a personas jóvenes extuteladas.

2.–Actuaciones destinadas a dotar de infraestructuras adecuadas para la atención residencial de jóvenes extutelados, garantizando la continuidad del Servicio más allá del proyecto piloto, a través de la adquisición o construcción de nuevos inmuebles o de la remodelación y equipamiento de los recursos existentes.

3.–Estudio de la legislación vigente que permita analizar las dificultades y hacer propuestas que favorezcan el desarrollo futuro en políticas de integración y atención a la juventud extutelada, más allá de la vigencia del proyecto piloto.

4.–Diseño de un modelo de atención y coordinación para intervención con jóvenes extutelados, que sea aplicable al Servicio diseñado y de continuidad al mismo una vez finalizada la vigencia del proyecto piloto.

5.–Acciones formativas en intervención con jóvenes extutelados, dirigidas a los profesionales de salud, educación, servicios sociales de atención primaria., fuerzas del orden público, etc.

6.–Actuaciones dirigidas a la inserción de los jóvenes extutelados, su visibilización en la comunidad y elaboración de protocolos para la resolución de conflictos en el entorno, que puedan ser reutilizable más allá del periodo de ejecución del proyecto piloto.

7.–Evaluación de resultados. Se elaborará un Informe de evaluación cada 6 meses y una Evaluación final.

La evaluación se realizará en una doble vertiente:

Por un lado, evaluación del proceso y por otro la evaluación de resultados propiamente dicha.

Evaluación de proceso: su objetivo es evaluar el proceso en sí mismo y su implementación derivadas de la colaboración interinstitucional.

Evaluación de resultados: nos va a permitir obtener datos sobre la eficacia y eficiencia del servicio de atención a jóvenes extutelados.

8.–Por último, con la finalidad de realizar difusión de la experiencia, mecanismos, protocolos, formación y demás conclusiones alcanzadas a través del proyecto piloto, se incluirá un apartado específico que recoja las innovaciones y aportaciones dentro de https://murciasocial.carm.es/home, de forma que se pueda replicar y dar continuidad a sus resultados.

El Proyecto se complementa con los restantes Proyectos formulados por la Dirección General de Familias, Infancia y Conciliación, todos ellos dirigidos a la mejora del sistema de protección a la Infancia.

El artículo 22 bis de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de modificación parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil titulado: Programas de preparación para la vida independiente, dispone: «Las Entidades Públicas ofrecerán programas de preparación para la vida independiente dirigidos a los jóvenes que estén bajo una medida de protección, particularmente en acogimiento residencial o en situación de especial vulnerabilidad, desde dos años antes de su mayoría de edad, una vez cumplida esta, siempre que lo necesiten, con el compromiso de participación activa y aprovechamiento por parte de los mismos. Los programas deberán propiciar seguimiento socioeducativo, alojamiento, inserción socio-laboral, apoyo psicológico y ayudas económicas».

De forma general la juventud española se desenvuelve en un contexto de falta de oportunidades que estaría en la base del continuo retraso de la edad de emancipación. Así la media de edad a la que los jóvenes abandonaban su hogar familiar se sitúa en torno a los 29 años, las condiciones de acceso a la vivienda se endurecen: alquileres cada vez más altos e inaccesibilidad de la compra de vivienda, la población joven se ve más afectada por el desempleo y la precariedad laboral (según datos del INE, en el cuarto trimestre de 2019, la tasa de desempleo joven ascendía al 30,5 %)….

A esta situación hay que añadir la realidad de los y las jóvenes que abandonan el sistema de protección que han de enfrentarse a una edad adulta instantánea al alcanzar los dieciocho años de edad, cuando abandonan el sistema de protección de menores y deben encarar la transición a la vida adulta antes de lo habitual en nuestra sociedad.

Las dificultades que presenta este colectivo son mayores debido entre otras a la escasa formación y nivel socioeconómico, dificultad para adaptarse a nuevos contextos y la falta de una figura adulta de referencia. En este sentido, Fernández-Simo y Cid (2018) estiman que «las circunstancias en las que se emancipa la juventud que tuvo medida de protección, determinan la posibilidad de superar la situación de riesgo, y por lo tanto, nos permite valorar el éxito de las actuaciones administrativas». A ello habría que añadir la situación de colectivos que presentan vulnerabilidades adicionales, como el hecho de tener una discapacidad, haber sido un niño o niña migrante no acompañado/a o haber sido víctima de trata o explotación sexual comercial durante su adolescencia.

El objeto de este proyecto experimental es sentar las bases para satisfacer las necesidades de atención de los jóvenes extutelados de conformidad con la normativa vigente en materia de protección de menores como un sector de la población vulnerable y en riesgo de exclusión como personas sin hogar, dando continuidad al plan de intervención iniciado con las medidas protectoras puestas en marcha desde el Servicio de Protección de Menores.

Hasta ahora la CARM no disponía de una Programa específico para atención a Jóvenes extutelados, que unificara las distintas intervenciones y/o acompañamientos que los y las jóvenes que han estado sujetos a medidas de protección, requieren.

Este proyecto daría continuidad al Plan de modernización y resiliencia para la atención de niños, niñas y adolescentes en situación de desprotección de la comunidad autónoma de Murcia, al que está directamente vinculado.

– Implementación efectiva;

● Diseño y puesta en marcha del modelo de atención a personas jóvenes extuteladas.

● Subvenciones para la construcción, adquisición, remodelación y equipamientos de recursos destinados a jóvenes extutelados/as.

● Campañas de sensibilización a distintos sectores (instituciones, ciudadanía).

● Establecimiento de un sistema de coordinación entre las distintas administraciones y entidades que actúan y/o afectan en la integración de o la joven.

● Establecimiento de procedimientos de resolución de conflictos.

● Análisis de la legislación vigente que impide o dificulta la integración efectiva de los y las jóvenes extutelados con propuestas de mejora.

– Incertidumbres: El número de jóvenes que acceden a la mayoría de edad estando sujetos a medidas de protección es variable, pudiendo ser necesario un incremento de los servicios disponibles.

– Estructura institucional y proceso de toma de decisiones: La Dirección General de Familias, Infancia y Conciliación, a través del Servicio de Protección de Menores se encargará de la coordinación y supervisión de los recursos creados en colaboración con las entidades prestadoras de los servicios.

– Ajustes administrativos: necesidad de asignar profesionales para la gestión del servicio, así como procedimientos de coordinación y comunicación.

– Comunicación: Convocatorias públicas de conciertos, con su correspondiente publicación en los boletines y portales oficiales. Intervención comunitaria para la sensibilización de la población.

Fase 1: Identificación / diagnóstico de las necesidades, los déficits y las disfuncionalidades de los procesos actuales de atención.

Fase 2: Diseño y puesta en marcha de recursos de atención a jóvenes, con especial atención a la coordinación.

Asistencia técnica para el diseño y puesta en marcha del proyecto, así como actuaciones destinadas al seguimiento y evaluación del proyecto.

Fase 3: Campañas de sensibilización.

Fase 4: Convocatoria de subvenciones para digitalización y apoyo educativo en recursos de atención a jóvenes extutelados.

Fase 5: Seguimiento y evaluación de los programas.

Mejora de los modelos de acogimiento familiar de niños, niñas y adolescentes a través de un proyecto integral que incluya campañas de difusión del acogimiento familiar para la captación de familias, formación previa selectiva y durante el acogimiento, como apoyo especializado para garantizar el fortalecimiento del vínculo y/o prever herramientas para la resolución de conflictos, con la posterior evaluación de dichas actuaciones extrayendo conclusiones sobre el impacto en las medidas de acogimiento.

Digitalización y apoyo educativo a los niños, niñas y adolescentes en acogimiento familiar como medio para evitar la brecha digital de menores en situaciones vulnerables.

El acogimiento viene regulado en el Título VII del Código Civil, denominado «De las relaciones paterno-filiales», Capítulo V, «De la adopción y otras formas de protección de menores», Sección 1.ª, «De la guarda y acogimiento de menores», y más concretamente de los artículos 172 al 174 CC. Reformados por la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia. La Dirección General de Familias, Infancia y Conciliación es la Entidad competente en materia de protección de menores, asumiendo medidas de protección en situaciones de desamparo.

La legislación determina que la guarda se realizará prioritariamente mediante el acogimiento familiar y, no siendo éste posible o conveniente para el interés del menor, mediante el acogimiento residencial.

Se dispone igualmente que las familias acogedoras tienen derecho a obtener de la entidad pública el auxilio necesario para el cumplimiento de sus funciones y el deber de participar en las acciones formativas que se determinen.

Los modelos de atención deben estar en continua evolución, adaptándose a las necesidades cambiantes de los menores atendidos, de sus familias y del entorno social y cultural en el que se desarrollan.

Por otro lado, hay que tener en cuenta que en la actualidad el acceso a las nuevas tecnologías es uno de los elementos de la calidad en la atención de los menores acogidos, y son actuaciones inmediatas que garantizan la adecuada atención a la infancia más vulnerable.

La Comunidad Autónoma de la Región de Murcia tiene tuteladas o en guarda entre 1200 y 1300 personas menores de edad, ya que la cifra oscila diariamente. De éstas más de 600 niños, niñas y adolescentes se encuentran acogidos por familias en las distintas tipologías de acogimiento familiar.

En torno a 500 personas menores de edad en encuentra en acogimiento residencial, ante la falta de alternativas familiares.

El itinerario de un o una menor en acogimiento familiar y el éxito de las medidas que se adopten, parte como requisito indispensable, de establecer un proceso de captación de un número suficiente de familias con amplia disponibilidad. Familias que se ofrezcan para el acogimiento de menores con circunstancias especiales ya sea por edad, enfermedad o discapacidad o antecedentes familiares. Por otro lado, se requiere una correcta formación previa que favorezca la selección de la familia más adecuada para cada menor. El deber de auxilio de la Entidad Publica obliga a la intervención profesional a través de una formación continua que permita dotar a las familias de herramientas y estrategias en situaciones de crisis, de tal forma que se garantice la estabilidad de la medida. Asimismo, es necesario que estas actuaciones sean analizadas y se extraigan conclusiones sobre su efectividad y/o las dificultades que pueden dar lugar al fracaso del acogimiento.

Se requiere por tanto un proyecto integral que incluya desde una campaña de difusión e información sobre la figura del acogimiento familiar, la formación selectiva previa al acogimiento y el apoyo a través de formación especializada sobre la problemática asociada al trastorno del vínculo y las situaciones de desamparo, así como una evaluación sobre el impacto de las actuaciones realizadas.

– Implementación efectiva; A través de la puesta en marcha del proyecto integral compuesto por varias fases:

● Campaña de publicidad.

● Jornadas de formación selectiva previa.

● Jornadas de formación continua tras la incorporación del menor.

● Evaluación del impacto de las acciones realizadas.

● Dotación de equipamientos informáticos para niños niñas y adolescentes en acogimiento familiar con dificultades en el acceso a las mismas.

● Incertidumbres: El número y perfil de las familias de que se ofrecen para el acogimiento familias, así como el de los menores que sean susceptibles de dicha medida.

– Estructura institucional y proceso de toma de decisiones: La Dirección General de Familias, infancia y Conciliación, a través del Servicio de Protección de Menores se encargará de la coordinación y supervisión del proyecto creado en colaboración con las entidades prestadoras de los servicios.

– Ajustes administrativos: necesidad de asignar profesionales para la gestión del servicio, así como procedimientos de coordinación y comunicación.

– Comunicación: Campañas de publicidad, Difusión de las jornadas formativas. Convocatorias públicas de conciertos o licitación pública, con su correspondiente publicación en los boletines y portales oficiales.

– Fase 1: Identificación / diagnóstico de las necesidades, los déficits y las disfuncionalidades de los procesos de captación y formación a familias.

● Fase 2.1: Diseño campaña publicitaria.

● Fase 2.2: Difusión campaña publicitaria.

● Fase 3.1: Diseño de talleres formativos/selectivos previos a la formalización del acogimiento.

● Fase 3.2: Convocatoria concierto social/licitación/subvención para cursos de formación selectiva previos a la formalización del acogimiento.

● Fase 3.3: Implementación de cursos de formación selectiva previos a la formalización del acogimiento.

– Fase 4: Seguimiento y evaluación del impacto de las acciones.

– Fase 5: Dotación de nuevas tecnologías para la atención de niños, niñas y adolescentes en acogimiento familiar.

Actuaciones:

– Concierto social/licitación/subvención para la prestación del Servicio de formación selectiva previa de familias acogedoras y evaluación de su impacto, así como actuaciones destinadas al seguimiento y evaluación del proyecto.

– Adquisición de equipamientos informáticos para menores.

– Campañas de sensibilización para acogimiento familiar.

Creación, adaptación y mejora las infraestructuras residenciales y de los modelos de protección residencial en especial de niños y niñas migrantes no acompañados o con necesidades especiales a través de la construcción, adquisición, remodelación y equipamiento de las mismas.

Digitalización y apoyo educativo de los equipamientos de protección residencial de niños, niñas y adolescentes.

La Dirección General de Familias, Infancia y Conciliación es la Entidad competente en materia de protección de menores, asumiendo medidas de protección en situaciones de desamparo. Para llevar a cabo su competencia se adoptan medidas de acogimiento residencial cuando el familiar no es posible. Los modelos de atención deben estar en continua evolución, adaptándose a las necesidades cambiantes de los menores atendidos, de sus familias y del entorno social y cultural en el que se desarrollan.

La Disposición Adicional 3.ª de la Ley 26/2015, de reforma de la Ley Orgánica 1/1996 de 15 de enero, de protección jurídica del menor, denominada «Criterios comunes de cobertura, calidad y accesibilidad», establece que el Gobierno promoverá con las Comunidades Autónomas el establecimiento de criterios comunes y mínimos estándares de cobertura, calidad y accesibilidad en la aplicación de esta ley en todo el territorio y, en todo caso, en lo relativo a: «4.–Estándares de calidad y accesibilidad, instalaciones y dotación de cada tipo de servicio de los centros de acogimiento residencial. Medidas a adoptar para que su organización y funcionamiento tienda a seguir patrones de organización familiar. Incorporación de modelos de excelencia en la gestión.» En cumplimiento del citado mandato se aprobó por la Comisión Delegada de Servicios Sociales, en su sesión de 2 de octubre de 2019, el documento de trabajo denominado «Criterios de cobertura, calidad y accesibilidad en acogimiento residencial» que ha de servir de marco común para la atención residencial a nivel nacional.

La Dirección General de Familias, Infancia y Conciliación atiende en la actualidad a 500 niños, niñas y adolescentes, un número que oscila a lo largo del año.

El acceso a las nuevas tecnologías y la calidad en la atención son actuaciones inmediatas que requieren garantizan la adecuada atención a la infancia más vulnerable.

– Implementación efectiva.

– Convocatoria de subvenciones que tengan por objeto la construcción, adquisición, remodelación y equipamiento de los recursos residenciales concertados o contratados para la atención de menores tutelados.

– Diseño, desarrollo e implementación del Proyecto de Modernización de centros públicos de protección de menores.

– Incertidumbres: El número de menores que requieren atención, sobre todo teniendo en cuenta el fenómeno migratorio.

– Estructura institucional y proceso de toma de decisiones: La Dirección General de Familias, Infancia y Conciliación, a través del Servicio de Protección de Menores se encargara de la coordinación y supervisión de los recursos creados y/o mejorados en colaboración con las entidades prestadoras de los servicios.

– Ajustes administrativos: necesidad de asignar profesionales para la gestión de las subvenciones, así como procedimientos de coordinación y comunicación.

– Comunicación: Convocatorias públicas de conciertos y subvenciones, con su correspondiente publicación en los boletines y portales oficiales.

Fase 1. Identificar déficits de infraestructuras en los servicios de acogimiento residencial.

Fase 2.1. Convocatoria de subvención para la creación y mejora de infraestructuras y equipamiento de Centros de Protección de Menores.

Fase 2.2. Ejecución y justificación de subvenciones para mejora de infraestructuras y equipamientos de centros de protección de menores.

Fase 3.1. Diseño del proyecto de modernización del centro público de protección de menores.

Fase 3.2. Licitación de obras y/o adquisición de nuevos inmuebles para la modernización de centros públicos de protección de menores.

Fase 3.3. Ejecución de obras de modernización en centros públicos.

Fase 4. Seguimiento y evaluación de las actuaciones.

Actuaciones:

– Convocatoria de subvención a entidades prestadoras de servicios para mejora de infraestructuras y equipamiento de Centros de Protección de Menores.

– Adquisición y/o construcción de inmuebles para la modernización de los centros públicos de protección de menores así como actuaciones destinadas al seguimiento y evaluación del proyecto.

El proyecto incluye el diseño e implementación de herramientas informáticas que, con la colaboración de todos los departamentos de las distintas administraciones públicas y entidades del tercer sector, implicados:

– Faciliten la recogida y el intercambio de información y seguimiento en cada caso objeto de intervención de familias con menores en situación de riesgo.

– Faciliten la recogida y el intercambio de información y seguimiento de los menores en acogimiento familiar.

– Faciliten la recogida y el intercambio de información y seguimiento de los menores en acogimiento residencial.

– Faciliten la recogida y el intercambio de información y seguimiento de los y las jóvenes extutelados.

– Den soporte a la metodología de trabajo en red.

– Mejoren la interconexión y comunicación entre los sistemas implicados (servicios sociales, educación, empleo, justicia, salud, fuerzas del orden público, etc.).

– Desarrollo de la futura Ley estatal de Familias.

– También contempla la adquisición de equipamiento informático para la recogida de información y comunicación.

El Proyecto se complementa con los restantes Proyectos formulados por la Dirección General de Familias, Infancia y Conciliación, todos ellos dirigidos a la mejora del sistema de protección a la Infancia y adolescencia.

La Consejería de Política Social, Familias e Igualdad, a través de la Dirección General de Familias, Infancia y Conciliación, tiene entre sus competencias el impulso de actuaciones tendentes a la promoción y protección de la familia, entre las que se encuentra la ejecución de programas de prevención de riesgos y dificultad social en el medio familiar,

La Ley 26/2015, de 28 de julio, de Modificación del Sistema de Protección a la Infancia y a la Adolescencia, se refiere a la Situación de Riesgo considerándola «aquella en la que, a causa de circunstancias, carencias o conflictos familiares, sociales o educativos, el menor se vea perjudicado en su desarrollo personal, familiar, social o educativo, en su bienestar o en sus derechos de forma que, sin alcanzar la entidad, intensidad o persistencia que fundamentarían su declaración de situación de desamparo y la asunción de la tutela por ministerio de la ley, sea precisa la intervención de la administración pública competente, para eliminar, reducir o compensar las dificultades o inadaptación que le afectan y evitar su desamparo y exclusión social, sin tener que ser separado de su entorno familiar. …».

Mediante la reforma del artículo 17, incorporada en la Ley 26/2015, se desarrolla de forma integral esta figura y las actuaciones que proceden ante su apreciación, destacando que «La intervención adecuada para paliar e intervenir en las situaciones de riesgo en que puedan encontrarse los menores se torna de capital importancia para preservar su superior interés, evitando en muchos casos que la situación se agrave, y que deban adoptarse decisiones mucho más traumáticas y de mayor coste individual, familiar y social, como la separación del menor de su familia». También resulta de interés lo señalado en el apartado 3 del citado artículo, en cuanto a la necesaria coordinación de los distintos sistemas de protección social: «… 3. La intervención en la situación de riesgo corresponde a la administración pública competente conforme a lo dispuesto en la legislación estatal y autonómica aplicable, en coordinación con los centros escolares y servicios sociales y sanitarios y, en su caso, con las entidades colaboradoras del respectivo ámbito territorial o cualesquiera otras».

La coordinación actualmente existente, si bien resulta altamente positiva, no garantiza una línea de actuación homogénea en toda la Región y la participación e implicación unificada de todos los departamentos implicados en cada uno de los casos, por lo que resulta necesario realizar acciones que permitan dar un paso de la coordinación a la acción colaborativa y que definan su alcance para optimizar la detección, prevención, valoración e intervención en posibles Situaciones de Riesgo en la infancia.

Por otro lado, la Dirección General de Familias, Infancia y Conciliación es la Entidad competente en materia de protección de menores, asumiendo medidas de protección en situaciones de desamparo. Para llevar a cabo su competencia se adoptan medidas de acogimiento residencial cuando el familiar no es posible. Los modelos de atención deben estar en continua evolución, adaptándose a las necesidades cambiantes de los menores atendidos, de sus familias y del entorno social y cultural en el que se desarrollan.

La Disposición Adicional 3.ª de la Ley 26/2015, de reforma de la Ley Orgánica 1/1996 de 15 de enero, de protección jurídica del menor, denominada «Criterios comunes de cobertura, calidad y accesibilidad», establece que el Gobierno promoverá con las Comunidades Autónomas el establecimiento de criterios comunes y mínimos estándares de cobertura, calidad y accesibilidad en la aplicación de esta ley en todo el territorio y, en todo caso, en lo relativo a: «4.–Estándares de calidad y accesibilidad, instalaciones y dotación de cada tipo de servicio de los centros de acogimiento residencial. Medidas a adoptar para que su organización y funcionamiento tienda a seguir patrones de organización familiar. Incorporación de modelos de excelencia en la gestión.» En cumplimiento del citado mandato se aprobó por la Comisión Delegada de Servicios Sociales, en su sesión de 2 de octubre de 2019, el documento de trabajo denominado «Criterios de cobertura, calidad y accesibilidad en acogimiento residencial» que ha de servir de marco común para la atención residencial a nivel nacional.

La Dirección General de Familias, Infancia y Conciliación atiende en la actualidad a 500 niños, niñas y adolescentes, un número que oscila a lo largo del año.

El acogimiento viene regulado en el Título VII del Código Civil, denominado «De las relaciones paterno-filiales», Capítulo V, «De la adopción y otras formas de protección de menores», Sección 1.ª, «De la guarda y acogimiento de menores», y más concretamente de los artículos 172 al 174 CC. Reformados por la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia. La Dirección General de Familias, Infancia y Conciliación es la Entidad competente en materia de protección de menores, asumiendo medidas de protección en situaciones de desamparo.

La legislación determina que la guarda se realizará prioritariamente mediante el acogimiento familiar y, no siendo éste posible o conveniente para el interés del menor, mediante el acogimiento residencial.

Se dispone igualmente que las familias acogedoras tienen derecho a obtener de la entidad pública el auxilio necesario para el cumplimiento de sus funciones y el deber de participar en las acciones formativas que se determinen.

Los modelos de atención deben estar en continua evolución, adaptándose a las necesidades cambiantes de los menores atendidos, de sus familias y del entorno social y cultural en el que se desarrollan.

Por otro lado, hay que tener en cuenta que en la actualidad el acceso a las nuevas tecnologías es uno de los elementos de la calidad en la atención de los menores acogidos, y son actuaciones inmediatas que garantizan la adecuada atención a la infancia más vulnerable.

La Comunidad Autónoma de la Región de Murcia tiene tuteladas o en guarda entre 1200 y 1300 personas menores de edad, ya que la cifra oscila diariamente. De éstas más de 600 niños, niñas y adolescentes se encuentran acogidos por familias en las distintas tipologías de acogimiento familiar.

El artículo 22 bis de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de modificación parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil titulado: Programas de preparación para la vida independiente, dispone: «Las Entidades Públicas ofrecerán programas de preparación para la vida independiente dirigidos a los jóvenes que estén bajo una medida de protección, particularmente en acogimiento residencial o en situación de especial vulnerabilidad, desde dos años antes de su mayoría de edad, una vez cumplida esta, siempre que lo necesiten, con el compromiso de participación activa y aprovechamiento por parte de los mismos. Los programas deberán propiciar seguimiento socioeducativo, alojamiento, inserción socio-laboral, apoyo psicológico y ayudas económicas».

De forma general la juventud española se desenvuelve en un contexto de falta de oportunidades que estaría en la base del continuo retraso de la edad de emancipación. Así la media de edad a la que los jóvenes abandonaban su hogar familiar se sitúa en torno a los 29 años, las condiciones de acceso a la vivienda se endurecen: alquileres cada vez más altos e inaccesibilidad de la compra de vivienda, la población joven se ve más afectada por el desempleo y la precariedad laboral (según datos del INE, en el cuarto trimestre de 2019, la tasa de desempleo joven ascendía al 30,5 %)….

A esta situación hay que añadir la realidad de los y las jóvenes que abandonan el sistema de protección que han de enfrentarse a una edad adulta instantánea al alcanzar los dieciocho años de edad, cuando abandonan el sistema de protección de menores y deben encarar la transición a la vida adulta antes de lo habitual en nuestra sociedad.

Las dificultades que presenta este colectivo son mayores debido entre otras a la escasa formación y nivel socioeconómico, dificultad para adaptarse a nuevos contextos y la falta de una figura adulta de referencia. En este sentido, Fernández-Simo y Cid (2018) estiman que «las circunstancias en las que se emancipa la juventud que tuvo medida de protección, determinan la posibilidad de superar la situación de riesgo, y por lo tanto, nos permite valorar el éxito de las actuaciones administrativas». A ello habría que añadir la situación de colectivos que presentan vulnerabilidades adicionales, como el hecho de tener una discapacidad, haber sido un niño o niña migrante no acompañado/a o haber sido víctima de trata o explotación sexual comercial durante su adolescencia.

Mejorar el apoyo a las familias españolas es uno de los compromisos adquiridos como parte del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, donde nuestro país se comprometió a aprobar una nueva ley de protección de las familias y de reconocimiento de su diversidad. Concretamente, con la entrada en vigor de dicha ley se cumplirá con el hito 316, que se enmarca dentro del Componente 22 «Plan de choque para la economía de los cuidados y refuerzo de las políticas de inclusión», en la Reforma 3 recogido en el Anexo revisado de la Propuesta de Decisión de Ejecución del Consejo relativa a la aprobación de la evaluación del Plan de Recuperación y Resiliencia de España de julio de 2021, que persigue los siguientes objetivos: a) el reconocimiento jurídico de los diversos tipos de estructuras familiares existentes; b) la determinación de las prestaciones y los servicios a los que tienen derecho según sus características y niveles de ingresos; y c) la reducción de la pobreza infantil teniendo en cuenta los resultados de una evaluación del impacto redistributivo.

Debemos llamar la atención especialmente respecto a la protección de las familias con situaciones de vulnerabilidad, riesgo de exclusión social y/o necesidades de apoyo, así como a sus miembros más vulnerables entre los que se encuentran los menores de edad.

De acuerdo con lo expuesto, y a la vista de las diversas competencias que la Dirección General de Familias, Infancia y Conciliación ostenta en la protección de la infancia a lo largo de las etapas de vida y desarrollo de esta, así como de situaciones de apoyo y protección en las que se puede encontrar, el objeto de este proyecto es el desarrollo de diversas herramientas informáticas que permitan una mejorar conexión, trabajo y atención a los menores o jóvenes extutelados por parte de los profesionales o sistemas implicados, dando soporte a la actuación no solo de la CARM si no de los diversos agentes sociales implicados en la intervención o los equipos de trabajo en red que se desarrollen.

Se trata, por tanto, de un proyecto que complementa a los restantes Proyectos formulados por la Dirección General de Familias, Infancia y Conciliación, todos ellos dirigidos a la mejora del sistema de protección a la Infancia.

Fase 1: Identificación de Necesidades en cuanto a herramientas informáticas.

Fase 2: Selección de empresa para el desarrollo de herramientas informáticas.

Fase 3: Adquisición de equipamiento informático para la recogida de información y comunicación.

Fase 4: Distribución de equipamiento informático.

Fase 5: Desarrollo de Herramientas Informáticas.

Fase 6: Validación de las herramientas Informáticas.

Fase 7: Implantación de herramientas informáticas.

– Gastos de personal.

– Gastos de alojamiento y manutención.

– Gastos de formación del personal y de la formación para la reinserción sociolaboral de las usuarias.

El proyecto pretende impulsar y mejorar la utilización de las tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en la atención a las personas en los Servicios Sociales de Atención Primaria (SSAP) para:

– Avanzar en el diseño del Sistema de Información de Servicios Sociales de la Región de Murcia, creado por el artículo 43 de la Ley 3/2021, de 29 de julio, de Servicios Sociales de la Región de Murcia.

– Ampliar los canales de comunicación telemáticos entre las personas atendidas y los profesionales de los servicios sociales, ampliando las opciones de realización de trámites y consultas de la ciudadanía de manera telemática, la implantación de un sistema de cita previa en línea y de servicios de mensajería por correo electrónico y SMS.

– Mejorar la interacción y coordinación interadministrativa (interconexión entre los Servicios Sociales de Atención Primaria, los Servicios Sociales Especializados y el Tercer Sector, así como facilitar el trabajo en red de todos los profesionales para garantizar una atención continua e integral de las personas usuarias).

– Avanzar en el diseño de la Historia Social Única como instrumento que permitirá la relación entre los servicios sociales de atención primaria y Especializada con la finalidad de conseguir la continuidad y complementariedad de las intervenciones que se deben aplicar desde los distintos niveles de actuación.

El proyecto pretende impulsar la actualización de los sistemas de información en los servicios sociales de atención primaria, su coordinación con la atención especializada y en definitiva, la vinculación de los diferentes sistemas de información de los agentes involucrados en la prestación de servicios a personas vulnerables a través de los siguientes ejes de actuación principales:

1. Adquisición de equipamiento informático a servicios sociales de atención primaria para la dotación o renovación de equipamiento informático en base a las necesidades detectadas actuales y futuras.

2. Desarrollo tecnológico del Sistema de Información de Servicios Sociales de la Región de Murcia, avanzando en la implantación de la Historia Social Única.

3. Formación de profesionales de los servicios sociales de atención en el manejo de nuevos aplicativos. Se podrá incluir potencialmente formación a personas usuarias en el manejo de las herramientas digitales.

La Ley 3/2021, de 29 de julio, de Servicios Sociales de la Región de Murcia crea en su artículo 43 el Sistema de Información de Servicios Sociales de la Región de Murcia, que actuará como registro único de las personas usuarias del Sistema de Servicios Sociales, siendo de responsabilidad pública y de acceso compartido para todos los agentes y profesionales de dicho sistema, añadiendo que dicho sistema tendrá definidos protocolos de conexión que permitirán la integración con otros sistemas de información de servicios social municipales, autonómico y estatal y en especial, con otros sistemas de protección.

Por otro lado, su artículo 39 regula la historia social única, que recogerá el conjunto de información relevante sobre la situación, evolución, así como el programa Individual de Atención Social de las personas usuarias del Sistema. La historia social única se iniciará en el nivel de los servicios sociales de Atención Primaria, añadiendo que los servicios sociales complementarán la información de la historia social que asegure la actualización de la misma.

Actualmente conviven diferentes sistemas de información utilizados por los servicios sociales en la Región de Murcia, entre los que se encuentran el SIUSS de ámbito estatal (en fase de sustitución por SEGISS), el SUSI (Sistema Unificado al SIUSS) gestionado por el Instituto Murciano de Acción Social (IMAS) y algunos sistemas de información propios de grandes municipios como Murcia o Cartagena.

Esta dispersión genera dificultades para conectar en tiempo real los recursos de servicios sociales entre los distintos niveles administrativos y el Tercer Sector, por lo que se pretende abordar el reto de disponer de información en tiempo real de las actuaciones de los distintos recursos, compartirla y agilizar los procesos de trabajo conjunto y toma de decisiones con objeto de mejorar la atención a las personas.

Por otra parte, la conexión entre los sistemas de información propios de los servicios sociales y los sistemas de información de otros departamentos de la administración (sanidad, educación, etc.) es limitada. Desde hace un tiempo, el IMAS trabaja junto con la Dirección General de Transformación Digital, de la Consejería de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Transformación Digital, responsable de la administración digital en la Región de Murcia, en la mejora de la conectividad entre sistemas. La Dirección General de Servicios Sociales, Tercer Sector y Gestión de la Diversidad participa a través del IMAS en este proceso de mejora de esta interconectividad.

Asimismo, la implantación de la administración electrónica y la brecha digital que presentan las personas en situación de vulnerabilidad social ponen en evidencia la necesidad de acercar a las personas usuarias de los servicios sociales a las oportunidades añadidas que presenta la adquisición de destrezas digitales en su relación con las administraciones públicas, a través de canales de comunicación accesibles.

Con este proyecto se pretende avanzar en este proceso de interconexión entre sistemas mediante el desarrollo de aplicativos que permitan la comunicación con los sistemas de información existentes y faciliten la integración tecnológica de sistemas, lo que permite avanzar una gestión integrada de la información que se genere en el sistema, con el objeto de facilitar un conocimiento permanente y actualizado del mismo, así como facilitar la planificación de los recursos utilizados tanto por los servicios sociales de atención primaria como especializada. Por otro lado, se pone en valor el potencial que encierran las TIC para los procesos de la atención social de las personas en una situación de vulnerabilidad social, que implica su utilización, ya que ofrecen posibilidades de comunicación, colaboración y eficiencia en la gestión de los servicios sociales, y pueden multiplicar el alcance de las acciones desarrolladas. Los servicios sociales deben de incorporar las TIC tanto para la gestión interna, como para la comunicación con la ciudadanía, dotándola de oportunidades para su inclusión social.

Todas las actuaciones previstas contribuyen a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030, y en concreto, a los ODS1 Erradicación de la pobreza y ODS 10, reducción de las desigualdades, y al ODS17 revitalizar las Alianzas y de impulso de la coherencia de las políticas de desarrollo sostenible.

– Personas atendidas por el Sistema Público de Servicios Sociales.

– Profesionales de los SSAP.

Se prevé la implementación de las inversiones por fases.

– Año 2024.

● Análisis funcional del sistema de Información de Servicios Sociales en la Región de Murcia.

● Contratación de los desarrollos tecnológicos necesarios para la actualización y mejora de la plataforma de gestión que permita integrar los diferentes sistemas de información (servicios especializados y de atención primaria) avanzando en la implantación de la Historia Social Única.

● Manifestación de interés de las Entidades Locales para la adquisición de equipamiento informático a servicios sociales de atención primaria para la dotación o renovación de equipamiento informático en base a las necesidades detectadas actuales y futuras.

– Año 2025.

● Subvenciones para la adquisición de equipamiento informático a servicios sociales de atención primaria para la dotación o renovación de equipamiento informático en base a las necesidades detectadas actuales y futuras.

● Formación tanto a profesionales como divulgación a las personas usuarias del sistema.

● Desarrollos tecnológicos necesarios para implementar plataforma con la integración, al menos de los sistemas de:

○ Información de Atención a la Dependencia, Discapacidad y Personas Mayores.

○ Información de Prestaciones y Programas de Inclusión.

○ Información de Familias, Infancia y Conciliación.

○ Información de Protección contra la violencia de género.

– Implementar programas integrales de introducción de nuevas tecnologías en la atención de los servicios sociales, con el fin de mejorar la atención de la población, tanto su eficacia (menor tiempo de espera) como su calidad (mejores resultados de las intervenciones sociales).

– Simplificar y facilitar la gestión administrativa y desarrollar nuevos canales de acceso y prestación de servicios.

– Facilitar el intercambio de información entre sistemas y servicios, para una atención global e integrada de las personas.

El proyecto contribuye a la implantación de la historia social única junto con la Dirección General de Transformación Digital de la Consejería de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Transformación Digital, y que permitirá a los diferentes servicios compartir la información básica para mejorar los procesos de intervención social y la gestión telemática de procedimientos.

El proyecto contribuirá de manera general a avanzar en la transformación digital de los servicios sociales de la Región de Murcia, facilitando el cumplimento de varios de los principios rectores de la Ley 3/2021, de 29 de julio, de servicios sociales de la Región, en concreto: i) Proximidad y descentralización de los servicios sociales, l) Planificación y Coordinación de las actuaciones de las administraciones públicas y la iniciativa social y p) Accesibilidad de los servicios sociales.

– Número de desarrollos de software.

– Número de adquisiciones de hardware.

– Número de acciones formativas dirigidas a los profesionales.

– Número de profesionales que participan en proyectos de formación.

– Consultoría tecnológica para la identificación de necesidades y soluciones tecnológicas.

– Desarrollo de software.

– Adquisición de hardware.

– Formación.

El componente principal de esta acción es de carácter digital y en relación con el impacto positivo de carácter ecológico pueden incluirse los siguientes efectos:

– Se disminuyen los desplazamientos innecesarios de las personas.

– Se disminuye el uso del papel.

– Mejora la accesibilidad a la información, atención social y libera el trabajo de los espacios físicos convencionales.

El proyecto consistirá en la puesta en marcha de varias experiencias piloto de intervención con grupos de población que requieren intervenciones intensas y complejas y que permitan desarrollar métodos de trabajo, soluciones y servicios innovadores que serán evaluados y eventualmente podrían ser incorporados posteriormente en la cartera de servicios.

El proyecto se realizará en estrecha colaboración con los servicios sociales de atención primaria (SSAP) dependientes de las entidades locales, y tiene como objetivo facilitar la transformación de los servicios sociales de atención primaria hacia un enfoque de atención integral y centrado en la persona, prestando especial atención a la coordinación entre servicios de protección y en las necesidades de las personas más vulnerables; en algunos de ellos se contará con la participación activa de las entidades del Tercer Sector.

En concreto, se propone experimentar actuaciones en cuatro líneas de actuación prioritarias:

1. Medidas innovadoras de atención a necesidades complejas de vulnerabilidad desde los Servicios Sociales de Atención Primaria (SSAP). Esta iniciativa tiene como objetivo identificar necesidades de grupos de población o de determinadas personas en situaciones de extrema vulnerabilidad no cubiertas y desarrollar y testar soluciones para dichas situaciones. Para identificar los casos y detectar este tipo de situaciones se desarrollará un estudio previo de identificación de necesidades.

2. Acompañamiento Social a personas en situación de grave vulnerabilidad y exclusión social desde los Servicios Sociales de Atención Primaria (SSAP) de entidades locales de menos de 21.000 habitantes. Esta iniciativa tiene como objetivo facilitar la puesta en marcha y testeo de servicios de atención integral, a través de profesionales que realicen acompañamiento social, que puedan hacer un seguimiento intenso de las personas y acompañarlas en el acceso a recursos, a situaciones de mayor vulnerabilidad en municipios de menor tamaño que actualmente cuentan con menos recursos para dar respuesta a estas situaciones.

3. Creación de espacios de cooperación entre los SSAP y otros sistemas de protección social e iniciativa social para potenciar el trabajo en red. Se pretende con esta iniciativa ensayar métodos de colaboración y de trabajo en red entre los distintos actores, como instrumento para promover la cohesión social en un territorio, realizando un trabajo integral en el que se coordinen mejor los recursos especialmente cuando estos se dirigen a la población más vulnerable. El objetivo de este eje es facilitar el desarrollo de servicios, mecanismos y protocolos de colaboración entre los agentes participantes en los sistemas de protección a la vulnerabilidad extrema dotando de mayor eficiencia y continuidad a las intervenciones y realizando un mayor aprovechamiento de los recursos.

4. Desarrollo de servicios integrales de atención a personas sin hogar desde las Entidades Locales. Con esta iniciativa se pretende fomentar un cambio de enfoque en los servicios de atención a personas sin hogar por parte de las entidades locales y de la iniciativa social favoreciendo la transformación de la intervención profesional hacia metodologías de intervención que pongan a la persona en el centro, de modo que no se focalice en la atención de necesidades básicas sino en el apoyo a la reconstrucción de los proyectos de vida.

La Región de Murcia inició en 2017 un proceso de revisión de la ley de servicios sociales para actualizar la anterior Ley 3/2003, de 10 de abril, del Sistema de Servicios Sociales de la Región de Murcia. La nueva Ley es la base para el refuerzo y reorientación de los servicios sociales que se basan en derechos subjetivos y en el desarrollo de una cartera de servicios más intensa y con mayores coberturas, haciendo frente a nuevas necesidades de la población.

En este proceso de elaboración de la nueva ley, que contó con la participación de los agentes relevantes en el ámbito de los servicios sociales se identificaban entre otras cuestiones «el crecimiento de las necesidades y demandas de atención, protección e integración social, asociadas a situaciones de vulnerabilidad y de cronificación de las situaciones de exclusión social».

La Ley 3/2021, de 29 de julio, de los Servicios Sociales de la Región de Murcia, establece así mismo «una nueva organización territorial y funcional de los Servicios Sociales, configurando dos niveles de atención y fijando las áreas de servicios sociales como unidades básicas de articulación de los servicios sociales» por la que las Entidades locales son la primera línea de atención a las personas en situación de mayor vulnerabilidad, y además refuerza la necesidad de coordinación entre los diferentes niveles de las administraciones públicas y entre los sistemas de protección. En ese sentido, la ley reconoce que «la atención a las personas y comunidades que se encuentran en situaciones complejas, requieren de esfuerzos coordinados de los diferentes sistemas de protección social y de todos los agentes que intervienen en el territorio».

A partir de estas líneas de consenso ya trabajadas con los actores relevantes en los sistemas de protección, las acciones que se plantean en este proyecto pretenden poner en marcha y ensayar iniciativas que contribuyan a facilitar la transformación de los servicios sociales de atención primaria de las entidades locales en la Región de Murcia en la atención a las situaciones de mayor vulnerabilidad.

Con relación a las Medidas innovadoras de atención a necesidades complejas de vulnerabilidad lucha contra la pobreza y la exclusión social desde los Servicios Sociales de Atención Primaria (SSAP), se pretende especialmente abordar la transmisión intergeneracional de la pobreza, que se da mayor medida en entornos territoriales vulnerables (informe FOESSA). La exclusión social es un proceso social de base estructural caracterizado por la carencia de derechos y de capacidades básicas de acceso al mercado laboral, a la educación, a las tecnologías de la información, a los sistemas de salud y a la protección social. Todos estos factores que dificultan una participación social plena. La multidimensionalidad del problema hace necesario desarrollar proyectos innovadores de intervención y acompañamiento social que ayuden a romper la transmisión intergeneracional de la pobreza y los procesos de exclusión social mediante atenciones conjuntas y continuadas de acceso de la población más vulnerable a los recursos sociales.

Con relación al acompañamiento Social a personas en situación de grave vulnerabilidad y exclusión social desde los Servicios Sociales de Atención Primaria (SSAP) de entidades locales de menos de 21.000 habitantes se pretende abordar la dificultad específica de los municipios y mancomunidades de menor tamaño en ofrecer soluciones integrales a las situaciones más complejas. Los municipios de mayor tamaño en la Región de Murcia han desarrollado servicios de acompañamiento social, y hasta ahora no ha sido posible su desarrollo en los municipios de menor tamaño por la falta de recursos.

Con relación a la creación de espacios de cooperación entre los SSAP y otros sistemas de protección social e iniciativa social para potenciar el trabajo en red se pretende avanzar en la colaboración y la atención integral de las personas y comunidades que se encuentran en situaciones complejas, ya que requieren de esfuerzos coordinados de los diferentes sistemas de protección social y los agentes que intervienen en los procesos y que no en todos los casos disponen de espacios o protocolos de coordinación que contribuyan a una intervención más ordenada y eficiente.

Con el desarrollo de servicios integrales de atención a personas sin hogar desde las Entidades Locales se pretende dar respuesta a la falta de servicios con un planteamiento integral de atención a las personas sin hogar que se identifican en la Región. En los últimos años se ha avanzado tímidamente en algunas experiencias similares a los enfoques Housing Led o Housing First, que en gran medida no han cuajado por la falta de vivienda y por la dificultad de transformar la práctica profesional permitiendo el desarrollo recursos flexibles que propicien el acompañamiento y los proyectos de vida independiente. Con este eje se pretende facilitar la transición en los modelos de intervención, que pueda ser complementada a futuro con una necesaria coordinación entre las políticas de viviendas y de servicios sociales.

– Grupos de población o de determinadas personas en situaciones de extrema vulnerabilidad nuevas o no cubiertas. Las intervenciones se desarrollarán por los Servicios Sociales de Atención Primaria (SSAP).

– Personas en situación de grave vulnerabilidad y exclusión social. Para acompañamiento social a desde los Servicios Sociales de Atención Primaria (SSAP) en entidades locales de menos de 21.000 habitantes.

– Población en situación de mayor vulnerabilidad que requiere intervenciones coordinadas desde distintos servicios.

– Personas sin hogar.

2021-2022.

Identificación de necesidades en los ámbitos de inversión, que se realizará mediante encuesta a las direcciones de los centros de servicios sociales de atención primaria y convocatoria de manifestación de interés para desarrollar los proyectos de innovación estableciendo los criterios de selección e implementación pertinentes.

Concesión de subvenciones a las Entidades Locales para la ejecución En función de las propuestas recibidas, se definirá la modalidad de ejecución de inversión más adecuada (convenio, convocatoria de subvenciones u otras).

Inicio de ejecución de los proyectos innovadores.

2023.

Desarrollo de los proyectos innovadores y elaboración de informes de seguimiento de los proyectos.

Finalización de ejecución de algunos proyectos innovadores.

2024.

Desarrollo de los proyectos innovadores y elaboración de informes de seguimiento de los proyectos.

Finalización de ejecución de algunos proyectos innovadores.

2025.

Desarrollo de los proyectos innovadores y elaboración de informes de seguimiento de los proyectos.

Finalización de ejecución de todos los proyectos innovadores.

Elaboración del informe final de evaluación de todos los proyectos y planificación de acciones de transferencia de conocimiento.

El proyecto contribuye a varias de las líneas prioritarias de actuación definidas en la ley 3/2021, que se han trabajado con los agentes relevantes en los servicios sociales de la Región de Murcia.

En primer lugar, se pretende dar respuesta a la necesidad detectada de atender «el crecimiento de las necesidades y demandas de atención, protección e integración social, asociadas a situaciones de vulnerabilidad y de cronificación de las situaciones de exclusión social».

En segundo lugar, las actuaciones pretenden profundizar en el diseño de servicios sociales que consideran varios de los principios rectores recogidos en la ley, en especial:

f. Prevención y dimensión comunitaria: Las políticas de servicios sociales actuarán preferentemente sobre las causas de los problemas sociales, considerando prioritarias las acciones preventivas y atendiendo al enfoque comunitario de las intervenciones sociales.

g. Prevención y dimensión comunitaria: Las políticas de servicios sociales actuarán preferentemente sobre las causas de los problemas sociales, considerando prioritarias las acciones preventivas y atendiendo al enfoque comunitario de las intervenciones sociales.

h. Atención personalizada e integral y continuidad de la atención: Se garantizará una atención personalizada, es decir, ajustada a las necesidades particulares de la persona y su familia, basada en la valoración integral de su situación, debiendo garantizarse la continuidad de la atención, aun cuando implique administraciones públicas o sistemas.

i. Proximidad y descentralización: La prestación de los servicios sociales se realizará desde el ámbito más cercano a las personas, favoreciendo la permanencia en su entorno habitual de convivencia y la integración activa en la vida de su comunidad, siempre que sea posible.

j. Participación: Se promoverá y facilitará el derecho a la participación ciudadana, de forma individual o colectiva, en la definición, planificación, desarrollo, seguimiento, provisión y evaluación de los servicios sociales.

l. Planificación y Coordinación: La Administración de la Comunidad Autónoma deberá planificar los recursos del Sistema de Servicios Sociales con la colaboración de las entidades locales y coordinar las actuaciones de las Administraciones públicas entre sí en el ámbito de la Región, y de éstas con los recursos tanto de la iniciativa social como de la iniciativa privada mercantil dependientes de ambas planificaciones, garantizándose igualmente la coordinación entre el Sistema de Servicios Sociales y los otros sistemas y políticas públicas de protección social.

n. Investigación, innovación y generación de conocimiento: Se promoverán los procesos de análisis de la realidad social, la detección de necesidades y la generación del conocimiento, así como la implantación de las nuevas tecnologías de la información y comunicación, que aporten valor, integrando la innovación e investigación y la ética en este ámbito de actuación de los poderes públicos.

– N.º de actuaciones financiadas.

– N.º de entidades locales participantes.

– N.º de profesionales que participan en los proyectos.

– N.º de entidades públicas y de iniciativa social que participan en los proyectos.

– N.º de personas atendidas en los proyectos.

– N.º de acciones de transferencia de conocimiento realizadas.

Los principales conceptos de gasto potenciales serán:

– Gastos de personal de los profesionales que participarán en las experiencias.

– Gastos de actuaciones asociadas a la experimentación (diagnóstico de necesidades, materiales de trabajo, acciones formativas para el trabajo colaborativo y en red, prestaciones y ayudas).

– Gastos de equipamiento, desarrollo de aplicativos, mobiliario y otras inversiones necesarias para el desarrollo del proyecto.

– Gastos de asistencia técnica para la planificación, el seguimiento y la evaluación de las experiencias y plan de escalado.

Este proyecto coordina los recursos existentes, lo que favorece el mejor aprovechamiento de los recursos, especialmente en el caso de las necesidades complejas.

La coordinación necesita de las interconexiones telemáticas que permitan compartir la información necesaria para promover las actuaciones. Se usarán aplicativos y herramientas digitales en los procesos de trabajo.

En aquellos proyectos que se liciten con terceros se podrán incluir en los criterios de adjudicación los criterios medioambientales.

En todas las atenciones de los SSAP se tiene en cuenta el impacto de género.

Se incorporarán criterios de género en la participación de profesionales en los proyectos.

Impulso de la utilización de las tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en la atención a las personas en los Centros Sociales de Personas Mayores (CSPM) y Centros de Atención Residencial para mejorar la calidad de los servicios, mediante la adquisición de recursos técnicos y tecnológicos adaptados a esta población.

Impulso de la utilización de las tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en la atención a los usuarios en Residencias de Personas Mayores.

– Establecimiento de canales de comunicación telemáticos entre los residentes y sus familias o el entorno.

– Adquisición de recursos técnicos y tecnológicos adaptados a esta población.

– Necesidad de potenciar el uso de las TIC para facilitar los servicios que se prestan en estos Centros Personas Mayores. De este modo las personas mayores podrán acceder a las actividades y talleres programados por los Centros Sociales de Personas Mayores de forma ágil y fácil, evitando el aislamiento en momentos excepcionales y proporcionando por la diversidad de contenidos una atención integral (salud, ocio, memoria, actividades físicas, etc.).

– El uso de las TIC por los residentes permitirá la comunicación con el exterior de la Residencia Día, pudiendo contactar con sus familias y tener acceso a otras formas de interacción.

– Personas mayores socias de los Centros Sociales de Personas Mayores (CSPM).

– Profesionales de los Centros Sociales de Personas Mayores.

– Personas usuarias de Residencias de Mayores y Centros de Día.

– Profesionales de los Centros Residenciales.

– Familias de las personas residentes.

– Detección de necesidades y posibles carencias de herramientas informáticas y tecnológicas en los Centros Sociales de Personas Mayores y las Residencias de Mayores.

– Dotar de los recursos tecnológicos necesarios a los centros y las residencias (ordenadores, Tablet, acceso a plataformas digitales, software, etc.).

– Coordinación e información para realizar programas y talleres con los familiares de los residentes.

– Implementar programas integrales de introducción de nuevas tecnologías en la atención de los Centros Sociales de Mayores y centros Residenciales.

– Simplificar, facilitar y desarrollar nuevos canales de acceso y prestación de servicios.

– Facilitar el intercambio de información entre sistemas y servicios, para una atención global e integrada de las personas.

– La mejora de los equipamientos disponibles y la formación en TIC de los usuarios de los Centros Sociales de Mayores permitiría reducir la brecha digital en el colectivo de personas mayores de la Región de Murcia.

– El uso de la TIC por parte de los usuarios residentes posibilitará dar respuesta a las familias de estos en cuanto a la necesidad de comunicación y contacto con sus mayores tanto en situaciones normalizadas como excepcionales.

– Número de equipamientos tecnológicos (ordenadores; Tablet).

– Número de acciones formativas dirigidas a los usuarios.

– Equipamientos tecnológicos.

– Aprendizaje/Innovación.

– El uso de las TIC mejora la accesibilidad a la información, se evita el consumo de material fungible (papel y otros) y reduce el uso de transporte.

– Identificación de proyectos piloto de innovación en el ámbito de la atención a las personas mayores tanto en lo que se refiere al cambio de modelo de cuidados de larga duración, cuidados en residencias, en centros de día, en el domicilio o teleasistencia como a su empoderamiento, la promoción de la autonomía personal, el envejecimiento activo, la lucha contra la soledad no deseada, la participación activa de las personas mayores en su ámbito de referencia (vecindario/barrio/pueblo), su visibilidad e integración social,, el uso de nuevas tecnologías, aprendizaje e intercambio generacional, etc.

– Selección, financiación y ejecución de dichos proyectos piloto.

– Seguimiento y evaluación para el intercambio de conocimiento y el aprendizaje.

– Difusión de los aprendizajes obtenidos de los proyectos piloto.

– Las personas mayores en las sociedades occidentales son una parte cada vez más amplia de la población. En la Región de Murcia un 16 % de la población en promedio es mayor de 65 años. Y en determinados municipios ese porcentaje llega al 27 % de la población. Por otra parte, la esperanza de vida es de 83 años (85 años para las mujeres y 80 para los hombres).

– Esto supone que hay una parte creciente de la población que requiere atención y cuidados adaptados a sus necesidades y características y que debe seguir teniendo, en la medida de lo posible, un papel activo en la sociedad y en todos los ámbitos de la vida desarrollando todas sus capacidades.

– Necesidad de identificar y poner en práctica nuevos modelos de intervención social en relación con las personas mayores:

● servicios integrales a las personas, que apoyen su proyecto de vida basado en conceptos como autodeterminación, calidad, apoyo, autonomía, etc. frente a la práctica actual de atención a través de plaza (residencial, centro de día, etc.) o cuidados asistenciales, yendo más allá de la fragmentación de los recursos y/o la rigidez de los mismos: necesidad de atender a las personas de acuerdo a sus proyectos de vida y en su entorno habitual de forma integral.

– Necesidad de potenciar la participación activa de las personas mayores en su ámbito de referencia (vecindario/barrio/pueblo) especialmente en las decisiones que les afecten para aumentar su protagonismo, visibilidad y la integración social.

– Identificar los ámbitos o ejes de actuación prioritarios para la innovación en la atención a las personas mayores.

– Definición y ejecución de proyectos piloto de ejecución directa a través de los mecanismos correspondientes.

– Convocatoria de subvenciones que tengan por objeto la financiación de proyectos piloto de innovación en el ámbito de la atención a las personas mayores. Los objetivos de dichos proyectos se referirán tanto a la mejora del modelo de cuidados de larga duración, cuidados en residencias, en centros de día, en el domicilio o teleasistencia como al empoderamiento de las personas mayores, la promoción de la autonomía personal, el envejecimiento activo, la lucha contra la soledad no deseada, la participación activa de las personas mayores en su ámbito de referencia (vecindario/barrio/pueblo), su visibilidad e integración social,, el uso de nuevas tecnologías, aprendizaje e intercambio generacional, etc.

– Selección de los proyectos mediante procedimiento de concesión directa.

– Financiación y ejecución de dichos proyectos piloto.

– Seguimiento y evaluación para el intercambio de conocimiento y el aprendizaje.

– Difusión y comunicación de los resultados de los proyectos piloto.

– Promover la innovación en la atención a las personas mayores en la Región de Murcia.

– Extraer implicaciones del resultado de los proyectos piloto para el sistema de atención a las personas mayores.

– Intercambio de conocimientos y aprendizaje para orientar mejor en el futuro la atención integral a las personas mayores en toda su diversidad y riqueza.

– Definición de un nuevo modelo de atención a las personas mayores.

– Mejorar de la atención a las personas mayores en el sistema de servicios sociales de la Región de Murcia.

– Potenciar medios innovadores para la atención a las personas mayores.

– Número de proyectos financiados y cuantía por proyecto.

– Número de personas beneficiarias de los proyectos distinguiendo entre mujeres y hombres.

– Número de entidades participantes en los proyectos.

– Número de eventos de difusión y comunicación de los resultados de los proyectos realizados.

– Número de personas (hombres y mujeres) e instituciones que participan en esos eventos.

– Cambios generados en el modelo de atención a personas mayores.

– Diseño de proyectos de innovación.

– Ejecución de proyectos de innovación.

– Infraestructuras y equipamientos.

– Software, herramientas informáticas.

– Eventos de difusión y comunicación.

– Los proyectos de innovación que planteen reducir la brecha digital en las personas mayores contribuyen a la transición digital.

– Los proyectos de innovación que prevean adaptar infraestructura y equipamientos a las personas mayores tendrán en cuenta la sostenibilidad energética.

– Creación de soluciones para dar respuesta inmediata a personas que necesitan un recurso habitacional flexible.

– Adquisición, rehabilitación y dotación de equipamiento de viviendas que permitan avanzar en la nueva línea de cuidados para personas adultas sujetas por la CARM a curatela o medida legal de apoyo en el ejercicio de su capacidad jurídica, basada en la integración en la comunidad, la vida independiente, la atención centrada en la persona y la autonomía personal con el objetivo de evitar la institucionalización.

– Adquisición de un vehículo que permita el desplazamiento del personal de la Fundación Murciana para la Defensa Judicial y Curatela para poder ofrecer el apoyo y supervisión a las personas que se encuentran en esa situación.

– Financiar recursos habitacionales de urgencia y acciones de acompañamiento y apoyo.

– Estudios preliminares para la identificación de las necesidades y ubicación de una vivienda para personas necesitadas de apoyo.

– Adquisición de una vivienda y rehabilitación y dotación de equipamiento.

– Adquisición de un vehículo.

– Rehabilitación y dotación de equipamiento para una vivienda propiedad de la Fundación Murciana para la Defensa Judicial y Curatela.

– Adquisición, remodelación y equipamiento de viviendas unifamiliares, situadas en el entorno comunitario, para el uso como vivienda habitual por parte de personas adultas sujetas por la CARM a curatela o medida legal de apoyo en el ejercicio de su capacidad jurídica, que precisen recursos de alojamiento y carezcan de medios propios para el acceso a una vivienda.

– Financiación de recursos habitacionales para ofrecer una solución inmediata para estas personas que necesiten de una respuesta inmediata.

– Adquisición de un vehículo que permita el desplazamiento del personal de la Fundación para poder ofrecer el apoyo y supervisión a las personas que se encuentran en esa situación.