Política legislativa y comercio electrónico

Martí Manent, Abogado especializado en Derecho de las nuevas tecnologías.

La irrupción de las nuevas tecnologías en nuestras vidas, está generando una nueva sociedad, más futura que presente, que recibe el nombre de la Sociedad de la Información.

Ante esta nueva realidad, el Poder Legislativo ha de establecer cual es su política legislativa en relación con Internet, el comercio electrónico y en general con la nueva Sociedad de la Información. Es indudable que la penetración social de Internet es una realidad pero desde diferentes sectores de nuestra sociedad, como el empresarial, se está reclamado muy acertadamente que esta penetración sea mayor para poder afrontar el desarrollo real del comercio electrónico. La principal preocupación del Poder Ejecutivo en este tema, ha sido la de detectar cuales son las acciones que le generarían mayor beneficio desde una perspectiva comunicativa sin ser concientes de lo que realmente estaban haciendo y claro ejemplo ha sido el Real Decreto-Ley 14/1999, de 17 de septiembre, sobre Firma Electrónica, que fue gestado a toda prisa para que se pudiera decir que España está muy desarrollada ya que disponía de una normativa reguladora de la firma electrónica. Esta norma fue aprobada antes de que existiera la Directiva sobre la Firma Electrónica. Además cualquier persona que la lea y no sea un experto avanzado en estos temas no comprenderá nada.

También hemos de señalar que han habido sectores muy atentos ante la regulación sobre estos temas. Concretamente, grandes industrias del sector como las operadoras de telecomunicaciones, sí que han estado y están muy atentas con las nuevas iniciativas legislativas, y han actuado como lobby, para poder defender sus intereses. Un claro ejemplo de la presión de las operadoras es la Directiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2000, relativa a determinados aspectos jurídicos de los servicios de la sociedad de la información, en particular el comercio electrónico en el mercado interior, conocida como la «Directiva del Comercio Electrónico» que tiene 24 artículos de los cuales 4 regulan la exoneración de responsabilidad en los negocios que desarrollan las compañías de telecomunicaciones. Es fácil detectar que el Poder Ejecutivo y el Legislativo saben que han de hacer algo para fomentar el desarrollo de la Sociedad de la Información pero no saben muy bien que es lo que han de hacer y lo primero que hacen es empezar a legislar sin haber definido previamente cual es su política legislativa sobre estos temas. Esta falta de definición es aprovechada por los lobbys para introducir en los Reales Decretos, en las Directivas y en los Anteproyectos legislativos artículos que protejan sus intereses convirtiendo estas disposiciones normativas en la suma de los intereses de los lobbys con influencia sobre el Gobierno.

La acción del Poder Ejecutivo para fomentar el comercio electrónico y en definitiva la implantación de la Sociedad de la Información en nuestro país debería ir dirigida al establecimiento de un buen sistema de acceso a Internet. Para poder disponer de buenos accesos sería necesario el establecimiento de un plan nacional de instalación de las infraestructuras de cable necesarias en todo el territorio estatal. En este sentido ya hay algunas administraciones que han visto que la existencia de cable (red de fibra óptica) es un hecho crucial para el desarrollo económico de sus regiones. Un ejemplo claro que ejemplifica la necesidad de mejores conexiones en nuestro país lo podemos ver si, con una conexión normal, intentamos descargar una sola página del Boletín Oficial del Estado (BOE) a través de Internet, ya que como mínimo vamos a tardar, si tienen suerte, 3 minutos cuando debería ser instantáneo. Otra de las acciones que debería emprender el Poder Ejecutivo es la de fomentar el establecimiento de una tarifa plana real para acceder a Internet. Si analizamos el grado de penetración de Internet en Estado Unidos, veremos que es mucho mayor que en Europa. Uno de los elementos importantes para la existencia de esta diferencia, es la del coste cero de las llamadas locales en Estados Unidos, lo que fomenta el uso de Internet. Si el Gobierno quiere fomentar realmente el acceso a Internet y consecuentemente el mayor desarrollo de la Sociedad de la Información en nuestro país, debería dejar de lado la presión que sobre él ejercen las operadoras de telecomunicaciones y establecer una tarifa plana real la cual permitiría a muchas pequeñas y medianas empresas disponer de una nueva herramienta de trabajo, fomentando el desarrollo de una nueva economía.

Estas son algunas de las acciones que el Poder Ejecutivo podría desarrollar y que no son las únicas ni son las soluciones finales, pero si que fijarían las bases para que en España hubiera unas buenas infraestructuras que hicieran a nuestro país más competitivo en el presente y con suficientes garantías para afrontar el futuro con las mismas herramientas que los países más avanzados. Además de estas acciones, es necesario abordar cuáles son las claves de la política legislativa relativa al comercio electrónico como elementos que influyen en el desarrollo de la Sociedad de la Información. Principalmente hemos de identificar qué es necesario regular y qué no es necesario regular ya que ante lo desconocido muchas veces se prefiere regular mucho sin pensar cuáles son las necesidades legislativas. Las necesidades de nuevas disposiciones nacen de una nueva realidad o de la posible solución ante un nuevo problema, básicamente el Poder Legislativo ha de elegir entre el fomento de una nueva industria basada en el comercio electrónico o la creación de disposiciones que otorguen más seguridad jurídica a los actores, en muchos casos, los consumidores y usuarios. Una vez se haya definido la política legislativa será necesario que las nuevas disposiciones sean redactadas por juristas conocedores de esta nueva realidad y que hagan normas adecuadas y no como las que hasta la fecha han preparado juristas que nunca se habían conectado a Internet como es el caso del desafortunado Real Decreto 1906/1999, de 17 de diciembre, por el que se regula la contratación telefónica o electrónica con condiciones generales.

Creo necesario que, ante las magníficas oportunidades que nos otorga la Sociedad de la Información, hagamos una reflexión previa de cuál debe ser la política legislativa adecuada, para que dentro de unos años podamos afirmar que España aprovechó las nuevas oportunidades de las nuevas tecnologías.