Los Plenos del Congreso de los Diputados y del Senado, en sus sesiones de 10 de septiembre de 2026 y 29 de septiembre de 2026, respectivamente, aprobaron el Dictamen de la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas en relación con la Declaración sobre la Cuenta General del Estado del ejercicio 2024, así como los Acuerdos anejos, de conformidad con las normas de las Mesas del Congreso y del Senado sobre la tramitación de la Cuenta General del Estado de 1 de marzo de 1984.
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de octubre de 2026.–La Presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol Socias.–El Presidente del Senado, Pedro Rollán Ojeda.
Los Plenos del Congreso de los Diputados y del Senado, en sus sesiones de 10 de septiembre de 2026 y 29 de septiembre de 2026, respectivamente, han aprobado el Dictamen de la Declaración sobre la Cuenta General del Estado del ejercicio 2024 (núm. expte. Congreso: 250/000008 y núm. expte. Senado: 770/000004), adoptando los siguientes acuerdos:
Primero.
Rechazar la Declaración de la Cuenta General del Estado correspondiente al ejercicio 2024, integrada por la consolidación de las cuentas anuales de las entidades que integran el sector público estatal, así como las cuentas anuales de las entidades controladas directa o indirectamente por la Administración General del Estado que no forman parte del sector público estatal, las de las entidades multigrupo y las de las entidades asociadas.
Segundo.
Se aprueba la siguiente resolución adoptada, en su día, por la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con la Declaración sobre la Cuenta General del Estado del ejercicio 2024, con el siguiente tenor:
1. Devolver al Tribunal de Cuentas la Declaración sobre la Cuenta General del Estado del ejercicio 2024, por los siguientes motivos:
1.1 Ausencia de Presupuestos Generales del Estado.
La Cuenta General del Estado debe reflejar con fidelidad el estado de ingresos y gastos, así como la situación financiera real de las cuentas públicas. Sin embargo, la Declaración sobre la Cuenta General del Estado correspondiente al ejercicio 2024 no otorga la debida relevancia a una circunstancia de enorme trascendencia institucional y presupuestaria: la falta de presentación de unos nuevos Presupuestos Generales del Estado para dicho ejercicio. Esta omisión afecta directamente al mandato recogido en el artículo 134.3 de la Constitución Española, conforme al cual el Gobierno debe presentar ante el Congreso de los Diputados los Presupuestos Generales del Estado al menos tres meses antes de la expiración de los del año anterior. La prórroga presupuestaria prevista en el artículo 134.4 de la Constitución tiene una naturaleza excepcional y transitoria, destinada a evitar la paralización de la actividad pública, pero bajo ningún concepto puede convertirse en una fórmula ordinaria de gobierno ni en un sustituto constante del debate presupuestario que corresponde a las Cortes Generales.
La ausencia de nuevos Presupuestos Generales del Estado no constituye, por tanto, una mera incidencia formal, sino que debilita una de las principales funciones del Parlamento: examinar, enmendar y aprobar el programa económico del Gobierno. La Declaración no analiza con la intensidad necesaria las consecuencias que la prolongación de la prórroga presupuestaria ha tenido sobre la correcta gestión del presupuesto público, sobre la financiación de los gastos estructurales y sobre la transparencia de las prioridades reales del Ejecutivo. La Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, configura los Presupuestos Generales del Estado como el instrumento central de programación, asignación y control de los recursos públicos. Precisamente por ello, resulta especialmente grave que la ejecución presupuestaria del ejercicio 2024 haya descansado sobre unas cuentas prorrogadas y sobre sucesivas adaptaciones posteriores, sin que la Declaración ponga de manifiesto con claridad el vaciamiento material que ello produce sobre el procedimiento presupuestario ordinario.
1.2 Uso de modificaciones presupuestarias.
A esta situación se suma el recurso constante a modificaciones presupuestarias, concebidas en nuestro ordenamiento como instrumentos de ajuste para atender necesidades sobrevenidas, imprevistas o cambios puntuales en la prioridad de gasto, pero no como un modo ordinario de ejecución presupuestaria. La utilización reiterada de estas figuras para atender gastos estructurales, previsibles y recurrentes altera la naturaleza propia del presupuesto aprobado y amplía de forma preocupante el margen de discrecionalidad del Gobierno en la gestión de los créditos públicos. En particular, la Declaración no destaca la gravedad de las consecuencias derivadas de las modificaciones presupuestarias aprobadas por importe de 2.389,4 millones de euros para financiar pensiones de Clases Pasivas y complementos a mínimos de pensiones de la Seguridad Social mediante bajas en créditos del Servicio 50, correspondiente al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. La utilización de créditos vinculados al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) para financiar gastos estructurales, cuantificables y previsibles reviste una especial excepcionalidad, máxime tratándose de fondos sometidos a reglas específicas, afectación finalista y escrutinio por parte de las instituciones europeas.
1.3 Riesgos inherentes a las modificaciones presupuestarias.
En este sentido, estas prácticas generan riesgos jurídicos y presupuestarios que debieron ser expuestos con mayor contundencia. El recurso reiterado a modificaciones presupuestarias, especialmente cuando afecta a créditos vinculados a fondos europeos, puede comprometer la seguridad jurídica, debilitar el principio de especialidad presupuestaria, reducir la trazabilidad de los recursos y dificultar el control efectivo sobre su destino. La aceptación de este modo de proceder puede sentar un precedente institucional difícilmente compatible con una adecuada disciplina presupuestaria y con los principios de estabilidad, transparencia, sostenibilidad financiera, responsabilidad y eficiencia en la asignación de los recursos públicos recogidos en la normativa presupuestaria y de estabilidad. La Declaración debía haber analizado no solo la cobertura formal de estas operaciones, sino también sus efectos materiales sobre la calidad del control presupuestario y sobre la integridad del sistema de rendición de cuentas.
1.4 Deterioro de las cuentas públicas.
Por último, la Declaración tampoco subraya en justo análisis el deterioro de la situación financiera de las cuentas públicas. No se destaca en los términos debidos la existencia de un patrimonio neto negativo y su progresivo empeoramiento, ni el impacto que las variaciones del resultado presupuestario tienen sobre la determinación del déficit o superávit en términos de contabilidad nacional y, por tanto, sobre el cumplimiento de las exigencias de estabilidad presupuestaria. Tampoco se pone de relieve adecuadamente la carga que representan los intereses de la deuda, que ascendieron a 32.362 millones de euros en 2024, ni su incidencia sobre el crecimiento del endeudamiento público. Todo ello evidencia la necesidad de acometer un verdadero plan de reequilibrio de las cuentas públicas y justifica el rechazo global de una Declaración que no refleja con la gravedad debida las deficiencias institucionales, presupuestarias y financieras apreciadas en el ejercicio 2024.
1.5 Voto particular.
Debe destacarse, asimismo, la relevancia del voto particular formulado a la Declaración sobre la Cuenta General del Estado del ejercicio 2024, en la medida en que pone de manifiesto la existencia de discrepancias fundadas sobre la suficiencia del análisis realizado y sobre la gravedad institucional de las deficiencias apreciadas. Dicho voto particular evidencia que la Declaración no agota todas las consecuencias que deben extraerse de la ausencia de Presupuestos Generales del Estado, de la prolongación de la prórroga presupuestaria y del debilitamiento del control parlamentario sobre las cuentas públicas.
En definitiva, ante esta situación, el Grupo Parlamentario VOX no puede permanecer impasible. El deterioro institucional que atraviesa España se manifiesta en una Declaración de la Cuenta General del Estado que no es capaz de reflejar la verdadera situación política y social a la que este Gobierno nos ha abocado. Las continuas injerencias en las instituciones, el control más absoluto sobre todos los niveles del Estado, la ausencia de nuevos Presupuestos, la utilización prolongada de la prórroga presupuestaria, el recurso reiterado a modificaciones de crédito y la falta de una rendición de cuentas verdaderamente exigente responden a una misma forma de gobernar: reducir el control de las Cortes Generales, ampliar la discrecionalidad del Ejecutivo y debilitar los límites que el orden constitucional impone a la acción del Gobierno.
2. Manifestar que de acuerdo con el artículo 136 de la Constitución española, el Tribunal de Cuentas es el supremo órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica del Estado, así como del sector público. Depende directamente de las Cortes Generales y ejercerá sus funciones por delegación de ellas en el examen y comprobación de la Cuenta General del Estado.
Por ello, las cuentas del Estado y del sector público estatal se rendirán al Tribunal de Cuentas y serán censuradas por éste, que, sin perjuicio de su propia jurisdicción, a las Cortes Generales un informe anual en el que, cuando proceda, comunicará las infracciones o responsabilidades en que, a su juicio, se hubiere incurrido.
Igualmente, en el artículo 10 de la de la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas, se cita «El Tribunal de Cuentas, por delegación, de las Cortes Generales, procederá al examen y comprobación de la Cuenta General del Estado dentro del plazo de seis meses, a partir da la fecha en que se haya rendido. El pleno, oído el fiscal, dictará la declaración definitiva que le merezca para elevarla a las Cámaras con la oportuna propuesta, dando traslado al Gobierno».
Asimismo, en el artículo 13.uno de la misma Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas, se cita:
«El informe o Memoria anual que el Tribunal debe remitir a las Cortes Generales en virtud del artículo ciento treinta y seis, dos, de la Constitución, comprenderá el análisis de la Cuenta General del Estado y de las demás del sector público. Se extenderá además a la fiscalización de la gestión económica del Estado y del sector público y, entre otros, a los extremos siguientes:
a) La Observancia de la Constitución,…»
Como puede leerse en el apartado a) del artículo 13.uno, impera la Observancia de la Constitución, y precisamente es el artículo 134 el que establece que corresponde al Gobierno la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado y a las Cortes Generales, su examen: enmienda y aprobación. Asimismo, cita que los Presupuestos Generales del Estado tendrán carácter anual, incluirán la totalidad de los gastos e ingresos del sector público estatal y en ellos se consignará el importe de los beneficios fiscales que afecten a los tributos del Estado, debiendo el Gobierno presentar ante el Congreso de los Diputados los Presupuestos Generares del Estado al menos tres meses antes de la expiración de los del año anterior.
Junto al artículo 134 de la Constitución el artículo 135.3 regula «El Estado y las comunidades autónomas habrán de estar autorizados por ley para emitir deuda pública o contraer créditos…»
De lo anteriormente expuesto se desprende que el Pleno del Tribunal de Cuentas no ha tenido en cuenta el contenido de este artículo 13 de la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas, en la elaboración del Informe de Fiscalización de la Cuenta General del Estado 2024. Se trata de una competencia delegada de las Cortes Generales en el Tribunal de Cuentas, encuadrada dentro de las competencias propias del mismo, el análisis del cumplimiento de la Constitución, y por ello hemos de manifestar que la Declaración sobre la Cuenta General del Estado de 2024 deberá ser devuelta al Tribunal de Cuentas para que complemente la misma, acompañándola de un informe técnico-jurídico para evaluar los efectos de la prórroga presupuestaria y estableciendo las consecuencias derivadas de la no presentación y por lo tanto de la no existencia de presupuesto en todo el año 2024.
Por los efectos y responsabilidades que los incumplimientos de la Constitución pueden conllevar para todas las partes afectadas, y por tratarse de los recursos públicos de todos los españoles cuya protección debemos defender, instar a que la Cuenta General del Estado sea presentada con la ampliación solicitada en el plazo improrrogable o inexcusable de tres meses.
