De acuerdo con lo establecido en el artículo 53 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico y en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica,
El Director General de Política Energética y Minas en base a los siguientes:
I. Hechos
Primero. Solicitud de autorización administrativa previa.
Saresun Trespuntas, SL (en adelante, el promotor) solicitó, con fecha 28 de agosto de 2020, subsanada con fechas 23 de noviembre y 3 de diciembre de 2020, autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción de la instalación fotovoltaica «Trespuntas I», de 46,8 MW de potencia instalada, y de su infraestructura de evacuación, compuesta por las líneas de evacuación subterráneas a 30 kV que conectan los centros de transformación con la subestación eléctrica «Trespuntas I 30 kV», la subestación eléctrica «Trespuntas I 30 kV» y las líneas subterráneas a 30 kV «SE Trespuntas I-SET Premier Montesa 30/400 kV», en el término municipal de Almansa, en la provincia de Albacete (en adelante, también, el proyecto).
El resto de la infraestructura de evacuación hasta la conexión con la red de transporte se tramitaba en el expediente SGIISE/PFot-141.
Conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, y en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, la solicitud de autorización administrativa previa, acompañada del anteproyecto y estudio de impacto ambiental se somete a información pública con la debida publicación en el «Boletín Oficial del Estado» y boletín oficial de las provincias afectadas, habiéndose solicitado igualmente los correspondientes informes a las distintas administraciones, organismos y empresas de servicio público o de servicios de interés general en la parte que la instalación pueda afectar a bienes y derechos a su cargo, así como a las Administraciones Públicas afectadas e interesados sobre los posibles efectos significativos del proyecto sobre el medio ambiente.
Con fecha 15 de febrero de 2022, se recibe informe y expediente de dicha tramitación de la Dependencia del Área de Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno en Albacete, que es remitido con fecha 28 de febrero de 2022 a la Subdirección General de Evaluación Ambiental (SGEA) para la evaluación de impacto ambiental ordinaria del proyecto, según lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre.
La Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental dicta, con fecha 18 de enero de 2023, Resolución por la que formula declaración de impacto ambiental favorable del proyecto «Planta solar fotovoltaica Trespuntas I de 60 MWp/43,52 MWn de potencia, y su infraestructura de evacuación, en Almansa (Albacete)», publicada en el «Boletín Oficial del Estado» núm. 26 de 31 de enero de 2023 (en adelante, también, DIA), estableciendo una serie de condicionantes a la ejecución del proyecto.
Con fecha 24 de abril de 2023, esta Dirección General de Política Energética y Minas dicta Resolución por la que se otorga a Saresun Trespuntas, SL, autorización administrativa previa para la instalación fotovoltaica «Trespuntas I», de 46,8 MW de potencia instalada, y sus infraestructuras de evacuación, en el término municipal de Almansa, en la provincia de Albacete, publicada en el «Boletín Oficial del Estado» núm. 130, de 1 de junio de 2023 (en adelante, resolución de autorización administrativa previa).
Segundo. Solicitud de autorización administrativa de construcción del proyecto.
El promotor solicita, con fecha 31 de mayo de 2023, autorización administrativa de construcción para la instalación fotovoltaica Trespuntas I, de 47,25 MW de potencia instalada, y su infraestructura de evacuación, consistente en las líneas de evacuación subterráneas a 30 kV que conectan los centros de transformación con la subestación eléctrica «Trespuntas I 30 kV», la subestación eléctrica «Trespuntas I 30 kV» y las líneas subterráneas a 30 kV «SE Trespuntas I-SET Premier Montesa 30/400 kV», en el término municipal de Almansa, en la provincia de Albacete.
El expediente para la obtención de la autorización administrativa de construcción ha sido incoado en la Dependencia del Área de Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno en Albacete y se ha tramitado de conformidad con lo previsto en el artículo 131 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, habiéndose solicitado los correspondientes informes a las distintas administraciones, organismos y empresas de servicio público o de servicios de interés general en la parte que la instalación pueda afectar a bienes y derechos a su cargo.
La Dependencia del Área de Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno en Albacete ha emitido informe en fecha 6 de octubre de 2023, complementado posteriormente.
Por su parte, el expediente para la obtención de la autorización administrativa de construcción del resto de la infraestructura de evacuación hasta la conexión con la red de transporte se ha tramitado en las Dependencias de Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno en Albacete y en el Área de Industria y Energía de la Delegación del Gobierno en Comunitat Valenciana, en el marco de la solicitud de autorización administrativa de construcción y la modificación de la autorización administrativa previa del parque solar fotovoltaico «Almansa 1» de 75,60 MWn y su infraestructura de evacuación (subestación eléctrica «Premier Montesa 30/400 kV», línea eléctrica de 400 kV «SET Premier Montesa 30/400 kV-Seccionamiento Montesa/Almansa 400 kV», subestación eléctrica «Seccionamiento Montesa/Almansa 400 kV» y línea eléctrica de 400 kV «Seccionamiento Montesa/Almansa 400 kV-SE Montesa 400 kV»), en los términos municipales de Almansa (Albacete), La Font de la Figuera, Moixent, Vallada y Montesa (Valencia) con núm. expediente SGIISE/PFot-141.
Tercero. Requerimientos al promotor.
Con fecha 5 de abril de 2024 y 22 de julio de 2024, la SGIISE emitió sendos requerimientos al promotor, que fueron contestados con fechas 20 de mayo de 2024, 28 de mayo de 2024, 4 de junio de 2024 y 23 de julio de 2024.
No obstante, tras analizar la documentación aportada, el requerimiento emitido con fecha 22 de julio de 2024 reitera al promotor la necesidad de subsanación de una serie de cuestiones que se considera que en sus respuestas anteriores no han sido adecuadamente subsanadas, en concreto, los siguientes puntos que derivan de la declaración de impacto ambiental:
– Se deberá aportar el informe favorable de la Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha al programa de medidas agroambientales para dar por acreditado el cumplimiento de la DIA.
– Deberá presentarse un calendario de obras y deberá aportarse informe favorable de la Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha sobre el mismo.
– Se requiere el informe favorable del organismo de cuenca que acredite el cumplimiento del condicionante 13 del apartado de condiciones relativas a medidas preventivas, correctoras y compensatorias para los impactos más significativos de la DIA.
– Deberá aportarse justificante de presentación de la solicitud de autorización de trabajos arqueológicos y proyecto arqueológico de actuación ante la Viceconsejería de Cultura y deportes o en la Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Albacete.
– Deberá aportarse informe favorable al plan de restauración paisajístico, emitido por la Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
– Se deberá acreditar haber solicitado informe a la autoridad competente en la gestión de la autovía A-31 sobre los posibles reflejos que pueda causar la instalación sobre los vehículos que circulen por esta y, en su caso, las medidas a implementar para evitarlos.
– Se deberá aportar informe favorable de la Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en relación a las medidas indicadas de conformidad con lo dispuesto en la DIA, relativas al fomento de la biodiversidad.
En respuesta aportada por el promotor con fecha 24 de julio de 2025, este no aporta la documentación requerida, manifestando reparos. En este sentido, cabe reseñar lo siguiente:
– El proyecto fue objeto de evaluación de impacto ambiental ordinaria, habiendo obtenido declaración de impacto ambiental con fecha 18 de enero de 2023.
– Dicha declaración de impacto ambiental establece las medidas que deberá implementar el promotor para desarrollar el proyecto con un nivel adecuado de protección del medio ambiente y los recursos naturales, que son conocidas por el promotor desde la notificación de la resolución de la declaración de impacto ambiental.
– Con fecha 24 de abril de 2023, se otorgó autorización administrativa previa a la instalación de referencia, indicando en la misma que para la definición del proyecto se atenderá, en particular y entre otras, a las condiciones y medidas dispuestas en la DIA, aportándose, en su caso, la documentación necesaria a tal efecto. En este sentido, la propia resolución de autorización administrativa previa resume de nuevo una serie de condicionantes que ya recoge la declaración de impacto ambiental, en concreto relativos a documentos que el promotor debe elaborar y la declaración de impacto ambiental exige que deberán «ser acordados», «contar con el visto bueno» o «ser consensuado» con distintos organismos autonómicos competentes.
– En consecuencia a todo lo anterior, se emitieron los requerimientos reseñados, a fin de que el promotor aportase la documentación exigida por la declaración de impacto ambiental, habida cuenta de que, en virtud del artículo 42 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, exige al órgano sustantivo tener debidamente en cuenta, para la autorización del proyecto, la evaluación de impacto ambiental efectuada, así como el artículo 53.4 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, para la autorización de instalaciones de generación de energía eléctrica, el promotor deberá acreditar suficientemente el adecuado cumplimiento de las condiciones de protección del medio ambiente.
Cuarto. Infraestructura de evacuación hasta la red de transporte.
Conforme a lo referido con anterioridad, parte de la infraestructura de evacuación empleada por el proyecto hasta su conexión a la red de transporte en la subestación Montesa 400 kV, propiedad de Red Eléctrica de España, SAU, consistente en la subestación transformadora Premier Montesa 30/400 kV, la línea eléctrica de 400 kV entre SET Premier Montesa 30/400 kV y subestación eléctrica Seccionamiento Montesa/Almansa 400 kV, la subestación eléctrica Seccionamiento Montesa/Almansa 400 kV y la línea eléctrica de 400 kV entre subestación eléctrica Seccionamiento Montesa/Almansa 400 kV y subestación eléctrica Montesa 400 kV (REE), en las provincias de Albacete y Valencia, ha sido tramitada por parte SPV Figsel Trade, SL, en el expediente SGIISE/PFot-141 Almansa 1.
En este sentido, la resolución de autorización administrativa previa de 24 de abril de 2023 recogía expresamente que no se otorgará autorización administrativa de construcción a la instalación fotovoltaica PFot-220 Trespuntas hasta que dicho expediente PFot-141 Almansa 1 obtenga, a su vez, la autorización administrativa de construcción pertinente.
Con fecha 15 de octubre de 2025, esta Dirección General de Política Energética y Minas dicta Resolución por la que se desestima la solicitud de SPV Figsel Trade, SL, de autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción de la instalación fotovoltaica Almansa 1, y de su infraestructura de evacuación, en las provincias de Albacete y Valencia, acordando el archivo del expediente SGIISE/PFot-141.
Quinto. Permisos de acceso y conexión.
El proyecto obtuvo permisos de acceso y conexión a la red de transporte mediante la emisión de informe de viabilidad de acceso a la red (IVA), así como informe de cumplimiento de condiciones técnicas de conexión (ICCTC) e informe de verificación de las condiciones técnicas de conexión (IVCTC) en la subestación Montesa 400 kV, propiedad de Red Eléctrica de España, SAU.
Con fecha de 7 de septiembre de 2024, tiene entrada, en el registro de este Ministerio, escrito de Red Eléctrica de España, SAU, por el que se comunica la caducidad de los permisos de acceso y conexión otorgados en aplicación de lo dispuesto en el Real Decreto-ley 23/2020, de 23 de junio, por el que se aprueban medidas en materia de energía y en otros ámbitos para la reactivación económica.
Sexto. Desistimiento del promotor.
El promotor, con fecha 7 de marzo de 2025, comparece y presenta solicitud de desistimiento de la autorización administrativa previa y de la autorización administrativa de construcción de la instalación fotovoltaica Trespuntas I, de 47,25 MW de potencia instalada, y su infraestructura de evacuación, en el término municipal de Almansa, en la provincia de Albacete, manifestando la imposibilidad de emitir la AAC solicitada por haberse producido la caducidad del permiso de acceso.
Séptimo. Cambio de titularidad.
Con fecha 22 de julio de 2025, tuvo entrada escrito del promotor en el que se comunicaba la absorción de la sociedad Saresun Trespuntas, SL, por parte de Akuo Renovables España, SL, aportando copia de escritura de fusión y del proyecto de fusión de ambas sociedades.
No obstante, con fecha 9 de agosto de 2025, la Subdirección General de Infraestructuras e Integración del Sistema Energético requirió al promotor formular la solicitud de cambio de titularidad de instalaciones conforme a lo dispuesto en el artículo 133 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, aportando junto a ella aquella documentación que permita acreditar la capacidad legal, técnica y económica del nuevo titular.
No se recibió respuesta al requerimiento por parte del promotor, por lo que no procede tomar en consideración su solicitud de cambio de titularidad.
Octavo. Trámite de audiencia.
Con fecha 20 de febrero de 2026 se notifica el trámite de audiencia sobre la propuesta de resolución por la que se acepta el desistimiento de la solicitud de autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción del proyecto.
Con fecha 3 de marzo de 2026, el promotor responde al trámite de audiencia aceptando formalmente la propuesta de resolución y reiterando su solicitud de devolución de la garantía de acceso y conexión depositada bajo el núm. 021-00373-O-0015920, por un valor de 2.400.000 euros, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 23.6 del Real Decreto 1183/2020, de 29 de diciembre, de acceso y conexión a las redes de transporte y distribución de energía eléctrica.
Analizada la documentación recibida, esta Dirección General de Política Energética y Minas dicta la presente propuesta de resolución.
II. Fundamentos jurídicos
Primero. Normativa aplicable.
Tomando en consideración lo establecido en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación de impacto ambiental, en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y en el Real Decreto 1183/2020, de 29 de diciembre, de acceso y conexión a las redes de transporte y distribución de energía eléctrica.
Segundo. Sobre la autorización de instalaciones de producción de energía eléctrica.
La Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico dispone, en el artículo 21 relativo a actividades de producción de energía eléctrica, que «La puesta en funcionamiento, modificación, cierre temporal, transmisión y cierre definitivo de cada instalación de producción de energía eléctrica estará sometida, con carácter previo, al régimen de autorizaciones establecido en el artículo 53 y en su normativa de desarrollo».
El artículo 53 regula la puesta en funcionamiento de nuevas instalaciones de transporte, distribución, producción y líneas directas, sometiéndola a la obtención de las siguientes autorizaciones administrativas: autorización administrativa previa, autorización administrativa de construcción y autorización de explotación.
De conformidad con el artículo 3.13 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, corresponden a la Administración General del Estado, en los términos establecidos en dicha ley, las siguientes competencias:
«Autorizar las siguientes instalaciones eléctricas:
a) Instalaciones peninsulares de producción de energía eléctrica, incluyendo sus infraestructuras de evacuación, de potencia eléctrica instalada superior a 50 MW eléctricos, instalaciones de transporte primario peninsular y acometidas de tensión igual o superior a 380 kV.
b) Instalaciones de producción incluyendo sus infraestructuras de evacuación, […] que excedan del ámbito territorial de una comunidad autónoma, así como las líneas directas conectadas a instalaciones de generación de competencia estatal.»
Sobre la autorización administrativa previa, se dispone en el artículo 53 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, que se tramitará con el anteproyecto de la instalación como documento técnico y, en su caso, conjuntamente con la evaluación de impacto ambiental, según lo dispuesto en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, y otorgará a la empresa autorizada el derecho a realizar una instalación concreta en determinadas condiciones. La autorización administrativa de instalaciones de generación no podrá ser otorgada si su titular no ha obtenido previamente los permisos de acceso y conexión a las redes de transporte o distribución correspondientes. Asimismo, la solicitud de autorización debe cumplir los requisitos generales administrativos recogidos, con carácter general, en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, así como los requisitos generales técnicos que están recogidos en la normativa sectorial de aplicación.
Por otra parte, el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, regula, con carácter general, en los artículos 121, 122, 123 y 124, cuestiones relativas a la solicitud de autorización administrativa. En particular el artículo 124 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, establece que los proyectos de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica se someterán a evaluación de impacto ambiental cuando así lo exija la legislación aplicable en esta materia.
El artículo 42 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, establece que este órgano sustantivo deberá tener debidamente en cuenta, en el procedimiento de autorización del proyecto, la evaluación de impacto ambiental efectuada.
Por su parte, la autorización administrativa de construcción permite al titular realizar la construcción de la instalación cumpliendo los requisitos técnicos exigibles. Para solicitarla, el titular presentará un proyecto de ejecución junto con una declaración responsable que acredite el cumplimiento de la normativa que le sea de aplicación. La tramitación y resolución de autorizaciones previas y de construcción podrán efectuarse de manera consecutiva, coetánea o conjunta.
Lo anterior debe de matizarse de acuerdo con lo recogido en diversas sentencias del Tribunal Supremo, así, como resulta del régimen de autorización previsto en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre y en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, y se pone de manifiesto, entre otras, en su Sentencia de 1046/2010, de 8 de marzo, «Es evidente, en efecto, que no podría aprobarse el proyecto de ejecución «que se refiere al proyecto concreto de la instalación y permite a su titular la construcción o establecimiento de la misma» (artículo 115.b), antes de que se haya otorgado la autorización administrativa, que versa sobre un anteproyecto de la instalación, y que acredita contar con el efectivo cumplimiento de los trámites medioambientales». En lo relativo a la solicitud, en su caso, de declaración en concreto, de utilidad pública, el artículo 143.2 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre establece que la solicitud podrá efectuarse de manera simultánea a la solicitud de autorización administrativa y/o de aprobación del proyecto de ejecución; si bien, a este respecto, la jurisprudencia establecida por el Tribunal Supremo, entre otras, en su Sentencia 932/2010, de 25 de febrero y en la Sentencia 1591/2010, de 22 de marzo, determina que «habida cuenta de que la declaración de utilidad pública abre paso sin más trámite al procedimiento expropiatorio de los concretos bienes afectados (en concreto, sin el trámite específico que la Ley de Expropiación Forzosa contempla en el artículo 15), no es posible que pueda aprobarse sin que tales bienes afectados se hallen perfecta y definitivamente determinados, lo que sólo se produce de manera efectiva con la aprobación del proyecto ejecutivo». Por otra parte, el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, regula, con carácter general, en los artículos 130 y siguientes, cuestiones relativas a la solicitud de autorización administrativa.
La autorización administrativa de instalaciones de generación no podrá ser otorgada si su titular no ha obtenido previamente los permisos de acceso y conexión a las redes de transporte o distribución correspondientes. Asimismo, la solicitud de autorización debe cumplir los requisitos generales administrativos recogidos, con carácter general, en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, así como los requisitos generales técnicos que están recogidos en la normativa sectorial de aplicación.
Finalmente, según se dispone en el artículo 21.5 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, formarán parte de la instalación de producción sus infraestructuras de evacuación, que incluyen la conexión con la red de transporte o de distribución, y en su caso, la transformación de energía eléctrica.
En relación a lo anterior, el artículo 123.3 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, prevé que «En el caso de líneas que cumplan funciones de evacuación de instalaciones de producción de energía eléctrica, en ningún caso, podrá otorgarse la autorización administrativa previa de las infraestructuras de evacuación de una instalación de generación sin la previa aportación de un documento, suscrito por todos los titulares de instalaciones con permisos de acceso y de conexión otorgados en la posición de línea de llegada a la subestación de la red de transporte o distribución, según proceda en cada caso, que acredite la existencia de un acuerdo vinculante para las partes en relación con el uso compartido de las infraestructuras de evacuación. A estos efectos, el citado documento podrá ser aportado en el momento de realizar la solicitud a la que se refiere el apartado anterior o en cualquier momento del procedimiento de obtención de la autorización administrativa previa».
Tercero. Sobre el cumplimiento de los hitos administrativos para el acceso y conexión a las redes de transporte y distribución de electricidad.
El Real Decreto-ley 23/2020, de 23 de junio, por el que se aprueban medidas en materia de energía y en otros ámbitos para la reactivación económica, en su artículo 1, apartado 1, dispone que los titulares de los permisos de acceso para instalaciones de generación de energía eléctrica que hubieran obtenido dichos permisos con posterioridad al 31 de diciembre de 2017 y antes de la entrada en vigor de este real decreto-ley, deberán obtener la declaración de impacto ambiental favorable en un plazo de 31 meses, la autorización administrativa previa en un plazo de 34 meses y la autorización administrativa de construcción en un plazo de 37 meses desde el 25 de junio de 2020.
Lo anterior debe ponerse en relación con el citado artículo 53 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, conforme al cual la autorización administrativa de instalaciones de generación no podrá ser otorgada si su titular no ha obtenido previamente los permisos de acceso y conexión a las redes de transporte o distribución correspondientes.
A continuación, se añade, en el apartado 2 del artículo 1 del Real Decreto-ley 23/2020, de 23 de junio, que:
«La no acreditación ante el gestor de la red del cumplimiento de dichos hitos administrativos en tiempo y forma supondrá la caducidad automática de los permisos de acceso y, en su caso, de acceso y conexión concedidos y la ejecución inmediata por el órgano competente para la emisión de las autorizaciones administrativas de las garantías económicas presentadas para la tramitación de la solicitud de acceso a las redes de transporte y distribución. No obstante, si por causas no imputables al promotor, no se produjese una declaración de impacto ambiental favorable, no se procederá a la ejecución de dichas garantías».
Cuarto. Derecho de desistimiento.
El artículo 94.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, dispone que todo interesado podrá desistir de su solicitud.
Es de aplicación el apartado 4 del mismo precepto según el cual la Administración aceptará de lleno el desistimiento o la renuncia y declarará concluido el procedimiento excepto que, habiéndose personado en el mismo terceros interesados, insten su continuación en el plazo de diez días desde que sean notificados del desistimiento o renuncia.
El artículo 84.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, dispone, a su vez, que: «Pondrán fin al procedimiento la resolución, el desistimiento, la renuncia al derecho en que se funde la solicitud, cuando tal renuncia no esté prohibida por el ordenamiento jurídico, y la declaración de caducidad».
Y el artículo 21.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, añade que «La Administración está obligada a dictar resolución expresa y a notificarla en todos los procedimientos, cualquiera que sea su forma de iniciación. En los casos de prescripción, renuncia del derecho, caducidad del procedimiento o desistimiento de la solicitud, así como de desaparición sobrevenida del objeto del procedimiento, la resolución consistirá en la declaración de la circunstancia que concurra en cada caso, con indicación de los hechos producidos y las normas aplicables».
Quinto. Sobre la garantía económica aplicable a las solicitudes de acceso y conexión a la red de transporte.
El Real Decreto 1183/2020, de 29 de diciembre, de acceso y conexión a las redes de transporte y distribución de energía eléctrica regula, en su artículo 23, las garantías económicas necesarias para la tramitación de los procedimientos de acceso y conexión de instalaciones de generación de electricidad. En concreto, en el apartado 1 de dicho artículo, se dispone que «Para las instalaciones de generación de electricidad, el solicitante, antes de realizar la solicitud de acceso y conexión a la red de transporte, o en su caso a la red de distribución, deberá presentar, ante el órgano competente para otorgar la autorización de la instalación, resguardo acreditativo de haber depositado, con posterioridad a la entrada en vigor de este real decreto, una garantía económica por una cuantía equivalente a 40 euros/kW instalado».
Asimismo, el apartado 6 de este mismo artículo 23, establece que: «La caducidad de los permisos de acceso y de conexión conforme a lo establecido en el artículo 26 de este real decreto, supondrá la ejecución inmediata por el órgano competente para la emisión de las autorizaciones administrativas de las garantías económicas presentadas para la tramitación de la solicitud de acceso a la red de transporte o distribución, según aplique en cada caso.
No obstante, el órgano competente para la autorización de la instalación podrá exceptuar la ejecución de la garantía depositada si la caducidad de los permisos de acceso y de conexión viene motivada porque un informe o resolución de una administración pública impidiese dicha construcción, y así fuera solicitado por éste».
A la vista de la documentación aportada, dados los trámites efectuados, y de acuerdo con el artículo 53 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, esta Dirección General de Política Energética y Minas en el ejercicio de las competencias que le atribuye el referido Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica.
Sexto. Sobre la infraestructura de evacuación hasta la conexión con la red.
El artículo 21.5 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, dispone que formarán parte de la instalación de producción sus infraestructuras de evacuación, que incluyen la conexión con la red de transporte o de distribución y, en su caso, la transformación de energía eléctrica.
Conforme a lo referido con anterioridad, parte de la infraestructura de evacuación empleada por el proyecto hasta su conexión a la red de transporte en la subestación Montesa 400 kV, propiedad de Red Eléctrica de España, SAU, ha sido tramitada por parte de SPV Figsel Trade, SL, en el expediente SGIISE/PFot-141 y, con fecha 15 de octubre de 2025, esta Dirección General de Política Energética y Minas dicta Resolución por la que se desestima la solicitud de SPV Figsel Trade, SL, de autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción de la instalación fotovoltaica Almansa 1, y de su infraestructura de evacuación, en las provincias de Albacete y Valencia, acordando el archivo del expediente SGIISE/PFot-141.
A la vista de la documentación aportada, dados los trámites efectuados y de acuerdo con el artículo 53 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre,
Esta Dirección General de Política Energética y Minas en el ejercicio de las competencias que le atribuye el referido Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, resuelve:
Único.
Aceptar el desistimiento de Saresun Trespuntas, SL, de la solicitud de autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción de la instalación fotovoltaica «Trespuntas I», de 47,25 MW de potencia instalada, y su infraestructura de evacuación, en el término municipal de Almansa, en la provincia de Albacete, acordando el archivo del expediente SGIISE/PFot-220.
De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y en el artículo 62.2.i) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, puede interponerse recurso de alzada ante la persona titular de la Secretaría de Estado de Energía en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Transcurrido dicho plazo sin haberse interpuesto el recurso, la resolución será firme a todos los efectos. Para el cómputo de los plazos por meses habrá de estarse a lo dispuesto en el artículo 30 de la citada Ley 39/2015, de 1 de octubre.
Madrid, 9 de abril de 2026.–El Director General de Política Energética y Minas, Manuel García Hernández.